Juan Antonio Gil Díaz, alias “Toño” y Carlos Ramón Escobar García, alias "Carlos Ramón" presuntos integrantes del "Tren de Aragua" fueron notificados de su solicitud de extradición por parte de Venezuela. Los dos sujetos, según las autoridades, eran encargados de proveer de armamento y estupefacientes a alias “Niño Guerrero” el principal líder de esta banda criminal transnacional.En contra de alias “Toño” había una Circular Roja de Interpol solicitando su captura, la cual fue materializada esta semana en una lujosa finca “al estilo de Pablo Escobar” en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca. Este individuo también era buscado por la Policía de Francia por su presunta responsabilidad en un cargamento de ocho toneladas de cocaína incautadas en la Guyana Francesa.De otro lado, Carlos Ramón Escobar, uno de los 10 delincuentes más buscados en Venezuela, fue capturado en el sur de Bogotá mientras caminaba por las calles de la localidad de Ciudad Bolívar con una actitud sospechosa. El sujeto se identificó como ciudadano colombiano, sin embargo, después de que las autoridades confirmaran los datos, se efectúa la captura del individuo que tenía orden de captura en 196 países.“Los señalados son requeridos por los delitos de terrorismo, extorsión, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tráfico ilícito de armas y municiones, detentación de artefacto explosivo, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir” señaló el coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de Investigación Criminal e INTERPOL.Luego de que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela solicitara oficialmente su extradición por medio de nota verbal, los investigadores de la DIJIN e INTERPOL notificaron de su solicitud de extradición a los dos individuos que se encontraban en las instalaciones de la Sala de Capturados de la DIJIN desde que fueron capturados.De no ser recibida esta solicitud, los dos individuos hubieran sido puestos en libertad. Mientras surtan los trámites correspondientes para que se lleve a cabo su extradición a Venezuela, serán trasladados a un centro penitenciario.
La polémica operación en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde 11 personas murieron, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las Farc, sigue generando todo tipo de controversias. Fue el 28 de marzo de 2022 cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, le confirmó al país que el Ejército Nacional había dado de baja a nueve presuntos disidentes y capturado a otros cuatro.Ahora, varios meses después, se confirmó la fecha en que se hará la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra 25 militares por la masacre en un bazar campesino, en Alto Remanso, Putumayo. Esta será el 25 de junio de 2024 a las 9:00 de la mañana. Asimismo, la Fiscalía pedirá cárcel contra un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados y les imputará el delito de homicidio en persona protegida en modalidad tentada.En diálogo con Blu Radio, Gladys Rojas, madre de Didier Hernández Rojas, líder de una junta de acción comunal, quien murió junto a su pareja sentimental, “estamos muy contentos de que se inicie a hacer justicia”, dijo Gladys Rojas.Asimismo se refirió a la serie de aplazamientos por parte de un juzgado en Putumayo “El proceso se demoró por un juzgado en Puerto Leguízamo y al final no se hizo nada(…) en parte por lo que decía el Ejército, pero como somos mayoría de testigos que reclamamos la verdad porque es una realidad que masacraron a nuestros hijos, ellos no quieren que esto salga a la luz(...) ellos(militares) actuaron en voluntad propia porque dispararon donde había puros civiles, para hacer pasar esto por un falso positivo”.Por otra parte, Hernández aseguró que no han recibido ningún tipo de reparación “no nos han dado siquiera para los niños que quedaron huérfanos”.La Fiscalía 150 especializada, delegada contra la violación de derechos humanos, pedirá cárcel contra 25 personas. Entre estas personas está el coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, por haber dado de baja al gobernador indígena Kichwa, Pablo Panduro, y a un menor de edad. Los familiares de algunas víctimas están viviendo fuera del país porque fueron amenazados de muerte.Cabe recordar que Blu Radio reveló detalles de la investigación disciplinaria contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo; contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares. De acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.
