El Ministerio de Minas y Energía anunció que dará priorización del suministro de Gas Natural residencial en el país, ante el impacto que sufrió por un derrumbe el gasoducto de Cusiana en el Casanare, que abastece el interior del país.El anuncio fue hecho por el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien explicó que, con la salida de esta fuente de generación, se deben priorizar los sectores residenciales para no afectar el servicio a los más de 10 millones 400 mil familias colombianas y los pequeños comercios que usan este energético para sus labores diarias."Priorizamos el gas vehicular para sistemas de transporte publico masivo", declaró el funcionario. "Garantizamos plenamente el servicio de gas residencial. Es importante mencionar para que la gente sepa que no hay riesgo de desabastecimiento", complementó. Las medidas se toman debido a la fuerte ola invernal que afronta el país y que ocasionó un derrumbe en el río Chitamena, en el departamento de Casanare, y que afectó la infraestructura de transporte de gas en el gasoducto Cusiana-El Porvenir-La Belleza a la altura del kilómetro 11, lo que generó una caída en la presión y que obligó a la salida de operación del campo Cusiana, que cubre el 31% de la demanda del país.El Ministerio de Minas y Energía además señaló que continuará haciendo un monitoreo a la situación con el fin de tomar las medidas pertinentes en la medida que se vaya avanzando en la reparación de los daños, para garantizar el abastecimiento de gas natural en el país.De igual manera, hizo un llamado a los ciudadanos para hacer un uso eficiente del gas natural mientras se supera esta contingencia.Escuche al ministro de Minas y Energía en Mañanas BLU:
Más de 19.000 clientes de servicios fijos y móviles de Movistar han resultado afectados, entre mayo y junio, por el robo al cableado. Este hecho perjudica las actividades diarias, pues cientos de personas trabajan desde sus hogares con internet.Los robos se han efectuado sobre las redes de cobre primarias y secundarias, que permiten conectar masivamente a la ciudadanía. Con el corte y hurto de este tipo de cables pueden quedar sin servicio de línea fija e Internet hasta 1.000 clientes.Según Movistar, como estos hechos ocurren de manera recurrente, apenas los cables son repuestos los vuelven a robar. Las localidades más afectadas en Bogotá son Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Antonio Nariño, Kennedy, San Cristóbal, Los Mártires, Santa Fe y Fontibón.“El hurto de cable nos afecta a todos, personas, empresas e instituciones. Necesitamos ayuda reportando los casos de desconexión o personal sospechoso. Esta pandemia nos ha enseñado la importancia de estar conectados. Tenemos a disposición una línea segura 318 8271881 para todos (clientes Movistar o no) o en la cuenta de Twitter @MovistarCo”, indicó Vivian Barrios, gerente Regional Bogotá de Movistar Colombia.La empresa de telecomunicaciones recomienda a la comunidad mantenerse alerta frente a las intervenciones que personas hagan a las redes, ya sean particulares, habitantes en condición de calle o en apariencia técnicos, puesto que una práctica común es la suplantación de funcionarios y contratistas.
Con palos y quemas de llantas, habitantes de la urbanización Villa Cordialidad, ubicada en el suroccidente de Barranquilla, salieron a protestar para exigir que sea reparado el daño en las redes eléctricas que los mantiene sin el servicio de energía desde la mañana del lunes.Con bloqueos intermitentes de la vía La Cordialidad entre Barranquilla y Galapa, los ciudadanos han pedido a las autoridades que les den una respuesta.Entre tanto, la empresa Ari-e indicó que a raíz de la avería en el sector de Villas de la Cordialidad personal técnico estuvo en sitio haciendo las verificaciones respectivas y determinaron que el daño es interno y que no corresponde a la compañía.
