Las autoridades fallaron al no adoptar acciones para proteger a los defensores de derechos humanos que están en riesgo, razón por la cual Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno para que tome medidas que permitan que su actividad no se convierta en algo mortal.Así se desprende del informe "Esperanza bajo riesgo: la falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa", publicado este jueves por esta organización y en el que se alerta que el Estado ha respondido de forma insuficiente en los últimos cinco años a los "graves riesgos" que enfrentan los defensores."Amnistía Internacional ha recibido innumerables denuncias de personas defensoras de derechos humanos que sufren ataques y amenazas por la labor que desempeñan", expresó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.Agregó que entre 2020 y 2023 han observado que "las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país"."Ante esta crisis, nuestra investigación deja clara la necesidad de una respuesta institucional fuerte, integrada y coordinada", advirtió.Cifras preocupantesAl recopiló las cifras que entidades estatales y ONG han publicado sobre los asesinatos de defensores de derechos humanos.Según el Programa Somos Defensores, por ejemplo, 199 líderes sociales fueron asesinados en 2020, 139 en 2021 y 197 en 2022.Entre tanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) había documentado hasta septiembre el asesinato de 127 líderes sociales y defensores de derechos humanos.En ese sentido, al relatar en su informe cinco casos de ataques y amenazas a defensores en cuatro regiones del país, uno de los cuales es el de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos de Santander (Fedepesan).Esta organización, que defiende los cuerpos de agua del Magdalena Medio y la forma de vida de los pescadores de las ciénagas que rodean el municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, "persiste en su defensa del ambiente en un contexto de ataques y amenazas", según el documento.Amnistía advierte que Yuly Velásquez, su presidenta, ha sido atacada por lo menos tres veces por personas armadas en los últimos años.Cierre del Gobierno de Duque y primer año de PetroManifestó que durante el cierre del Gobierno de Iván Duque, que fue presidente entre 2018 y 2022, el ejecutivo adoptó "medidas contraproducentes" para proteger a los defensores y se resistió a cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, firmado por el Gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016, para proteger a estas personas.Lea también: Le puede interesar:
Amnistía Internacional (AI) pidió hoy un alto el fuego inmediato con el objetivo de evitar más pérdidas de vidas y civiles y garantizar la entrada de ayuda vital en la Franja de Gaza para abordar la "catástrofe humanitaria sin precedentes" que padece el enclave palestino por los incesantes bombardeos israelíes desde el 7 de octubre."Es necesaria una acción urgente para proteger a la población civil y evitar que se alcancen nuevos niveles asombrosos de sufrimiento humano. Instamos a todos los miembros de la comunidad internacional a que se unan para exigir a todas las partes en el conflicto un alto el fuego humanitario inmediato", dijo la secretaria general de AI, Agnès Callamard, en un comunicado.En la nota, lamentó que en las dos últimas semanas y media el mundo haya sido testigo del "horror que se ha desatado a una escala inimaginable en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados", y consideró que "ante tal devastación y sufrimiento sin precedentes, la humanidad debe prevalecer".Al menos 7.028 palestinos han muerto y 18.484 han resultado heridos por los ataques israelíes contra la Franja de Gaza, controlada por Hamás, desde el inicio de la guerra el 7 de octubre entre Israel y el grupo islamista palestino, informó este jueves el Gobierno de Sanidad del enclave.Entre los fallecidos en la Franja hay al menos 2.913 niños, 1.709 mujeres y 397 ancianos."Es probable que la inminente ofensiva terrestre de las fuerzas israelíes en Gaza tenga consecuencias cataclísmicas para la población para la población civil de Gaza, como presagian las ominosas amenazas lanzadas por el Ejército israelí a los civiles que permanecen en el norte de Gaza", añadió el comunicado.Asimismo, la organización afirmó haber documentado "indicios de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes y Hamás y otros grupos armados", que deben ser investigados de forma independiente para "poner fin a la prolongada impunidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad".Ante estas circunstancias, con la petición del alto el fuego AI se une al relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967 y a las agencias de la ONU que trabajan en Palestina, entre otros defensores de los derechos humanos.A sus reclamaciones, AI añadió que Israel permita de inmediato el suministro sin trabas de ayuda humanitaria a la población civil de la Franja de Gaza y levante el bloqueo ilegal que mantiene sobre el enclave desde hace 16 años, y pidió a la comunidad internacional que "imponga un embargo total de armas a todas las partes en conflicto".También solicitó una investigación a la Corte Penal Internacional, la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás y otros grupos armados, así como la liberación de los palestinos retenidos por Israel.Le podría interesar:
Amnistía Internacional (AI) pidió este viernes la investigación urgente de varios ataques del Ejército de Israel en Gaza que ha documentado y considera que pueden constituir crímenes de guerra.La organización de derechos humanos, que sigue recabando información sobre el terreno, ha dado detalles de cinco casos en los que el Estado israelí ha bombardeado objetivos "indiscriminados" sin tomar presuntamente las precauciones debidas para proteger a la población.Por este motivo, AI, que ha reunido testimonios y sometido a análisis imágenes de satélite, exige a Jerusalén en un comunicado que "ponga fin a los ataques ilegales y respete el derecho internacional humanitario".Demanda que revoque la orden de evacuación de los palestinos; acabe con el bloqueo de suministros a la Franja, que califica de "castigo colectivo"; y permita la entrada de ayuda humanitaria.También pide que permita el acceso inmediato a la Comisión Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU para que pueda recopilar pruebas y testimonios.Amnistía, dirigida por Agnès Callamard, solicita asimismo a la comunidad internacional, y en particular a los aliados de Israel Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, que "impongan un embargo de armas integral a todas las partes en conflicto".Les exige "abstenerse de cualquier declaración o acción que, aunque sea indirectamente, legitime los crímenes e infracciones de Israel en Gaza" y que presionen al Estado judío para que "levante su bloqueo ilegal de 16 años a la Franja de Gaza, que "es un crimen de guerra y un aspecto clave del sistema de apartheid de Israel".AI pide además a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que "acelere la investigación sobre la situación de Palestina y los presuntos crímenes cometidos por todas las partes".A Hamás y otros grupos armados, les exige "poner fin de inmediato a los ataques deliberados contra civiles, al lanzamiento indiscriminado de cohetes y a la toma de rehenes", a los que "deben liberar incondicional e inmediatamente".Amnistía investigó cinco ataques israelíes contra Gaza entre el 7 y el 12 de octubre en los que supuestamente el Estado judío violó la ley, aunque dice que hay muchos más ejemplos.Asimismo, ha documentado el bombardeo el 7 de octubre de un edificio de viviendas de tres plantas en el barrio de al-Zeitoun, donde murieron quince miembros de una familia, siete de ellos niños.El 8 de octubre, un ataque aéreo israelí alcanzó el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, matando a varios civiles, y el 9 de octubre bombardeó un mercado en el campo de refugiados de Jabalia, con la muerte de al menos 69 personas.El 10 de octubre, otro ataque aéreo mató a 12 miembros de la familia Hijazi y a cuatro de sus vecinos en la calle al-Sahaba de la ciudad de Gaza, dice AI.El mismo día, otro bombardeo alcanzó un edificio de seis plantas en Sheikh Radwan, que lo destruyó completamente y mató al menos a 40 civiles.La investigación de Amnistía halló que un miembro de Hamás residía en una de las viviendas, pero no estaba allí durante el ataque. La organización señala que "la pertenencia a un grupo político no convierte por sí mismo a un individuo en un objetivo militar"."Incluso si esa persona fuera un combatiente, su presencia en un edificio civil no convierte al edificio ni a ninguno de los residentes en un objetivo militar", dice la organización, que asegura que Jerusalén no emitió las advertencias adecuadas ni facilitó la protección de los vecinos."Con su intención declarada de usar todos los medios para destruir a Hamás, las fuerzas israelíes han mostrado un asombroso desprecio por las vidas de los civiles", declara Callamard en el comunicado."Han pulverizado calle tras calle de edificios residenciales, matando a civiles a gran escala y destruyendo infraestructura esencial, al tiempo que las restricciones impuestas significan que Gaza se está quedando rápidamente sin agua, medicinas, combustible y electricidad", añade."Durante 16 años, el bloqueo ilegal de Israel ha convertido Gaza en la prisión al aire libre más grande del mundo", dice la activista, que pide a la comunidad internacional "actuar ahora para evitar que se convierta en un cementerio gigante".Le podría interesar:
Amnistía Internacional (AI) advirtió que el número de venezolanos reconocidos como refugiados en Colombia hasta junio pasado es bajo si se compara con la cifra total de migrantes que hay en el país andino."Si bien las personas solicitantes de la condición de refugiado están protegidas contra la devolución a su país de origen, no tienen el derecho de trabajar, lo que sin duda se convierte en un obstáculo para la supervivencia de las personas con necesidad de protección internacional en el país", aseguró AI en el informe "Regularizar y Proteger: Obligaciones Internacionales de Protección de Personas Venezolanas".Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Plataforma R4V), Colombia es el país que alberga el mayor número de ciudadanos del país caribeño."Según la Plataforma R4V, esta población alcanzaba unas 2.477.588 personas. Sin embargo, si se tiene en cuenta la información recopilada por el Migration Policy Institute, esta cifra llegaría a 2.894.593 y representa el 40 % de las personas venezolanas refugiadas en América Latina y el Caribe y el 93 % de las personas extranjeras en Colombia", agregó el documento de AI.De ese total, apenas 47.796 personas venezolanas han realizado solicitudes de asilo entre 2016 y 2022, de las cuales sólo fueron otorgadas 1.367.Estatuto temporal de protecciónSin embargo, en 2021 fue creado el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV) y a él, hasta octubre de 2022, habían accedido 1.627.005 personas.Este mecanismo "ofrece una solución durable en tanto otorga a las personas venezolanas un estatus migratorio regular por 10 años, e incluso les permite luego optar por otros tipos de residencia", así como "les autoriza a trabajar y acceder a servicios de salud y educación"."Sin embargo, existe ambigüedad respecto de la protección que este programa ofrece frente a la devolución de personas venezolanas a su país de origen, donde existen riesgos para su integridad y otros derechos. Además, las exigencias documentales y limitaciones de fecha para inscribirse para el ETPV excluyeron a un gran número de personas", detalló Amnistía.La organización también lamentó las demoras en el proceso para acceder al estatuto, que son superiores a un año, y que sean rechazadas "personas que habían sido sancionadas por infracciones no penales también conocidas como medidas correctivas, previo a inscribirse al ETPV"."Causan preocupación los reportes de personas obligadas por personas funcionarias a desistir del ETPV por tener pendiente una solicitud de asilo o a la inversa, en tanto puede dejar a las personas venezolanas desprotegidas", manifestó AI.RecomendacionesAmnistía Internacional recomendó al Gobierno "garantizar el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada para todas las personas venezolanas, incluyendo el acceso efectivo y sin demoras al procedimiento".Igualmente le pidió garantías al Gobierno para que los venezolanos no sean retornados de forma forzada a su país y "respetar el principio de no devolución en todas las circunstancias".También sugirió que todos los venezolanos puedan "solicitar tanto el acceso al ETPV como al asilo y el Estado colombiano no los presente como excluyentes". Le puede interesar:
Varias ONG defensoras de los derechos humanos pidieron este lunes en una carta abierta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que la cumbre sobre Venezuela que planea acoger el mandatario esta semana ponga el foco sobre el Estado de derecho y la situación de los presos políticos en el país."Consideramos fundamental que las conversaciones de Bogotá procuren que Venezuela recorra el camino hacia el restablecimiento del Estado de derecho como elemento esencial para superar la crisis de derechos humanos que atraviesa desde hace años", dijeron las organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional.En concreto, los grupos pidieron que las autoridades venezolanas se comprometan a luchar contra la impunidad, y valoraron el objetivo promulgado por Petro de que el país presidido por Nicolás Maduro vuelva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (IDH).También exigieron que se establezca una hoja de ruta para liberar a las personas encarceladas "por motivos políticos". "En la actualidad se estiman alrededor de 300 personas detenidas arbitrariamente", dice la carta.Por último, las organizaciones criticaron el proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiación de las ONG que aprobó en enero el Parlamento venezolano, y pidieron que "estas propuestas legislativas que limitan la defensa de derechos humanos" sean "desechadas".Con todo, los grupos elogiaron la celebración de la cumbre y desearon que se convierta en "un espacio fructífero".La carta abierta la firmaron, además de Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Washington Office on Latin America (WOLA), el Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P) y el International Service for Human Rights (ISHR).El encuentro en Bogotá sobre Venezuela se realizará este martes, y contará con la asistencia de cancilleres o delegados de alrededor de 20 países, incluidos representantes de Estados Unidos.
