Al revisar la apelación de la condena, elTribunal Superior de Bogotá decretó la nulidad de la condena y ordenó al juez que no otorgue beneficio alguno al empresario si Carlos Mattos no repara a las víctimas y que establezca realmente cuánto fue el daño, porque no es resarcible con el pago de dos millones de dólares que ofreció.
El magistrado Alberto Poveda regañó a la Fiscalía y al apoderado de la Rama Judicial como víctima, por su negligencia de no tasar bien el daño patrimonial sufrido
“Tan aberrante resulta lo ocurrido, que tal como lo afirmó el delegado del Ministerio Público, ni siquiera se realizó un acto de investigación con el fin de establecer si el procesado obtuvo o no un incremento en su patrimonio como consecuencia de los ilícitos, impidiendo que la sociedad, en este caso representada por la Rama Judicial, recibiera la compensación por el daño causado”, dijo el magistrado de la Sala Penal.
Agregó que determinar las ganancias que obtuvo Mattos gracias a los funcionarios y empleados corruptos implica establecer el tiempo en que permaneció la medida que permitió ilegalmente la exclusividad en la venta de vehículos, la cantidad de automotores vendidos durante dicho lapso y la ganancia específica por cada automotor negociado.
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“Así, por ejemplo, si durante dicho período se vendieron 1.000 vehículos y la ganancia por cada uno de ellos a favor de Mattos Barrero o su empresa, que es lo mismo, fue de cinco millones de pesos, fácilmente se obtiene el valor que debe devolver y el monto cuyo reintegro debe asegurar”, explicó el magistrado Poveda.
La condena, dictada el 9 de mayo por un juez penal del circuito de Bogotá, había sido impuesta después de que Mattos aceptara voluntariamente los cargos antes de que comenzara el juicio.
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El empresario también había sido condenado pagar una multa por 701 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos y había quedado inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 96 meses, según la Fiscalía.
El caso Mattos
La Fiscalía acusó a Mattos de sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros, que le ayudaron a acelerar el curso de una demanda en la que estaba implicado y lograr así que ésta llegara al despacho del juez Reinaldo Huertas, que fallaría a su favor.
Los hechos se remontan a 2015, cuando la compañía Hyundai Motor Company decidió quitar a la empresa de Mattos, Hyundai Colombia, la representación de la marca en el país.
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El proceso en su contra se inició a raíz de que el empresario demandara en Colombia a Hyundai con el objeto de que se le reparara por los daños ocasionados por haberle retirado la representación de la marca.
Dos meses después de presentar la demanda, elaborada por un exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, el juez Huertas falló a favor de Mattos, con lo cual se impidió a la multinacional la comercialización de sus vehículos con una compañía diferente a la del ahora reclamado.
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Mattos fue extraditado el pasado noviembre desde España para comparecer en este proceso y, en marzo de este año, estuvo involucrado en una polémica porque salía irregularmente de la cárcel de La Picota de Bogotá, donde esperaba condena, para acudir a trabajar a su oficina.
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