El más reciente informe anual de Amnistía Internacional, que analiza la situación de derechos humanos en 144 países, concluye que en 2025 se registra un deterioro significativo a nivel global. Así lo explicó Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas, quien aseguró en Mañanas Blu 10:30, que el contexto actual está marcado por “el aumento de prácticas autoritarias” y ataques a los sistemas de protección internacional.Ballesta sostuvo que “hoy en día los derechos humanos están bajo ataque”, señalando que este fenómeno responde a una combinación de factores como la vulnerabilidad de los mecanismos multilaterales y el debilitamiento del orden internacional basado en derechos. En ese sentido, enfatizó que principios como “la solidaridad, la dignidad y, por encima de todo, la humanidad” deben ser recuperados para enfrentar este escenario.Crisis del multilateralismo y desafíos para la ONUUno de los temas centrales abordados en el informe es el papel de los organismos multilaterales, especialmente Naciones Unidas. Frente a las críticas sobre su efectividad, Ballesta afirmó que “decir que los mecanismos multilaterales no funcionan (…) es desconocer también todas las cosas que sí se previenen”. No obstante, reconoció que existe una crisis que obliga a revisar su funcionamiento.“Probablemente necesitamos como sociedad global replantearnos y modificar algunos de los mecanismos políticos”, indicó, aunque subrayó que esto no implica desechar el sistema actual. “No hay que empezar de cero, tenemos que partir de la base de un sistema que existe”, agregó, insistiendo en la necesidad de evaluar aspectos como el balance de poder dentro del Consejo de Seguridad.Narrativas de poder y aumento de desigualdadesEl informe también advierte sobre un cambio en las narrativas dominantes a nivel global. Según Ballesta, el liderazgo mundial actual prioriza “el individualismo” y modelos que profundizan desigualdades. En sus palabras, existe “un orden mundial diferente que tiene narrativas racistas, misóginas, patriarcales”, lo que representa un riesgo para la protección de los derechos humanos.Además, alertó sobre el efecto multiplicador de estas tendencias: “funciona en realidad como una cámara de eco (…) para que se repliquen en otros sitios”, lo que refuerza la interconexión de las crisis a nivel global.Colombia: persistencia del conflicto y riesgos para líderes socialesEn el caso colombiano, Amnistía Internacional identificó dos grandes crisis: la reactivación de la violencia armada y los ataques contra líderes sociales. Ballesta señaló que “la población civil está prácticamente atrapada en esta situación y no se le protege”, evidenciando fallas en los mecanismos de seguridad.Asimismo, destacó que Colombia sigue siendo “el país más peligroso en el mundo para defender derechos humanos”, debido a la alta mortalidad de líderes y defensores. Frente a las políticas actuales, incluida la estrategia de “paz total”, indicó que “probablemente tendrían que acoger de una forma más central la perspectiva de derechos humanos”.Finalmente, la representante reiteró que estas problemáticas trascienden a un gobierno específico. “Nuestra denuncia (…) no viene de hace 2 o 3 años, sino desde la fundación de la organización”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a que las recomendaciones del informe sean consideradas para mejorar la situación en el país.Escuche la entrevista completa acá:
Amnistía Internacional (AI) ha presentado su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, revelando un panorama crítico para Colombia durante el año 2025. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por implementar la política de Paz Total, Camilo Vargas, director de la Oficina de Amnistía Internacional en Colombia, advirtió en Mañanas Blu, que "persiste e incluso se empeora un poco en las cifras la crisis humanitaria que afecta a mucha población civil".El informe destaca que el país sigue sumido en una violencia profunda, donde más de un millón y medio de personas resultaron afectadas por hechos violentos en el último año.Cifras escandalosas y una crisis humanitaria persistenteLa radiografía presentada por AI muestra un deterioro significativo de la seguridad. Durante 2025, se registraron 2.794 hechos violentos que incluyen homicidios, amenazas y desplazamientos forzados. Según el informe, una quinta parte de la población colombiana —más de nueve millones de personas— es considerada víctima del conflicto armado.Vargas explicó que el control social de los grupos armados no estatales es autoritario y violento: "Esas zonas vacías que por mucho tiempo controló la guerrilla, no llegó el estado a controlarlas y hoy en día diversos tipos de grupos armados no estatales son quienes ejercen el control social".Esta situación afecta principalmente a campesinos y poblaciones afrodescendientes e indígenas.Víctimas fuera del centro de la "Paz Total"Uno de los puntos más críticos señalados por la organización es la falta de claridad y participación en las mesas de negociación actuales. Amnistía Internacional sostiene que las garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas no han sido claras durante el 2025.Al respecto, Vargas manifestó que la sociedad civil