La Fábrica de Licores de Antioquia se sumó a las acciones de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto registrado en el país, mediante la donación de 55.000 unidades de su bebida hidratante HidraTAO.La ayuda está destinada a acompañar a las regiones y a las personas que enfrentan las consecuencias de la emergencia, especialmente a quienes permanecen en primera línea de atención.Según la FLA, la donación se centra en brigadistas, organismos de socorro y voluntarios que trabajan día y noche para atender a las comunidades afectadas."Hemos dispuesto 55.000 unidades de nuestra bebida hidratante, hidratado, para acompañar a las regiones, a las comunidades más afectadas por el sismo. Estas ayudas van a apoyar a quienes están en primera línea, brigadistas, organismos de socorro y voluntarios", aseguró el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Luis Fernando Begué.De acuerdo con la FLA, la donación también busca contribuir a las familias que han resultado afectadas por el movimiento telúrico y que actualmente afrontan momentos de incertidumbre y dificultad en Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca.Con esta iniciativa, la entidad destacó la importancia de unir esfuerzos para responder ante situaciones de emergencia y reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades que necesitan apoyo.
Con un fallo de tutela, un juez ordenó a esta Superintendencia que lidera el exalcalde de Medellín Daniel Quintero suspender la inspección adelantada a la Fábrica de Licores de Antioquia.Además, ordenó a esa entidad rectificar la información difundida según la cual la FLA se había opuesto a la realización de la auditoría, protegiendo así el buen nombre y la honra de esta empresa.“Protegimos el buen nombre y la honra de una empresa que es patrimonio de todos los antioqueños. Protegimos a la empresa más querida los antioqueños hasta el último día de nuestra gestión. Siempre con la convicción de defender la legalidad, la institucionalidad y el patrimonio público”, señaló Esteban Ramos, exgerente de la Fábrica de Licores de Antioquia.Cabe recordar que la inspección de la Supersalud a la Fábrica de Licores de Antioquia a finales de junio pasado generó un fuerte choque institucional y jurídico. La Superintendencia acusó a los directivos de la licorera de bloquear una auditoría de vigilancia sobre los recursos destinados a la salud, lo que motivó denuncias penales por parte de la entidad.Por su parte, la FLA interpuso una acción de tutela y recusaciones, argumentando que la Supersalud excedía sus competencias al solicitar información protegida por reserva comercial. Posteriormente, un juez suspendió temporalmente la diligencia de manera preventiva. Este tenso el pulso administrativo que terminó en la renuncia del gerente de la FLA, Esteban Ramos.
La Gobernación de Antioquia insiste en fallos de la auditoría de la Superintendencia de Salud durante su visita a la Fábrica de Licores de Antioquia.Desde la entidad departamental aseguraron que fue requerida información y documentación que la entidad considera de carácter sensible, protegida por reserva industrial, comercial y financiera, situación que llevó a solicitar la intervención del juez constitucional con el fin de salvaguardar garantías esenciales.El gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos, aseguró en su cuenta de X: "Daniel Quintero y su combo han querido vulnerar los derechos fundamentales de la Fábrica de Licores de Antioquia y eso no lo vamos a permitir. Aquí estamos FIRMES para proteger el patrimonio de los antioqueños".
