La Fiscalía General de la Nación solicitó ante los jueces especializados de Bogotá que se declare la extinción del derecho de dominio de bienes que estarían vinculados a una presunta estructura dedicada al lavado de activos provenientes del contrabando y del enriquecimiento ilícito, mediante operaciones de comercio exterior relacionadas con la marca Lili Pink.La demanda, presentada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, comprende activos de sociedades relacionadas con la comercialización de productos de las marcas Lili Pink y Yoi. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, desde 2009 se habrían utilizado empresas constituidas en Colombia y Panamá para importar mercancías de manera irregular, comercializarlas y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos. En la investigación aparece Fast Moda S. A. S., sociedad que, al momento de las primeras medidas cautelares, era titular de más de 400 establecimientos de comercio. Según los elementos probatorios expuestos en la demanda, esta compañía habría participado en la comercialización de los productos. También se menciona a Elephant Import & Export S. A. S., que presuntamente habría sido utilizada como importadora y proveedora dentro del entramado empresarial.La Fiscalía sostiene que algunas de las sociedades proveedoras no tendrían capacidad económica suficiente para respaldar las operaciones reportadas. Además, habría identificado deudas por cuantías elevadas sin evidencia de pagos efectivos, presuntas simulaciones de negocios y vínculos entre compañías que compartirían beneficiarios.Como parte de la actuación, el 27 de abril de 2026 fueron decretadas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre la totalidad de las acciones de Fast Moda S. A. S., 40 inmuebles y ocho vehículos. También se ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y establecimientos de comercio de esa sociedad. Posteriormente, las medidas fueron ampliadas a las marcas identificadas en la investigación, a la totalidad de las acciones y los activos de Elephant Import & Export S. A. S., así como a otros inmuebles.La demanda de extinción de dominio está sustentada en análisis societarios, tributarios, aduaneros, cambiarios y financieros, inspecciones judiciales, información entregada por la DIAN, documentos registrales y respuestas a solicitudes de asistencia judicial internacional dirigidas a Panamá.
El Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá declaró legal la extracción de información digital realizada por peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) sobre cinco evidencias tecnológicas incautadas en el caso Lili Pink. La decisión se produjo tras resolver una apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación contra un fallo que había declarado ilegal ese procedimiento.El despacho revocó la decisión adoptada el 11 de agosto de 2026 por el Juzgado 67 Penal Municipal de Bogotá, que había cuestionado la legalidad del análisis forense practicado sobre los dispositivos.Tras revisar nuevamente las actuaciones, el juez concluyó que los peritos trabajaron sobre las evidencias originales, en cumplimiento de una nueva orden de policía judicial, dentro del plazo legal y con el correspondiente control judicial.Durante la actuación también fueron examinados los cuestionamientos de la defensa sobre una presunta falta de lealtad procesal por parte de la Fiscalía en el desarrollo de las labores investigativas. Frente a esos señalamientos, el juez consideró que no estaban respaldados por elementos probatorios o indicios que permitieran sustentarlos.En su decisión, el despacho calificó las acusaciones como “meras conjeturas, especulaciones e hipótesis carentes de todo respaldo probatorio o indiciario”, con lo que desestimó los reparos formulados por la defensa contra la actuación del ente acusador.Con esta determinación, el juzgado avaló la legalidad de la extracción de información digital realizada sobre las cinco evidencias tecnológicas y revocó la decisión que había invalidado ese procedimiento.
