La Fiscalía y las autoridades capturaron a cinco personas que harían parte de una estructura criminal que, de acuerdo con la investigación, habría lavado más de 2,3 billones de pesos provenientes del narcotráfico.
En el marco de las diligencias también fueron afectados 36 bienes relacionados con la estructura investigada. Los procedimientos se realizaron en Medellín, Antioquia y Barranquilla, Atlántico, donde además fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas, según las autoridades, sin permiso de porte, así como otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.
La Fiscalía siguió el rastro de los recursos y detectó un entramado societario que habría operado entre 2018 y 2026 con el propósito de dar apariencia de legalidad a dineros provenientes del narcotráfico.
De acuerdo con la investigación, el esquema habría comenzado con la creación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a actividades como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
Las evidencias recopiladas por los investigadores indicarían que varias de estas empresas no contaban con la infraestructura ni con la capacidad operativa para desarrollar las actividades que registraban. Además, habrían presentado escasa o inexistente actividad económica y diferencias entre la información consignada en sus estados financieros y los movimientos registrados en sus cuentas bancarias.
La investigación también identificó operaciones internacionales por altas sumas de dinero y transacciones cruzadas entre las mismas sociedades. Otra de las vías que habría sido utilizada para movilizar los recursos fue el mercado de criptoactivos.
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Los investigadores detectaron transferencias millonarias en USDT, una moneda digital, con empresas vinculadas a grupos dedicados al narcotráfico que han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos.
Según la Fiscalía, los recursos que ingresaban al país a través del sistema financiero o mediante activos virtuales eran monetizados y retirados rápidamente. Parte de este dinero habría sido posteriormente invertido en bienes, entre ellos inmuebles y vehículos de alta gama.
Dentro de la investigación, Hugo Daniel Giraldo Santamaría fue identificado como presunto cabecilla de la organización y como el supuesto articulador de actividades de monetización, compensación y entrega de recursos.
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La Fiscalía también señala a Carolina María Giraldo, esposa de Giraldo Santamaría, por su presunta relación con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado de sociedades investigadas.
Asimismo, Janeth Catalina Cano Santamaría habría coordinado la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela presuntamente habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de importantes sumas de dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa sería, según la investigación, quien daba tránsito y mantenía ocultos los recursos mediante las sociedades investigadas.