En medio del rifirrafe que ha generado la auditoría de la Superintendencia de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia y luego de que la Supersalud presentara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los directivos de la FLA por, supuestamente, impedir la inspección, vigilancia y control, la empresa respondió a la polémica.De acuerdo con la Supersalud, el equipo auditor se presentó el pasado 26 de junio en las instalaciones de la FLA para reanudar la diligencia ordenada mediante un acto administrativo. Sin embargo, la entidad vigilada no permitió el ingreso ni la continuidad de la auditoría.Por esto, el superintendente Daniel Quintero calificó la situación como un hecho sin precedentes y aseguró que es la primera vez que un sujeto vigilado se niega a permitir el ejercicio de inspección, vigilancia y control, lo que desencadenó en una denuncia penal.El gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos, aseguró que en la última auditoría se habían hecho 17 solicitudes frente a las cerca de 80 requerimientos realizados durante la visita de la Supersalud. Ramos manifestó que algunos de los pedidos corresponden a ítems inexistentes en la empresa."Me preguntan sobre gastos de representación. Yo no tengo gastos de representación. Sobre caja menor, yo no tengo caja menor. Tarjeta de crédito, tampoco tengo tarjeta de crédito. ¿Cuál es la idea?, ¿cuál es la finalidad de estar preguntando sobre esos temas? Ninguna. Hacerle daño a la Fábrica de Licores. La fábrica, desde el primer momento, ha tenido siempre toda la disposición de hacer las visitas que ellos hayan pedido", indicó el gerente.Ramos manifestó que, tras las medidas legales tomadas por la Supersalud, la FLA tomó la decisión de interponer una tutela por la presunta violación del debido proceso. Además, aseguró estar dispuesto a responder ante las autoridades correspondientes por las acciones de la Superintendencia.En medio del tire y afloje, la Supersalud intentó retomar la inspección, pero, según la entidad, nuevamente encontró la negativa de la FLA para permitir el desarrollo de la diligencia. Por estos hechos, además de la denuncia penal ante la Fiscalía, la Supersalud puso el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
Luego de que la Superintendencia de Salud decidiera hacer una inspección 'sorpresa' a la Fábrica de Licores de Antioquia y el propio Andrés Julián Rendón asegurara que los funcionarios de la Supersalud querían “fastidiar”, la FLA tomó la decisión de recusar a Daniel Quintero.A través de un comunicado oficial, la FLA manifestó su preocupación por algunos aspectos como, por ejemplo, que varios de los requerimientos formulados durante la auditoría estarían relacionados con asuntos que exceden el ámbito de la vigilancia en salud.La Fábrica de Licores de Antioquia indicó que entre los pedidos habían solicitudes de información sobre litigios, procesos judiciales, conciliaciones, aspectos contractuales, financieros, confidenciales y de Gobierno corporativo.Ante esta situación, el gerente de la FLA, Esteban Ramos, decidió acudir a los mecanismos legales y presentó una recusación contra el jefe del organismo de control, Daniel Quintero."He decidido presentar una recusación en contra del superintendente de salud Daniel Quintero y su delegado Juan Duque. Entre los hechos que sustentan la recusación se encuentran antecedentes públicos de confrontaciones políticas entre el actual superintendente natural de salud Daniel Quintero Calle, mi familia y yo", indicó Ramos.Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social resolvió no aceptar la recusación contra la Superintendencia de Salud por lo que quedó plenamente habilitada el ejercicio de inspección, vigilancia y control que se adelanta sobre la Fábrica de Licores de Antioquia.La Supersalud bajo el mando el Daniel Quintero, indicó que los recursos de las rentas de licores, tabaco y juegos se encuentran bajo su inspección, vigilancia y control, por lo que reiteró que la auditoría de la FLA obedece estrictamente al cumplimiento de sus competencias legales.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a la visita relámpago de la Superintendencia de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia, asegurando que "se quieren meter y fastidiar" a la empresa antioqueña. El mandatario señaló, además, que durante la visita pidieron actas de comités de contratación.La Superintendencia Nacional de Salud realizó una inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia de manera repentina y dicho procedimiento generó todo tipo de controversia debido a que se efectuó un día después de las elecciones y fue autorizado por un funcionario cercano a Daniel Quintero.De acuerdo con la información conocida, la orden fue aprobada por Juan David Duque, actual delegado de Protección al Usuario de la Supersalud y exsecretario privado de Daniel Quintero, hecho que no pasó desapercibido por diferentes autoridades que criticaron la actuación.Por ejemplo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que le parece extraño que la visita se haya hecho en los territorios donde se ha mostrado discrepancias con el Gobierno nacional.“Y aquí están pidiendo actas de junta, eh actas de comités de contratación. Es decir, claramente se quieren meter y fastidiar porque aquí no pegó el comunismo. Yo me pregunto…()...¿por qué se concentraron sólo en aquellas gobernaciones donde ha habido claramente discrepancia frente a lo que se hace del gobierno nacional?”, aseguró el mandatario regional.Por su parte, la Supersalud aseguró que la visita a la FLA hace parte de las labores ordinarias de inspección, vigilancia y control que adelanta la entidad sobre los organismos bajo su supervisión y que se van a adelantar en otras fábricas de licores en el país.A pesar de la polémica y los señalamientos de Rendón, hasta el momento, la Supersalud no ha informado sobre hallazgos derivados de la visita realizada a la licorera antioqueña.