no se siente escuchada en los procesos de negociación actuales, a diferencia de lo ocurrido en el proceso con las Farc: "No hay una conversación seria sobre verdad, justicia, reparación y no repetición. Y en cambio ven al gobierno negociando o hablando con los victimarios".Para la organización, el Estado parece no entender la complejidad de un conflicto que es distinto en cada territorio, como sucede en el Catatumbo o el Guaviare.Colombia: el lugar más peligroso para los defensoresEl informe sitúa a Colombia en una posición alarmante a nivel global, calificándolo como el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanosEn 2025, se registraron 165 asesinatos de líderes y defensores, siendo el año con la "mayor violencia letal" contra este grupo durante el actual Gobierno. Vargas enfatizó la gravedad de este hecho: "Es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos, porque aquí cuesta la vida, y eso es escandaloso". Escuche aquí la entrevista:
El dirigente opositor venezolano y exgobernador del estado Mérida, William Dávila, llegó a Colombia en su primera gira internacional tras ser liberado del centro de detención conocido como El Helicoide.Durante su estancia en Bogotá, Dávila busca visibilizar la precaria situación de los derechos humanos en su país y denunciar que, a pesar de las promesas de normalización del régimen, aún persisten más de 470 presos políticos bajo condiciones inhumanas.El horror dentro de El HelicoideDávila relató los padecimientos sufridos durante los 547 días que estuvo privado de su libertad, tras ser capturado violentamente al salir de una vigilia. El opositor desmintió las versiones oficiales que intentan mostrar el recinto de detención como un lugar con comodidades. "A mí me golpearon, me dieron un golpe en la cabeza... dormía con unos colchones en un colchón en donde me pasaban las ratas por encima", afirmó Dávila, quien desarrolló cuadros graves de septicemia, prostatitis y celulitis debido a la insalubridad.Además de las enfermedades físicas, el exgobernador denunció el uso de tortura psicológica mediante la suspensión arbitraria de audiencias, lo que le generó problemas de salud permanentes como hipertensión emocional."No tienes derecho a tener familiares, no tienes abogado privado... Estás capturado, estás secuestrado injustamente", enfatizó, señalando que nunca tuvo acceso a defensa legal durante su encierro.Una amnistía incompleta y la ruta electoralA pesar de haber sido incluido en un decreto de sobreseimiento por delitos de rebelión, terrorismo y asociación para delinquir, Dávila advirtió que la libertad en Venezuela es un espejismo. Según el dirigente, el gobierno de Delcy Rodríguez intenta "exportar una normalidad" que no existe."Eso es mentira. La amnistía no se está aplicando. Hay una tendencia a paralizar el proceso. No hay un militar libre. Los militares siguen presos y tenemos 475 presos", denunció en Mañanas Blu. Para el opositor, el panorama político cambió tras los eventos del 28 de julio de 2024 y el 3 de enero, fechas que considera hitos en la "victoria espiritual" y electoral de la oposición.Su agenda en Colombia incluye reuniones con embajadores y líderes de partidos como el Conservador, Liberal y Centro Democrático para insistir en la necesidad de elecciones libres y el cumplimiento de la soberanía popular.Escuche aquí la entrevista:
La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnes Callamard, calificó este domingo de "repugnante" la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de destruir infraestructuras en Irán si el país no reabre el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo y el comercio mundial."Nos vamos quedando sin palabras para denunciar y condenar. Los civiles iraníes serán los primeros en sufrir por la destrucción de centrales eléctricas y puentes", afirmó la activista en su cuenta personal de X."Sin calefacción, sin electricidad, sin agua, sin capacidad para moverse o huir, y todo lo que eso implica para su derecho a la vida. Una declaración repugnante", añadió.Trump amenazó hoy al Gobierno iraní con desatar "el infierno" si no reabre el paso estratégico que comunica el golfo Pérsico con el océano Índico antes de este martes, en un mensaje en su red social Truth Social."El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió el líder republicano."Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá", agregó.Posteriormente, dijo a la cadena estadounidense Fox News que cree que podría llegar a un acuerdo con Irán este lunes y aseguró que hay negociaciones en marcha.En caso de no alcanzar un pacto, afirmó estar "pensando en volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo".El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril).El Gobierno iraní ha restringido el paso por Ormuz en represalia por los ataques en su contra iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, a los que respondió también con el lanzamiento de misiles contra países del Golfo.El cierre de facto del estrecho así como la destrucción de infraestructuras energéticas en la zona ha provocado que se dispare el precio del petróleo y de otras materias primas en los mercados internacionales, afectando a las cadenas de suministro de todo el mundo.
