La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro de la investigación que adelanta por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la sociedad Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del proceso que vincula al menos a nueve personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.La investigación también estableció que la aparente solidez financiera de esa sociedad se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra empresa que, según el ente investigador, tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.Adicionalmente, la Fiscalía identificó que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export S.A.S., situación que, de acuerdo con la investigación, haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.Como parte de las nuevas diligencias, fueron ubicados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. De igual manera, la Fiscalía verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).Los investigadores también establecieron que parte de la mercancía encontrada ya contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano, pese a corresponder a productos fabricados en China.Con la ampliación de las medidas cautelares, la Fiscalía busca fortalecer la afectación patrimonial sobre los bienes y sociedades vinculadas a la investigación, con el propósito de impedir que, presuntamente, continúen siendo utilizadas para operaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos.Durante las recientes audiencias, la fiscal del caso expuso cómo, según la investigación, se habría estructurado un entramado empresarial mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.La Fiscalía sostuvo que, durante varios años, habría operado una estructura conformada por empresas constituidas en Colombia y Panamá, cuyas operaciones comerciales hacen parte de la investigación que actualmente adelanta el ente acusador por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos.
Este jueves se adelantó una nueva diligencia en el caso Lili Pink, en la que la Fiscalía imputa cargos contra ocho personas que harían parte de una red de contrabando y lavado de activos. Durante la audiencia, la fiscal expuso cómo, según la investigación, habrían sido creadas empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.Allí se presentó Max Abadi, empresario colombo-panameño y cofundador de Lili Pink. La Fiscalía sostuvo que durante años habría funcionado una estructura con empresas en Colombia y Panamá que realizaban operaciones comerciales que hoy son objeto de investigación.“Podemos afirmar la estructuración de una organización delictiva desde el año 2013 a la fecha, con el fin de cometer delitos indeterminados o determinables para este caso de contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, dijo la fiscal.Uno de los puntos que llamó la atención de la fiscalía fue la forma en la que, según su investigación, algunas personas habrían aparecido formalmente como representantes legales de compañías, aunque sus funciones dentro de la organización serían distintas.Detalló, por ejemplo, el caso del conductor de Max Abadi, quien habría figurado como representante legal de una de las sociedades.“Realizaron, además, reportes inconsistentes ante la DIAN, entre estas con las comercializadoras, y cuentan con direcciones registradas que corresponden a lotes baldíos, casas o locales desocupados. Los constituyentes, representantes legales, socios y accionistas fueron y son empleados de las sociedades”, agregó la fiscal.Según la fiscalía, la mercancía habría ingresado al país aparentando legalidad y, posteriormente, habría sido comercializada, mientras los recursos obtenidos habrían sido enviados al exterior y utilizados para la adquisición de bienes.La audiencia se retomará este martes a las 9:00 a.m.
