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Tras la audiencia de legalización de captura celebrada este domingo 6 de julio, la justicia colombiana avanzó en el esclarecimiento del atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El protagonista de esta jornada judicial fue Elder José Arteaga Hernández, conocido con los alias de ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, quien fue señalado por las autoridades como el presunto autor intelectual y material del atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.
Aunque Arteaga no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía —que incluyen tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir e instrumentalización de menores—, las investigaciones continúan su curso.
Uno de los detalles más llamativos revelados durante el proceso judicial fue la cifra que, según el ministro de Defensa Pedro Sánchez, habría recibido el capturado para orquestar el ataque: aproximadamente 1.000 millones de pesos.
“Se trató de una articulación criminal con sicarios, que recibió una financiación considerable para atentar contra la vida del senador”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa, quien también confirmó que la operación para capturar a Arteaga fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Interpol, que había emitido una circular roja contra el sujeto de 40 años, oriundo de San José de Apartadó.
La detención se llevó a cabo el sábado 5 de julio en una vivienda ubicada en Engativá, al occidente de la capital, y se suma a la captura de otras cuatro personas vinculadas al caso, entre ellas un menor de 15 años que habría participado como sicario.
Los otros implicados, identificados como Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez y William Fernando González Cruz, fueron señalados por los demás capturados como colaboradores directos de Arteaga en la planeación y ejecución del atentado.
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El ministro Sánchez reiteró el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento total del caso y afirmó que no se descansará hasta capturar a todos los responsables. “Estamos trabajando en coordinación con agencias internacionales, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. No vamos a permitir que se atente contra la democracia colombiana”, afirmó.
Actualmente, Miguel Uribe permanece en estado grave en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Mientras tanto, el Gobierno mantiene vigente una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita capturar a otros responsables del atentado.
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