La JEP en el año 2021 imputó al coronel (r) Juan Carlos Figueroa por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se presentaron mientras Figueroa comandó el batallón La Popa, con sede en Valledupar. El coronel no asistió a una versión a la cual fue citado, ya que no se encontraba en el país; sin embargo, se puso en contacto con la JEP y no aceptó su responsabilidad en estos casos de ejecuciones extrajudiciales.En una primera medida, la abogada de Figueroa pidió que se realizara la versión voluntaria a la cual fue citado, pero no compareció, sin embargo, el magistrado de la sección de ausencia de Reconocimiento, Raúl Eduardo Sánchez, negó la solicitud, señalando que esta etapa ya había culminado.Esto llevó a que la abogada, por medio de una tutela, pidiera la realización de la diligencia."La versión voluntaria constituye un escenario para hacer efectivo el derecho de defensa, sin desconocer sus otras finalidades, por ello, es pertinente en esta ocasión, solicitar a la magistratura se tutele a favor de mi representado dentro del menor termino posible, y en todo caso, antes de que quede se surtan todas las notificaciones ordenadas por la Sección de Primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, mediante el auto SAR-AI 082 del 22 de diciembre de 2023 , cuyo plazo fue ampliado mediante auto SAR- AT 016-2024, rendir su versión voluntaria con miras a materializar los fines de dicha diligencia", señaló la abogada de Figueroa.La JEP considera que a Figueroa no se le han vulnerado sus derechos, pues se han comunicado y notificado cada una de las decisiones emitidas, además se habrían garantizado sus derechos a la defensa, a la igualdad y al debido proceso."En el caso en concreto, no se puede aducir la vulneración del debido proceso en relación con el acceso a la administración de justicia por indebida notificación, cuando existe evidencia de la multiplicidad de acciones adelantadas por la Sala de Reconocimiento que denotan su actuar diligente, y que la llevaron incluso a utilizar la dirección de correo referida para convocar al compareciente a rendir versión voluntaria, pues, como se indicó, esta fue proporcionada por dos fuentes distintas, a saber, el Cremil y el mismo compareciente en poder otorgado a su entonces apoderado, el abogado Jhair González Gaona", señala la JEP.Las magistradas de la sección de revisión consideraron que no se configura una vulneración al derecho a la defensa, ni técnica ni material. E incluso señalan que tuvo una actitud pasiva durante todo el proceso, teniendo en cuenta que no asistió a las diligencias a las cuales fue convocado."La defensa material puede ser ejercitada por el compareciente en el trámite del procedimiento dialógico a través de los aportes a la verdad, circunstancia que no se puede llevar a cabo si no hay voluntad de comparecer, la cual se traduce en la falta de interés por el proceso; en la negativa para atender los llamados de la autoridad que como se señaló previamente se materializaron de diferentes maneras y en diversas ocasiones; o, en la actitud pasiva de quien por su condición estaba en la obligación de comparecer y no lo hizo, pese al conocimiento que tenía de la investigación que se adelantaba en su contra", señala la JEP.Es por esto que se declaró improcedente la acción de tutela, esto quiere decir que el proceso ahora continuará su trámite y el coronel (r) Figueroa deberá enfrentar el juicio por falsos positivos ante la JEP y de ser hallad culpable podría pagar hasta 20 años de prisión.
La Corte Suprema de Justicia sí avanza en un proceso en contra de la senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano, por haber recibido presuntamente dineros provenientes del metro de Bogotá para su campaña.Se pudo establecer que este alto tribunal, actualmente, investiga a la senadora Angélica Lozano, como resultado de una compulsa de copias que recibió la Sala Especial de Instrucción en septiembre del año 2023.Esta alta corte actualmente tiene el proceso en etapa de indagación previa, ya que el magistrado Héctor Alarcón ha venido practicando las pruebas para establecer si hay mérito suficiente para vincular formalmente a la congresista del partido Alianza Verde.La Polémica:En los últimos días, la Fiscalía General de la Nación citó a declarar a la exalcaldesa, Claudia López, para que responda a denuncias sobre supuestos pagos ilícitos durante el proceso de contratación de la primera línea del metro de Bogotá que involucraría recursos por más de 12.000 millones de pesos, recursos que habrían sido destinados a la campaña la hoy senadora, Angélica Lozano.La senadora compartió un video donde afirmaba que las acusaciones investigadas por la Fiscalía y la Corte Suprema eran falsas, han salido a la luz conversaciones que sugieren la existencia de presuntos actos de corrupción entre López y su pareja sentimental.Además, esta investigación se basa en una serie de interceptaciones telefónicas autorizadas que han revelado conversaciones comprometedoras entre José Joaquín Silva Ardila, también conocido como José Truchas, exempleado del Ministerio de Transporte, y un empresario chino identificado como William o Dong.Así las cosas, con esta indagación se espera establecer si hay mérito suficiente para vincular formalmente a la congresista del partido Alianza verde.
El neerlandés Olav Kooij (Visma Lease a Bike) se ha impuesto al esprint en la novena etapa del Giro de Italia, disputada este domingo con un recorrido de 214 kilómetros entre Avezzano y Nápoles, en la que ha mantenido la maglia rosa de líder el esloveno Tadej Pogacar (UAE).Kooij venció in extremis en un esprint muy igualado, con un tiempo de 4h.44.22, a una media de 44,9 km/hora, por delante del italiano Jonathan Milan (Lidl) y del colombiano Sebastián Molano (UAE).Tadej Pogacar, insaciable, se apunta una tercera etapa en el Giro de ItaliaEn la general no hay cambios. Pogacar sigue firme al frente, con 2.40 minutos de ventaja sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora) y 2.58 respecto al galés Geraint Thomas (Ineos). El primer español es Juanpe López (Lidl), decimonoveno a 9.41.Este lunes el Giro disfrutará de la primera jornada de descanso, para volver el martes con la décima etapa, entre Pompeya y Cusano Mutri, de 142 km.Clasificación General.PosiciónCorredorEquipoTiempoDiferencia1Tadej POGACARUAE TEAM EMIRATES23:20:520:002Geraint THOMASINEOS GRENADIERS23:21:380:463Daniel Felipe MARTINEZBORA - HANSGROHE23:21:390:474Cian UIJTDEBROEKSTEAM VISMA - LEASE A BIKE23:21:470:555Einer RUBIOMOVISTAR TEAM23:21:480:566Lorenzo FORTUNATOASTANA QAZAQSTAN TEAM23:21:591:077Juan Pedro LOPEZLIDL-TREK23:22:031:118Jan HIRTSOUDAL QUICK - STEP23:22:051:139Alexey LUTSENKOASTANA QAZAQSTAN TEAM23:22:181:2610Esteban CHAVESEF EDUCATION - EASYPOST23:22:181:26Lutsenko no tomó la salida de la novena etapa por enfermedadEl kazajo Alexey Lutsenko, líder del Astana, no tomó la salida en la novena etapa de la carrera debido a una enfermedad que venía arrastrando en los últimos días, según informa su equipo.Lutsenko (Petropavl, 3 años), campeón nacional en ruta y contrarreloj, estaba ocupando plaza en el top 10 del Giro, pero en la etapa del pasado sábado con final en la cima de Prati de Tivo bajó al puesto 19. "Desafortunadamente, Alexey no podrá continuar en el Giro de Italia debido a una sinusitis y una faringotraqueítis febril aguda. Se decidió esta mañana después del control final de su estado actual”, dijo el médico del equipo Emilio Magni.Etapa 8 Giro de Italia 2024: vea la carrera EN VIVO y ONLINESe disputa la novena etapa del Giro entre Avezzano y Nápoles, de 214 km de recorrido.