La defensa jurídica de la compañía Lili Pink y de varios de sus directivos cambiará de representación en el proceso penal que adelanta la Fiscalía por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos, luego de la designación del abogado Iván Cancino como ministro de Justicia en el Gobierno electo de Abelardo De La Espriella.El relevo se conoce a pocas horas de una nueva audiencia programada para este jueves, en la que la Fiscalía continuará con la imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una presunta red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, la cual posteriormente habría sido comercializada a través de empresas vinculadas a la reconocida marca.Hasta ahora, la representación jurídica de la compañía y de algunos de sus directivos estaba a cargo del abogado penalista Iván Cancino, quien recientemente fue designado como nuevo ministro de Justicia del Gobierno entrante.A través de un comunicado, la empresa informó que la representación legal será asumida por un nuevo equipo de abogados. “A partir de la fecha, la representación jurídica será asumida por los abogados Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya, quienes continuarán ejerciendo la defensa técnica dentro de las actuaciones judiciales correspondientes”, señaló la compañía.La empresa también se refirió a la situación de David Abadi y Max Abadi, directivos citados a la audiencia judicial, frente a versiones según las cuales habrían salido del país con ocasión de la investigación.En el comunicado precisó que ambos empresarios “residen fuera de Colombia desde antes del inicio de este proceso, por lo que no corresponde afirmar que abandonaron el país con ocasión de la investigación. Ambos han atendido oportunamente los requerimientos de las autoridades competentes y continuarán compareciendo conforme a las disposiciones legales, manteniendo su plena disposición de colaborar con la administración de justicia”.Sobre el funcionamiento de la compañía, Lili Pink aseguró que su operación comercial no se ha visto afectada por el proceso penal. En ese sentido, manifestó que la empresa “continúa desarrollando sus operaciones con normalidad, preservando la estabilidad, el bienestar de sus colaboradores y las relaciones con todos los grupos de interés que hacen parte de su operación”.Por este caso, la justicia ya confirmó una medida de aseguramiento contra Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación a ocho personas señaladas de integrar una presunta red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, mercancía que posteriormente habría sido comercializada a través de empresas vinculadas a la reconocida marca Lili Pink. La diligencia judicial fue programada para el próximo 24 de junio.La solicitud cobija a los empresarios colombo-panameños Max Marvin Abadi y su hijo David Abadi; Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda, distribuidora de Lili Pink; Miriam Luz de las Mercedes Sánchez, tesorera de la compañía; y Jonnatan Villamil Soler chofer de la organización. También fueron citadas Luz Adriana López López, vinculada a otra empresa relacionada y Merlín Roxana Mendoza Arias.De acuerdo con la Fiscalía, los investigados deberán responder, según su posible participación individual, por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Tras conocerse la fecha de la audiencia, el abogado defensor Iván Cancino confirmó que sus cuatro representados comparecerán ante la justicia y cuestionó las actuaciones adelantadas previamente por las autoridades. “Celebramos con mucha gratitud que por fin la Fiscalía nos haya mandado la audiencia de imputación que tanto le habíamos pedido y que solamente se va a producir dos meses después de un gran e injusto operativo que se hizo para extinción de dominio y con otros fines en los cuales no se encontró absolutamente nada ilegal, de tal manera que ahí estaremos compareciendo para poder ratificar la presunción de inocencia y controvertir todas las pruebas que tenga la Fiscalía, que no creo que sean muchas”, afirmó.Frente a la investigación, la defensa rechazó cualquier relación con actividades criminales.“Lo que sí estamos absolutamente seguros es que nunca se ha prestado para lavado de activos, menos para favorecer al contrabando, menos una banda organizada; estamos en presencia de unos empresarios que han dado 3.000 empleos, que han dado contratos franquiciados, más de 400 locales abiertos, y que la marca es tan querida por Colombia que, aun a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho para aniquilarla con estos procedimientos, sigue teniendo récords en venta”, sostuvo Cancino.El abogado también se refirió a la posibilidad de que la Fiscalía solicite medidas de aseguramiento contra los procesados. Según explicó, la defensa ha presentado varias solicitudes relacionadas con situaciones particulares de algunos investigados, las cuales no han sido aceptadas por el ente acusador.“También van a pedir medida de aseguramiento. Obviamente nosotros nos hemos acercado a la Fiscalía con algunas peticiones frente al tratamiento de algunas personas que están en el proceso con peticiones especiales, y la Fiscalía las ha rechazado absolutamente todas. Pero bueno, esos elementos se debatirán ante el juez también, y estamos muy tranquilos con que las medidas de aseguramiento tampoco van a proceder porque no hay ningún motivo para ello”, indicó.Respecto a la situación de los empresarios Max Marvin Abadi y David Abadi, quienes permanecen fuera del país, Cancino aseguró que participarán en el proceso judicial mediante los mecanismos previstos en la ley. “Han estado presentes en las audiencias que se han hecho por intermedio de su abogado y que, como lo permite la ley, estarán presentes por una conexión virtual cuando sean requeridos, es decir, a partir del 24 de junio”, concluyó.
