Fueron llamadas a juicio 11 personas capturadas por la DIJIN en julio del año pasado, quienes por cuenta de maniobras jurídicas de abogados que estarían representando los intereses de Pedro Pestana, hermano de la hoy investigada senadora Yamina Pestana, comparecieron en audiencias de apelación en agosto pasado, es decir más de un año después de los operativos, alegando la supuesta violación de sus derechos fundamentales durante los procedimientos de la Policía Judicial.
El 14 de agosto, una juez de control de garantías de Sincelejo reiteró la legalidad de los procedimientos de allanamiento a la EPS Manexka, cuya sede principal está ubicada en el municipio de San Andrés de Sotavento, así como a las IPS Quirucentro, Sumisalud y Clínica Salud Social, ubicadas en Sincelejo y Montería.
Pero no obstante el fallo, los juristas presentaron un nuevo recurso tratando de obtener la libertad de los detenidos.
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Sin embargo, el juez primero penal del circuito de Sincelejo ratificó la determinación de su colega y no sólo avaló las capturas y los registros, sino que llamó a juicio a los 11 implicados, quienes deberán enfrentar las evidencias en su contra por concierto para delinquir agravado, celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y privado, supresión de documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Esas irregularidades y el fallo definitivo del pasado 2 de noviembre, frente al cual no procede recurso alguno y que fue conocido en exclusiva por Blu Radio, coincide con las investigaciones que adelanta la Procuraduría a la senadora Yamina Pestana por el desvío de millonarios recursos de la EPS Manexka para financiar su campaña política a expensas de la salud de 210.000 afiliados a esa entidad.
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