Este fin de semana se celebra el Día de la Madre, por esa razón, este lunes festivo, 13 de mayo, Bogotá implementará un operativo especial de pico y placa regional en las nueve entradas a la ciudad.Así funcionará el pico y placa regional este lunes 13 de mayoDurante este 13 de mayo, desde 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., solo se permitirá el acceso a la capital a los vehículos con placas que terminen en números pares (0, 2, 4, 6 y 8). Posteriormente, desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., únicamente podrán ingresar los vehículos cuyas placas finalicen en números impares (1, 3, 5, 7 y 9). Fuera de estos horarios, la restricción de pico y placa no será aplicable.Los corredores viales en los que se aplicará esta medida son:Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio.Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la Avenida Ciudad de Cali.Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio.Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170.Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la Carrera 7.Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la Avenida Circunvalar."El pico y placa regional aplica para todos los ciudadanos que circulen por los nueve ingresos de la ciudad. Los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores, deben planear sus recorridos para transitar de acuerdo con los números de placa de sus vehículos", recomiendan desde la Alcaldía de Bogotá.
La Regional de Instrucción del Valle del Cauca de la Procuraduría, se basó en las denuncias que hizo una líder sindical de la Contraloría de Cali, en la que advertía una supuesta irregularidad en el reporte final de una auditoría que se le hizo a Metrocali, ente gestor del sistema de transporte masivo MIO.Según el relato de la líder sindical, en el proceso de recolección de datos, se conoció que uno de los concesionarios del sistema adquirió una póliza que no contaba con la cobertura de daños originada por asonada o desórdenes populares, por lo cual, los buses que resultaron afectados en medio del estallido social del 2021 no estaban asegurados, situación que presuntamente obligó al distrito a asumir el total de los gastos de reparación, estimados en unos 50 millones de pesos. Sin embargo, al publicarse el reporte final de la auditoría, se evidenció que el hallazgo fiscal no fue incluido en el informe publicado. Es así como la Procuraduría entonces inicia una investigación disciplinaria, contra el Contralor de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, por supuestamente, haber pasado por alto este hallazgo.El Ministerio Público busca determinar la identidad de los presuntos responsables de esta omisión, recaudando pruebas que permitan establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, y determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
En la Mojana continúan las labores de mitigación ante el rompimiento del boquete en la zona de Caregato, en donde las autoridades adelantan las labores de censo. Según el reporte más actualizado, la cifra de damnificados estaría superando las 2.500 personas, 120.000 semovientes y 35 hectáreas de cultivos afectados, cifras que deja en aprietos a esta zona productiva de Colombia.Aprovechando que en la Mojana no se han presentado precipitaciones, las autoridades, la comunidad y el contratistas hacen lo posible para darle premura a las obras que permitan cerrar este boquete y luego hacer lo posible drenar el agua que hoy tiene hasta el cuello a los habitantes de La Mojana, sector que es compuesto por municipios de Bolívar, Sucre y Antioquia."Más de 2.500 personas se encuentran afectadas en La Mojana": Gobernación de SucrePara Arnulfo Bentacourt, líder social de La Mojana sucreña, el contratista está adelantando las obras para cerrar este boquete solo porque tiene presión de la comunidad, pero desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, afirma, que no se le han brindado las garantías necesarias para culminar las labores contratadas."El director Carlos Carrillo sigue poniéndole trabas al consorcio que está ejecutando las obras, el cual no ha parado la obra porque tiene mucha presión de nosotros de la comunidad, estamos fregado para que no la pare", sostuvo Bentacourt.Así mismo, el líder social aseguró, que "la retórica de pensamiento de que año tras año el río Cauca debe inundar a esta población debe cambiar", por lo que propone que la comunidad haga presión para defender a "la zona más productiva del país".Como respuesta ante "los comentarios erróneos", como fueron calificados por Carlos Carillo, el director de la UNGRD explicó que las garantías si se habían dado, pero es el mismo contratista que debe poner en marcha su plan de contingencia de emergencias, "un contratista serio debe presentar este plan y ponerlo en marcha, aunque lleguen estos fenómenos naturales, pues para eso son los planes", aseguró.Drama de campesino en La Mojana: perdió todo por inundaciones y ahora debe más de $30 millones."Al contratista se le dio un adelanto bastante generoso de $26.000 millones, y el Estado es uno, el hecho de que haya cambiado la dirección no implica que pueda cambiar unilateralmente terminar el contrato ó dejar de pagar", manifestó Carrillo.Finalmente, el Director de la UNGRD aseguró que el procedimiento legal es que las entidades territoriales hagan sus intervenciones y luego, si no pueden dar abasto, el Gobierno Nacional intervenga. Ante esto, la comunidad hace un llamado al Gobierno Nacional para que no olvide a La Mojana, en donde más de 2.500 personas, 120.000 cabezas de ganado y 35 hectáreas de cultivo se han perdido.