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una presunta organización transnacional dedicada al ingreso ilegal de ropa femenina y accesorios al territorio colombiano en el soñado caso de Lili Pink.La solicitud la hizo un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, que adelanta las investigaciones relacionadas con posibles operaciones de contrabando y lavado de activos asociadas a esta estructura.Los ocho imputadosLos indiciados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza.De acuerdo con las pruebas en poder de la Fiscalía, estas personas habrían participado en una red dedicada al ingreso de mercancías de contrabando, específicamente ropa femenina y accesorios, mediante mecanismos que presuntamente buscaban evadir los controles aduaneros y tributarios establecidos por las autoridades colombianas.Según el ente acusador, a los investigados se les imputarán, de acuerdo con su posible nivel de participación individual en los hechos, los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.La audiencia de imputación fue programada para el próximo 24 de junio ante un juez de control de garantías. En esa diligencia, la Fiscalía General de la Nación expondrá los elementos materiales probatorios y los argumentos que sustentan la atribución de los cargos.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) encendió las alarmas luego de haber recibido 87 solicitudes de terminación unilateral de los arriendos de locales de la marca Lili Pink, que hoy está en medio de un proceso de extinción de dominio por lavado de activos.Hace unas semanas, las autoridades colombianas ocuparon unos 405 locales de la marca de ropa interior en medio de una investigación judicial por lavado de activos y contrabando. La SAE nombró una administración temporal que está al frente de la compañía.La empresa ha venido operando únicamente con efectivo, en medio del temor de la banca a terminar “contaminada” con los movimientos de dinero de la compañía.Además, la SAE señaló que varios de los proveedores han decidido suspender sus negocios con la empresa."Los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo. Por lo anterior, la SAE hace un llamado a los distintos actores involucrados para actuar con responsabilidad, prudencia y sensibilidad social frente a las decisiones que puedan impactar la estabilidad de la operación y el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad económica", dijo la SAE.SAE busca salvar empleos en Lily PinkLa Sociedad de Activos Especiales busca proteger la operación de la marca tras el proceso judicial. Diego Chávez, vicepresidente de la entidad, aseguró en Blu Radio que "el propósito desde la presidencia de la SAE es conservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo".El funcionario explicó que los propietarios de los locales temen verse implicados en el caso. Chávez aclaró que "el principal argumento para la terminación de los contratos de arrendamiento y otros contratos es justamente el inicio del proceso de extinción de dominio".Para mitigar el temor y frenar la salida de los comerciantes, el directivo enfatizó el control de la entidad. "La tranquilidad que le queremos transmitir a los empresarios es que justamente la administración hoy está en cabeza del Estado colombiano", concluyó Chávez.
La Fiscalía General de la Nación entregó a la Sociedad de Activos Especiales bienes avaluados en más de 534.000 millones de pesos dentro de la investigación relacionada con presuntas operaciones de contrabando y lavado de activos que tendrían conexión con mercancía destinada a la marca Lili Pink.La decisión fue adoptada por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, quien puso bajo administración de la SAE 391 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, cinco vehículos de alta gama y una sociedad comercial.Además de estos bienes, las autoridades también entregaron recursos líquidos representados en 3.068 millones de pesos hallados en productos financieros y otros 49 millones de pesos en efectivo.Durante las diligencias de ocupación, la Fiscalía constató que los activos intervenidos continúan integrados funcionalmente a la operación de la sociedad y mantienen actividad comercial en los establecimientos ocupados. Por esta razón, se determinó que la SAE deberá garantizar la conservación, productividad y control de los bienes mientras avanza el proceso judicial.Según la investigación, Walter Francisco Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas importadoras consideradas por las autoridades como sociedades de papel.De acuerdo con el ente acusador, estas compañías habrían sido utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros, permitiendo así el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos con apariencia de legalidad.Las actividades investigativas también evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o viviendas residenciales que no guardaban relación con el objeto comercial reportado ante las autoridades.La Fiscalía sostiene además que las maniobras detectadas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal investigado.Por estos hechos, Walter Francisco Martínez Martínez fue imputado por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.Las investigaciones continúan para establecer el alcance de las operaciones ilegales y la posible participación de otras personas vinculadas con el esquema de importaciones y comercialización bajo análisis judicial.