Tres años después de que iniciara la pandemia de la COVID-19, América Latina sigue sufriendo las consecuencias "devastadoras": una gran recesión económica, gobiernos que no garantizan los derechos básicos y la intensificación de tácticas represivas para acallar las protestas, informó Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre derechos humanos."Las autoridades no garantizaban (en 2022) el acceso de millones de personas a los derechos básicos a la alimentación, el agua y la salud, y los sistemas de atención de la salud seguían adoleciendo de una grave falta de fondos. En un contexto de recesión económica, en muchos países las autoridades intensificaron el uso de tácticas represivas para acallar la disidencia y numerosas formas de protesta", se lee en el documento, que analizó la situación de 2022 en las regiones y en los países del mundo."Los gobiernos deben tomar medidas inmediatas que aseguren la asignación del máximo posible de recursos disponibles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones básicas mínimas en materia de derechos económicos, sociales y culturales", consideró la organización.Varios gobiernos declararon estados de excepción que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, como detenciones, juicios injustos y homicidios ilegítimos, agregó AI.Además, la represión se ejecutó usando fuerza excesiva contra quienes ejercían su derecho a protestar, sometiendo a vigilancia ilegítima y seguimiento a activistas, y atacando a periodistas.En varios países, informa el documento, activistas y movimientos sociales salieron a la calle para reclamar derechos económicos y sociales básicos, el fin de la violencia de género y la excarcelación de las personas detenidas de forma injusta, y para defender el medioambiente.Asimismo, agregó la organización, sectores de la población discriminadas como personas negras o pueblos indígenas fueron víctimas "de manera desproporcionada" de violaciones de derechos humanos, como abusos policiales y tortura y otros malos tratos en los centros de detención de personas migrantes.Por otra parte, AI aseguró que "en la región se produjeron importantes retrocesos en relación con los derechos sexuales y reproductivos" y, en varios países, las autoridades aprobaron medidas que menoscababan el acceso al aborto y prohibían la educación sexual integral.La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada, y las personas LGBTI seguían corriendo peligro. En algunos países se registró un nivel sin precedentes de asesinatos de personas transgénero.Las autoridades no protegieron a las mujeres y las niñas contra la arraigada violencia de género ni abordaron la impunidad por esos delitos."Los gobiernos de toda la región deben tomar medidas urgentes para prevenir los femicidios y feminicidios y los asesinatos de personas LGBTI, llevar a quienes sean responsables de esos crímenes ante la justicia y garantizar que se establecen garantías de no repetición", opinó AI.La impunidad, un gran problema en muchos países de América Latina, continúa arraigada. Sobre el cambio climático, AI consideró que los gobiernos no cumplieron sus compromisos relativos al cambio climático.Por último, la migración y "los nivele históricos" de personas en busca de refugio continuaron en aumento y las autoridades aplicaron "políticas regresivas que menoscababan los derechos de las personas refugiadas y migrantes y contravenían el derecho internacional", aseguró AI.Le puede interesar:
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, sobre las votaciones en Nicaragua este fin de semana que dieron como ganador a Daniel Ortega.Rosas calificó l nueva era de ese gobierno como un “terror” para las personas que aún siguen defendiendo el país y que pone en jaque a las organizaciones defensoras de derechos humanos.“Amnistía Internacional no está en Nicaragua porque el régimen de Daniel Ortega no permite nuestra presencia, pero hemos escuchado que hubo poca afluencia en los pestos de votaciones y los que fueron, participaron por el acoso para votar por el único candidato que sabía había”.“La perspectiva de otro gobierno de Daniel Ortega es de terror. Sabemos lo que ha pasado en los últimos años de su gobierno, graves violaciones a los derechos humanos, inclusive, actos que se consideran crímenes de lesa humanidad”, añadió.La directora denunció que durante los comicios se reportaron, por lo menos, 21 detenciones de ciudadanos, incluyendo periodistas.“Detenciones arbitrarias, personas tras las rejas de manera ilegal. Se han reportado, por lo menos, 21 detenciones arbitrarias en la jornada de votaciones. Esto es de mucho terror y miedo para las personas que aún defienden este país y para las organizaciones”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:Escuche las noticias del momento en el podcast de BLU Radio:
Amnistía Internacional (AI) ha pedido una reunión con la Premier League para hablar sobre las políticas de aceptación de dueños en la competición después de la compraventa del Newcastle United.El club inglés ha sido adquirido por un fondo saudí ligado al gobierno del país, puesto en duda por sus crímenes contra los derechos humanos como el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Estambul.La presidenta de Amnistía Internacional en el Reino Unido, Sacha Deshmukh, ha escrito al presidente ejecutivo de la Premier, Richard Masters, pidiendo una reunión para tratar cambios en las políticas de dueños y presidentes de la competición."La forma en la que la Premier League ha permitido este acuerdo abre muchas preguntas sobre lavado de imagen en el deporte, derechos humanos e integridad en el fútbol inglés", dijo Deshmukh."¿Cómo puede estar bien que las políticas actuales de la Premier League no digan nada sobre los derechos humanos? El fútbol es un deporte global que necesita actualizar sus reglas para evitar que aquellos implicados en violaciones de los derechos humanos puedan comprar su entrada en el fútbol inglés", añadió.Según explicó la Premier League, recibió "garantías judiciales" de que Arabia Saudí no controlará el club, por lo que pudo dar luz verde a la operación.Escuche las noticias deportivas destacadas en BLU Radio:
El Secretariado Internacional de la Oficina Regional para Las Américas de Amnistía Internacional le envió una carta al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la que manifiesta su preocupación por los perfilamientos que desde la administración estarían haciendo a activistas sociales, periodistas y algunos ciudadanos. En la carta, Amnistía Internacional asegura que, señalar a un movimiento de derechos humanos como “atacantes”, puede incrementar el riesgo al que se exponen los líderes en un país como Colombia. Lea también: No son perfilamientos, sí monitoreos: Hassan Nassar por polémico listado de personajesLa ONG hace referencia al caso puntual del movimiento Ríos Vivos, que ha defendido y se ha opuesto abiertamente al proyecto Hidroituango por sus afectaciones ambientales. “Hacemos un llamado a su gestión que tome las medidas necesarias para crear un espacio seguro para que el Movimiento Ríos Vivos pueda continuar su labor de proteger los derechos humanos, y se abstenga de tomar acciones que puedan contribuir para la estigmatización e incremento del riesgo del Movimiento”, se lee en el documento. La vocera del movimiento Ríos Vivos aseguró que "el alcalde no tiene que pagar millones de pesos para conocer nuestras denuncias" y le pidió Quintero que los escuche en una reunión.