Luego de que a finales de marzo, por una amplia mayoría en segundo debate en la Asamblea Departamental, se aprobaran cambios para la Junta Directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia, la compañía anunció en las últimas horas la incorporación de tres nuevos integrantes. Se trata de miembros independientes del sector privado y cuya llegada, según la FLA, “responde a los retos del mercado actual y aportará una visión integral para el crecimiento, la sostenibilidad y el posicionamiento”.Entre los nuevos nombres está Lina María Botero Ospina, economista con máster en Finanzas de la Universidad Carlos III de Madrid, con experiencia en análisis financiero, estructuración de inversiones y toma de decisiones estratégicas. Ha ocupado cargos directivos en organizaciones como Bancolombia, la Fundación Sofía Pérez de Soto, la Fundación Santa Ana y Agrícola ARA S.A.S. También hizo parte de juntas directivas de entidades como el Teatro Metropolitano de Medellín, el IDEA y Parque Explora.Por su parte, Ricardo Mejía Cano es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, con formación internacional y máster en Consultoría Empresarial de la Escuela de Organización Industrial (España). Cano posee amplia trayectoria en alta dirección en el sector industrial y de consumo masivo. Fue presidente de Kimberly-Clark Andina y ocupó cargos estratégicos en la Organización Ardila Lülle, incluyendo la presidencia de Coltejer y roles de liderazgo en Postobón.El tercer integrante es Carlos Miguel Correa Tobón, negociador internacional de la Universidad de La Sabana, con formación en liderazgo público de la Universidad EAFIT y experiencia internacional en industrias creativas. Ha liderado emprendimientos en entretenimiento, gastronomía y eventos, incluyendo festivales como Ritvales. Fue parte del equipo directivo de Rappi, liderando comunicaciones y expansión en Latinoamérica, y director de Crecimiento y Estrategia en Mystic Foods.Los otros tres miembros de la Junta Directiva hacen parte del sector público, encabezados por el gobernador de Antioquia y los secretarios de Hacienda y Desarrollo Económico del departamento.Tras la reciente reforma en la Asamblea, se determinó que, en caso de empate en la toma de decisiones, el gobernador o su delegado en la Junta tendrá potestad para dirimir la situación.
En medio de diferentes polémicas y en un segundo debate, la Asamblea Departamental votó a favor de la transformación de la Junta Directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia -FLA- que ahora tendrá igual participación pública y privada, situación que ha sido ampliamente criticada por varios sectores del departamento.Lo que se menciona desde la Asamblea es que, “el proyecto tiene como objetivo principal modernizar el gobierno corporativo de la entidad, fortalecer su dirección estratégica y mejorar la capacidad técnica - empresarial en la toma de decisiones, en respuesta a los retos actuales del mercado”.Tras la votación uno de los cambios más notorios es que la Junta Directiva pasa de cinco a seis integrantes, sumando al secretario de Desarrollo Económico de Antioquia y aumentando a tres los miembros independientes del sector privado. Además, será el gobernador Andrés Julián Rendón quien desempatará cuando no haya un acuerdo en la toma de decisiones.Se explica que el proyecto de ordenanza también propone fortalecer los perfiles técnicos de los miembros independientes, exigiendoles una formación profesional con posgrado, amplia experiencia laboral, trayectoria en cargos directivos y juntas directivas, y, además, podrán ser removidos luego del primer año.El diputado Luis Peláez sostuvo que estas personas, los integrantes independientes, no necesariamente actuarán siempre bajo la lógica que debe guiar a una compañía clave para la transferencia de recursos públicos que se invierten en temas como salud y educación."Lo que yo veo aquí es que van a privatizar las decisiones de la Fábrica de Licores de Antioquia. Usted me dice, no van a vender el patrimonio público. Pero qué más que van a privatizar las decisiones. Es que ese es el punto, ese es el problema", mencionó el diputado.Por último, y teniendo en cuenta las dudas que se han generado por un supuesto proceso de privatización de la Fábrica de Licores de Antioquia, la Asamblea Departamental a través de un comunicado indicó, “esta ordenanza no implica ningún proceso de privatización, ratificando que la FLA continuará siendo una empresa 100 % pública, orientada a fortalecer su gestión y aporte al desarrollo del departamento”.
