La Fiscalía General de la Nación adicionó las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 45 inmuebles vinculados al caso Lili Pink, cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos.La actuación fue adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, que en esta nueva fase afectó 45 bienes que, de acuerdo con la investigación, pertenecían a personas vinculadas al proceso.Según la Fiscalía, se trata de un conglomerado empresarial que, bajo la fachada de la comercialización de ropa femenina, habría facilitado el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.Los bienes afectados están representados en 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo, en Cundinamarca; Cartagena, Bolívar; Pereira, Risaralda; Ibagué, Tolima, y Cali, Valle del Cauca.Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo del Ejército Nacional, adelantan la ocupación de los inmuebles sobre los cuales fueron impuestas las medidas cautelares.La actuación hace parte de una investigación en la que ya han sido vinculadas al menos nueve personas. De acuerdo con la información del proceso, ocho de ellas no tienen, hasta el momento, medida de aseguramiento.La nueva decisión de extinción de dominio se concentra en los bienes relacionados con las personas vinculadas a la investigación y constituye una ampliación de las medidas cautelares que ya habían sido adoptadas dentro del caso.
Según la Fiscalía, la investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal transnacional que habría operado desde 2013 mediante empresas fachada y sociedades comerciales en Colombia y Panamá. La hipótesis del ente investigador señala que estas compañías habrían sido utilizadas para introducir mercancías al país, dar apariencia de legalidad a las operaciones y ocultar el origen de los recursos obtenidos.Los imputados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López, Malaquilla Bismar y Merlín Roxana Mendoza.Sin embargo, al analizar la solicitud de medida de aseguramiento, el juez cuestionó la forma en que la Fiscalía sustentó los elementos contra cada uno de los procesados y concluyó que no se alcanzó el estándar requerido para imponer una medida privativa de la libertad. Uno de los principales reparos estuvo relacionado con la falta de identificación concreta de los actos que, según la Fiscalía, demostrarían la participación de algunos de los señalados. El juez señaló que se presentaron “actas, poderes y trámites sin indicar el acto fraudulento ni su contenido”.Según la decisión, la Fiscalía sostuvo que el actuar de algunos de los procesados habría contribuido a la operación investigada, pero no precisó “cuál trámite era simulado, qué documento contenía una falsedad, cuál operación conocida como ilícita ni qué aporte esencial realizó”.El despacho agregó que “el ejercicio de funciones jurídicas y de representación es neutral mientras no se demuestre el acto concreto, su sentido ilícito y el conocimiento en tal sentido”.El juez también cuestionó la utilización de conversaciones bancarias como sustento de la solicitud, al considerar que estas no fueron relacionadas de manera suficiente con una operación criminal determinada.“Se reprodujeron conversaciones bancarias, pero no se relacionaron con una transacción criminal determinada”, sostuvo el despacho. Según explicó, las conversaciones mencionadas por la Fiscalía hacían referencia a actividades como tesorería, negociación de divisas, reintegros, apertura de cuentas y trámites de aprobaciones bancarias, pero no se identificó de manera concreta “el contrato, la factura, la declaración de cambio, el origen del dinero” u otro elemento que permitiera establecer el carácter ilícito de las operaciones.Respecto de Jonnatan Villamil Soler, el despacho señaló que se contrastaron sus cargos societarios con sus ingresos de nómina, pero sin demostrar el origen de los aportes ni su conocimiento consciente de un supuesto plan criminal. “La incongruencia patrimonial puede justificar una investigación sobre el origen de los aportes, pero no prueba automáticamente que Jonathan conociera un delito aduanero o la procedencia ilícita de los recursos”, afirmó el juez.El despacho agregó que tampoco se había identificado “el documento de aporte, su fuente, una instrucción recibida, una importación que hubiera gestionado ni un acto de administración sobre los presuntos bienes y operaciones ilícitas”.De manera general, el juez concluyó que el principal problema estuvo en la sustentación realizada por la Fiscalía durante esta audiencia. “El reproche puntual del juzgado recae sobre la deficiente sustentación realizada por la Fiscalía en esta audiencia puntualmente”, señaló.En ese sentido, explicó que la delegada fiscal no habría precisado, respecto de cada procesado y de cada delito, qué elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida respaldaba cada hecho jurídicamente relevante ni cómo esos elementos permitían inferir la participación dolosa de los investigados. “Por lo tanto, la exposición general de la Fiscalía no supera ese estándar mínimo de inferencia razonable de autoría, coautoría o participación integral requerido para la procedencia de la medida de aseguramiento privativa de la libertad solicitada en contra de los ocho procesados”, concluyó el juez.No obstante, dentro de este mismo caso, otro juez de control de garantías sí impuso medida de aseguramiento contra Walter Martínez, por su vinculación a la investigación.