Las recientes lluvias en el Valle de Aburrá han provocado que las diferentes quebradas de la región comiencen a ver un aumento notorio en sus caudales, por lo que las autoridades mantienen la alerta pues aseguran se podrían registrar desbordamientos en algunas quebradas.Los afluentes que están bajo la lupa del Área Metropolitana son La Iguaná, Doña María, La Picacha, La Castro, Ayurá, La Presidenta y Santa Elena, donde, según reportan las autoridades ambientales, son arrojadas cantidades considerables de basura que podrían generar desbordamientos.Ante este panorama, Paula Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entregó algunas recomendaciones para la ciudadanía."No arrojemos basuras a las calles, cuando arrojamos basuras esto finalmente en los aguaceros va a los sistemas de drenaje de la ciudad y genera muchos obstáculos para que el agua pueda fluir, que en las quebradas también las personas que viven cerca a quebradas no arrojen basuras".Ante la inminente llegada del fenómeno de La Niña, es vital que las personas empiecen a tomar medidas de protección para poder evitar potenciales desastres asociados a las lluvias, recomendaron las autoridades de gestión del riesgo.Medellín se viene preparandoEsta semana, la Alcaldía de Medellín dio a conocer que se viene preparando para afrontar la temporada de lluvias, por lo que se llevó a cabo el segundo Comité Distrital para el Manejo de Desastres de 2024, en el cual el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá -Siata- expuso las condiciones hídricas y climáticas que se prevén para los próximos tres meses.Según informó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres -Dagrd- esta información es clave para anticipar y mitigar los potenciales impactos en la ciudad. En el comité también se abordaron las líneas de acción para las instituciones de carácter operativo, por lo que se sumaron representantes de organismos de socorro y de entidades del sistema de respuesta ante emergencias.
Se conoció que en las últimas horas se entregó a la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, Juan Carlos Martínez Rodríguez, alias ‘El Hombre del Maletín’ o ‘El Enfermero’, mano derecha del fallecido exsenador Mario Castaño; involucrado en el escándalo de corrupción conocido como Las Marionetas.¿Quién es 'El Hombre del Maletín’?Es de importancia porque, según la información conocida hasta ahora sobre estos hechos, Martínez tiene todos los secretos sobre este caso que involucra a varios congresistas y altos exfuncionarios del Estado en el aprovechamiento indebido de recursos, asignación de contratos y otros delitos que concluyeron en la condena del exsenador Castaño a 15 años de cárcel.‘El Hombre del Maletín’ hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Mario Castaño. De acuerdo con los elementos de prueba recogidos en medio del caso, habría sido uno de los articuladores principales de una red de corrupción en la que, al parecer, aprovechó su cargo para direccionar contratos públicos en varias regiones del país.Juan Carlos Martínez Rodríguez fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), luego de que él mismo se entregara ante la Dirección Especializada contra la Corrupción; un juez de control de garantías legalizó su captura de inmediato y en el transcurso de esta misma semana, según informó la Fiscalía, se realizará la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento.Caso Las MarionetasEn enero pasado, la Fiscalía reveló los nombres de los congresistas, excongresistas y funcionarios vinculados al escándalo de 'Las Marionetas', además de Mario Castaño están Ciro Ramírez, Miguel Ángel Barreto y Carlos Motoa, Julio César García, Pierre García y Tatiana Vuelvas. También Pablo César Herrera, gerente de Proyecta Quindío; Anderson González González, Raúl Cardozo Ordoñez, Raúl Cardozo Navas, Raúl Cardozo Nuncira; beneficiados; Gian Carlo Storinio, enlace de Motoa; John Jairo Tejada, enlace de Julio César, Alejandro Noreña, contratista Proyecta Quindío.Le puede interesar:
Dos hombres, un famoso gastroenterólogo y un controvertido empresario, están en el ojo del huracán judicial por un presunto fraude millonario durante la pandemia del COVID-19. El médico Luis Alejandro Orozco Linares y el empresario Pedro José Figueroa Velaides fueron acusados por la Fiscalía y enfrentan la posibilidad de una condena de hasta 18 años de prisión.Según la Fiscalía, todo comenzó cuando el gerente de la empresa Sulink contactó a Orozco en abril de 2020 para comprar 10.000 cajas de guantes de nitrilo por 350 millones de pesos. Orozco, en asociación con Figueroa, prometió suministrar la mercancía. Sin embargo, tras un primer incumplimiento, devolvieron 175 millones de pesos como muestra de buena fe.Pero las promesas no se cumplieron. A pesar de enviar fotos de la mercancía y guías de entrega, solo se recibieron 36 cajas de guantes en lugar de las 10.000 pactadas. Ante las evidencias de estafa, la empresa exigió la devolución del dinero. En un intento por calmar las aguas, Orozco y Figueroa entregaron un cheque por 350 millones de pesos como compensación, pero fue devuelto por fondos insuficientes.La Fiscalía recopiló pruebas contundentes, como correos electrónicos, mensajes y entrevistas, que demostraron el engaño perpetrado contra Sulink. Aunque los acusados no están detenidos, podrían enfrentar una rebaja del 50 % de la pena si aceptan los cargos y reparan a las víctimas.El abogado de Sulink, Mauricio Pava, condenó enérgicamente la acción de los acusados, destacando el daño empresarial, social y humano causado. Propuso el embargo de las empresas involucradas como medida mínima de reparación.