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A menos de un año de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela vuelve a estar en el centro del debate internacional por presuntas violaciones graves a los derechos humanos.
Amnistía Internacional (AI) publicó un informe que levanta fuertes alarmas sobre un “aumento drástico” de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, justo después de que el Consejo Nacional Electoral declarara vencedor a Nicolás Maduro.
El documento, titulado “Detenciones sin rastros: el crimen de desaparición forzada en Venezuela”, detalla 15 casos documentados en los últimos meses, que muestran un patrón de detenciones sin justificación, incomunicación, estigmatización pública y nula garantía de debido proceso.
Según AI, esto no solo ha sido recurrente, sino también generalizado, con víctimas en varios puntos del país y a manos de distintos cuerpos de seguridad.
Lo más grave, a juicio de la organización, es que se trataría de un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con los estándares del Estatuto de Roma.
En otras palabras, no se trata de hechos aislados, sino de una política estatal bien estructurada. “Existe un alto nivel de organización, coordinación institucional y uso de recursos del Estado para ejecutar estas detenciones”, afirmó AI en el informe.
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Entre los afectados hay ciudadanos de seis países: Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay. La mayoría fueron detenidos en medio de protestas o actividades políticas, y muchos pasaron horas o días incomunicados, sin que sus familias supieran su paradero.
Además, el informe señala que funcionarios del sistema judicial —jueces y fiscales— también habrían jugado un papel clave en el encubrimiento o legitimación de estas acciones, al permitir detenciones arbitrarias sin pruebas claras y negando el derecho a la defensa.
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Amnistía Internacional pidió que estos hechos sean investigados según las normas de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y que se deslinden responsabilidades hasta el nivel más alto del Estado venezolano. “Esto incluye tanto a altos funcionarios del gobierno como a quienes, desde la justicia, han avalado esta política represiva”, señaló.
La organización también denunció que muchas de las personas detenidas fueron acusadas de delitos como “terrorismo”, sin pruebas concretas ni acceso a un juicio justo.
Mientras tanto, el Foro Penal registra 940 presos políticos en el país, la mayoría capturados después de los comicios. El Gobierno y la Fiscalía niegan esas cifras y aseguran que no hay presos políticos, sino personas detenidas por cometer delitos comunes. Una afirmación que, a la luz del nuevo informe, sigue generando escepticismo dentro y fuera de Venezuela.
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