En medio de las audiencias en las que la Fiscalía General de la Nación solicita una medida de aseguramiento contra ocho presuntos implicados en la investigación por supuesto contrabando y lavado de activos relacionado con Lili Pink, la defensa de la organización cuestionó la actuación del ente investigador y alertó por la falta de avances en varias denuncias relacionadas con mercancía decomisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.La defensa, encabezada por el abogado Juan David Bazanni, se opuso a la solicitud de medida de aseguramiento y cuestionó la investigación que adelanta la Fiscalía. Durante la diligencia, además, puso de presente que la compañía ha denunciado la presunta comercialización ilegal de mercancía que había sido decomisada en 2023. Según la defensa, “entre mayo y septiembre de 2023 la DIAN visitó la compañía y tras revisar menos del 1% de la mercancía objeto de fiscalización, decomisó la totalidad de la misma que correspondía a más de 3.000.000 de prendas avaluadas en $54.000 millones”. La compañía, de acuerdo con el mismo planteamiento, sostiene que “la mercancía contaba con toda la documentación exigida por la regulación vigente”.La defensa aseguró que, a raíz de lo ocurrido, en 2023 la compañía presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y demandó ante el Consejo de Estado los actos administrativos mediante los cuales se ordenó el decomiso de la mercancía.El abogado agregó que en enero de 2026 la empresa detectó que parte de esa mercancía decomisada estaba siendo comercializada en establecimientos que, según la defensa, no estaban autorizados y no tenían vínculo con la marca. “En enero de 2026 la compañía detectó que la mercancía decomisada en 2023 estaba siendo comercializada ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo con la marca L. Por estos hechos se interpusieron dos nuevas denuncias penales”, señaló la defensa.El cuestionamiento central está relacionado con el avance de esas investigaciones. Según la organización, “a la fecha, la Fiscalía no ha avanzado en las denuncias presentadas por la compañía en 2023 y 2026”.Durante la audiencia, el abogado Bazanni aseguró: “Prendas revendidas ilegalmente en el mercado informal. No solamente están dañando la marca, sino que además el verdadero lavado de activos, el verdadero enriquecimiento ilícito sí que lo están cometiendo los funcionarios que revendieron esta mercancía”, afirmó el abogado.En ese mismo sentido, cuestionó la hipótesis de la Fiscalía frente al supuesto lavado de activos: “A la Fiscalía le pareció brillante imputarle el delito de contrabando y de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a todos estos señores por una mercancía que no se vendió. Si la mercancía fue aprehendida en su totalidad, dígame cómo se vendió y se convirtió en dinero y cómo después lavaron activos con ese dinero. Es imposible”. El planteamiento de la defensa se conoce además en medio de las decisiones adoptadas por jueces de control de garantías sobre elementos probatorios de la investigación. En actuaciones anteriores, jueces han declarado ilegales pruebas obtenidas por la Fiscalía, mientras continúa el proceso judicial contra los nueve señalados.Ahora, el proceso entra en una nueva etapa. La próxima semana, un juez deberá definir si impone o no una medida de aseguramiento contra los ocho investigados. La decisión determinará su situación jurídica mientras avanza la investigación por los hechos que les atribuye la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro de la investigación que adelanta por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la sociedad Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del proceso que vincula al menos a nueve personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.La investigación también estableció que la aparente solidez financiera de esa sociedad se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra empresa que, según el ente investigador, tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.Adicionalmente, la Fiscalía identificó que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export S.A.S., situación que, de acuerdo con la investigación, haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.Como parte de las nuevas diligencias, fueron ubicados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. De igual manera, la Fiscalía verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).Los investigadores también establecieron que parte de la mercancía encontrada ya contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano, pese a corresponder a productos fabricados en China.Con la ampliación de las medidas cautelares, la Fiscalía busca fortalecer la afectación patrimonial sobre los bienes y sociedades vinculadas a la investigación, con el propósito de impedir que, presuntamente, continúen siendo utilizadas para operaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos.Durante las recientes audiencias, la fiscal del caso expuso cómo, según la investigación, se habría estructurado un entramado empresarial mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.La Fiscalía sostuvo que, durante varios años, habría operado una estructura conformada por empresas constituidas en Colombia y Panamá, cuyas operaciones comerciales hacen parte de la investigación que actualmente adelanta el ente acusador por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos.