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), creada en 2011 para prevenir y responder a emergencias en un país como Colombia, expuesto a catástrofes de todo tipo, está en el ojo del huracán por un escándalo de corrupción que toca directamente al Gobierno y al Congreso.La UNGRD es una entidad adscrita a la Presidencia y tiene un presupuesto anual de 657.727 millones de pesos, de manejo casi que discrecional dado el carácter emergencial y social de los asuntos que atiende, lo que hace que esté sujeta a menos controles."La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo atiende desastres no solo naturales y eso la vincula a unos procesos más expeditos de los que suelen tener las demás entidades, entonces la contratación puede hacerse de manera más sencilla y más rápida debido a que hay que atender necesidades mucho más urgentes", dijo Luisa Fernanda Marín, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana.Sneyder Pinilla pidió perdón y se comprometió a regresar recursos del escándalo de UNGRDSegún el plan estratégico de la UNGRD para el periodo 2022-2026, "las inversiones hechas por medio del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (FNGRD) durante los últimos años superan los 3,5 billones de pesos" solamente en la ejecución contratos de obra gris."En la UNGRD manejamos ingentes recursos públicos que deben ser cuidados con el mayor esmero", manifestó recientemente el director de la entidad, Carlos Carrillo, quien asumió el cargo el pasado 11 de marzo en remplazo justamente de Olmedo López, protagonista del actual escándalo.La UNGRD contaba en enero pasado con una nómina de solo 102 cargos pero contrata con numerosos terceros en cualquier parte del país, dependiendo de la necesidad o emergencia que tenga que atender, que pueden ser de grandes proporciones, como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, avalanchas o inundaciones, a otras de carácter local."Hay emergencias menores que pueden ocurrir en los municipios, por eso es que la Unidad Nacional de Riesgo tiene unos brazos muy grandes en las regiones y eso es otro de los de los componentes que puede hacer que sea más susceptible a corrupción", agrega Marín.La UNGRD no tiene la información completa del contrato de los carrotanquesDe hecho, Carrillo dijo este miércoles que esa entidad ha sufrido un "saqueo" de sus recursos y que López usó dinero público en la campaña de sus aliados para las elecciones de alcaldes y gobernadores del año pasado, especialmente en los departamentos de La Guajira, Risaralda y Antioquia. Corrupción extendidaEl caso que ha puesto los ojos del país en la UNGRD tiene que ver con la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio de apoyo en el Congreso las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.El mandatario, que el sábado reconoció su responsabilidad en el nombramiento de López, pidió anoche a la Fiscalía, que investiga este caso, que amplíe su trabajo a los contratos de la UNGRD en los últimos ocho años pues en el país existe "una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano".
Blu Radio conoció apartes de la declaración que dio el exgerente de la campaña Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ante los representantes investigadores de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el pasado 18 de abril.Roa reconoció que recibió a delegados de Fecode y la USO (Unión Sindical Obrera), pero negó recibir aportes de estos dos sindicatos porque tienen personería jurídica y eso les impide aportar a las campañas presidenciales. para la campaña presidencial.Lea también: Petro tras decisión del CNE: “Les solicito rodear pacíficamente los centros del poder”Además, ante la pregunta del delegado de la Procuraduría, Bladimir Cuadro, de si la campaña recibió aportes de personas como Santander López Sierra ‘El Hombre Marlboro’, el ‘Turco’ Hilsaca y el empresario Christian Daes, Roa lo negó.“La instrucción del presidente fue que no podíamos exceder los topes señalados”, señaló Roa ante la pregunta de Mauricio Pava, abogado del presidente Petro. Agregó que esa fue una de las principales ordenes del entonces candidato, después de evitar la procedencia indebida de recursos.Finalmente, Roa señaló que la campaña tuvo controles y auditorías internas y que todos los partidos de la coalición enviaron auditores por aparte para ejercer control.
