Según el mandatario, en algunos casos, personas dedicadas a este delito utilizan aguas de sanitarios para envasar el licor y venderlo a precios más económicos, afectando las rentas departamentales y la salud de los antioqueños.
Pérez Gutiérrez reiteró que “esto se da después de militarizar la oficina de Rentas Departamentales”, lo que les ha permitido descubrir otras modalidades en procesos ilegales del licor.
De acuerdo con las autoridades, en lo corrido del año han sido desmanteladas dos productoras ilegales de aguardiente Antioqueño en Bogotá, dejando pérdidas superiores a los 22 mil millones de pesos.
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