Este jueves se adelantó una nueva diligencia en el caso Lili Pink, en la que la Fiscalía imputa cargos contra ocho personas que harían parte de una red de contrabando y lavado de activos. Durante la audiencia, la fiscal expuso cómo, según la investigación, habrían sido creadas empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.Allí se presentó Max Abadi, empresario colombo-panameño y cofundador de Lili Pink. La Fiscalía sostuvo que durante años habría funcionado una estructura con empresas en Colombia y Panamá que realizaban operaciones comerciales que hoy son objeto de investigación.“Podemos afirmar la estructuración de una organización delictiva desde el año 2013 a la fecha, con el fin de cometer delitos indeterminados o determinables para este caso de contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, dijo la fiscal.Uno de los puntos que llamó la atención de la fiscalía fue la forma en la que, según su investigación, algunas personas habrían aparecido formalmente como representantes legales de compañías, aunque sus funciones dentro de la organización serían distintas.Detalló, por ejemplo, el caso del conductor de Max Abadi, quien habría figurado como representante legal de una de las sociedades.“Realizaron, además, reportes inconsistentes ante la DIAN, entre estas con las comercializadoras, y cuentan con direcciones registradas que corresponden a lotes baldíos, casas o locales desocupados. Los constituyentes, representantes legales, socios y accionistas fueron y son empleados de las sociedades”, agregó la fiscal.Según la fiscalía, la mercancía habría ingresado al país aparentando legalidad y, posteriormente, habría sido comercializada, mientras los recursos obtenidos habrían sido enviados al exterior y utilizados para la adquisición de bienes.La audiencia se retomará este martes a las 9:00 a.m.
La defensa jurídica de la compañía Lili Pink y de varios de sus directivos cambiará de representación en el proceso penal que adelanta la Fiscalía por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos, luego de la designación del abogado Iván Cancino como ministro de Justicia en el Gobierno electo de Abelardo De La Espriella.El relevo se conoce a pocas horas de una nueva audiencia programada para este jueves, en la que la Fiscalía continuará con la imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una presunta red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, la cual posteriormente habría sido comercializada a través de empresas vinculadas a la reconocida marca.Hasta ahora, la representación jurídica de la compañía y de algunos de sus directivos estaba a cargo del abogado penalista Iván Cancino, quien recientemente fue designado como nuevo ministro de Justicia del Gobierno entrante.A través de un comunicado, la empresa informó que la representación legal será asumida por un nuevo equipo de abogados. “A partir de la fecha, la representación jurídica será asumida por los abogados Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya, quienes continuarán ejerciendo la defensa técnica dentro de las actuaciones judiciales correspondientes”, señaló la compañía.La empresa también se refirió a la situación de David Abadi y Max Abadi, directivos citados a la audiencia judicial, frente a versiones según las cuales habrían salido del país con ocasión de la investigación.En el comunicado precisó que ambos empresarios “residen fuera de Colombia desde antes del inicio de este proceso, por lo que no corresponde afirmar que abandonaron el país con ocasión de la investigación. Ambos han atendido oportunamente los requerimientos de las autoridades competentes y continuarán compareciendo conforme a las disposiciones legales, manteniendo su plena disposición de colaborar con la administración de justicia”.Sobre el funcionamiento de la compañía, Lili Pink aseguró