Un juez envió a prisión a Walter Francisco Martínez Martínez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar en una presunta red de lavado de activos y contrabando relacionada con mercancía que tendría como destino la reconocida marca comercial Lili Pink.Por ahora, Martínez permanecerá bajo detención hospitalaria mientras se recupera y recibe el aval médico. Posteriormente, será trasladado a un centro de reclusión para cumplir la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso penal.Según la investigación, Walter Francisco Martínez Martínez es el primer capturado y judicializado dentro de este caso. La Fiscalía sostiene que el procesado presuntamente utilizaba importadoras de papel como empresas fachada con el propósito de evadir controles aduaneros y facilitar el ingreso irregular de mercancía al país.Por estos hechos, el ente acusador le imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.De manera paralela, las autoridades mantienen vigentes al menos nueve órdenes de captura contra otros presuntos integrantes de este entramado ilegal que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría vinculado con operaciones de lavado de activos superiores a 730.000 millones de pesos.La investigación también señala que la organización habría facilitado el ingreso de mercancía de contrabando y recursos de origen ilícito que superarían los 75.000 millones de pesos.En medio del avance del proceso judicial, la empresa Fast Moda, vinculada comercialmente a la marca Lili Pink, emitió un comunicado público para aclarar que Walter Francisco Martínez Martínez no tiene actualmente ninguna relación con la compañía.En el pronunciamiento, la empresa aseguró que Martínez “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo con la compañía”, ni con la operación empresarial asociada a la marca desde el año 2021.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha tomado el control de Fast Moda, la empresa matriz que opera las reconocidas marcas Lili Pink, Joy y Lily Beauty, tras un proceso de extinción de dominio derivado de investigaciones por presunto lavado de activos y contrabandoSebastián Ulchur, designado como el nuevo representante legal e interventor del grupo, aseguró que el principal objetivo bajo la administración estatal es garantizar la supervivencia de la compañía y sus puntos de venta.Continuidad de la operación y el reto de los pagosA pesar de la incertidumbre que rodea el proceso judicial contra los antiguos propietarios, Ulchur fue enfático al confirmar que las más de 500 tiendas relacionadas con la marca continuarán abiertas al público. "Claro que sí. A pesar de que es un gran desafío, definitivamente el objetivo es mantener la operación sin ninguna solución de continuidad", afirmó el gerente en entrevista con Mañanas Blu. Uno de los mayores retos inmediatos ha sido la normalización de los medios de pago. Debido a las medidas cautelares, las cuentas bancarias de la sociedad fueron embargadas, limitando inicialmente las transacciones al dinero en efectivo. No obstante, el interventor señaló que están a pocos días de reactivar los datáfonos una vez los bancos concluyan sus procesos de debida diligencia: "En este momento estamos recibiendo efectivo y yo creo que estamos a unos días, ojalá un par solamente en donde ya queden activadas las adquirencias". El repunte en ventas y la solidaridad de los clientesCuriosamente, la intervención no ha ahuyentado a los compradores; por el contrario, se ha registrado un fenómeno de ventas inusual. Ulchur describió la situación actual como un "pequeño diciembre", donde el público se ha volcado a las tiendas ya sea por temor al cierre o por un sentimiento de apoyo."Siento que la gente se ha volcado a apoyarnos. Algunos tal vez de una manera nerviosa y queriendo abastecerse y creyendo que de pronto se puede acabar el negocio, pero otros también con esa solidaridad que necesitamos tanto", explicó.El gerente también hizo un llamado a la confianza, comparando la situación con movimientos de apoyo previos a empresas nacionales. "Requiero de la solidaridad de todos ustedes. ¿Por qué? Porque de las compras que ustedes hacen, cada uno de los colaboradores, proveedores y todo este ecosistema que funciona puede seguir adelante", manifestó, haciendo referencia a la importancia de mantener el flujo de caja para evitar un "camino nefasto" para la organización.El interventor aseguró que los pagos de nómina y a proveedores se están realizando puntualmente a través de entidades financieras que ya dieron su aval tras las revisiones de rigor. Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno expidió el Decreto 1038 del 5 de agosto de 2026, con el que crea una nueva prima económica para integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía que participan directamente en operaciones de desminado humanitario y en la disposición o neutralización de artefactos explosivos. La medida busca reconocer el riesgo permanente al que se enfrentan estos uniformados durante misiones especializadas en diferentes regiones del país.La nueva prestación, denominada Prima de Desminado y Disposición de Artefactos Explosivos, beneficiará a oficiales, suboficiales, soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares, así como a integrantes del nivel ejecutivo y patrulleros de la Policía que se encuentren en servicio activo y desarrollen directamente este tipo de operaciones. El decreto aclara que el reconocimiento económico no constituye factor salarial ni prestacional, por lo que no será tenido en cuenta para el cálculo de la asignación de retiro.El documento sustenta la decisión en que las labores de desminado y neutralización de explosivos representan una de las actividades de mayor peligrosidad dentro de la Fuerza Pública, ya que exigen capacitación altamente especializada y una exposición permanente a amenazas que ponen en riesgo la vida de los uniformados.Para acceder a la nueva prima no bastará con pertenecer a una unidad especializada. El personal deberá demostrar que integra equipos de desminado humanitario o de explosivos (EOD), contar con las certificaciones técnicas exigidas y acreditar que desarrolló estas labores durante al menos cinco días al mes, mediante órdenes de operaciones o de servicio. También será indispensable que exista un acto administrativo que lo designe formalmente para esas funciones.El beneficio económico se implementará de manera gradual. Durante el primer año de vigencia del decreto, la prima corresponderá al 10 % de la asignación básica mensual del uniformado; en el segundo año aumentará al 15 % y, a partir del tercer año, llegará al 20 %.
El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Efraín Quezada Urrego, de 54 años, falleció en las últimas horas como consecuencia de las graves heridas que sufrió durante un atentado sicarial registrado en la mañana de este jueves en el sector Los Naranjos, en jurisdicción de Girón, cuando se movilizaba por la vía que conduce a la cárcel de Palogordo.De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue atacada a tiros por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. Tras el atentado, Quezada fue auxiliado y trasladado de urgencia a la Clínica Foscal, en Floridablanca, donde recibió atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos confirmaron su fallecimiento."Es un hecho muy lamentable. Los funcioanrios del Inpec que prestan servicios en las cárceles de Santander están amenazados por grupos armados ilegales y bandas criminales. Las autoridades deben proteger sus vidas", dijo el abogado Hernando Mantilla, defensor de derechos penitanciarios en Bucaramanga. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables, quienes dejaron abandonada la motocicleta desde donde dispararon en una zona rural entre Girón y Piedecuesta. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantan las labores judiciales y de inteligencia para dar con el paradero de los atacantes, mientras se fortalecen los operativos de seguridad en la zona donde ocurrió el homicidio.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 6 de agosto de 2026:El alcalde de Cali, Alejandro Éder, lanzó fuertes críticas al presidente saliente Gustavo Petro y aseguró que espera una nueva etapa de cooperación con la administración que inicia funciones, bajo el mandato de Abelardo De La Espriella.La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también cuestionó la relación que mantuvo el presidente saliente Gustavo Petro con el departamento.El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, aseguró que la información de inteligencia apunta a que detrás del plan estarían estructuras armadas vinculadas a alias Iván Mordisco.El doctor José Enrique Roviralta Arango, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta y del sindicato médico local, describió la situación como un escenario de aislamiento y desamparo estatal que ha puesto al límite la capacidad sanitaria de la región.La senadora Carolina Corcho aseguró que, aunque reconoce que Abelardo De La Espriella es legalmente el presidente de Colombia, considera que su elección sigue bajo cuestionamientos.Escuche el programa completo aquí:
A través de una carta dirigida a los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, la bancada del movimiento político Pacto Histórico, junto con las representaciones afrodescendientes e indígenas firmantes, notificó oficialmente que no asistirá a la sesión de Congreso Pleno convocada para el próximo 7 de agosto, durante la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.En el documento, los congresistas aseguran que la determinación constituye “el ejercicio legítimo del derecho constitucional a la oposición, la autonomía parlamentaria y la libertad de representación política”. Además, señalan que se trata de un acto de “desobediencia civil, pública, pacífica y no violenta”, con el que expresan su desacuerdo frente a decisiones que, según afirman, consideran contrarias a los principios de la Constitución del 91, “a la dignidad institucional del Congreso de la República y al adecuado equilibrio entre los poderes públicos”.La bancada sostiene además que su decisión responde a “profundas razones políticas e institucionales”. Explica que, como partido político de oposición, ha expresado reparos “frente a la legitimidad política del nuevo Gobierno” y que ha acudido a los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico “para que las controversias relacionadas con el proceso electoral sean resueltas por las autoridades competentes”.“Consideramos igualmente que un acto de la trascendencia constitucional de la posesión presidencial debe preservar plenamente su naturaleza republicana y respetar la dignidad institucional del Congreso de la República como órgano de representación de la soberanía popular”, se lee en el documento.Finalmente, anuncian que renunciarán al reconocimiento y pago del salario y de las prestaciones correspondientes a esa jornada, e informan que no harán uso de los servicios protocolarios, logísticos, de alojamiento y transporte, o de algún otro recurso que sea necesario para dirigirse a la ciudad de Cali.
La Procuraduría General de la Nación solicitó aplazar la aprobación de tres convocatorias: 44, 45 y 50 de Ciencia, Tecnología e Innovación, financiadas con cerca de 900.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías, al considerar que aún se requiere un análisis más amplio sobre su conveniencia, viabilidad, alcance e impacto.Por esa razón, pidió que la sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, prevista para este 6 de agosto, tenga únicamente un carácter informativo y deliberativo, dejando las decisiones de fondo para una próxima reunión.Según el Ministerio Público, la magnitud de los recursos y la importancia de estas iniciativas para el desarrollo científico del país exigen que su aprobación se realice con suficientes garantías de transparencia, deliberación y una adecuada evaluación de sus beneficios."La convocatoria No 44 tiene como objetivo el fortalecimiento de capacidades regionales mediante la formación de talento humano a nivel de doctorado y maestría, alineado con los retos estratégicos de CTel del plan bienal 2025-2026; la No 45 busca el fortalecimiento y creación de nuevos centros e institutos de investigación, centros de desarrollo tecnológico y centros de ciencia; mientras que la No 50 es una convocatoria de proyectos en investigación básica", señaló la Procuraduría.Las convocatorias involucradas buscan fortalecer la formación de talento humano mediante maestrías y doctorados, crear y consolidar centros de investigación y desarrollo tecnológico, además de financiar proyectos de investigación básica.La Procuraduría precisó que su solicitud no implica suspender estas iniciativas, sino asegurar que la destinación de los recursos públicos se adopte después de una revisión técnica y administrativa más rigurosa.La decisión final quedará en manos del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, que deberá definir si acoge la recomendación del órgano de control y pospone la aprobación de las convocatorias para una nueva sesión.