La celebración del Mundial de fútbol el próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos puede convertirse en una amenaza para millones de aficionados, sobre todo por "las mortales y abusivas políticas estadounidenses de inmigración", alertó este lunes Amnistía Internacional (AI), que pidió a la FIFA y a los países anfitriones "acciones urgentes" que lo impidan.Bajo el mandato de su presidente Donald Trump, EE. UU., donde se disputan tres cuartas partes de los partidos del Mundial, se enfrenta a una "emergencia de derechos humanos", explica AI en su informe "La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026".En particular, destaca "las políticas de inmigración discriminatorias y por las detenciones arbitrarias y en masa por agentes enmascarados y armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias".“El Gobierno estadounidense ha deportado a más de 500.000 personas desde Estados Unidos en 2025: casi ocho veces el número de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial en el Estadio MetLife”, declaró Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de AI en un comunicado.En su informe, la ONG expone con detalle "los importantes riesgos que pueden correr, y cuyas repercusiones pueden sufrir, la afición, los jugadores, los periodistas, los trabajadores y trabajadoras y las comunidades locales en los tres países anfitriones", además de destacar que los derechos a la libertad de expresión y la protesta también están "amenazados".“La oleada de detenciones y deportaciones ilegítimas, que ha batido récords, sólo ha sido posible mediante la erosión de las salvaguardias de debido proceso, y ha socavado los derechos a la libertad y la seguridad de cientos de miles de personas migrantes y refugiadas. Estas políticas han destrozado comunidades y han creado un clima de temor en todo Estados Unidos", añadió Cockburn.Respecto a los otros anfitriones, "México ha movilizado 100.000 agentes de seguridad, incluidos militares, en respuesta a los elevados niveles de violencia, lo que aumenta el peligro para las personas que protestan. Entre ellas se encuentran las mujeres activistas que están planeando una protesta pacífica para el partido de inauguración en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en la que pedirán verdad, justicia y reparación por la desaparición de sus seres queridos".En Canadá, "el impacto de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver y una creciente crisis de vivienda han despertado el temor de que las personas sin hogar vuelvan a ser desplazadas y empujadas aún más a los márgenes", señala AI, que recuerda que el 15 de marzo, ·las autoridades de Toronto cerraron un centro de acogida contra el frío invernal que proporcionaba cobijo a personas sin hogar, ya que el lugar donde se ubicaba había sido reservado para su uso por la FIFA".AI también se refiere a "las prohibiciones de viajar dictadas por el gobierno de Trump, por lo que los aficionados y aficionadas de Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal no podrán viajar y entrar en el país para animar a sus equipos a menos que tuvieran un visado válido antes del 1 de enero de 2026".“A pesar de la increíble cifra de detenciones y deportaciones, ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses han dado garantías de que la afición y las comunidades locales estarán a salvo de la utilización de perfiles raciales y étnicos, las redadas indiscriminadas o la detención y deportación ilegítimas”, manifestó Cockburn.Por ello, "cuando sólo quedan algo más de 10 semanas hasta el inicio de la Copa Mundial, el compromiso de la FIFA respecto a un torneo en el que todo el mundo 'se sienta seguro, incluido y libre de ejercer sus derechos' requiere acciones urgentes para garantizar que la belleza del juego no corre el riesgo de tener un feo resultado", concluye la ONG.