El Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Efraín Bermúdez, prorrogó la orden de captura contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El Tribunal, sin embargo, se abstuvo de prorrogar la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, al considerar que esta continúa plenamente vigente. La razón es que González se encuentra prófugo de la justicia y, al estar en Nicaragua con asilo, la medida de aseguramiento no ha sido ejecutada.
De acuerdo con la decisión, el término legal de la medida de aseguramiento solo comenzará a contabilizarse una vez se materialice la detención efectiva del exfuncionario. Por esta razón, el Tribunal consideró que no era necesario prorrogar nuevamente la medida privativa de la libertad.
El magistrado explicó que, “en consecuencia, al mantenerse vigente la medida de aseguramiento que no ha sido aún ejecutada, lo procedente es disponer la prórroga de la orden de captura con el propósito de preservar la posibilidad de hacerla efectiva cuando la circunstancia lo permita”.
La decisión se produjo en una audiencia en la que Carlos Ramón González compareció de manera virtual. El exdirector del DAPRE estuvo acompañado por un defensor público, luego de que el abogado Iván Cancino renunciara a su representación tras su nombramiento como ministro de Justicia.
El Tribunal modificó de esta manera la decisión adoptada en junio, cuando se había prorrogado la medida de aseguramiento privativa de la libertad y, como consecuencia, la orden de captura contra González.
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La Fiscalía había sustentado la necesidad de mantener la medida contra el exfuncionario, quien permanece en Managua, Nicaragua, luego de obtener asilo en ese país. Para el ente investigador, es necesario garantizar su comparecencia ante la justicia colombiana por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.
La investigación señala a González por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que desde su despacho se habrían impartido instrucciones relacionadas con el direccionamiento de coimas y contratos para la compra de votos en el Congreso a favor de proyectos del Gobierno.