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Sigue la disputa legal por los derechos de trabajadores con accidentes laborales en Drummond

Más de dos décadas después del accidente, el trabajador continuaba en los tribunales reclamando el pago de incapacidades derivadas de ese hecho.

Drummond Ltd.
Imagen de referencia Drummond.
Foto: Drummond.

La historia de Moisés Alberto Padilla Vega permite conectar más de dos décadas de controversias judiciales relacionadas con accidentes de trabajo en la minería del carbón en la Costa Caribe.

Su caso aparece como uno de los expedientes que permanecen abiertos tras un accidente laboral ocurrido hace 25 años y coincide con nuevas reclamaciones de otros trabajadores sobre el reconocimiento de derechos derivados de enfermedades y lesiones de origen ocupacional.

Padilla, hoy de 65 años, trabajó como soldador para Drummond Ltd. entre marzo de 2000 y octubre de 2009.

El 7 de diciembre de 2000 sufrió un accidente laboral que le ocasionó fracturas de tibia y peroné. En 2021, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena determinó una pérdida de capacidad laboral del 31,59 % de origen profesional.

Sin embargo, más de dos décadas después del accidente, el trabajador continuaba en los tribunales reclamando el pago de incapacidades derivadas de ese hecho.

Mediante una sentencia del 31 de julio de 2023, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta confirmó que EPS Sanitas debía asumir provisionalmente el pago de las incapacidades causadas entre abril y noviembre de 2022 mientras se resolvía la controversia con Allianz Seguros S.A. sobre el origen de la contingencia.

La importancia del caso también radica en que Padilla figuró en 2011 como presidente de la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond y del Puerto (Asotredp), organización creada por empleados que denunciaban despidos tras accidentes de trabajo, falta de reconocimiento de enfermedades profesionales y deficiencias en las condiciones de seguridad industrial.

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En ese momento, Drummond respondió públicamente que las cifras divulgadas por la asociación no eran ciertas y sostuvo que la calificación de las enfermedades profesionales corresponde al sistema general de seguridad social y no a la empresa.

Otro de los expedientes corresponde a Jesús Hernando Delgado Serna, afiliado a Colpensiones con 1.453,57 semanas cotizadas y vinculado a Drummond Ltd. entre abril de 2004 y marzo de 2026. Una certificación expedida por ARL Seguros Bolívar el 2 de febrero de 2026 registra el pago continuo de incapacidades derivadas de un accidente laboral ocurrido el 17 de octubre de 2021.

Posteriormente, el 16 de julio de 2026, el Juzgado Noveno Penal Municipal de Santa Marta concedió una tutela a Delgado Serna al concluir que gozaba de estabilidad laboral reforzada.

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El fallo señala que el trabajador desarrolló un trastorno de estrés postraumático tras un asalto armado mientras operaba maquinaria pesada, presenta una pérdida de capacidad laboral definitiva del 26,30 % de origen laboral y fue despedido por Drummond Ltd. el 26 de marzo de 2026 sin autorización del Ministerio del Trabajo.

En consecuencia, el juez ordenó su reintegro inmediato a un cargo compatible con sus restricciones médicas y dispuso que presente la demanda laboral dentro de los cuatro meses siguientes.

Sandra Gutiérrez, esposa de Jesús Hernando Delgado, aseguró que durante ese asalto su esposo fue retenido mientras robaban componentes de la retroexcavadora que operaba, le hurtaron sus pertenencias y fue víctima de un presunto abuso sexual.

Según su testimonio, desde entonces ha requerido múltiples hospitalizaciones por estrés postraumático y otros tratamientos médicos.

Además, sostuvo que trabajadores de Drummond Ltd., Prodeco y Cerrejón con entre 15 y 25 años de servicio habrían sido despedidos sin indemnización y sin completar los trámites para establecer su pérdida de capacidad laboral y el eventual acceso a una pensión por invalidez.

En controversias laborales anteriores Drummond Ltd. ha señalado que la calificación de enfermedades de origen profesional corresponde a las entidades del sistema de seguridad social y no a la compañía.

También ha manifestado que colabora con las autoridades en las investigaciones que la involucran y que mantiene mecanismos formales para la recepción y trámite de denuncias internas.

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