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, insistió en que la ley de amnistía sancionada este jueves es un perdón para personas que cometieron delitos en el país."Para que quede claro (....) amnistía es un perdón a cierto tipo de delito", dijo Rodríguez durante la sesión parlamentaria, y agregó que "uno no perdona a quien no haya cometido una falta" establecida en las leyes."Que nadie entienda que estamos aquí amparando la impunidad. No, es un perdón que está decidiendo el país político de Venezuela, a instancia y solicitud de la presidenta encargada", explicó el diputado.Agregó que la comisión especial de seguimiento a la ley aprobada en el Parlamento y el Programa para la convivencia democrática, instalado en enero por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, podrán revisar casos que no estén contemplados en la amnistía.Sin embargo, advirtió, que se deben tomar en cuenta los "límites establecidos" en la legislación.Varias ONG venezolanas defensoras de derechos humanos cuestionaron en enero, tras la propuesta presentada por la mandataria encargada, que se presente la amnistía como un perdón, porque asume a los presos políticos como culpables de delitos."Recordamos que estas personas fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución nacional y en las leyes venezolanas", declaró entonces la organización Provea.Por su parte, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó en ese momento que la amnistía no es un "perdón" porque "no implica que se acepte la responsabilidad en ningún ilícito".El Parlamento venezolano aprobó este jueves una histórica Ley de amnistía impulsada por el Gobierno encargado para hechos cometidos desde 1999, abarcando los 27 años del chavismo, pero solo sería aplicable para acusaciones relacionadas con 13 eventos y coyunturas políticas específicas dentro de ese período.Esta Ley de amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por la presidenta encargada, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabiliza 644 detenidos por estos motivos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en el marco de un proceso anunciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero.Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía han insistido en que no hay presos políticos en Venezuela, sino que las personas detenidas han cometido delitos.
El opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue liberado la madrugada de este viernes tras aprobarse el jueves una histórica ley de amnistía en el Parlamento de Venezuela, anunció el propio dirigente en su cuenta de X, donde también pidió poner el "foco" para que Venezuela vuelva a ser "libre"."Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena", dijo Guanipa en su cuenta de la red social.El también exdiputado consideró que la ley aprobada en el Parlamento "no es ninguna amnistía" sino un documento que pretende "chantajear a muchos venezolanos inocentes" y que excluye a gente que todavía se encuentra encarcelada."Los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria", indicó.En ese sentido pidió poner el "foco" para trabajar "sin descanso" hasta lograr que Venezuela "vuelva a ser libre y próspera", de la mano de Machado y el líder opositor en el exilio Edmundo González Urrutia.Guanipa reiteró su exigencia para que todos los presos políticos sean liberados "inmediatamente" y para que todos los exiliados regresen."Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero solo con la verdad por delante. Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio", sostuvo.Guanipa fue liberado hace casi dos semanas en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado en enero pasado por el Gobierno, pero horas después de salir de prisión fue detenido nuevamente y enviado a arresto domiciliario.El opositor salió directo de la cárcel a encabezar una caravana por la libertad de los presos políticos y de Venezuela. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, indicó luego que la detención de Guanipa se debió a que estaba tratando "de generar violencia" en el país y de "hacer un show".El Parlamento venezolano aprobó este jueves una histórica ley de amnistía para presos políticos detenidos durante períodos de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra el país.Esta ley de amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por la presidenta encargada, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabiliza 644 detenidos por estos motivos en el país, tras más de 400 excarcelaciones.
