En medio del rifirrafe que ha generado la auditoría de la Superintendencia de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia y luego de que la Supersalud presentara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los directivos de la FLA por, supuestamente, impedir la inspección, vigilancia y control, la empresa respondió a la polémica.
De acuerdo con la Supersalud, el equipo auditor se presentó el pasado 26 de junio en las instalaciones de la FLA para reanudar la diligencia ordenada mediante un acto administrativo. Sin embargo, la entidad vigilada no permitió el ingreso ni la continuidad de la auditoría.
Por esto, el superintendente Daniel Quintero calificó la situación como un hecho sin precedentes y aseguró que es la primera vez que un sujeto vigilado se niega a permitir el ejercicio de inspección, vigilancia y control, lo que desencadenó en una denuncia penal.
El gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos, aseguró que en la última auditoría se habían hecho 17 solicitudes frente a las cerca de 80 requerimientos realizados durante la visita de la Supersalud. Ramos manifestó que algunos de los pedidos corresponden a ítems inexistentes en la empresa.
"Me preguntan sobre gastos de representación. Yo no tengo gastos de representación. Sobre caja menor, yo no tengo caja menor. Tarjeta de crédito, tampoco tengo tarjeta de crédito. ¿Cuál es la idea?, ¿cuál es la finalidad de estar preguntando sobre esos temas? Ninguna. Hacerle daño a la Fábrica de Licores. La fábrica, desde el primer momento, ha tenido siempre toda la disposición de hacer las visitas que ellos hayan pedido", indicó el gerente.
Ramos manifestó que, tras las medidas legales tomadas por la Supersalud, la FLA tomó la decisión de interponer una tutela por la presunta violación del debido proceso. Además, aseguró estar dispuesto a responder ante las autoridades correspondientes por las acciones de la Superintendencia.
En medio del tire y afloje, la Supersalud intentó retomar la inspección, pero, según la entidad, nuevamente encontró la negativa de la FLA para permitir el desarrollo de la diligencia. Por estos hechos, además de la denuncia penal ante la Fiscalía, la Supersalud puso el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
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