La Contraloría General de la República advirtió que la puesta en marcha del proyecto para construir la planta Regasificadora del Pacífico podría generar un aumento en las tarifas del servicio de gas domiciliario del 32% en tres años, por cuenta de los precios del gas importado.“Para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos, que hoy paga por esa cantidad $28.800, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir del año 2024”, advierte la Contraloría en un documento de advertencia al gobierno nacional.De acuerdo con la Contraloría, el proyecto tiene como propósito garantizar la prestación del servicio de gas en el país, previendo que en el año 2024 el país podría entrar en una fuerte sequía, como consecuencia del Fenómeno del Niño, que haría necesario que el gas se convierta en una alternativa importante para la generación de energía.Sin embargo, para el ente de control el desarrollo de un mega proyecto de estas dimensiones, con ese tipo de previsiones, genera riesgos, incluso, de que la planta Regasificadora termine en desuso, si es que fallan los cálculos del gobierno.La Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía advierte en un documento que si bien la planta no se va a construir con recursos del presupuesto, “el esquema de remuneración establecido implicará un efecto tarifario para los consumidores de gas en el país, pues una vez construida la misma se asumirá el pago de ésta, así la misma no se vaya a utilizar si los supuestos del déficit no se presentan”.La Contraloría también advierte que la construcción de la planta podría generar dificultades logísticas en el Puerto de Buenaventura (lugar donde se construiría el proyecto) porque podría generar interferencia en el tráfico marítimo. Además hay dudas sobre el desarrollo de los planes ambientales necesarios para el desarrollo de este tipo de proyectos.
En un operativo simultáneo, personal del CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional realizaron cinco allanamientos en Barranquilla y capturaron a cuatro personas señaladas por fraude en el servicio de energía.Estas personas, una de ellas profesional en ingeniería electrónica, lograban robar energía con una novedosa modalidad, pues intervenían los medidores, les colocaban unas tarjetas electrónicas para su operación remota y así detenían su registro, de modo que la empresa no facture la totalidad del consumo de energía y los demás conceptos asociados al mismo.Esto implica que, con un control remoto artesanal, los usuarios pueden encender o apagar el medidor en cualquier momento del día o la noche, trayendo como consecuencia la apropiación de toda la energía.Según las investigaciones, en este delito estarían vinculados más de 50 clientes de estratos altos y establecimientos comerciales que buscaban a los miembros de la banda para la intervención de los medidores y evadir el pago del real del consumo de energía.Ramiro Castilla, gerente de Air-e en el Atlántico, indicó que mensualmente la empresa pierde unos 123.000 millones de pesos por fraude de energía.“Estos recursos que se pierden podrían emplearse para mejorar y renovar la infraestructura eléctrica, también llevando la mejora en la prestación del servicio de energía. Seguiremos adelante en investigaciones similares con otras bandas que están plenamente identificada y que esperamos las órdenes de captura en los próximos días”, afirmó Castilla.
Este 30 de junio se cumplen tres días que en Granada, Antioquia no hay servicio de gas natural. Las fuertes lluvias y el mal estado de la vía han impedido que llegue a la estación descompresora el gas de EPM.Son 1.375 hogares y negocios, entre 4.000 y 5.000 personas, afectadas.“Esta mañana estuvimos allá, tratando de pasar por la vía pero no fue posible”, aseguró Carlos Ordúz, vicepresidente de gas de Empresas Públicas de Medellín.Explicaron desde EPM que el vehículo que transporta el gas comprimido pesa 30 toneladas y el estado de la vía no es óptimo para cruzar sin riesgo de un accidente.Esta situación se había presentado ya hace un par de semanas y en su momento la Gobernación de Antioquia intervino la carretera, pero las fuertes lluvias han sido inclementes.Los habitantes de Granada por lo pronto cocinan con estufas eléctricas o a leña, mientras esperan que el clima mejore y las autoridades en materia de infraestructura les brinden una solución definitiva o a largo plazo.Esta problemática también ha afectado a otros municipios del departamento de Antioquia como San Juan de Urabá.
Un daño masivo generó que durante la tarde de este jueves, 24 de junio, dejara el 30% de Cali sin el servicio de energía eléctrica. La situación se registro mientras se adelantaba el mantenimiento de una línea nacional de 115.000 voltios que abastece a la capital del Valle. "Esta falla ocasionó que salieran de servicio las subestaciones Alférez, Sur, Centro y Meléndez, afectando la prestación del servicio en 220.000 clientes aproximadamente", explicó Marino del Río, gerente de energía de Emcali. Desde las empresas municipales se estableció la conexión con el Centro Nacional de Despachos, para que desde allí se inicie la entrada de energía al distrito, especialmente al sector sur y centro. "Esperamos en 20 minutos poder reestablecer el servicio en los sectores que se han presentado las fallas", agregó Marino del Río. Desde los barrios Bochalema, Santa Eena, Villa del Sur, Antonio Nariño, Valle del Lili, El Guabal, Limonar, San Judas, Acacias, Bretaña, Quintas de Don Simón, Pampalinda, Las Américas, La Base, El Troncal, Chipinero, entre otros, usuarios reportan la falla.