A menos de un año de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela vuelve a estar en el centro del debate internacional por presuntas violaciones graves a los derechos humanos. Amnistía Internacional (AI) publicó un informe que levanta fuertes alarmas sobre un “aumento drástico” de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, justo después de que el Consejo Nacional Electoral declarara vencedor a Nicolás Maduro.El documento, titulado “Detenciones sin rastros: el crimen de desaparición forzada en Venezuela”, detalla 15 casos documentados en los últimos meses, que muestran un patrón de detenciones sin justificación, incomunicación, estigmatización pública y nula garantía de debido proceso. Según AI, esto no solo ha sido recurrente, sino también generalizado, con víctimas en varios puntos del país y a manos de distintos cuerpos de seguridad.El foco: detenciones sistemáticas y uso político del sistema judicialLo más grave, a juicio de la organización, es que se trataría de un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con los estándares del Estatuto de Roma. En otras palabras, no se trata de hechos aislados, sino de una política estatal bien estructurada. “Existe un alto nivel de organización, coordinación institucional y uso de recursos del Estado para ejecutar estas detenciones”, afirmó AI en el informe.Entre los afectados hay ciudadanos de seis países: Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay. La mayoría fueron detenidos en medio de protestas o actividades políticas, y muchos pasaron horas o días incomunicados, sin que sus familias supieran su paradero.Además, el informe señala que funcionarios del sistema judicial —jueces y fiscales— también habrían jugado un papel clave en el encubrimiento o legitimación de estas acciones, al permitir detenciones arbitrarias sin pruebas claras y negando el derecho a la defensa.Llamado a investigar hasta el más alto nivel del EstadoAmnistía Internacional pidió que estos hechos sean investigados según las normas de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y que se deslinden responsabilidades hasta el nivel más alto del Estado venezolano. “Esto incluye tanto a altos funcionarios del gobierno como a quienes, desde la justicia, han avalado esta política represiva”, señaló.La organización también denunció que muchas de las personas detenidas fueron acusadas de delitos como “terrorismo”, sin pruebas concretas ni acceso a un juicio justo.Mientras tanto, el Foro Penal registra 940 presos políticos en el país, la mayoría capturados después de los comicios. El Gobierno y la Fiscalía niegan esas cifras y aseguran que no hay presos políticos, sino personas detenidas por cometer delitos comunes. Una afirmación que, a la luz del nuevo informe, sigue generando escepticismo dentro y fuera de Venezuela.
Las organizaciones no gubernamentales juegan un papel crucial en la defensa de los derechos humanos alrededor del mundo. Valentina Ballesta, directora adjunta de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional, explicó en Mañanas Blu que "Las ONG son vitales para acompañar a las víctimas y sobrevivientes, exigiendo el respeto a sus derechos". Sin embargo, en un contexto global de creciente represión, estos organismos enfrentan serias amenazas. Amenazas a la sociedad civil Ballesta señala que actualmente se vive un retroceso en la protección de las organizaciones no gubernamentales, no solo en países con regímenes autoritarios como Venezuela y Nicaragua, sino también en otras naciones que promueven restricciones. "Están atacando la base de la sociedad civil. Esto no es solo un problema político, sino un desafío a los derechos que se deben garantizar", enfatiza Ballesta. La legitimación de la represión Un ejemplo de esta situación es El Salvador, donde el presidente Bukele promueve leyes que, según él, buscan transparencia en las donaciones a ONG. Ballesta responde a estos planteamientos: "Ninguna ONG opera al margen de la ley. Estas leyes, que exigen controles excesivos, son represivas y deslegitiman el trabajo esencial de estas organizaciones". El caso de Rusia y la respuesta de Amnistía Internacional La situación es igualmente crítica en Rusia, donde Amnistía Internacional ha sido declarada "no grata". Ballesta afirma que, aunque el acceso a trabajar en ese país se ve comprometido, la organización planea tomar acciones específicas para continuar su labor. "En estos momentos, la resistencia de las ONG no se detiene. Continuaremos denunciando la violación de los derechos humanos, independientemente de la política de cualquier gobierno", asegura. El efecto dominó en el ámbito internacional La creciente represión a las ONG no solo afecta a países específicos. Ballesta menciona el impacto del liderazgo de Estados Unidos, donde la retórica de figuras como Donald Trump ha reforzado las narrativas en contra de las organizaciones. "El mensaje que se envía es que la sociedad civil no debe funcionar. Esto provoca un efecto dominó que complica aún más la situación", explicó. Escuche aquí la entrevista:
Con el lema “Cooperación en transformación”, del 24 al 27 de abril se desarrolló en Bogotá el Skillshare sobre Migración 2025, un encuentro convocado por Amnistía Internacional que reunió a representantes de instituciones del Estado, organizaciones sociales y mecanismos internacionales de derechos humanos. El objetivo fue repensar colectivamente el papel de la cooperación internacional frente a los desafíos que enfrentan las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.El evento tuvo lugar en la Universidad EAN y en el Centro Felicidad CEFE de Chapinero, y centró su atención en la búsqueda de soluciones sostenibles y colaborativas para garantizar los derechos de las personas en movilidad humana. El caso colombiano fue eje central de la discusión, teniendo en cuenta que el país alberga a cerca de 2,9 millones de migrantes venezolanos, lo que lo convierte en uno de los principales destinos de esta población a nivel mundial.Durante la jornada inaugural, se abordaron los cambios recientes en la cooperación internacional, especialmente el papel de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC) y los retos que enfrenta Colombia ante la disminución del financiamiento externo. Uno de los primeros paneles, titulado “Colombia en clave de cooperación: prioridades en movimiento”, abrió la discusión sobre cómo el país puede articular mejor sus esfuerzos en un contexto global cada vez más desafiante.El 24 de abril también se destacaron espacios como “Lo global en lo local”, en el que se discutió el rol de las ciudades ante la nueva agenda internacional; “Perspectivas globales”, que analizó el panorama actual de la cooperación mundial, y el taller participativo Co-Lab, donde se generaron propuestas concretas desde la sociedad civil para fortalecer el trabajo en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.El día concluyó con la proyección del documental Love, Deutschmarks and Death, que retrata la historia de la comunidad turca en Alemania a través de la música. Posteriormente se realizó un panel con la participación de Anna Ferreira (CIVICUS), Melissa Quintana (Defensoría del Pueblo), Fernanda Bedoya (Mutante.org) y moderación de Naky Soto.Nastassja Rojas, directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela, afirmó durante el encuentro: “Este espacio buscó compartir buenas prácticas, analizar el contexto actual y pensar colectivamente soluciones innovadoras que garanticen los derechos de las personas migrantes y refugiadas, con énfasis en la población venezolana en Colombia”.El Skillshare 2025 dejó como legado una serie de reflexiones y propuestas que apuntan a una cooperación internacional más inclusiva, solidaria y transformadora, en tiempos donde las crisis humanitarias requieren respuestas conjuntas y sostenidas.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.
La modernización del estadio Atanasio Girardot no se limitará a la construcción de nuevas tribunas, cubierta y espacios físicos. Uno de los componentes centrales del proyecto será la transformación tecnológica del escenario, para la cual la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas contrató acompañamiento internacional.Se trata de LALIGA Española, la organización que administra y articula el fútbol profesional de España con los equipos de primera y segunda división.El trabajo contempla el diseño de una plataforma tecnológica para integrar sistemas de seguridad, conectividad, iluminación, sonido, transmisión audiovisual y control de accesos.El alcalde Federico Gutiérrez explicó que para definir la distribución de los equipos se desarrolló una representación tridimensional del estadio y se efectuaron simulaciones destinadas a determinar el comportamiento de la acústica y la iluminación."Esto no es de un día para otro. Esto ha llevado meses de trabajo. Este equipo ya estuvo visitando los mejores estadios del mundo antes de nosotros radicar los diseños en curaduría. Y con la asesoría y el acompañamiento también de ellos, viendo los detalles de cómo adaptar el estadio existente", explicó el alcalde.Uno de los cambios que tendrá el escenario será la renovación completa del sistema de sonido con 144 cajas acústicas distribuidas entre las graderías y el campo, además de equipos destinados a reforzar las frecuencias bajas y complementar la cobertura. A esto se sumará una red de Wi-Fi gratuita proyectada para atender hasta 70.000 conexiones simultáneas.En cuanto al circuito cerrado de televisión, este tendrá 350 cámaras ubicadas en los alrededores, accesos, corredores, zonas comerciales y tribunas. El sistema combinará diferentes tipos de dispositivos, entre ellos cámaras panorámicas y equipos con capacidad de seguimiento.Según detalló el alcalde Gutiérrez con el avance del desmonte de la cubierta de la tribuna Occidental, lo que viene ahora a mediados de octubre será la publicación de los pliegos y la adjudicación de obras a mediados de noviembre para comenzar con los trabajos durante los primeros días de diciembre 2026.La Alcaldía de Medellín estima que la modernización integral supera los 752.000 millones de pesos, de los cuales más de 440 mil saldrán directamente del presupuesto de la administración distrital y el resto espera financiarse a partir de asuntos como la explotación comercial del nombre del escenario deportivo.