que su operación comercial no se ha visto afectada por el proceso penal. En ese sentido, manifestó que la empresa “continúa desarrollando sus operaciones con normalidad, preservando la estabilidad, el bienestar de sus colaboradores y las relaciones con todos los grupos de interés que hacen parte de su operación”.Por este caso, la justicia ya confirmó una medida de aseguramiento contra Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación a ocho personas señaladas de integrar una presunta red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, mercancía que posteriormente habría sido comercializada a través de empresas vinculadas a la reconocida marca Lili Pink. La diligencia judicial fue programada para el próximo 24 de junio.La solicitud cobija a los empresarios colombo-panameños Max Marvin Abadi y su hijo David Abadi; Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda, distribuidora de Lili Pink; Miriam Luz de las Mercedes Sánchez, tesorera de la compañía; y Jonnatan Villamil Soler chofer de la organización. También fueron citadas Luz Adriana López López, vinculada a otra empresa relacionada y Merlín Roxana Mendoza Arias.De acuerdo con la Fiscalía, los investigados deberán responder, según su posible participación individual, por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Tras conocerse la fecha de la audiencia, el abogado defensor Iván Cancino confirmó que sus cuatro representados comparecerán ante la justicia y cuestionó las actuaciones adelantadas previamente por las autoridades. “Celebramos con mucha gratitud que por fin la Fiscalía nos haya mandado la audiencia de imputación que tanto le habíamos pedido y que solamente se va a producir dos meses después de un gran e injusto operativo que se hizo para extinción de dominio y con otros fines en los cuales no se encontró absolutamente nada ilegal, de tal manera que ahí estaremos compareciendo para poder ratificar la presunción de inocencia y controvertir todas las pruebas que tenga la Fiscalía, que no creo que sean muchas”, afirmó.Frente a la investigación, la defensa rechazó cualquier relación con actividades criminales.“Lo que sí estamos absolutamente seguros es que nunca se ha prestado para lavado de activos, menos para favorecer al contrabando, menos una banda organizada; estamos en presencia de unos empresarios que han dado 3.000 empleos, que han dado contratos franquiciados, más de 400 locales abiertos, y que la marca es tan querida por Colombia que, aun a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho para aniquilarla con estos procedimientos, sigue teniendo récords en venta”, sostuvo Cancino.El abogado también se refirió a la posibilidad de que la Fiscalía solicite medidas de aseguramiento contra los procesados. Según explicó, la defensa ha presentado varias solicitudes relacionadas con situaciones particulares de algunos investigados, las cuales no han sido aceptadas por el ente acusador.“También van a pedir medida de aseguramiento. Obviamente nosotros nos hemos acercado a la Fiscalía con algunas peticiones frente al tratamiento de algunas personas que están en el proceso con peticiones especiales, y la Fiscalía las ha rechazado absolutamente todas. Pero bueno, esos elementos se debatirán ante el juez también, y estamos muy tranquilos con que las medidas de aseguramiento tampoco van a proceder porque no hay ningún motivo para ello”, indicó.Respecto a la situación de los empresarios Max Marvin Abadi y David Abadi, quienes permanecen fuera del país, Cancino aseguró que participarán en el proceso judicial mediante los mecanismos previstos en la ley. “Han estado presentes en las audiencias que se han hecho por intermedio de su abogado y que, como lo permite la ley, estarán presentes por una conexión virtual cuando sean requeridos, es decir, a partir del 24 de junio”, concluyó.
