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La indignación crece entre familiares y gremios ganaderos ante la posibilidad de que Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, acusados del brutal asesinato del reconocido ganadero Esteban Urueta González y dos de sus empleados, queden en libertad por vencimiento de términos. La audiencia que definirá esta solicitud está programada para el próximo lunes 26 de mayo.
El crimen ocurrió el pasado 10 de septiembre de 2024 en zona rural de Chimá, Córdoba, y desde entonces ha sacudido profundamente al sector ganadero de la región Caribe. Esteban Urueta, originario de Sincelejo y radicado en Montería, era un joven empresario que administraba centenares de reses. Aquella mañana, acompañado por sus trabajadores Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado, se desplazó a una finca donde estaban bajo custodia cerca de 700 animales a cargo de Petro Almanza, uno de sus hombres de confianza.
Sin embargo, lo que debía ser una jornada para verificar cuentas, terminó en una emboscada. Según las autoridades, las víctimas fueron asesinadas con extrema violencia: atacadas con armas de fuego y objetos contundentes, y luego incineradas en un intento de borrar evidencias.
Los presuntos responsables, Petro Almanza y Soto Garcés, huyeron de la región tras el crimen. Su captura se logró el 24 de septiembre en Cartagena, gracias a un operativo de inteligencia que incluyó más de 600 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas y seguimiento por drones.
Según el coronel Elver Vicente Alfonso, jefe del Gaula de la Policía Nacional, los sospechosos cambiaron de vehículo en al menos tres ocasiones para evadir a las autoridades.
Ambos enfrentan cargos por secuestro, homicidio agravado, porte ilegal de armas, hurto agravado y concierto para delinquir. No obstante, sus abogados han solicitado la libertad inmediata alegando vencimiento de términos, debido a los retrasos en la instalación formal del juicio oral.
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Esta solicitud ha generado alarma en distintos sectores. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, expresó su rechazo categórico: “Esteban Urueta, joven ganadero y empresario, fue asesinado vilmente, junto a sus trabajadores Fredy Beleño y Gerardo Marzola. Hoy sus victimarios podrían quedar en libertad por vencimiento de términos. ¡Exigimos acción inmediata a la Fiscalía y la Judicatura!”
Los familiares de las víctimas comparten esa preocupación. Aseguran que la posibilidad de que los presuntos asesinos enfrenten su proceso en libertad representa no solo una burla a la memoria de los fallecidos, sino un peligro para quienes buscan justicia.
El conflicto que originó esta tragedia gira en torno a la administración irregular de las 700 reses por parte de Petro Almanza. Urueta, según allegados, sospechaba de inconsistencias en los informes entregados por su socio y viajó aquel día a Chimá para esclarecer la situación. Pero ese encuentro terminó siendo una trampa mortal.
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Actualmente, Petro Almanza se encuentra recluido en la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, mientras que Soto Garcés está detenido en la cárcel de El Bosque en Barranquilla.
Ahora, toda la atención se centra en la audiencia del próximo lunes 26 de mayo, en la que un juez decidirá si los acusados podrán continuar el proceso en libertad. Mientras tanto, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia.
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