El proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja entra en una nueva etapa. Casi 30 años después de los hechos ocurridos en Ituango, Antioquia, la discusión ahora se concentra en determinar qué autoridad tiene la facultad para adelantar la investigación. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez tendrá un papel central en esta definición.
La controversia enfrenta a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía General de la Nación. Desde el Congreso se plantea que la posible conducta de concierto para delinquir habría tenido continuidad hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente. La Fiscalía, en cambio, sostiene que su investigación busca establecer lo ocurrido en el origen de los hechos, cuando el hoy expresidente se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
Los acontecimientos investigados ocurrieron entre 1996 y 1997 y dejaron un saldo de 19 personas asesinadas entre ambas masacres. En La Granja fueron asesinadas cuatro personas y en El Aro murieron 15 campesinos.
Recordemos que el expresidente Uribe compareció ante la Fiscalía el 4 de septiembre de 2026 para rendir indagatoria. Durante la diligencia negó los señalamientos, aseguró ser inocente y rechazó cualquier relación con organizaciones paramilitares o con los crímenes de lesa humanidad que hacen parte del expediente. El procedimiento judicial continuará con nuevas diligencias previstas para octubre.
El pronunciamiento definirá qué autoridad podrá continuar con el proceso y podría marcar el rumbo de la investigación.