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una presunta organización transnacional dedicada al ingreso ilegal de ropa femenina y accesorios al territorio colombiano en el soñado caso de Lili Pink.La solicitud la hizo un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, que adelanta las investigaciones relacionadas con posibles operaciones de contrabando y lavado de activos asociadas a esta estructura.Los ocho imputadosLos indiciados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza.De acuerdo con las pruebas en poder de la Fiscalía, estas personas habrían participado en una red dedicada al ingreso de mercancías de contrabando, específicamente ropa femenina y accesorios, mediante mecanismos que presuntamente buscaban evadir los controles aduaneros y tributarios establecidos por las autoridades colombianas.Según el ente acusador, a los investigados se les imputarán, de acuerdo con su posible nivel de participación individual en los hechos, los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.La audiencia de imputación fue programada para el próximo 24 de junio ante un juez de control de garantías. En esa diligencia, la Fiscalía General de la Nación expondrá los elementos materiales probatorios y los argumentos que sustentan la atribución de los cargos.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) encendió las alarmas luego de haber recibido 87 solicitudes de terminación unilateral de los arriendos de locales de la marca Lili Pink, que hoy está en medio de un proceso de extinción de dominio por lavado de activos.Hace unas semanas, las autoridades colombianas ocuparon unos 405 locales de la marca de ropa interior en medio de una investigación judicial por lavado de activos y contrabando. La SAE nombró una administración temporal que está al frente de la compañía.La empresa ha venido operando únicamente con efectivo, en medio del temor de la banca a terminar “contaminada” con los movimientos de dinero de la compañía.Además, la SAE señaló que varios de los proveedores han decidido suspender sus negocios con la empresa."Los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo. Por lo anterior, la SAE hace un llamado a los distintos actores involucrados para actuar con responsabilidad, prudencia y sensibilidad social frente a las decisiones que puedan impactar la estabilidad de la operación y el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad económica", dijo la SAE.SAE busca salvar empleos en Lily PinkLa Sociedad de Activos Especiales busca proteger la operación de la marca tras el proceso judicial. Diego Chávez, vicepresidente de la entidad, aseguró en Blu Radio que "el propósito desde la presidencia de la SAE es conservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo".El funcionario explicó que los propietarios de los locales temen verse implicados en el caso. Chávez aclaró que "el principal argumento para la terminación de los contratos de arrendamiento y otros contratos es justamente el inicio del proceso de extinción de dominio".Para mitigar el temor y frenar la salida de los comerciantes, el directivo enfatizó el control de la entidad. "La tranquilidad que le queremos transmitir a los empresarios es que justamente la administración hoy está en cabeza del Estado colombiano", concluyó Chávez.
Este lunes quedó en libertad el conductor de la ambulancia de la ESE Norte que había sido secuestrada por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo, el pasado 10 de septiembre. La información fue confirmada por la familia del joven Jeison Bonilla.Allegados confirmaron a Blu radio este lunes que el joven fue trasladado hacia la ciudad de Cúcuta y se desconoce si fue rescatado por las autoridades o si fue entregado por el grupo armado. Le puede interesar: Defensoría pide libertad para conductor de ambulancia secuestrado en Tibú, Norte de SantanderHay que recordar que el secuestro de este joven se generó cuando realizaba unas actividades durante una misión médica en esa zona del país. En desarrollo.
Estudiantes de los grados décimo y undécimo de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga realizaron una protesta pacífica para pedir respuestas frente a varias situaciones que, según denunciaron, vienen afectando el desarrollo académico y la convivencia dentro de la institución.La manifestación, que terminó en la Alcaldía de Bucaramanga, contó con el acompañamiento de padres de familia, quienes aseguraron que esta no sería la primera protesta ni el primer espacio de diálogo solicitado a las directivas del plantel para abordar las inconformidades.María Estela Martínez, madre de dos estudiantes de grados inferiores, explicó que decidió acompañar a los jóvenes porque considera que sus reclamos deben ser escuchados y atendidos.Según la madre de familia, desde la llegada de la rectora Ana Isabel Pino, quien está próxima a cumplir un año en el cargo, se han presentado dificultades que no habrían sido solucionadas pese a las reuniones y mesas de negociación realizadas.Uno de los principales reclamos está relacionado con la falta de docentes para algunas asignaturas. Martínez aseguró que durante el año los estudiantes han tenido que afrontar de manera recurrente la ausencia de profesores, situación que, según su denuncia, ha provocado pérdida de clases y afectaciones en el proceso académico.“Todos los estudiantes se han visto afectados académicamente, ya que son los chicos que van a salir en estos momentos a las futuras universidades”, manifestó la madre de familia.Los padres también expresaron preocupación por las condiciones de infraestructura. Entre los cuestionamientos está la instalación de una reja para separar a los estudiantes de sexto y séptimo de los alumnos de grados superiores.De acuerdo con Martínez, la medida habría sido implementada por la institución por razones de organización y para regular el acceso a los baños. Sin embargo, la madre considera que la estructura representa un riesgo para los estudiantes.“Lo que no contempló es que es una reja que está dividiendo y está poniendo en peligro”, señaló.Los manifestantes pidieron que sus inquietudes sean escuchadas por las directivas de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y que se establezcan soluciones a las situaciones planteadas, especialmente las relacionadas con la continuidad de las clases y las condiciones de seguridad dentro del plantel.Los señalamientos corresponden a las denuncias expresadas por estudiantes y padres de familia durante la protesta. Hasta el momento, se desconoce la posición de la rectora Ana Isabel Pino y de la institución frente a las reclamaciones planteadas.
