Amnistía Internacional (AI) ha pedido una reunión con la Premier League para hablar sobre las políticas de aceptación de dueños en la competición después de la compraventa del Newcastle United.El club inglés ha sido adquirido por un fondo saudí ligado al gobierno del país, puesto en duda por sus crímenes contra los derechos humanos como el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Estambul.La presidenta de Amnistía Internacional en el Reino Unido, Sacha Deshmukh, ha escrito al presidente ejecutivo de la Premier, Richard Masters, pidiendo una reunión para tratar cambios en las políticas de dueños y presidentes de la competición."La forma en la que la Premier League ha permitido este acuerdo abre muchas preguntas sobre lavado de imagen en el deporte, derechos humanos e integridad en el fútbol inglés", dijo Deshmukh."¿Cómo puede estar bien que las políticas actuales de la Premier League no digan nada sobre los derechos humanos? El fútbol es un deporte global que necesita actualizar sus reglas para evitar que aquellos implicados en violaciones de los derechos humanos puedan comprar su entrada en el fútbol inglés", añadió.Según explicó la Premier League, recibió "garantías judiciales" de que Arabia Saudí no controlará el club, por lo que pudo dar luz verde a la operación.Escuche las noticias deportivas destacadas en BLU Radio:
El Secretariado Internacional de la Oficina Regional para Las Américas de Amnistía Internacional le envió una carta al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la que manifiesta su preocupación por los perfilamientos que desde la administración estarían haciendo a activistas sociales, periodistas y algunos ciudadanos. En la carta, Amnistía Internacional asegura que, señalar a un movimiento de derechos humanos como “atacantes”, puede incrementar el riesgo al que se exponen los líderes en un país como Colombia. Lea también: No son perfilamientos, sí monitoreos: Hassan Nassar por polémico listado de personajesLa ONG hace referencia al caso puntual del movimiento Ríos Vivos, que ha defendido y se ha opuesto abiertamente al proyecto Hidroituango por sus afectaciones ambientales. “Hacemos un llamado a su gestión que tome las medidas necesarias para crear un espacio seguro para que el Movimiento Ríos Vivos pueda continuar su labor de proteger los derechos humanos, y se abstenga de tomar acciones que puedan contribuir para la estigmatización e incremento del riesgo del Movimiento”, se lee en el documento. La vocera del movimiento Ríos Vivos aseguró que "el alcalde no tiene que pagar millones de pesos para conocer nuestras denuncias" y le pidió Quintero que los escuche en una reunión.
Amnistía Internacional llamó este miércoles al mandatario venezolano Nicolás Maduro a reconocer la grave crisis socioeconómica y permitir la ayuda humanitaria impulsada por el opositor Juan Guaidó, pero advirtió contra el uso de las necesidades de salud "como herramienta de negociación política"."Esperamos que las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro no solo reconozcan esta gravísima crisis (...) pero que además garanticen el acceso y sobre todo garanticen que esta cooperación sea entregada a las comunidades y a las personas que más lo necesitan", dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.Un cargamento de alimentos y medicinas donados por Estados Unidos está acopiado en Colombia, y otros países latinoamericanos y europeos se comprometieron con millones de dólares en asistencia, a solicitud de Guaidó, reconocido por 50 naciones como presidente interino de Venezuela.Pero la ayuda humanitaria está en el medio de una pugna política entre Guaidó y Maduro, que ordenó impedir su entrada al considerar que se trata de la puerta a una intervención militar para derrocarlo."Los Estados tienen la obligación de proveer de esta cooperación internacional sin ninguna condición y asegurarse que esta cooperación, esta asistencia llegue directamente a las manos de las personas en situación de mayor vulneración", dijo Guevara a los países oferentes.Para la ONG de defensa de los derechos humanos "el sufrimiento generalizado de estas personas (que esperan la ayuda) no debe ser usado como una herramienta de negociación política", añadió la representante de AI en rueda de prensa este miércoles.Venezuela niega la existencia de una crisis humanitaria y atribuye la hiperinflación y severa escasez de alimentos y medicinas, que forzó al exilio a 2,3 millones de personas desde 2015, a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.Guevara indicó que Amnistía Internacional no acompañará el plan de Guaidó para hacer entrar la ayuda humanitaria este sábado por las porosas fronteras con Colombia y Brasil.No obstante, pidió que la coordinación de la ayuda recaiga en organizaciones de la sociedad civil "para garantizar que esta asistencia llegue a las manos de las personas que la necesiten sin que se politice, ni condicione la entrega".La profundización de la crisis socioeconómica incitó continuas protestas, dijo a periodistas Marco Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que cuantificó 2.500 focos solo en enero, crecientemente en zonas populares que en el pasado se identificaban con el gobierno.Amnistía Internacional documentó 41 asesinatos por la represión oficial entre el 21 y el 25 de enero, producto de "una política represiva y sistemática" para "silenciar las voces" de los manifestantes, y que se ha vuelto "selectiva en contra de personas que protestan en sectores populares", dijo Guevara.Acusando a las fuerzas de seguridad de haberse convertido en "perpetradoras de las peores violaciones de derechos humanos", Guevara llamó a la fiscalía de la Corte Penal Internacional tomar en cuenta esos asesinatos recientes en el examen preliminar que realiza para determinar su competencia para investigar a Venezuela.
"A pesar de la firma del acuerdo de paz, el conflicto armado se intensificó en algunas zonas de Colombia como consecuencia de las enfrentamientos armados entre guerrilleros del ELN, grupos paramilitares y fuerzas del Estado que trataban de llenar el vacío de poder provocado por al desmovilización de las FARC", reza el informe de AI.Específicamente, se menciona los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde en 2017 persistían los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos.Entre esas violaciones mencionan homicidios selectivos de afrodescendientes e indígenas, desplazamientos forzados colectivos, confinamientos forzados de comunidades en sus territorios, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual e instalación de minas antipersona.En su reporte, AI desgrana varios casos como la muerte de trece personas en un combate entre disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Nariño (suroeste) o la presencia de grupos herederos del paramilitarismo en la comunidad de paz de San José de Apartadó, en Antioquia (noroeste).Acerca de las minas antipersona, AI asegura que la abundancia de estas sigue siendo "un peligro" para indígenas y afrodescendientes en el Chocó (oeste).Vea aquí: Fiscalía establecerá si vínculo de Farc con ""lavadero"" se mantuvo tras desarme Sobre el ELN, también dice que los enfrentamientos con los grupos herederos del paramilitarismo, el mayor de los cuales es el denominado Clan del Golfo, así como con la fuerza pública pusieron "en grave peligro" a indígenas y afrodescendientes.También recuerda el secuestro de dos periodistas holandeses en El Tarra, departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela).Además, el informe se refiere a la "impunidad por los crímenes cometidos" por la desarmada guerrilla de las FARC en medio del conflicto armado.Recuerda que las víctimas "exigían garantías" de acceso a la justicia, así del derecho a la verdad, a la reparación y a la no repetición.A la fecha, "no se habían satisfecho esas demandas y la viabilidad a largo del acuerdo de paz se veía amenazada porque no se habían llevado ante la justicia a quienes habían perpetrado crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, de lesa humanidad y abusos contra los derechos humanos".Amnistía Internacional también recoge que las fuerzas de seguridad hicieron "un uso excesivo de la fuerza" que en ocasiones causó la muerte de civiles.