La polémica operación en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde 11 personas murieron, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las Farc, sigue generando todo tipo de controversias. Fue el 28 de marzo de 2022 cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, le confirmó al país que el Ejército Nacional había dado de baja a nueve presuntos disidentes y capturado a otros cuarto.Ahora, varios meses después, se confirmó la fecha en que se hará la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra 25 militares por la masacre en un bazar campesino, en Alto Remanso, Putumayo. Esta será el 25 de junio de 2024 a las 9:00 de la mañana. Asimismo, la Fiscalía pedirá cárcel contra un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados y les imputará el delito de homicidio en persona protegida en modalidad tentada.La Fiscalía 150 especializada, delegada contra la violación de derechos humanos, pedirá cárcel contra 25 personas. Entre estas personas está el coronel Néstor Andrés Cadena Bautista por haber dado de baja al gobernador indígena Kichwa, Pablo Panduro, y, un menor de edad. Los familiares de algunas víctimas están viviendo fuera del país porque fueron amenazados de muerte.Masacre de Alto Remanso en Putumayo debe pasar a la justicia ordinaria: HRWCabe recordar que Blu Radio reveló detalles de la investigación disciplinaria contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo; contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares.De acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.Le puede interesar:
El Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la sentencia de 10 años de cárcel para los policías Jerson Jair Castellanos y Wilmer Torres por su participación en la red conocida como la "Comunidad del anillo", que promovía prácticas de prostitución dentro de la institución.“Analizadas las pruebas en juicio, con base en las reglas de la sana crítica, se advierte que la conducta de los procesados se adecuó al tipo penal por el que fueron acusados. Se probó que los acusados, en uso de la superioridad jerárquica sobre las víctimas, las constriñeron para salir de la Escuela e ir a sitios, en un contexto sexual, a cambio de dinero o dádivas”, dice el fallo del tribunal.Según la investigación de la Fiscalía, durante 2005 y 2006, el entonces coronel Castellanos, quien ejercía como jefe de seguridad en el Congreso de la República, visitaba la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander para entablar relaciones con jóvenes y ganar su confianza. A través de regalos y salidas, los persuadía hacia actividades sexuales. Cinco alféreces, bajo amenazas, se vieron involucrados con Castellanos, quien recibió la pena de prisión por un juez en Bogotá.Por otro lado, el coronel Wilmer Torres, quien ocupaba el cargo de mayor en ese entonces, abusó de su autoridad como jefe de sección en la General Santander para intimidar a las víctimas y facilitar su salida de las instalaciones de la escuela, permitiendo así los encuentros sexuales auspiciados por Jerson Castellanos. Los abogados de los policías tienen la opción de apelar la decisión mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Luego de que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia abriera una indagación previa por las declaraciones que se han conocido por medios de comunicación en las que Sneyder Pinilla, exfuncionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, hace señalamientos contra aforados, este alto tribunal se pronuncia nuevamente respecto a este caso de corrupción de los carrotanques.Ahora, la Corte Suprema de Justicia llamó a varios funcionarios del Gobierno nacional para que declaren tras el escándalo de corrupción que envuelve a la UNGRD por los carrotanques en La Guajira que, al parecer, supera los $47.000 millones de pesos. La decisión fue tomada por el magistrado Francisco Farfán luego de las declaraciones de Sneyder Pinilla y Olmedo López, ambos exfuncionarios de la entidad.Según informó la Corte, la lista de citados la encabeza el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, además de los directores de la UNGDR y el Departamento Nacional de Inteligencia, Carlos Carrillo y Carlos Ramón González, y la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz.Por último, la Corte ordenó una inspección judicial a la Procuraduría General de la Nación para obtener información sobre el caso, al Congreso de la República para obtener las certificaciones de fuero del presidente del Senado Iván Name, y el de la Cámara de Representantes Andrés Calle y también desde esta alta corte aseguran que ya iniciaron los acercamientos con la Fiscal General para consolidar el desarrollo armónico de las investigaciones.
El auto del Consejo Nacional Electoral que será discutido en los próximos días tiene como objetivo investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en las elecciones de 2022. El auto fue radicado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada.Para que la formulación de cargos sea aprobada, se requiere el voto de al menos cinco de los nueve magistrados. Actualmente, hay una situación en el Consejo Electoral que hace necesario contar con cinco de ocho votos para la aprobación final.Según el documento, se detectó una violación de los topes de financiación en las elecciones. En la primera vuelta, la campaña de Gustavo Petro habría gastado 3,709 millones de pesos sin reportarlo. En la segunda vuelta, la coalición del Pacto Histórico habría omitido reportar gastos por 3,861 millones de pesos.Lea también: Oposición pide renuncia de Roa a Ecopetrol tras anuncio de formulación de cargos del CNELa formulación de cargos se dirige contra el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña presidencial, pero también se menciona a los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus. Si la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aprueba la formulación de cargos, también se verán involucrados los partidos políticos de la coalición del Pacto Histórico, Colombia Humana y Unión Patriótica.El auto del CNE también revela diversas omisiones en la financiación de la campaña de Petro. Se destaca el no reporte de los gastos por concepto de pago de testigos electorales, por un valor de 931.290 millones de pesos. Además, se menciona la omisión de reportar gastos por propaganda, con un monto de 356 millones de pesos. También se evidencia una omisión en el reporte de los pagos realizados por el Pacto Histórico, por un total de 202.000 millones de pesos, los cuales se registraron como gastos de la campaña al Senado de la República.En cuanto a los aportes, se denuncia la omisión de los aportes realizados por la Unión Sindical Obrera y Fecode, cada uno por más de 500 millones de pesos. También se menciona la omisión del reporte de un pago por un evento de celebración de campaña realizado en el Movistar Arena en 2022, por un valor de 100 millones de pesos.
El fiscal delegado ante la Corte, Víctor Salcedo, ha citado a interrogatorio a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, programado para el 16 de mayo, como parte de una investigación en curso sobre presunta corrupción en el proyecto del metro de Bogotá y posibles irregularidades en la financiación de la campaña al Senado de su esposa, Angélica Lozano.Esto relacionado con una investigación que ya estaba en curso por presuntas irregularidades en los contratos de la primera línea.Según unas interceptaciones telefónicas, se ha señalado que existe información sobre un supuesto aporte económico por parte de entidades chinas, estimado en unos 12.000 millones de pesos, distribuidos en dos pagos.La exalcaldesa de Bogotá deberá presentarse ante las autoridades para responder a todas estas acusaciones el día mencionado. La pesquisa de los fiscales delegados ante la Corte se centra en posibles delitos como cohecho propio, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos.Es crucial destacar que estas son alegaciones que requieren una minuciosa investigación y un proceso judicial justo para todas las partes involucradas.
