Walter Francisco Martínez Martínez es el primer capturado y señalado de presuntamente utilizar importadoras de papel como empresas fachada para evadir controles aduaneros y facilitar el ingreso de mercancía al país con destino a la reconocida marca comercial Lili Pink. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.
En medio del proceso judicial, la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Walter Martínez fue suspendida por decisión judicial tras una petición de la defensa, que argumentó la necesidad de contar con más tiempo para analizar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía. La diligencia, en la que el ente acusador buscaba que el procesado fuera enviado a un centro carcelario, quedó suspendida y la decisión del juez fue reprogramada para el lunes 11 de abril a las 6:00 de la tarde.
En paralelo, las autoridades mantienen vigentes al menos nueve órdenes de captura contra otros presuntos implicados en este entramado, el cual, según la Fiscalía, estaría relacionado con el lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, así como con el ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos.
Por su parte, el abogado Iván Cancino, representante legal de la marca Lili Pink, reiteró la presunción de inocencia y defendió la legalidad de las operaciones comerciales, al asegurar que “todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”. Además, advirtió que existen inconsistencias entre las cifras que han sido divulgadas públicamente y los valores reales de los procesos administrativos, lo cual ,según indicó, deberá ser objeto de verificación dentro del curso de la investigación.
Cabe recordar que, en el marco de este mismo caso, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó recientemente medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, bienes que serán sometidos a avalúo mientras avanzan las actuaciones judiciales.
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