La Fiscalía adicionó las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio dentro de la investigación relacionada con Lili Pink, proceso en el que el ente acusador indaga un presunto esquema que habría facilitado el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.En esta nueva fase, las medidas afectan 45 inmuebles cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos. De acuerdo con la información de la defensa, los bienes estarían vinculados patrimonialmente a las nueve personas relacionadas con la investigación y no estarían vinculados con el caso de la marca Lili Pink.La defensa en cabeza del abogado Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña cuestionaron la decisión de la Fiscalía y señalaron que algunos de los inmuebles afectados incluso habrían sido adquiridos antes de la existencia de la compañía.“Denunciar corrupción en la Dian puede salir muy caro, ese parece ser el mensaje que le están tratando de mandar. A pesar que 4 jueces de la república han decretado ilegalidades de pruebas en el proceso, que un quinto juez negó las medidas de aseguramiento, pues la fiscalía no logró probar la diferencia de autoría de ninguno de los delitos que le reprocha a las personas involucradas en el caso. La semana pasada la Fiscalía General de la Nación decidió adoptar nuevas medidas cautelares que afectan bienes, que nada tienen que ver con la marca Lily Pink, y en cambio sí afectan reputacionalmente a las terceras personas de reconocidas marcas nacionales que se encontraban adelantando sus negocios en esos locales”, señaló el abogado Jiménez.La defensa sostuvo además en un comunicado que las medidas representan una afectación patrimonial para los propietarios de los bienes y cuestionó que puedan tener efectos sobre inversiones realizadas en Colombia.“La defensa considera que estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia”, afirmaron los representantes judiciales de la compañía.Los abogados también cuestionaron actuaciones desarrolladas previamente dentro del proceso y señalaron que, a su juicio, existen decisiones judiciales que han puesto en duda algunos de los elementos utilizados por la Fiscalía.“La Fiscalía ya ha recibido serios cuestionamientos judiciales. Cuatro jueces han declarado ilegales elementos probatorios dentro del proceso y, posteriormente, otro juez negó la medida de aseguramiento al considerar insuficiente la sustentación presentada por la Fiscalía”, indicaron.Según la defensa, esos antecedentes están siendo nuevamente utilizados para sustentar las nuevas medidas patrimoniales adoptadas dentro del proceso de extinción de dominio.Los abogados también plantearon cuestionamientos sobre otros asuntos relacionados con la investigación. En particular, señalaron que permanecen sin avances conocidos las denuncias que, según indicaron, fueron formuladas por presuntas irregularidades en la Dian y por la posible comercialización irregular de cerca de tres millones de prendas que habían sido decomisadas.
La Fiscalía General de la Nación adicionó las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 45 inmuebles vinculados al caso Lili Pink, cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos.La actuación fue adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, que en esta nueva fase afectó 45 bienes que, de acuerdo con la investigación, pertenecían a personas vinculadas al proceso.Según la Fiscalía, se trata de un conglomerado empresarial que, bajo la fachada de la comercialización de ropa femenina, habría facilitado el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.Los bienes afectados están representados en 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo, en Cundinamarca; Cartagena, Bolívar; Pereira, Risaralda; Ibagué, Tolima, y Cali, Valle del Cauca.Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo del Ejército Nacional, adelantan la ocupación de los inmuebles sobre los cuales fueron impuestas las medidas cautelares.La actuación hace parte de una investigación en la que ya han sido vinculadas al menos nueve personas. De acuerdo con la información del proceso, ocho de ellas no tienen, hasta el momento, medida de aseguramiento.La nueva decisión de extinción de dominio se concentra en los bienes relacionados con las personas vinculadas a la investigación y constituye una ampliación de las medidas cautelares que ya habían sido adoptadas dentro del caso.
Según la Fiscalía, la investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal transnacional que habría operado desde 2013 mediante empresas fachada y sociedades comerciales en Colombia y Panamá. La hipótesis del ente investigador señala que estas compañías habrían sido utilizadas para introducir mercancías al país, dar apariencia de legalidad a las operaciones y ocultar el origen de los recursos obtenidos.Los imputados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López, Malaquilla Bismar y Merlín Roxana Mendoza.Sin embargo, al analizar la solicitud de medida de aseguramiento, el juez cuestionó la forma en que la Fiscalía sustentó los elementos contra cada uno de los procesados y concluyó que no se alcanzó el estándar requerido para imponer una medida privativa de la libertad. Uno de los principales reparos estuvo relacionado con la falta de identificación concreta de los actos que, según la Fiscalía, demostrarían la participación de algunos de los señalados. El juez señaló que se presentaron “actas, poderes y trámites sin indicar el acto fraudulento ni su contenido”.Según la decisión, la Fiscalía sostuvo que el actuar de algunos de los procesados habría contribuido a la operación investigada, pero no precisó “cuál trámite era simulado, qué documento contenía una falsedad, cuál operación conocida como ilícita ni qué aporte esencial realizó”.El despacho agregó que “el ejercicio de funciones jurídicas y de representación es neutral mientras no se demuestre el acto concreto, su sentido ilícito y el conocimiento en tal sentido”.El juez también cuestionó la utilización de conversaciones bancarias como sustento de la solicitud, al considerar que estas no fueron relacionadas de manera suficiente con una operación criminal determinada.