La Fiscalía entró de lleno en las investigaciones del caso de corrupción que sacude al Gobierno al escuchar a Olmedo López, exdirector la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y principal implicado en la trama por el supuesto robo de recursos de esa entidad y el pago de sobornos en el Congreso.La primera diligencia de López coincidió con la petición a la Fiscalía del presidente Gustavo Petro, que investigue los contratos firmados en los últimos ocho años por la UNGRD, ante la sospecha que puede haber más irregularidades."Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentra en la Fiscalía", aseguró el mandatario en una alocución.El periodo que Petro pide investigar en la UNGRD incluyen los dos últimos años de la Presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuatro de Iván Duque (2018-2022) y los casi dos que lleva el actual mandatario.Durante la jornada de este martes, el presidente del Senado, Iván Name, vinculado al escándalo, negó haber recibido un soborno de 3.000 millones de pesos para apoyar las reformas de Petro en el legislativo, como lo manifestó el viernes pasado Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD.Diligencia a puerta cerradaLa diligencia de López se llevó a cabo a puerta cerrada en la Fiscalía, que no ha informado del contenido de la declaración, pero recordó que desde el pasado 2 de febrero realiza una investigación por posibles actos de corrupción en la UNGRD.López, en una grabación enviada a medios de comunicación, prometió contar a la Fiscalía toda la verdad sobre el entramado de corrupción que lo involucra y por el que salió del cargo este año."El país y los colombianos esperan de mí respuestas y dije que las iba a contar y las seguiré dando. Lo único que he pedido es garantías de seguridad para mi familia y para mí", manifestó López y agregó que con esto está "asumiendo un riesgo de muerte".La prensa denunció hace varias semanas la malversación de 46.800 millones de pesos de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a las zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.Name se desmarcaEl caso tomó vuelo el viernes pasado luego que el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD reveló a la revista Semana que utilizó dinero de esa entidad para pagar sobornos a Name, del partido Alianza Verde, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio del apoyo a las reformas.Sin embargo, Name afirmó en la plenaria del Senado que no recibió soborno alguno y manifestó que no teme someterse a la justicia."No recibí dineros ilícitos, mi proceder democrático es contraevidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos los que están en este hemiciclo", expresó el senador.Por eso agregó: "Reitero estar dispuesto a atravesar la Plaza de Bolívar para asistir, para acudir a mi juez natural, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia", manifestó Name en referencia a su condición de aforado.El presidente del Senado manifestó que no ha dado declaraciones a los medios de comunicación porque hay quienes lo han condenado antes de que la Justicia se pronuncie sobre su caso: "eso hace parte de nuestra naturaleza, el anticiparnos a las crucifixiones para después lamentarlas, probablemente"."Aquí y ahora ante ustedes, me sostengo en la justeza y la rectitud de mis actos. Ante la Justicia responderé por lo que se me señale", expresó el político.Sneyder Pinilla también mencionó en la entrevista con la revista Semana a Sandra Ortiz, hasta ayer consejera Presidencial para las Regiones, de quien dijo que hizo de "mensajera" al llevar el dinero a Name, al igual que ella del Partido Verde, tras lo cual la funcionaria renunció a su cargo. También le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro pidió este martes a la Fiscalía investigar los contratos de los últimos ocho años en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), centro de un escándalo de corrupción por el supuesto robo de recursos de esa entidad."Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentran en la Fiscalía", expresó el mandatario en una alocución al país.Los contratos de los últimos ocho años en la UNGRD que Petro pide investigar incluyen los dos últimos de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuatro de Iván Duque (2018-2022) y los casi dos que lleva el actual mandatario.Petro reconoció las irregularidades en la UNGRD durante su Gobierno y agregó que "ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción" pues ese delito "está en todos los partidos y en todos los rincones".Escándalo crecienteLa prensa denunció hace varias semanas la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a las zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.El caso tomó vuelo el viernes pasado luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, reveló a la revista Semana que utilizó dinero de esa entidad para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal.Esto con el objetivo de que impulsaran en el legislativo las reformas sociales del Gobierno de Petro.El presidente colombiano manifestó que el hecho de que la Corte Constitucional tumbara los decretos de emergencia económica, social y ecológica que el Gobierno había promulgado para atender los problemas de La Guajira, no era "una invitación a realizar una contratación aparentemente amañada y con sobrecostos", como pasó con la UNGRD.Igualmente manifestó que la decisión de comprar los camiones cisterna no fue una "directriz" suya, porque justamente el Gobierno buscaba solucionar el problema del agua con los decretos."La lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que más he luchado a lo largo de toda mi vida. Siempre he buscado y exigido transparencia en el uso de los recursos públicos en Colombia", añadió el presidente.El escándalo que ha estremecido al Gobierno colombiano motivó la renuncia de la consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien según Pinilla, hizo de "mensajera" para llevar las maletas con dinero a Name, que al igual que ella es miembro del partido Alianza Verde.
