Supersalud sobre imputación a expresidente de Nueva EPS: "Esto es apenas la punta del iceberg”

El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, calificó como “la punta del iceberg” la reciente imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación contra el expresidente de la Nueva EPS José Fernando Cardona y varios exdirectivos de la entidad, por su presunta responsabilidad en el desvío de dineros y ocultamiento de facturas de la salud en la entidad.De acuerdo con la información revelada en audiencias por la Fiscalía, las irregularidades detectadas alcanzan un desvío superior a los 70.000 millones de pesos y hacen parte de una estructura más amplia de alteración contable “Esto confirma que la medida de intervención a la Nueva EPS está dando resultados concretos al país. De comprobarse la presunta alteración de los estados financieros, podríamos estar hablando del mayor fraude contable en el sector”, advirtió.La Superintendencia Nacional de Salud, bajo la administración de Rubiano, trasladó a la Fiscalía el pasado 16 de diciembre de 2024 un paquete de información clave que permitió robustecer la investigación penal en curso. A partir de estos aportes, la Fiscalía formuló cargos por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.“Esto confirma que las medidas de intervención dan resultados, pero toman tiempo”, señaló el Superintendente, quien explicó que parte del hallazgo más significativo fue la deliberada ocultación de información financiera por parte de la Nueva EPS, con el objetivo de simular solidez económica y así evitar la intervención estatal.Entre las evidencias recabadas durante la intervención, la Supersalud identificó pasivos ocultos y deudas no contabilizadas correspondientes a varios años. Uno de los hallazgos más contundentes fue una base de datos de facturas que supera los 4 billones de pesos, las cuales no habían sido registradas contablemente por la EPS.Rubiano también informó que la entidad ha trasladado estos hallazgos no solo a la Fiscalía, sino también a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se activen los respectivos procesos de control fiscal y disciplinario.