Luego que la Defensoría del Pueblo denunciara el desplazamiento de más de mil personas en el Bajo Cauca, sur de Córdoba, y los límites entre Boyacá y Casanare, la organización Amnistía Internacional pidió al Estado colombiano garantizar la atención humanitaria de los afectados por la confrontación entre los actores armados como la fuerza pública, el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. “Que el Estado garantice el acceso de ayuda humanitaria de emergencia para las personas que se han desplazado forzadamente en estas zonas y asegure que puedan acceder a la ruta de atención integral dispuesta por la Unidad de Víctimas”, dijo la ONG. Asimismo, señaló que “es importante reiterar que el Estado debe proteger a las poblaciones que siguen siendo víctimas del conflicto armado que aún persiste en varias regiones del país”. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sostuvo que en Colombia “el conflicto armado no acaba” y que el Estado “debe fortalecer los mecanismos para prevenir los desplazamientos forzados ocasionados por enfrentamientos de grupos armados”. Le podría interesar: No hay condiciones para retorno de desplazados en Cáceres: Unidad de Víctimas Precisó, además, que desde el fin del cese al fuego con el ELN, el 9 de enero, en muchas regiones de Colombia ha recrudecido el conflicto armado. Se han registrado decenas de casos de desplazamiento forzado y cifras alarmantes de asesinatos de líderes comunitarios y personas defensoras de derechos humanos en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cauca y Boyacá, como consecuencia de los enfrentamientos entre el ELN, grupos paramilitares, fuerzas de seguridad del Estado y disidencias de las Farc. Justamente, en las últimas horas unas 60 familias que vivían en la vereda Mayasquer, del municipio de Cumbal, en Nariño, tuvieron que desplazarse hacia Ecuador por cuenta de los combates entre disidencias de las Farc y el ELN que iniciaron en la noche del lunes. Por su parte, el personero del municipio de Cumbal, Eduardo Cuaical, aseguró que “se tiene conocimiento que hubo una confrontación entre los actores armados que hacen presencia en la zona”. "Es urgente tomar medidas que garanticen de manera permanente la seguridad de estas poblaciones, campesinas, indígenas y afrocolombianas", agregó ACNUR, que abogó por una presencia "integral" del Estado en estas áreas. Con 7,4 millones de desplazados, Colombia es el país que presenta cifras más elevadas en el mundo en ese rubro, seguido de Siria, con 6,3 millones, e Irak, con 3,6 millones, según ACNUR.
En entrevista con BLU Radio, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, criticó fuertemente la falta de acción del Gobierno en zonas abandonadas por las Farc, especialmente en el Chocó. “La gran pregunta es: ¿por qué no están haciendo nada para proteger a las comunidades? ¿por qué se han quedado paralizados ante la barbarie que están sufriendo los pueblos indígenas y afrodescendientes?”, dijo. Agregó que hay que preguntarse si esa “parálisis es intencional o se debe a la incapacidad del Estado para brindar protección a las comunidades”. La representante del ONG manifestó que la presencia en estas zonas se reduce únicamente a policías y militares, pero no busca garantizar los derechos básicos de los pobladores. Le puede interesar: Duro pronunciamiento de Amnistía Internacional por crisis humanitaria en Chocó. “Se sigue experimentando violencia sexual, reclutamiento de menores y lamentablemente la pérdida de vida continúa siendo una realidad”, puntualizó. Finalmente, Guevara calificó de "decepcionante" que el presidente Juan Manuel Santos cancelara la reunión prevista para este jueves en las que se tenía previsto exponerle las preocupaciones. “El argumento es que hubo una complicación en la agenda, pero teníamos la expectativa de que por lo menos nos diera unos minutos para exponer las demandas de las comunidades a las que él se ha comprometido a proteger y que, lamentablemente un año después, las promesas siguen siendo promesas de papel”, dijo. Este miércoles, en una rueda de prensa, el secretario general de Amnistía Internacional (A), Salil Shetty, advirtió también pidió que se investiguen los supuestos patrullajes de fuerzas del Estado junto a grupos paramilitares. Por otro lado, el informe señala que hay una estructura, el bloque occidental del ELN, que no obedecería al Comando Central de esa guerrilla. "En estas zonas hay amenazas, asesinatos, reporte de violencia sexual y reclutamiento forzado", dijo Shetty.