Blu Radio conoció los chats que, según el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, muestran su conversación con el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el 14 de octubre de 2023, en los que se demostraría la cita en el apartamento del congresista en Montería, en donde según Pinilla, le entregó 1.000 millones de pesos en efectivo, por orden de Olmedo López. Esta conversación sería una de las pruebas que entregaría Pinilla ante la Fiscalía este miércoles, 8 de mayo, en medio del escándalo del entramado de corrupción que estalló en la UNGRD. En las imágenes se puede observar que el exsubdirector se presentaría ante Calle y le pediría concretar dónde se encontrarían.Estos chats evidenciarían el lugar de encuentro entre Pinilla y Calle para, según el exsubdirector de la UNGRD, entregarle los 1.000 millones de pesos para, supuestamente, aprobar las reformas del Gobierno Petro. Esta reunión se habría realizado en el apartamento del presidente de la Cámara de Representantes.Asimismo, Pinilla le informaría a Calle que es un enviado de Olmedo López, entonces director de la UNGRD y quien está salpicado en el polémico contrato de los 40 carrotanques de La Guajira.Sobre el mediodía de ese 14 de octubre de 2023, Calle le habría enviado la ubicación del punto de encuentro de esta reunión y el presidente de la Cámara le responde: "Atento a ti".Estos chat serían solo el inicio de las pruebas que tiene Pinilla para entregar ante una fiscal anticorrupción y a una delegada ante la Corte Suprema.Pinilla pide perdónEste martes, el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ofreció disculpas públicas por el escándalo que lo vincula junto al exdirector de la entidad, Olmedo López. Esto ocurrió a su salida de la Fiscalía, donde fueron citados hoy, días después de las recientes revelaciones sobre posibles irregularidades en la asignación de recursos, contratos y otros proyectos de la UNGRD en diversas regiones del país.Es importante destacar que en estas revelaciones se menciona también a varios políticos por presuntos sobornos a congresistas, incluidos el presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.Pinilla afirmó que se le ha asignado un esquema de seguridad y que también se está evaluando la protección para su familia. Mencionó que durante el interrogatorio de mañana (miércoles), presentará las pruebas relacionadas con el caso que actualmente lo tiene en el centro de la controversia.
El abogado de Olmedo López, José Moreno confirmó este martes 7 de mayo, que tras una serie de versiones, su cliente sí se va a presentar a la declaración juramentada que estaba prevista.Según Moreno, tras un diálogo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se acordó que se iban a prestar todas las garantías para López, quien dice temer por su seguridad.Sobre este caso, fuentes de la Fiscalía confirmaron que intentaron comunicarse varias veces vía telefónica con los señores Olmedo López y Sneyder Pinilla, y sus abogados, para coordinar sus esquemas de seguridad y surtir los actos urgentes.Sin embargo, solo hubo una sola comunicación con el doctor Moreno, quien manifestó que iba a llegar solo a la diligencia.De momento se desconoce si la diligencia de Sneyder Pinilla, otro de los salpicados en este escándalo, vaya a presentarse de manera presencial a su interrogatorio fijado para miércoles 8 de mayo.
Este entramado de corrupción no para, y cada día se conocen nuevos detalles que aportan a la investigación de la corrupción en el caso de los carrotanques que nunca funcionaron en el departamento de La Guajira.La Procuraduría citó a Luis Eduardo López Rosero, a fin de que declare todo lo que sepa acerca de estos hechos que hoy tienen hablando a todo el país, López es el representante de la empresa “Impoamericana Roger S.A.S” y tendría información importante de cómo fue la compra de los carrotanques.El Ministerio Público señala que el testimonio de este hombre es crucial dentro de las investigaciones en todo este entramado de corrupción, porque él participó como proveedor del proceso de la preveduría representado a la empresa Luket S.A.S, que al parecer está relacionada con la sociedad “Impoamericana Roger S.A.S” que adjudicó el contrato de compra de los 40 carrotanques de La Guajira.Esta diligencia será el próximo jueves 9 de mayo a las 2 de la tarde y Luis Eduardo López, tendrá que asistir presencialmente a la Procuraduría General de la Nación. De igual manera, la Procuraduría reitera que "se comunicará la fecha de la diligencia a los sujetos procesales, para que, si bien lo consideren, asistan en ejercicio del derecho de contradicción”.¿Quién es Luis Eduardo López, contratista de los carrotanques?Luis Eduardo López Rosero, alias 'el pastuso' nació en el departamento del Nariño, tiene más de 50 años de edad, y lleva más de 15 años como contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desde que estaba como director Carlos Iván Márquez.López es actualmente el representante legal de Luket S.A.S, una de las empresas invitadas por el señor Olmedo para participar del millonario negocio de los carrotanques.
La Procuraduría rechaza a estos siete magistrados de la JEP porque, según ellos, conocieron en distintos momentos los procesos que se adelantan en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.En este caso, la Procuraduría, después de impugnar el fallo de tutela que negaba la exclusión de Salvatore Mancuso de la JEP, no quiso admitir a los siete magistrados que conocen el trámite del proceso del exjefe paramilitar.El Ministerio Público dice también que los magistrados no serían imparciales para conocer y decidir sobre el recurso interpuesto en contra de Mancuso.Salvatore Mancuso definió su posición frente a tutela que pretende tumbar ingreso a la JEPLos magistrados que fueron rechazados por la Procuraduría son Patricia Linares, Rodolfo Arango, Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa, Danilo Rojas, quienes firmaron la resolución que aceptó la inclusión del exjefe paramilitar en la JEP, así como Jesús Ángel Bobadilla y Adolfo Murillo, quienes negaron la tutela instaurada por la Procuraduría, fallo que es objeto de la impugnación radicada.Para la Procuraduría no puede asegurarse que en tales condiciones exista objetividad o imparcialidad, en los magistrados que fueron recusados para desatar la impugnación promovida para poder adoptar una posición neutral.Por último, la Procuraduría señaló que se ha causado un grave prejuicio a las víctimas por cuenta de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de acoger el conocimiento de todos los procesos de Salvatore Mancuso.