El auxilio económico para las personas que perdieron su empleo por los efectos del terremoto del 10 de agosto será de 875.452 pesos con 50 centavos y se entregará por una sola vez, una vez se agoten los recursos del subsidio ordinario para cesantes. Así lo explicó Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, quien detalló los requisitos para acceder al beneficio.Según Guillén, el mecanismo busca ampliar los recursos disponibles para trabajadores afectados por el terremoto y será gestionado a través de las cajas de compensación familiar de las regiones afectadas.¿Quiénes pueden acceder al subsidio por perder el trabajo?La principal condición para acceder al auxilio extraordinario es haber estado afiliado a una caja de compensación familiar durante seis meses, de manera continua o discontinua, dentro de los últimos cinco años.Además, la persona debe demostrar que hace parte del Registro Único de Afectados. Guillén explicó que este requisito es necesario para que pueda entregarse el beneficio.“El único requisito es que la persona haya estado afiliada a una caja de compensación durante seis meses, seis meses continuos o seis meses discontinuos durante los últimos cinco años”, explicó.La presidenta de AOCAS señaló que las personas afectadas podrán acercarse a las cajas de compensación para solicitar el beneficio. Incluso, según indicó, podrían reclamarlo en una caja diferente a aquella en la que estaban afiliadas, siempre que puedan demostrar la afiliación y su inclusión en el registro de afectados.¿Cuánto dinero recibirán los trabajadores afectados?El auxilio extraordinario será equivalente a la mitad de un salario mínimo y corresponde a 875.452 pesos con 50 centavos. Guillén explicó que este beneficio se activará después de que se agoten los recursos destinados al subsidio ordinario para personas cesantes. Por eso, los trabajadores deberán acudir inicialmente a las cajas para solicitar el auxilio que normalmente reciben quienes pierden su empleo.“Cuando este recurso se extinga, podrá acceder a este recurso extraordinario que se va a entregar por una sola vez”, señaló.La representante explicó que el sistema de compensación familiar continuará entregando el subsidio ordinario para cesantes y, cuando esos recursos se terminen, se activará el mecanismo extraordinario creado para las zonas afectadas por el terremoto.¿Cuándo podrán reclamar el subsidio por desempleo?El Ministerio del Trabajo debe definir el modelo de implementación para establecer cómo se realizarán las transferencias de recursos desde las cajas de compensación del país hacia las cajas de las regiones afectadas.Por esta razón, Guillén señaló que todavía está pendiente conocer el procedimiento que deberán seguir los trabajadores para solicitar el auxilio extraordinario.La entrega dependerá de que la persona cumpla con los requisitos establecidos y figure en el Registro Único de Afectados.El mecanismo contempla que las cajas de compensación de otras regiones puedan transferir recursos a las cajas de los territorios afectados para ampliar la disponibilidad del beneficio.De acuerdo con Guillén, el objetivo es que las personas que quedaron sin empleo o a quienes les fueron suspendidas sus nóminas puedan acceder al apoyo económico una vez se active el mecanismo.
Abelardo De La Espriella Juris, padre del presidente Abelardo De La Espriella, fue sometido a una operación este lunes en Bogotá.La información fue confirmada por el mismo De La Espriella Juris, quien pidió a sus seguidores orar en este momento. “Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto. Ruego a mis seguidores que oren por mí”, dijo el padre del presidente."Señor Jesucristo, hoy elevamos una oración llena de fe por la vida y la salud de Abelardo de la Espriella Juris. Padre celestial, ponemos en tus manos su cuerpo, su corazón y toda su vida. Tú conoces cada célula de su cuerpo, cada dificultad y cada preocupación. Te pedimos que extiendas sobre él tus manos misericordiosas y le concedas sanación, fortaleza y esperanza. Señor Jesús, guía las manos de los médicos, enfermeros y de todas las personas que están cuidándolo", se lee en el mensaje difundido en las redes sociales del padre del mandatario. "Ponemos su vida en tus manos, confiando en tu infinito amor y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén", añade el mensaje. Por su parte, el jefe de Estado se trasladó a la Fundación Cardioinfantil para acompañar a su padre durante el procedimiento.Posteriormente, el mandatario tiene previsto adelantar un consejo de ministros en la Casa de Nariño.