Un día clave para la Fábrica de Licores de Antioquia se vivirá este 28 de marzo en el recinto de la Asamblea Departamental donde en medio de una fuerte polémica en los últimos días se votará en segundo debate el proyecto de ordenanza que pretende transformar la composición de la Junta Directiva de esta entidad descentralizada del conglomerado público.La iniciativa 04 de 2026 ha sido motivo de disputas, pues voces opositoras en la corporación y otros sectores sociales como sindicatos afirman que el proyecto pretende dejar en manos de intereses privados la toma de decisiones en la FLA.En primer debate y acogiendo algunas proposiciones se acordó que el órgano directivo estará conformado por tres representantes de la administración departamental, incluyendo al gobernador, y otros tres miembros independientes adscritos al sector privado nombrados por el mandatario de turno.Los promotores de este cambio destacan la posibilidad de tener un mayor margen de maniobra para que los cargos privados los ocupen profesionales de amplia trayectoria que enriquezcan la toma de decisiones técnicas y acordes a lo que requiere la industria licorera moderna.El diputado Luis Peláez sostuvo que estas personas no necesariamente actuarían siempre bajo la lógica que debe guiar a una compañía clave para la transferencia de recursos públicos que se invierten en temas como salud y educación."Lo que yo veo aquí es que van a privatizar las decisiones de la Fábrica de Licores de Antioquia. Usted me dice, no van a vender el patrimonio público, pero ¿qué más que van a privatizar las decisiones? Es que ese es el punto, ese es el problema", insistió el diputado.Se espera que en la plenaria de la Asamblea estén presentes para la discusión final diferentes sectores dispuestos a entregar las apreciaciones que los corporados también deberían tener en cuenta para tomar cualquier decisión sobre una de las empresas más importantes para el departamento.Hay cuestionamientos en el ambiente por la prisa para el trámite de la iniciativa, la citación un sábado previo al inicio de la Semana Santa y la ausencia en el debate del gerente de la FLA, Esteban Ramos, por un periodo de vacaciones concedido hasta el próximo 1 de abril.