Amnistía Internacional llamó este miércoles al mandatario venezolano Nicolás Maduro a reconocer la grave crisis socioeconómica y permitir la ayuda humanitaria impulsada por el opositor Juan Guaidó, pero advirtió contra el uso de las necesidades de salud "como herramienta de negociación política"."Esperamos que las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro no solo reconozcan esta gravísima crisis (...) pero que además garanticen el acceso y sobre todo garanticen que esta cooperación sea entregada a las comunidades y a las personas que más lo necesitan", dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.Un cargamento de alimentos y medicinas donados por Estados Unidos está acopiado en Colombia, y otros países latinoamericanos y europeos se comprometieron con millones de dólares en asistencia, a solicitud de Guaidó, reconocido por 50 naciones como presidente interino de Venezuela.Pero la ayuda humanitaria está en el medio de una pugna política entre Guaidó y Maduro, que ordenó impedir su entrada al considerar que se trata de la puerta a una intervención militar para derrocarlo."Los Estados tienen la obligación de proveer de esta cooperación internacional sin ninguna condición y asegurarse que esta cooperación, esta asistencia llegue directamente a las manos de las personas en situación de mayor vulneración", dijo Guevara a los países oferentes.Para la ONG de defensa de los derechos humanos "el sufrimiento generalizado de estas personas (que esperan la ayuda) no debe ser usado como una herramienta de negociación política", añadió la representante de AI en rueda de prensa este miércoles.Venezuela niega la existencia de una crisis humanitaria y atribuye la hiperinflación y severa escasez de alimentos y medicinas, que forzó al exilio a 2,3 millones de personas desde 2015, a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.Guevara indicó que Amnistía Internacional no acompañará el plan de Guaidó para hacer entrar la ayuda humanitaria este sábado por las porosas fronteras con Colombia y Brasil.No obstante, pidió que la coordinación de la ayuda recaiga en organizaciones de la sociedad civil "para garantizar que esta asistencia llegue a las manos de las personas que la necesiten sin que se politice, ni condicione la entrega".La profundización de la crisis socioeconómica incitó continuas protestas, dijo a periodistas Marco Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que cuantificó 2.500 focos solo en enero, crecientemente en zonas populares que en el pasado se identificaban con el gobierno.Amnistía Internacional documentó 41 asesinatos por la represión oficial entre el 21 y el 25 de enero, producto de "una política represiva y sistemática" para "silenciar las voces" de los manifestantes, y que se ha vuelto "selectiva en contra de personas que protestan en sectores populares", dijo Guevara.Acusando a las fuerzas de seguridad de haberse convertido en "perpetradoras de las peores violaciones de derechos humanos", Guevara llamó a la fiscalía de la Corte Penal Internacional tomar en cuenta esos asesinatos recientes en el examen preliminar que realiza para determinar su competencia para investigar a Venezuela.
El reconocido cantante paisa Juan Esteban Aristizabal, conocido como Juanes, dio un importante paso en su carrera, esta vez incursionando en el mundo del cine con su primera actuación en una película. Este lunes, 7 de octubre, Prime Video celebró el estreno de “Pimpinero: Sangre y Gasolina” , la película en la que Juanes comparte créditos con reconocidos actores como Alberto Guerra, Alejandro Speitzer y Laura Osma.Una historia cargada de adrenalinaLa trama de Pimpinero está ambientada en el desierto de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, un lugar donde los contrabandistas de gasolina, conocidos como “pimpineros”, arriesgan sus vidas diariamente transportando combustible ilegal entre ambos países. Este tema tan poco explorado en el cine latinoamericano promete llevar a los espectadores a un viaje lleno de tensión, acción y dilemas morales.La cinta fue filmada en el desierto de La Guajira, en el norte de Colombia, una ubicación que representó un desafío tanto por sus altas temperaturas como por la falta de infraestructura, lo que requirió que más del 90% de los conjuntos fueron construidos o modificados. por el equipo de producción. A pesar de estos retos, el equipo logró capturar la esencia del entorno árido y hostil, brindando un contexto