En las últimas horas se confirmó la extradición desde Haití hacia territorio estadounidense de 17 exmilitares colombianos vinculados a las investigaciones por el magnicidio del presidente haitiano Jovenel MoïseEntre los trasladados se encuentra el subteniente Jiner Alberto Carmona Flores, cuya esposa, Milena Carmona, denunció la falta absoluta de comunicación previa y de acompañamiento por parte de las autoridades gubernamentales.Sobre la forma en que se enteró del traslado de su esposo y de sus compañeros, Carmona afirmó: "A mí me llama una fuente que tengo desde hace muchos años que me ha ayudado a recaudar información a favor de mi esposo y de sus compañeros y me dice que sobre las 11 de la mañana más o menos, posiblemente se los podían llevar a todos para los Estados Unidos. Eh, así fue que yo me enteré, pero yo no tengo ningún una confirmación oficial por parte de cancillería, mucho menos de las diligencias que se realizaron en ese país".La vocera agregó que "absolutamente nada, ni a mí ni a nadie del grupo, ningún representante nos dijeron nada"."Fueron tomados como los perfectos chivos para involucrarlos".Fue arrestado el 8 de julio de 2021Tras permanecer cerca de cinco años detenido en Puerto Príncipe bajo condiciones que la familia califica de irregulares y sin garantías de debido proceso, su esposa reitera que el oficial no tuvo ningún grado de responsabilidad en el crimen del mandatario.Según explicó Carmona, su esposo fue contratado por la firma estadounidense CTU para prestar servicios de seguridad privada sin conocer de antemano el país de destino"Sencillamente él, de hecho, tampoco sabía qué país era, solamente la persona que lo reclutó... le decían que era un país de Centroamérica y que se iban a enterar de qué país era cuando estuvieran eh ya próximos a viajar. Y efectivamente, él se entera que el país era esta este Haití, pero lo hizo fue en el aeropuerto El Dorado, cuando ya la empresa CTU les había comprado los ticketes".Respecto al avance de las investigaciones judiciales en Haití, Milena Carmona fustigó la ausencia de material probatorio: "El gobierno de ese país no ha podido demostrar eh ni una sola prueba en contra, una prueba real. Solo han sido especulaciones y suposiciones... desafortunadamente pues ellos fueron tomados como los perfectos chivos para involucrarlos en este crimen, incluyendo mi esposo".Inconsistencias horarias en la noche del magnicidioLa defensa de las familias sostiene que existen severas contradicciones en la reconstrucción de los hechos efectuada por las autoridades de Haití. De acuerdo con los testimonios que los propios detenidos entregaron a agencias estadounidenses como el FBI y Homeland Security (HSI), la noche del crimen fueron contactados por la misma policía haitiana bajo el argumento de prestar apoyo en la captura de un alto perfil."Nosotros tenemos un video que los capta a ellos subiendo en las camionetas con la policía a las 2:44 de la mañana y el reporte de todas las entidades que participaron del levantamiento de del cadáver del presidente escribió, por decirlo así, que su muerte fue la 1 de la mañana, es decir, una hora en la que ellos ni siquiera estaban en el lugar", detalló Carmona. La mujer añadió que al arribar al perímetro de la residencia presidencial, las puertas estaban abiertas, no existían anillos de seguridad y los agentes policiales procedieron a abandonarlos en el sitio junto al cuerpo del presidente.Aislamiento, cargos desestimados y el proceso en MiamiA lo largo de los años de reclusión, los familiares enfrentaron serios obstáculos logísticos y económicos para mantener contacto o viajar a la isla, debido a la falta de visado, barreras de seguridad y costos de escolta privada que alcanzaban los 1.500 dólares diarios. Las comunicaciones se restringieron a cartas durante los dos primeros años y posteriormente a videollamadas trimestrales bajo supervisión consular.En el ámbito legal, aunque inicialmente enfrentaron siete cargos, un juez desestimó la mayoría por falta de pruebas, reduciéndolos a dos. Los 17 colombianos, que no han sido condenados, comparecerán ante la Corte del Distrito Sur de la Florida en Miami.