El gobierno de Venezuela realizó este año una "despiadada" campaña de represión contra sospechosos de disidencia, con allanamientos ilegales y ataques violentos a la vida privada, denunció este lunes Amnistía Internacional (AI). "Las autoridades venezolanas han ampliado su arsenal de tácticas represivas poniendo en marcha una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia", indicó la organización internacional de defensa de los derechos humanos.En su informe "Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela", AI dijo que el recrudecimiento de estas prácticas se produjo entre abril y julio, en el apogeo de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.En esos meses, las manifestaciones diarias para exigir la salida del mandatario, violentamente reprimidas por las fuerzas del orden, dejaron unos 125 muertos, cientos de heridos y detenidos, y derivaron en saqueos y vandalismo. En su reporte, AI da cuenta de al menos 47 allanamientos por parte de agentes de seguridad sin una orden judicial, ocurridos en 11 estados entre abril y julio. Estos asaltos, que podían durar horas o toda la noche, solían ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, así como de destrozos a la propiedad privada y robos, dijo la ONG. Estas "arbitrariedades y violaciones al derecho a la vida privada, a la libertad, a la integridad personal y al debido proceso" ya habían sido documentadas antes en Venezuela, pero ahora "parecen haber adquirido unas dimensiones más extendidas que forman parte de una política de represión por parte del Estado venezolano", apuntó AI. "Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de AI para las Américas, citada en un comunicado. Según el informe, estos allanamientos y ataques afectaron a miles de personas, que quedaron "totalmente desprotegidas ante las actuaciones de fuerzas de seguridad y de grupos civiles armados adeptos a este".Le puede interesar: Más de 3 mil personas asistieron a jornada de amnistía militar en Barranquilla AI también reportó la destrucción de evidencia por parte de los responsables de estos asaltos. Maduro ha sido acusado por sus adversarios y algunos países como Estados Unidos de haber instaurado una "dictadura" en Venezuela, con el apoyo de una Asamblea Nacional Constituyente electa a fines de julio, totalmente oficialista y tachada de fraudulenta por la empresa de tecnología electoral.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Amnistía Internacional lanzó duros cuestionamientos a la manera como el Gobierno de Nicolás Maduro ha venido reprimiendo las manifestaciones de la oposición y lo culpa del incremento de la violencia. “Al desplegar fuerzas y cortes militares para confrontar una situación política y social cada vez más tensa, la administración de Maduro sólo está intensificando la crisis, como quien intenta apagar un incendio con gasolina,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de la ONG. “El nivel de violaciones de derechos humanos y las acciones despiadadas de las autoridades venezolanas son una reminiscencia de los peores tiempos para los derechos humanos en las Américas”, agrega. “Al desestimar a los manifestantes como ‘terroristas’ y acusar a civiles de crímenes que solo son aplicables a los soldados, la administración de Maduro está convirtiendo esta crisis política en un conflicto violento, cuando debería estar escuchando las preocupaciones legítimas de la gente y trabajando para encontrar soluciones”, dice.