auténtico para la narrativa.El debut de Juanes como actorJuanes, quien encarna a Moisés en la película, explicó durante el estreno cómo se involucró en el proyecto y lo que significó para él interpretar a este personaje.Juanes también mencionó que cuando el director Andrés Baiz lo contactó, no dudó en aceptar el reto, aún sin saber de qué se trataba el proyecto.Durante el evento de estreno, que tuvo lugar en un prestigioso teatro, se destacó el carisma del cantante colombiano como anfitrión y el impacto de su interpretación en esta producción cinematográfica. Los críticos y asistentes elogiaron su versatilidad al dar vida a Moisés, un personaje clave en la historia de Pimpinero .Próximo estreno y expectativasLa película llegará a los cines de Colombia el próximo 10 de octubre, marcando un hito en la carrera de Juanes, quien debuta en la gran pantalla con una producción que promete ser un éxito tanto a nivel nacional como internacional. Posteriormente, Pimpinero estará disponible en la plataforma de streaming Prime Video, donde se espera que alcance una audiencia global.Con una historia intrigante, actuaciones poderosas y un escenario desafiante, Pimpinero: Sangre y Gasolina no sólo marca el debut actoral de Juanes, sino también una mirada cruda y realista a la vida de los pimpineros, un fenómeno poco conocido fuera de las fronteras colombianas. Los fanáticos del cantante y los amantes del cine de acción esperan con ansias el estreno de esta prometedora película.Le puede interesar:
El pasado sábado, 5 de octubre, un trágico accidente en la vía La Mesa, Cundinamarca, dejó un saldo de seis personas fallecidas y 22 heridas, conmocionando a la comunidad local y nacional. El siniestro involucró a un bus de la empresa Turiscol, con placas WPQ 888, que transportaba a 28 estudiantes de veterinaria de la Corporación Educativa Nacional (CEN) con destino a Bogotá.El accidente ocurrió a la altura de Puerto Araujo, cuando el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó el volcamiento del bus. Según los reportes, el conductor manejaba a alta velocidad y no pudo maniobrar correctamente en una curva, llevándolos a estrellarse contra un barranco.Una de las sobrevivientes, identificada como Dayana Fierro, permanece hospitalizada en Facatativá, donde recientemente fue sometida a una cirugía. Su madre, Mercedes Moreno, compartió un angustiante relato con Noticias Caracol, revelando detalles que pudieron haber prevenido el siniestro. "El señor venía muy rápido y la flota olía a quemado. Ella se acercó y le dijo al conductor que redujera la velocidad, pero él no quiso. Fue cuando perdió el control en la curva y se fue contra el barranco", relató Moreno.El accidente cobró la vida de cinco jóvenes estudiantes, todas entre los 18 y 22 años de edad, quienes fueron identificados como:María Alejandra Blanco Bueno, de 22 años.Karen Lorena Camero Galvis, de 18 años.Valentina Cifuentes Rueda, de 19 años.Mileidy Katherin Galvis Moreno, de 20 años.Paula Andrea Camargo Marín, de 20 años.Las autoridades de salud informaron que algunos de los heridos podrían ser dados de alta en las próximas horas, aunque varios tendrán que continuar hospitalizados debido a la gravedad de sus heridas por el accidente.
Familiares buscan a Jhoan Sebastián Correa Rueda, quien llegó de un vuelo internacional a Bogotá, recibió la llamada de su papá y de un momento a otro la comunicación se perdió.Sofia Correa, hermana y periodista de un canal regional en Bucaramanga, afirmó: “Tuvo un vuelo desde México hacia Bogotá, llegó y a las 6:00 p. m. habló con el papá y le contó que iba hacia la Terminal de Transportes, pero que estaba terminando de hacer unas vueltas en el aeropuerto El Dorado. De un momento a otro la llamada se corto y se pudo percibir que lo robaron, mi papá volvió a insistir, pero no contestaban”.>>> Lea también: Impresionante número de capturados por tráfico de drogas en Bucaramanga y el áreaDesde el lunes 7 de octubre Jhoan Sebastián está desaparecido. La familia está a la espera de conocer el paradero del joven, pues no han tenido comunicación.“Queremos saber que esté bien, que no esté herido, estamos preocupados”, es el clamor de Sofia, quien pidió colaboración a los habitantes que puedan conocer el paradero de su hermano avisar a las autoridades.Correa agregó que su hermano es una persona muy sana y que siempre está en permanente contacto con la familia, por eso es preocupante tantas horas sin saber del joven.
