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La Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad general por 12 años al exalcalde de Riohacha José Ramiro Bermúdez Cotes, tras comprobarse graves irregularidades en la contratación de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad. El contrato, suscrito por un valor superior a los 11.000 millones de pesos, había sido firmado durante su administración (2020-2023), y la investigación evidenció serias fallas en la planeación y ejecución del proyecto.
En una decisión de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular también confirmó las sanciones contra otros tres exfuncionarios del municipio: el exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Keyder Freyle Sarmiento, quien recibió una sanción de 10 años de inhabilidad; el exdirector de Contratación, Ronald Neil Pérez Ojeda, con la misma pena; y el extesorero municipal, Edén Elí Moscote Roys, quien fue inhabilitado por 9 años.
La investigación reveló que la contratación de los trabajos se realizó sin una adecuada planificación, ya que no se presentó un plan detallado de obras e inversiones ni se hizo un análisis suficiente sobre la prestación de los servicios en áreas rurales de la ciudad. Además, se evidenció la falta de especificaciones sobre la infraestructura que debía ser revertida por el concesionario anterior y que pasaría al nuevo operador, lo que ponía en riesgo la continuidad y eficiencia del servicio.
La Procuraduría calificó la conducta de Bermúdez Cotes como una falta gravísima cometida con dolo, mientras que los demás funcionarios fueron sancionados por incurrir en faltas gravísimas a título de culpa. En su fallo, el organismo de control subrayó que la falta de un plan de inversiones adecuado dificultó el seguimiento y control de la ejecución de la concesión, así como el adecuado desarrollo y expansión del servicio público de acueducto y alcantarillado.
“Al no haberse diseñado un plan de inversiones como lo exigen las normas sectoriales, la administración distrital no contó con una herramienta eficiente para vigilar y controlar no solo la ejecución de la concesión, sino, lo más importante, cómo procurar la cobertura, calidad y eficiencia, así como controlar el costo de los servicios, el aumento del cubrimiento y, en últimas, lo necesario para propiciar un adecuado desarrollo del funcionamiento y expansión del servicio público de acueducto y alcantarillado” Señala el comunicado de la Procuraduría.
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