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en práctica una "retórica del odio" con la que ha dado la espalda a refugiados y migrantes, convertidos en chivos expiatorios, denunció el miércoles Amnistía Internacional (AI). En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización internacional señaló que 2016 fue un año en el que "el uso cínico" de esa retórica adquirió prominencia global a una escala nunca vista desde la década de 1930. Amnistía Internacional expresó especial inquietud respecto a Donald Trump, quien fue elegido presidente de Estados Unidos en noviembre "tras una campaña que causó consternación por su discurso discriminatorio, misógino y xenófobo", y que "ilustra la tendencia global más airada y divisiva de hacer política". "Las decisiones que está tomando, ya sea la construcción de un muro en la frontera con México o la aceleración de las expulsión de inmigrantes ilegales, van a tener repercusiones sobre millones de personas", alertó Geneviève Garrigos, responsable de la región Américas de AI. Además de Trump, Amnistía arremetió contra el presidente filipino Rodrigo Duterte, el turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro húngaro Viktor Orban, que "tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas". El secretario general de AI, Salil Shetty, advirtió además contra el "riesgo de efecto dominó" cuando países poderosos, como Estados Unidos, "dan marcha atrás en sus compromisos con los derechos humanos". Frente a este escenario, Amnistía llamó a todos a movilizarse. "El año 2017 será de resistencia", dijo Shetty a la AFP. "Nuestras esperanzas reposan en el pueblo". En su informe, que abarca 159 países, Amnistía alertó sobre la inquietante situación de los refugiados centroamericanos que huyen de la violencia "implacable" en sus países y que son "frecuentemente olvidados". En 2016, estas personas fueron víctimas de expulsiones desde México y Estados Unidos, a pesar de los abrumadores indicios de que muchos regresaban a situaciones de peligro mortal, señaló AI. Garrigos denunció además la detención de migrantes, incluso de menores no acompañados, en los meses pasados en la frontera sur de Estados Unidos, muchos de ellos sin acceso adecuado a atención médica ni a asistencia de un abogado. "Nos preocupa que esta situación se agrave con la gran cantidad de migrantes cubanos que han ido a Ecuador para luego tratar de subir a Estados Unidos o de haitianos que se encuentran bloqueados en la frontera mexicana, sin ningún recurso, en condiciones muy difíciles", agregó. En Brasil, AI criticó las políticas de seguridad pública puestas en marcha por el gobierno conservador de Michel Temer, que el año pasado reemplazó a la izquierdista Dilma Rousseff, destituida por el Congreso. "Actualmente, la política de seguridad pública está volcada en la guerra contra las drogas, con un encarcelamiento desproporcionado, que resulta en miles de muertos todos los años", denunció Renata Neider, asesora de AI en Brasil, en rueda de prensa en Rio de Janeiro. La represión de la disidencia es otro de los temas abordados en el informe.AI señaló que "ninguna parte del mundo se libró de medidas de represión general de la disidencia" o del "afán de silenciar las voces críticas". Citó el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en Honduras en marzo como "un ejemplo de todos los peligros que arrostran quienes se enfrentan con valentía a poderosos intereses estatales y empresariales". Alertó también sobre la "grave situación de los presos de conciencia en Venezuela" y la de defensores de derechos humanos en Brasil y Colombia, que "siguen siendo objeto de amenazas y homicidios". Aunque con sede en Londres, Amnistía presentó excepcionalmente su informe 2016-2017 en Francia, para alertar sobre la situación en este país a dos meses de elecciones presidenciales. "Francia está en un punto de inflexión en cuanto a los derechos humanos", advirtió Shetty, pidiendo a los ciudadanos "que no caigan en la trampa de los discursos de odio, miedo y aislamiento". AI denunció además la restricción de los derechos humanos en el marco de las medidas antiterroristas tomadas en Francia, en particular las relacionadas con el estado de emergencia decretado tras los atentados de noviembre de 2015, que se saldaron con la muerte de 130 personas. "El gobierno debe proteger a su gente, pero las medidas deben ser proporcionadas", señaló, antes de afirmar que "el mundo está pendiente de Francia".
