El Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los derechos colectivos relacionados con la seguridad pública de los consumidores y usuarios frente a los riesgos asociados con la compra virtual del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y ordenó a varias entidades adoptar medidas para prevenir y combatir las modalidades de fraude utilizadas en su comercialización.
La decisión fue adoptada dentro de una demanda presentada contra la Presidencia de la República, los ministerios de Transporte y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Superintendencia Financiera. El demandante cuestionó la falta de acciones efectivas y coordinadas para enfrentar las estafas cometidas mediante páginas web, aplicaciones, líneas telefónicas y otros canales digitales empleados para adquirir el SOAT.
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Durante el proceso, la Superintendencia Financiera informó que entre 2022 y 2025 recibió 2.870 reportes relacionados con fraudes en la compra virtual del seguro. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación reportó la existencia de investigaciones activas relacionadas con la emisión ilegal del SOAT.
El Tribunal señaló que, aunque algunas de las entidades demandadas acreditaron la realización de campañas de prevención, labores de supervisión, investigaciones, órdenes administrativas y sanciones, no se demostró la existencia de una estrategia estatal coordinada, preventiva y permanente que permitiera garantizar condiciones seguras para la adquisición del SOAT mediante canales virtuales.
Ante esta situación, la sentencia impartió órdenes específicas a las autoridades, de acuerdo con sus competencias. A la Superintendencia Financiera le ordenó formular e implementar, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del fallo, un plan destinado a garantizar que las aseguradoras dispongan de canales digitales seguros para la adquisición del SOAT y de mecanismos de detección temprana del fraude.
A la Fiscalía General de la Nación le ordenó fortalecer las estrategias investigativas frente a los delitos relacionados con la comercialización fraudulenta del seguro. Mientras tanto, la Policía Nacional, a través del Centro Cibernético Policial, deberá reforzar las acciones para identificar y desmontar páginas web, perfiles y canales digitales utilizados para cometer este tipo de estafas.
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El Ministerio de Transporte también recibió la orden de fortalecer los mecanismos para que los ciudadanos puedan verificar de manera simple, inmediata y gratuita la autenticidad y vigencia de las pólizas registradas en el RUNT, además de desarrollar campañas permanentes de prevención frente a estas modalidades de fraude.
La decisión estableció, igualmente, que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República deberá convocar y liderar una mesa interinstitucional encargada de diseñar e implementar una estrategia nacional articulada de prevención, detección y reacción frente al fraude en la comercialización virtual del SOAT.