El presidente Gustavo Petro posesionó en la noche de este lunes a la magistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Becerra. Allí se refirió a los casos en los que considera que se ha politizado la justicia, y también a algunos casos de corrupción que se han presentado al interior de la rama judicial."No puedo ocultar que los días que estamos viviendo son bastante traumáticos mediáticamente en torno a las relaciones entre la justicia y el presidente, que yo creo que tenemos que asumir con franqueza", señaló Petro.Por otro lado, aseguró que debe haber un diálogo entre los sectores de la sociedad que han pedido algunos cambios y la justicia, advirtiendo que este podría ser un escenario complejo en el país.“Mi opinión es que hay que abrir un diálogo. Podemos estrellarnos, claro, y podemos derivar en una situación de conflicto social profundo. Esta vez es la revolución, y ya no es una revolución nacional, es mundial, porque, de lo contrario, los pueblos irían a la extinción, y los pueblos del mundo no se van a dejar extinguir. La vida es primero”, agregó el presidente.Asimismo, el mandatario se refirió al caso de México, donde en el congreso de ese país se aprobó recientemente la elección de jueces por voto popular, agregando que a veces la justicia y las instituciones no escuchan el voto popular.“México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no ocurre porque sí; ocurre porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas”, señaló el mandatario.
La reciente decisión de Gildardo Ortiz, padre de los populares influenciadores conocidos como 'Los Patojos', de alejarse de su hogar y de las redes sociales dejó a sus seguidores y círculo cercano profundamente conmocionados. Según una publicación en TikTok, Ortiz tomó esta determinación tras el fallecimiento de su esposa, Yeni Ariza, lo que desató una ola de reacciones y emociones tanto dentro de su familia como entre sus seguidores.Estas palabras causaron un fuerte impacto, ya que el retiro de Ortiz coincide con el anuncio de uno de sus hijos, quien también decidió alejarse del mundo digital por razones similares.Un adiós temporal en medio del dueloLa decisión de Gildardo Ortiz no sólo refleja el profundo dolor que enfrenta la familia tras la muerte de Yeni Ariza el pasado 26 de agosto, sino también el difícil manejo de las críticas que han recibido en redes sociales desde entonces. Aunque muchos han mostrado su apoyo incondicional a la familia en estos momentos de duelo, otros usuarios han cuestionado sus acciones, sugiriendo que se están "aprovechando" de la tragedia. Este cúmulo de comentarios y la tensión emocional han empujado a los miembros de la familia Ortiz a dar un paso al costado.Naren Alexander, el hijo mayor de Gildardo, fue quien anunció públicamente el retiro temporal de su padre y hermano, asegurando que respetará la decisión que tomó.“Ellos se fueron; No es nada fácil lo que estamos pasando. Es una decisión que tomó, y me toca respetarla para apoyarnos entre nosotros”, declaró Naren, mostrando la enorme carga emocional que ha enfrentado la familia desde el fallecimiento de Yeni.La carta de Yeni Ariza: un legado de fortalezaUna de las piezas más conmovedoras de esta historia es la carta que dejó Yeni Ariza antes de su fallecimiento, la cual fue revelada semanas después de su partida. En este documento, Yeni alentaba a sus hijos a "seguir con sus sueños" y "luchar por salir adelante". Las palabras de apoyo de su madre han servido como una guía para Naren y sus hermanos en medio del duelo. Naren comentó: “Las palabras que ella nos dejó escritas son muy claras”, así confirmó que el legado de apoyo y unión que fomentó Yeni sigue vivo en la familia.Reacciones divididas en redes socialesEl anuncio del retiro de los Ortiz generó una ola de reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos seguidores les envían mensajes de aliento y califican a la familia como “guerreros” por sobrellevar la situación, otros han sido más críticos. “No son críticas, es la realidad porque no se les ve nada de tristeza”, comentan algunos usuarios en referencia a la aparente calma de los influenciadores tras la pérdida. Un futuro incierto para 'Los Patojos'El futuro del proyecto digital familiar de 'Los Patojos' es ahora una incógnita. Naren Alexander expresaron la incertidumbre que siente ante la continuidad del canal sin la participación activa de su padre y su hermano. “Sin mi hermano y sin mi padre, las cosas pueden cambiar”, comentó reflejando el difícil camino que le espera a la familia en términos de su proyecto creativo y personal.A pesar de la incertidumbre, Naren fejó claro que las palabras de su madre seguirán siendo su guía para continuar adelante. El legado de Yeni Ariza parece haberse convertido en una brújula que mantendrá a la familia unida y firme en sus valores, independientemente de los retos que enfrenten en el futuro tanto personal como en las redes sociales.