En un comunicado, el Ejecutivo aseguró que "considera el bienestar de los trabajadores una prioridad y está comprometido con una reforma sistemática y continua de las leyes laborales cataríes". (Lea también: Amnistía Internacional denuncia explotación de trabajadores en Mundial de Catar) Su objetivo es "crear un legado de mejores condiciones para los trabajadores" del país, así como sentar las bases en la región "para los derechos humanos y de los trabajadores", según la nota. Foto: AFP Las autoridades cataríes señalaron el progreso llevado a cabo hasta ahora por los organizadores del Mundial y agradecieron los comentarios de AI sobre los asuntos pendientes. "Estamos convencidos de que nuestros esfuerzos son un trabajo continuo y valoramos el esfuerzo tanto de Amnistía como de otras ONG que nos ayudan a ver los puntos que quedan por mejorar", agregó el texto. Según Doha, muchos de los puntos tratados en el informe de AI ya se han abordado "mediante cambios legislativos recientes" como la reforma de protección de salarios, que obliga a las empresas privadas a abrir cuentas bancarias para sus empleados y transferir electrónicamente los salarios. Foto: AFP Foto: AFP "Nos preocupa una serie de alegaciones que figuran en el informe. El Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales se propone investigar a los contratistas nombrados en el informe", concluyó la nota. Por su parte, el Comité Supremo para la Entrega y el Legado, ente organizador del Mundial de Catar 2022, pidió tiempo para solucionar los problemas laborales planteados por AI y justificó que su prioridad fue en un principio la seguridad en las construcciones. El informe de AI titulado "El lado oscuro del deporte rey: explotación laboral en una sede del Mundial de Catar 2022" denuncia que los trabajadores inmigrantes viven en condiciones infrahumanas y sin derechos básicos. Carecen de permisos para entrar o salir del país o para cambiar de empresa o empleador, al tiempo que les han quitado los pasaportes y no se les paga lo acordado, siendo el sueldo una miseria, precisa AI. No obstante, el Ejecutivo catarí afirma que en 2015 se realizaron más de 1.800 inspecciones en las agencias de contratación en el emirato, y cooperan con otros Estados para evitar prácticas de contratación fraudulentas en los países de origen de los trabajadores. Foto: AFP Entre las nuevas leyes y medidas se han introducido unas para restringir las horas de trabajo durante los meses de verano y garantizar que los trabajadores están en plena posesión de sus pasaportes. El Gobierno ha aumentado las multas para cualquier persona que retenga los pasaportes de los empleados a 6.000 euros y ha contratado a 375 inspectores de trabajo para investigar la vivienda y las condiciones de trabajo.
Este miércoles, 27 de octubre, la Lotería del Valle, jugó el sorteo 4611, cuyo premio mayor entrega 3.500 millones de pesos.El número ganador del premio mayor fue 9394 de la serie 090A continuación, los resultados completos de la Lotería del Valle:Estos son los resultados del chance del 27 de octubre:Dorado mañana: 3998Dorado tarde: 6102Culona: 7534Culona noche: 3466Astro Sol: 3078Pijao de oro: 7381Paisita día: 5260Paisita noche: 2744Chontico día: 8322Chontico noche: 3792Cafeterito tarde: 5138Cafeterito noche: 7753Sinuano día: 7593Cash three día: 516Cash three noche: 113Play four día: 5610Play four noche: 2318Saman día: 0864Caribeña día: 1157Motilón tarde: 4589Fantástica día: 4523Fantástica noche: 6482Antioqueñita día: 6944Antioqueñita tarde: 2408
Los organismos de socorro y el Cuerpo de Bomberos atendieron un aparatoso accidente de tránsito que dejó 22 heridos en el sector El Diamante del barrio López de Mesa, en el noroccidente de Medellín.Según los reportes, a las 10:20 de la noche un carro recolector de basuras perdió el control de sus frenos y rodó en contravía atropellando 20 vehículos en ese sector de la carrera 80 con calle 80.El vehículo recolector de basuras colisionó contra un bus, una patrulla de Policía, siete vehículos particulares, siete taxis y cuatro motos.En el sitio, personal de Bomberos Medellín y atención prehospitalaria de salud establecen un área de concentración de los heridos para la evaluación de su estado y una adecuada clasificación de los mismos, sin embargo, por fortuna se descartaron víctimas mortales en este accidente.De las 22 personas lesionadas, 14 fueron trasladadas a centros hospitalarios y ocho fueron atendidas en el sitio.El Departamento de Gestión del Riesgo también informó que en el sitio se registra un derrame de hidrocarburos, por lo cual el equipo de bomberos realiza control del mismo para evitar riesgos asociados como incendio.Aquí algunos videos del accidente que circulan en redes sociales:Siga y escuche la Intérprete en Spotify:El abecé del caso Alex Saab