“Se reprodujeron conversaciones bancarias, pero no se relacionaron con una transacción criminal determinada”, sostuvo el despacho. Según explicó, las conversaciones mencionadas por la Fiscalía hacían referencia a actividades como tesorería, negociación de divisas, reintegros, apertura de cuentas y trámites de aprobaciones bancarias, pero no se identificó de manera concreta “el contrato, la factura, la declaración de cambio, el origen del dinero” u otro elemento que permitiera establecer el carácter ilícito de las operaciones.Respecto de Jonnatan Villamil Soler, el despacho señaló que se contrastaron sus cargos societarios con sus ingresos de nómina, pero sin demostrar el origen de los aportes ni su conocimiento consciente de un supuesto plan criminal. “La incongruencia patrimonial puede justificar una investigación sobre el origen de los aportes, pero no prueba automáticamente que Jonathan conociera un delito aduanero o la procedencia ilícita de los recursos”, afirmó el juez.El despacho agregó que tampoco se había identificado “el documento de aporte, su fuente, una instrucción recibida, una importación que hubiera gestionado ni un acto de administración sobre los presuntos bienes y operaciones ilícitas”.De manera general, el juez concluyó que el principal problema estuvo en la sustentación realizada por la Fiscalía durante esta audiencia. “El reproche puntual del juzgado recae sobre la deficiente sustentación realizada por la Fiscalía en esta audiencia puntualmente”, señaló.En ese sentido, explicó que la delegada fiscal no habría precisado, respecto de cada procesado y de cada delito, qué elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida respaldaba cada hecho jurídicamente relevante ni cómo esos elementos permitían inferir la participación dolosa de los investigados. “Por lo tanto, la exposición general de la Fiscalía no supera ese estándar mínimo de inferencia razonable de autoría, coautoría o participación integral requerido para la procedencia de la medida de aseguramiento privativa de la libertad solicitada en contra de los ocho procesados”, concluyó el juez.No obstante, dentro de este mismo caso, otro juez de control de garantías sí impuso medida de aseguramiento contra Walter Martínez, por su vinculación a la investigación.
En medio de las audiencias en las que la Fiscalía General de la Nación solicita una medida de aseguramiento contra ocho presuntos implicados en la investigación por supuesto contrabando y lavado de activos relacionado con Lili Pink, la defensa de la organización cuestionó la actuación del ente investigador y alertó por la falta de avances en varias denuncias relacionadas con mercancía decomisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.La defensa, encabezada por el abogado Juan David Bazanni, se opuso a la solicitud de medida de aseguramiento y cuestionó la investigación que adelanta la Fiscalía. Durante la diligencia, además, puso de presente que la compañía ha denunciado la presunta comercialización ilegal de mercancía que había sido decomisada en 2023. Según la defensa, “entre mayo y septiembre de 2023 la DIAN visitó la compañía y tras revisar menos del 1% de la mercancía objeto de fiscalización, decomisó la totalidad de la misma que correspondía a más de 3.000.000 de prendas avaluadas en $54.000 millones”. La compañía, de acuerdo con el mismo planteamiento, sostiene que “la mercancía contaba con toda la documentación exigida por la regulación vigente”.La defensa aseguró que, a raíz de lo ocurrido, en 2023 la compañía presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y demandó ante el Consejo de Estado los actos administrativos mediante los cuales se ordenó el decomiso de la mercancía.El abogado agregó que en enero de 2026 la empresa detectó que parte de esa mercancía decomisada estaba siendo comercializada en establecimientos que, según la defensa, no estaban autorizados y no tenían vínculo con la marca. “En enero de 2026 la compañía detectó que la mercancía decomisada en 2023 estaba siendo comercializada ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo con la marca L. Por estos hechos se interpusieron dos nuevas denuncias penales”, señaló la defensa.El cuestionamiento central está relacionado con el avance de esas investigaciones. Según la organización, “a la fecha, la Fiscalía no ha avanzado en las denuncias presentadas por la compañía en 2023 y 2026”.Durante la audiencia, el abogado Bazanni aseguró: “Prendas revendidas ilegalmente en el mercado informal. No solamente están dañando la marca, sino que además el verdadero lavado de activos, el verdadero enriquecimiento ilícito sí que lo están cometiendo los funcionarios que revendieron esta mercancía”, afirmó el abogado.En ese mismo sentido, cuestionó la hipótesis de la Fiscalía frente al supuesto lavado de activos: “A la Fiscalía le pareció brillante imputarle el delito de contrabando y de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a todos estos señores por una mercancía que no se vendió. Si la mercancía fue aprehendida en su totalidad, dígame cómo se vendió y se convirtió en dinero y cómo después lavaron activos con ese dinero. Es imposible”. El planteamiento de la defensa se conoce además en medio de las decisiones adoptadas por jueces de control de garantías sobre elementos probatorios de la investigación. En actuaciones anteriores, jueces han declarado ilegales pruebas obtenidas por la Fiscalía, mientras continúa el proceso judicial contra los nueve señalados.Ahora, el proceso entra en una nueva etapa. La próxima semana, un juez deberá definir si impone o no una medida de aseguramiento contra los ocho investigados. La decisión determinará su situación jurídica mientras avanza la investigación por los hechos que les atribuye la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro de la investigación que adelanta por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la sociedad Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del proceso que vincula al menos a nueve personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.La investigación también estableció que la aparente solidez financiera de esa sociedad se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra empresa que, según el ente investigador, tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.Adicionalmente, la Fiscalía identificó que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export S.A.S., situación que, de acuerdo con la investigación, haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.Como parte de las nuevas diligencias, fueron ubicados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. De igual manera, la Fiscalía verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).Los investigadores también establecieron que parte de la mercancía encontrada ya contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano, pese a corresponder a productos fabricados en China.Con la ampliación de las medidas cautelares, la Fiscalía busca fortalecer la afectación patrimonial sobre los bienes y sociedades vinculadas a la investigación, con el propósito de impedir que, presuntamente, continúen siendo utilizadas para operaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos.Durante las recientes audiencias, la fiscal del caso expuso cómo, según la investigación, se habría estructurado un entramado empresarial mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.La Fiscalía sostuvo que, durante varios años, habría operado una estructura conformada por empresas constituidas en Colombia y Panamá, cuyas operaciones comerciales hacen parte de la investigación que actualmente adelanta el ente acusador por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos.
