En primer debate la Asamblea de Antioquia aprobó polémico proyecto de ordenanza que busca cambiar la composición de la Junta Directiva de la Fábrica de Licores (FLA) para que tenga tres miembros independientes del sector privado nombrados por el gobernador. Opositores aseguran que se trata de una “privatización” de la empresa.
En medio de posiciones encontradas, una nueva propuesta del actual gobierno relacionada con la Fábrica de Licores de Antioquia superó su primer exámen en la Asamblea Departamental.
Se trata del proyecto de ordenanza 04 de 2026 que busca principalmente modificar la composición de la Junta Directiva de la empresa, que si bien tenía otra repartición antes de la discusión, terminó siendo aprobada para que se conforme con seis miembros: tres del gobierno departamental, incluyendo al gobernador, y tres miembros independientes del sector privado nombrados por el mandatario de turno.
Según los proponentes de la iniciativa, la cual ya pasó el primer debate en Comisión Segunda con siete votos positivos y dos negativos, lo que se busca es lograr la llegada de perfiles técnicos, más amplios y que se adapten a los desafíos de la industria licorera.
Sin embargo, los opositores al proyecto indican que se trata de una decisión que busca dejar el futuro de la FLA en manos de sectores privados. Así lo indicó durante la discusión uno de los integrantes de la Comisión, el diputado Luis Peláez, quien defiende que la participación pública en esa instancia debe ser mayoritaria.
“Lo que yo veo aquí es que van a privatizar las decisiones de la fábrica de licores de Antioquia. Decisiones. Usted me dice, "No van a vender el patrimonio público." Pero, ¿qué más qué van a privatizar las decisiones? Es que ese es el punto, ese es el problema”, aseguró en la plenaria.
En este mismo sentido se pronunció tras el final de la sesión el diputado Juan David Muñoz quien recordó la importancia de una empresa como la FLA en la transferencia de recursos para temas clave en inversión social como salud y educación. En 2025 fueron 1.4 billones de pesos.
“La junta con mayoría privada lo que va a hacer es orientar sus decisiones internas, estratégicas, comerciales en el manejo de los bienes a partir de una lógica de rentabilidad y no de una lógica que armonice la rentabilidad con los fines sociales del Estado”, aseveró.
Durante su intervención en la Comisión, la secretaria General del departamento, Martha Patricia Correa, lamentó la desinformación, que según la funcionaria, se generó alrededor de la propuesta en un espacio de amplio rigor técnico como consideró a la Asamblea Departamental.
“No podemos confundir las empresas industriales y comerciales del Estado con los establecimientos públicos. Me preocupa mucho y y me da un poco de tristeza que el trabajo que hace la administración pública, que se basa en criterios muy técnicos y jurídicos, a veces sean tergiversados en este escenario”, resaltó.
En medio de un ambiente dividido y la posible presencia en el recinto de diferentes sectores sociales, se espera el segundo y definitivo debate en plenaria, cuya fecha aún está por definirse.
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