Una solicitud radicada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encendió las alertas sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes dentro de un proceso relacionado con hechos del conflicto armado en Colombia.
El documento, presentado por la representación de víctimas ante la Unidad de Investigación y Acusación, pide acelerar la investigación contra Sandra Ramírez, quien ha sido señalada dentro del caso por su presunta participación en hechos relacionados con el reclutamiento de menores y situaciones de violencia al interior de estructuras armadas.
Entre las principales peticiones se encuentra también la evaluación de una medida de aseguramiento intramural, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo del proceso judicial, evitar posibles interferencias y asegurar la comparecencia de la investigada.
Uno de los puntos más importantes es la solicitud tiene que ver con la situación de la testigo principal, Deysi Guanaro Guavita, quien, según lo expuesto en el documento, ha enfrentado amenazas, seguimientos y hostigamientos en el marco de su participación en el proceso.
De acuerdo con la carta, estas situaciones representarían un riesgo real para su seguridad, la de su familia y su entorno cercano, lo que podría afectar su intervención en el caso y la entrega de información clave para el avance de la investigación.
Por esta razón, FEVCOL solicitó a la JEP la adopción de medidas de protección urgentes dirigidas no solo a la testigo, sino también a sus familiares y al equipo jurídico que la representa, con el fin de garantizar condiciones seguras y evitar cualquier tipo de presión.
Asimismo, el documento pide adelantar actuaciones investigativas para identificar a los responsables de estos hechos, establecer su posible origen y evitar que se repitan situaciones que puedan afectar el desarrollo del proceso.
La solicitud también señala la necesidad de preservar las pruebas, evitar interferencias y fortalecer el seguimiento dentro del sistema, con el fin de asegurar la continuidad del caso y la confianza en la administración de justicia.
Estas peticiones se sustentan en denuncias, declaraciones y registros que evidencian la situación actual, así como en la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar su participación efectiva.
Finalmente, se hace un llamado a las autoridades para actuar con prontitud y de manera articulada, resaltando que la protección de las víctimas, la seguridad de los testigos y el avance de las investigaciones son elementos fundamentales para el funcionamiento del sistema de justicia transicional en el país.
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