Este jueves se adelantó una nueva diligencia en el caso Lili Pink, en la que la Fiscalía imputa cargos contra ocho personas que harían parte de una red de contrabando y lavado de activos. Durante la audiencia, la fiscal expuso cómo, según la investigación, habrían sido creadas empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.Allí se presentó Max Abadi, empresario colombo-panameño y cofundador de Lili Pink. La Fiscalía sostuvo que durante años habría funcionado una estructura con empresas en Colombia y Panamá que realizaban operaciones comerciales que hoy son objeto de investigación.“Podemos afirmar la estructuración de una organización delictiva desde el año 2013 a la fecha, con el fin de cometer delitos indeterminados o determinables para este caso de contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, dijo la fiscal.Uno de los puntos que llamó la atención de la fiscalía fue la forma en la que, según su investigación, algunas personas habrían aparecido formalmente como representantes legales de compañías, aunque sus funciones dentro de la organización serían distintas.Detalló, por ejemplo, el caso del conductor de Max Abadi, quien habría figurado como representante legal de una de las sociedades.“Realizaron, además, reportes inconsistentes ante la DIAN, entre estas con las comercializadoras, y cuentan con direcciones registradas que corresponden a lotes baldíos, casas o locales desocupados. Los constituyentes, representantes legales, socios y accionistas fueron y son empleados de las sociedades”, agregó la fiscal.Según la fiscalía, la mercancía habría ingresado al país aparentando legalidad y, posteriormente, habría sido comercializada, mientras los recursos obtenidos habrían sido enviados al exterior y utilizados para la adquisición de bienes.La audiencia se retomará este martes a las 9:00 a.m.
La defensa jurídica de la compañía Lili Pink y de varios de sus directivos cambiará de representación en el proceso penal que adelanta la Fiscalía por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos, luego de la designación del abogado Iván Cancino como ministro de Justicia en el Gobierno electo de Abelardo De La Espriella.El relevo se conoce a pocas horas de una nueva audiencia programada para este jueves, en la que la Fiscalía continuará con la imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una presunta red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, la cual posteriormente habría sido comercializada a través de empresas vinculadas a la reconocida marca.Hasta ahora, la representación jurídica de la compañía y de algunos de sus directivos estaba a cargo del abogado penalista Iván Cancino, quien recientemente fue designado como nuevo ministro de Justicia del Gobierno entrante.A través de un comunicado, la empresa informó que la representación legal será asumida por un nuevo equipo de abogados. “A partir de la fecha, la representación jurídica será asumida por los abogados Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya, quienes continuarán ejerciendo la defensa técnica dentro de las actuaciones judiciales correspondientes”, señaló la compañía.La empresa también se refirió a la situación de David Abadi y Max Abadi, directivos citados a la audiencia judicial, frente a versiones según las cuales habrían salido del país con ocasión de la investigación.En el comunicado precisó que ambos empresarios “residen fuera de Colombia desde antes del inicio de este proceso, por lo que no corresponde afirmar que abandonaron el país con ocasión de la investigación. Ambos han atendido oportunamente los requerimientos de las autoridades competentes y continuarán compareciendo conforme a las disposiciones legales, manteniendo su plena disposición de colaborar con la administración de justicia”.Sobre el funcionamiento de la compañía, Lili Pink aseguró que su operación comercial no se ha visto afectada por el proceso penal. En ese sentido, manifestó que la empresa “continúa desarrollando sus operaciones con normalidad, preservando la estabilidad, el bienestar de sus colaboradores y las relaciones con todos los grupos de interés que hacen parte de su operación”.Por este caso, la justicia ya confirmó una medida de aseguramiento contra Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.