La entrada en vigencia del nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado encendió una fuerte controversia en el sector. Andesco advirtió que, aunque respalda la actualización de la metodología, su implementación en los términos actuales podría afectar la seguridad jurídica del sistema y la sostenibilidad de los servicios públicos en el país.
El gremio explicó que el nuevo esquema, adoptado mediante la Resolución 1032 de 2026 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, comienza a regir desde hoy e introduce cambios estructurales en la forma de calcular las tarifas que pagan los usuarios. Sin embargo, cuestionó que el proceso de expedición se haya realizado en apenas tres meses, cuando normalmente este tipo de análisis requiere entre nueve y doce meses.
Uno de los principales puntos de preocupación es que, según Andesco, el texto final de la resolución no coincide con el proyecto que fue sometido a participación ciudadana. Esta situación sumada a los tiempos reducidos de implementación, que fueron de solo tres meses, genera incertidumbre sobre las condiciones en las que empresas y usuarios deberán adaptarse al nuevo modelo.
El presidente del gremio, Camilo Sánchez, fue enfático al señalar que la medida tendrá efectos directos en el bolsillo de los ciudadanos. “Va a llevar a los incrementos de la tarifa. Era una falsa ilusión lo que estaban diciendo con este Marco Tarifario”, afirmó, al advertir que la promesa de reducción de precios no se cumpliría en la práctica.
De acuerdo con el análisis del sector, el cambio en la base de cálculo, que pasa de costos de referencia de 2014 a valores actualizados de 2024 y 2025, junto con nuevas obligaciones como inversiones ambientales, gestión del riesgo y metas estrictas de reducción de pérdidas de agua, generará presiones adicionales sobre los costos operativos de las empresas.
Andesco también alertó que la aplicación del nuevo modelo no será uniforme. El esquema contempla ajustes variables en el cargo por consumo según planes de inversión y la actualización anual de componentes tarifarios, lo que podría traducirse en incrementos y reducciones sucesivas sin relación directa con mejoras en eficiencia o calidad del servicio.
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Ante este panorama, el gremio interpuso una demanda ante el Consejo de Estado solicitando una medida cautelar de urgencia para suspender la aplicación del marco tarifario. Andesco insiste en que su objetivo no es eliminar la reforma, sino garantizar una implementación gradual, con reglas claras, participación efectiva y condiciones que no pongan en riesgo la sostenibilidad financiera ni la prestación continua del servicio de acueducto y alcantarillado.
Frente a las alertas, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) aclaró que el Nuevo Marco Tarifario no implica aumentos automáticos ni iguales para todas las empresas de servicios públicos, como se ha sugerido en algunas publicaciones. Explicó que cada prestador deberá aplicar la metodología utilizando la información de su propia operación, por lo que el resultado dependerá de sus costos reales y de su nivel de eficiencia. Esto significa que algunas empresas podrían registrar incrementos, otras reducciones y otras mantener tarifas similares.
Además, la CRA señaló que el objetivo del nuevo modelo es que las tarifas reflejen únicamente costos reales, eficientes y verificables, evitando que los usuarios asuman sobrecostos derivados de ineficiencias administrativas u operativas.
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Frente a las alertas expresadas por Andesco sobre el tiempo para implementar la metodología y los posibles impactos de la medida, la CRA aseguró que la aplicación fue diseñada de manera gradual.
Entre la expedición de la resolución y el 30 de junio de 2026, las empresas cuentan con un periodo para realizar estudios técnicos, ajustar sus procesos y preparar la información necesaria.
Entre julio y diciembre de 2026 inicia una etapa de transición en la que conviven elementos del modelo anterior y del nuevo, mientras que desde 2027 comenzarán a aplicarse progresivamente aspectos como las metas de eficiencia y los recálculos, hasta que el modelo opere plenamente en 2028.
La Comisión también indicó que la regulación fue construida con estudios técnicos, económicos y jurídicos, que durante la consulta pública recibió 1.631 observaciones, de las cuales 323 fueron aceptadas, 1.176 aclaradas y 132 rechazadas tras su análisis, y recordó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será la entidad encargada de verificar que las empresas apliquen correctamente la metodología y, si es necesario, imponer las sanciones correspondientes.