Servicios públicos

La Procuraduría anunció una vigilancia especial al proceso que adelanta Cartagena para crear una nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios, iniciativa con la que la administración distrital busca asumir de manera gradual la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo.El proyecto de acuerdo fue presentado ante el Concejo de Cartagena y plantea la creación de una empresa oficial que tendría participación del sector privado. La iniciativa contempla que la nueva entidad comience su proceso de estructuración con acompañamiento técnico de Empresas Públicas de Medellín, EPM.Ante esta discusión, la Procuraduría Regional de Bolívar pidió a las autoridades distritales garantizar que cualquier eventual cambio de modelo no termine afectando a los ciudadanos.El Ministerio Público señaló que deben existir fundamentos técnicos, jurídicos, financieros, patrimoniales, ambientales y relacionados con la gestión del riesgo que permitan demostrar que el nuevo esquema es efectivamente la mejor alternativa para Cartagena.Uno de los principales puntos de la discusión está relacionado con el actual operador. Aguas de Cartagena continúa prestando los servicios públicos y su contrato tiene vigencia hasta 2034. Sin embargo, la Alcaldía ha planteado la posibilidad de evaluar alternativas jurídicas que permitan una eventual terminación anticipada del contrato, mientras avanza el proceso de creación de la nueva empresa distrital. La iniciativa contempla que la nueva empresa se constituya como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, con un capital inicial de 10.000 millones de pesos, aportados en su totalidad por el Distrito.Si el Concejo aprueba el proyecto, el alcalde recibiría facultades extraordinarias durante un año para expedir los decretos necesarios para crear formalmente la entidad y poner en marcha su estructura.Uno de los principales llamados del Ministerio Público tiene que ver con la protección de los usuarios.La Procuraduría pidió conocer cómo se garantizarían, ante una eventual transición institucional, aspectos esenciales como la facturación, el recaudo, la atención de peticiones, quejas y reclamos y la respuesta a emergencias. También expresó preocupación por el posible efecto que el nuevo modelo pueda tener sobre el valor de las tarifas que pagan los ciudadanos.

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