En primer debate la Asamblea de Antioquia aprobó polémico proyecto de ordenanza que busca cambiar la composición de la Junta Directiva de la Fábrica de Licores (FLA) para que tenga tres miembros independientes del sector privado nombrados por el gobernador. Opositores aseguran que se trata de una “privatización” de la empresa.En medio de posiciones encontradas, una nueva propuesta del actual gobierno relacionada con la Fábrica de Licores de Antioquia superó su primer exámen en la Asamblea Departamental.Se trata del proyecto de ordenanza 04 de 2026 que busca principalmente modificar la composición de la Junta Directiva de la empresa, que si bien tenía otra repartición antes de la discusión, terminó siendo aprobada para que se conforme con seis miembros: tres del gobierno departamental, incluyendo al gobernador, y tres miembros independientes del sector privado nombrados por el mandatario de turno.Según los proponentes de la iniciativa, la cual ya pasó el primer debate en Comisión Segunda con siete votos positivos y dos negativos, lo que se busca es lograr la llegada de perfiles técnicos, más amplios y que se adapten a los desafíos de la industria licorera.Sin embargo, los opositores al proyecto indican que se trata de una decisión que busca dejar el futuro de la FLA en manos de sectores privados. Así lo indicó durante la discusión uno de los integrantes de la Comisión, el diputado Luis Peláez, quien defiende que la participación pública en esa instancia debe ser mayoritaria.“Lo que yo veo aquí es que van a privatizar las decisiones de la fábrica de licores de Antioquia. Decisiones. Usted me dice, "No van a vender el patrimonio público." Pero, ¿qué más qué van a privatizar las decisiones? Es que ese es el punto, ese es el problema”, aseguró en la plenaria.En este mismo sentido se pronunció tras el final de la sesión el diputado Juan David Muñoz quien recordó la importancia de una empresa como la FLA en la transferencia de recursos para temas clave en inversión social como salud y educación. En 2025 fueron 1.4 billones de pesos.“La junta con mayoría privada lo que va a hacer es orientar sus decisiones internas, estratégicas, comerciales en el manejo de los bienes a partir de una lógica de rentabilidad y no de una lógica que armonice la rentabilidad con los fines sociales del Estado”, aseveró.Durante su intervención en la Comisión, la secretaria General del departamento, Martha Patricia Correa, lamentó la desinformación, que según la funcionaria, se generó alrededor de la propuesta en un espacio de amplio rigor técnico como consideró a la Asamblea Departamental.“No podemos confundir las empresas industriales y comerciales del Estado con los establecimientos públicos. Me preocupa mucho y y me da un poco de tristeza que el trabajo que hace la administración pública, que se basa en criterios muy técnicos y jurídicos, a veces sean tergiversados en este escenario”, resaltó.En medio de un ambiente dividido y la posible presencia en el recinto de diferentes sectores sociales, se espera el segundo y definitivo debate en plenaria, cuya fecha aún está por definirse.
El senador paraguayo Gustavo Leite, del Partido Colorado, arremetió contra el expresidente Santiago Peña, su compañero de partido, a quien calificó de “bandido” y acusó de haber traicionado al país en medio de la crisis de Ueno Bank, el escándalo financiero que dejó a cerca de 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero y que terminó con la destitución y captura del exmandatario. En diálogo con Mañanas Blu, el legislador afirmó que la ciudadanía exige ver a Peña en una cárcel común y que el proceso judicial “recién comienza”.“Nos traicionó a todos los paraguayos, y con más razón a nosotros”, afirmó Leite al explicar por qué cuestiona con dureza a un político de su misma colectividad. Según recordó, el Partido Colorado acogió a Peña en 2016, cuando provenía del partido tradicional de oposición.“Resultó ser un gran impostor. No sé si un caballo de Troya o un impostor”, sostuvo el senador, quien aseguró que en la sesión del Senado en la que se votó la destitución pidió que el exmandatario saliera del cargo “con deshonra”.Partido Colorado debe asumir “el error histórico”, según LeiteEl legislador insistió en que la filiación política no puede servir de escudo ante los hechos investigados. “Da igual que sea mi partido o no, cuando uno comete una traición no importa de qué partido sea”, declaró.Leite fue más allá y señaló la responsabilidad de su propia colectividad: “El Partido Colorado tiene que asumir históricamente el error de haber puesto a un bandido en la presidencia, que tenemos que tener el coraje para sacarlo y que la fiscalía tiene que tener el coraje para meterlo en la cárcel”.Peña fue enviado a prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían acarrear hasta 10 años de cárcel. Además, los fiscales del caso allanaron su vivienda en la ciudad de San Bernardino.Para el senador, sin embargo, la situación de reclusión del expresidente no responde a lo que reclama la ciudadanía. “La gente quiere a Peña no en el regimiento escolta, lo quiere en la cárcel nacional donde van todos los delincuentes comunes”, dijo, y agregó: “La gente lo quiere a Peña sin sonrisa, lo quiere esposado como todos los delincuentes comunes”.Senador anticipa nuevas imputaciones contra Santiago PeñaDe acuerdo con Leite, el caso podría ampliarse en las próximas semanas. El senador afirmó que existen presunciones de que Peña era socio oculto del banco y que la entidad actuó “sin dudas en connivencia con el Ejecutivo”, señalamientos que forman parte de su versión y que deberán ser establecidos por la justicia.“Hay demasiados rastros que van a acelerar otras imputaciones. Aquí creo que no se va a salvar de lavado de dinero y de asociación ilícita”, aseguró.El legislador también se refirió al papel del ente acusador: “Yo dije en mi intervención en el Senado cuando el día de la destitución que el fiscal general del estado tiene la brillante ocasión de ser héroe o villano”.El juicio político que llevó a la salida de Peña se desarrolló en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país, cuando el mandatario había cumplido tres años de gobierno.Las alertas sobre Ueno Bank que no fueron atendidasLeite relató que su distanciamiento con Peña comenzó en marzo de este año, cuando, siendo aún embajador de Paraguay en Estados Unidos, denunció públicamente que durante el gobierno de Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, “no había olor a coima y los proveedores cobraban al día”. Tras esa ruptura, renunció a la embajada y regresó a Asunción.Según el senador, un grupo de legisladores colorados, entre ellos el actual vicepresidente Antonio Barrios, solicitó al Banco Central del Paraguay un informe de 31 puntos sobre la supervisión de la entidad. La respuesta, afirmó, se limitó a invocar el secreto bancario. “El Banco Central, por instrucciones de Peña, nos responde una estupidez, no nos responde nada”, aseguró.El congresista sostuvo que posteriormente se conocieron créditos que calificó de “absolutamente temerarios”, como préstamos de 40 millones de dólares a empresas relacionadas con el grupo del banco que facturaban 10.000 dólares al mes. “Eso ya era un indicio de vaciamiento”, dijo. Añadió que, aun con el banco sometido a un sumario público, la entidad siguió recibiendo fondos estatales, entre ellos recursos de Itaipú.Comisión bicameral para establecer “quién dio la orden”Frente al destino de los recursos públicos depositados en el banco, Leite anunció que impulsará este miércoles en el Senado una comisión bicameral de investigación. “Es para ir al fondo de la cuestión y entender quién dio la orden, y entender quién dio la orden de esconder el déficit, porque es un daño tremendo a la reputación de Paraguay”, explicó.El nuevo Gobierno también busca rastrear el dinero: el vicepresidente Barrios anunció que solicitará cooperación internacional, incluso a Estados Unidos, para establecer el paradero de los recursos y los bonos manejados por la entidad.Así avanza la devolución de ahorros en ParaguayLa crisis de Ueno Bank estalló luego de que la junta del Banco Central sometiera a la entidad a un procedimiento de resolución, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.Mediante una ley especial, el Banco Central reportó en apenas dos días pagos a 1.196.000 personas por unos 160 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Aún quedan pendientes 669.336 cuentas, y cerca de 32.000 pensionados serán trasladados a otras ocho entidades bancarias.Leite explicó que la ley garantiza la devolución de hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, con recursos acumulados desde la última crisis financiera, y dimensionó el impacto: “3 millones de ahorristas para 6 millones de paraguayos, es la mitad del país damnificado”.Qué espera el senador del gobierno de Pedro AllianaSobre el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña y asumió tras la destitución, Leite expresó confianza en un cambio: “Porque o cambiamos o nos cambian”. A su juicio, Alliana, expresidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, “sabrá entender que la gente quiere cambio de verdad”.Al cierre, el senador envió un mensaje de calma. Aseguró que la crisis afecta al 8 % del sistema financiero, que calificó de sólido, solvente y líquido. “Es un hecho aislado, tremendo pero aislado”, afirmó, y destacó que las instituciones dieron cuenta del caso en 72 horas “sin que haya un muerto”.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista:
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.