Este miércoles en Blu 4.0 estuvo María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, quien habló sobre le nueva jornada de Día sin IVA que se realizará en el país."Tenemos que recordar que la compra máxima por cada categoría será de tres unidades", dijo.A propósito, Andrés Robatel, manager de Linio, contó las estrategias que tendrán en el portal web para los usuarios en el Día sin IVA."Hacemos un control exhaustivo en el tema de los precios en la plataforma", manifestó.Entretanto, Adriana Salazar, gerente de mentalidad y Cultura de Innpulsa, explicó qué es Héroes Fest e InspiraTIC, dos de los principales festivales de emprendimiento, digitalización e innovación de Colombia."La idea es seguir visitando departamentos para que aprovechen la oportunidad de mostrar todo lo que están haciendo en materia de emprendimiento", indicó.Además, Mayra Roa, cofundadora de Panal Ed-tech, dio detalles del emprendimiento ‘Bootcamps’, entrenamientos intensivos para construir una empresa.Mientras que Yanire Braña, presidente MET Community, habló de Silverpreneur: emprender no tiene edad.Escuche el programa completo de Blu 4.0:
La Secretaría Distrital de Salud informó cuáles son los puntos habilitados para que los ciudadanos se realicen estas pruebas PCR gratis en Bogotá .Esto, con el objetivo de identificar posibles contagios por COVID-19, pues en el último reporte del Ministerio de Salud, la capital registró 159 nuevos casos.Estos son los puntos habilitados por la Alcaldía de Bogotá para el jueves 28 de octubre:San Cristóbal, Los Mártires, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Antonio NariñoBosa, Kennedy, Fontibón y Puente ArandaUsaquén, Chapinero, Engativá, Teusaquillo y SubaTunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar
El Concurso Nacional de Belleza y el certamen Miss Universe Colombia otra vez están en el centro de la polémica.Once días antes de que se inicie en Cartagena el Concurso Nacional de Belleza, el presidente de este certamen, Raimundo Angulo, dio a conocer que denunció penalmente a Nathalie Ackerman, dueña de Miss Universe Colombia.Ackerman, quien desde 2020 adquirió la franquicia de Colombia para enviar candidatas a Miss Universo, fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial.Según el abogado Rafael Pacheco, apoderado de Concurso Nacional de Belleza, la Ley 31 de 1985 establece que solo el Concurso Nacional de Belleza puede designar representantes del país a reinados internacionales, y que Miss Universe Colombia está infringiendo dicha ley.De acuerdo a Pacheco, con esta denuncia se busca proteger la “institucionalidad histórica” de este certamen de 80 años de historia.“Estamos buscando justicia, verdad y reparación (…) el Concurso Nacional de Belleza es que el tradicionalmente, a través de la ley y de los acuerdos municipales de Cartagena, ha manejado la mujer más bella de Colombia en los concursos internacionales, y es importante que entienda que estamos protegiendo al concurso, a Cartagena y a Colombia”, señaló.El abogado también explicó que, además, se instauró una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la usurpación de los registros y marcas del Concurso Nacional.“El Concurso Nacional de Belleza está registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Señorita Colombia está registrada ante Superintendencia de Industria y Comercio, y todos los perjuicios de orden material como es el lucro cesante y el daño emergente, es lo que se va a discutir en este proceso”, precisó.También indicó al tiempo que el próximo 10 de noviembre se llevará a cabo una diligencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Barranquilla.El Concurso Nacional de Belleza se llevará a cabo en Cartagena a partir del próximo 7 de noviembre, sin embargo, esta soberana, al igual María Fernanda Aristizábal, señorita Colombia 2019, no representará al país en Miss Universo, a causa de que es Miss Universe Colombia el dueño de esta franquicia desde 2020.Laura Oloscuaga, Miss Universe Cartagena, se convirtió en la primera soberana en representar a Colombia en Miss Universo sin haber sido elegida en el Concurso Nacional de Belleza. Este año la representante de Colombia será Valeria Ayos.Sobre por qué el Concurso Nacional de Belleza no adquirió la franquicia de Miss Universo, el abogado puntualizó que históricamente quienes la adquirían- como la marca de cosméticos Jolie de Vogue- respetaban la tradición y llegaban a acuerdos con el certamen.Siga y escuche la Intérprete en Spotify:El abecé del caso Alex Saab