Con equipos de medición de última tecnología, los usuarios de la empresa Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira podrán monitorear su consumo de energía "con absoluta precisión", informó el gerente de la compañía John Jairo Toro.Si bien el objetivo es implementar de manera paulatina 110.000 medidores inteligentes en los tres departamentos donde Air-e ofrece el servicio, muchos usuarios los han rechazado por temor a que esto les represente algún cobro adicional en sus facturas, lo cual fue desmentido por el gerente de la empresa.El funcionario destacó que una de las ventajas que ofrecen estos medidores es la posibilidad que les brinda a los usuarios de monitorear y controlar el consumo de energía a través del celular, pues allí puede observar a la distancia hasta qué electrodomésticos dejó encendidos en casa."Estos equipos están a cargo 100% de la empresa, Air-e los está colocando de manera gratuita a los usuarios. De hecho, tenemos comprobado que a muchos el consumo les ha disminuido con la instalación de estos medidores, porque la persona tiene la posibilidad de apagar los equipos desde el teléfono. Es una herramienta muy poderosa para gestionar el consumo", dijo Toro.
Una millonaria deuda por factura de servicios de energía tiene varios hospitales del departamento.Si bien es cierto la compañía no puede suspender el suministro eléctrico a estas instituciones de salud por tener la condición de entidades constitucionalmente protegidas, Air-e adelanta procesos jurídicos para lograr el pago del servicio que reciben normalmente a pesar de la millonaria deuda.El caso más preocupante es el Hospital Departamental de Sabanalarga que acumula una deuda total de alrededor de 6.382 millones de pesos desde el año 2010. Al respecto, la compañía ha adelantado procesos ejecutivos en busca del pago de esta obligación.De otro lado, el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad desde el 2014 a la fecha registra una deuda acumulada de energía superior a los 1.728 millones de pesos. Por tal motivo, en los últimos tres años se han interpuesto acciones jurídicas en un juzgado de Soledad sin respuesta alguna. Adicionalmente, las directivas de la institución no han mostrado voluntad de pago.En una situación similar se encuentra el Hospital Universitario Metropolitano con una deuda cercana a los 2.979 millones de pesos, desde el año 2018.De acuerdo con el Gerente de Air-e en Atlántico, Ramiro Castilla Andrade, en la actualidad la empresa dispone de diferentes planes para lograr acuerdos de pago con sus clientes y en los casos que lo ameriten, evitar suspensiones en el servicio.Entre otros procesos representativos con deudas en la facturación del servicio se encuentran el Hospital Santa Lucía, Hospital Local de Luruaco, Clínica Porvenir y Hospital Local de Malambo.
Luego de un trabajo de sensibilidad social realizado por las autoridades y con la mediación de líderes cívicos, en Barranquilla fueron devueltos por la misma comunidad algunos de los elementos hurtados en el saqueo a la alcaldía local del suroriente.La sede de esta alcaldía, ubicada en el barrio Simón Bolívar, fue destruida y saqueada durante los enfrentamientos de manifestantes con el Esmad este martes en la calle 17.En la mañana de este jueves fueron devueltos computadores, aparatos electrónicos utilizados para la atención al público y silletería metálica."Hemos hecho un trabajo con los vecinos que colindan con la alcaldía local y ellos han venido investigando y llegando a los sitios donde se encontraban estos elementos y los han traído a las instalaciones", dijo el alcalde local Mauricio Rosales."La comunidad ha tomado conciencia de que en esta oficina se prestan muchos servicios y por eso la solidaridad de ayudarnos a recuperarlos. Algunos de estos elementos fueron abandonados por los vándalos cuando eran perseguidos y estaban en custodia de unos vecinos", agregó.La reconstrucción de la alcaldía continúa, en especial, la reparación de ventanas y la reconexión a internet, pero todavía no está lista para brindar atención."Estamos trabajando rápido, pero es que se lo llevaron todo: computadores, escritorios, aires acondicionados, sillas, no dejaron nada", explicó Rosales.
Este martes, 21 de septiembre, se radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca que se reconozca la endometriosis como una enfermedad crónica, incapacitante y discapacitante. La iniciativa es del representante a la Cámara Mauricio Toro.Cabe recordar que la endometriosis en un fuerte dolor menstrual que consiste en la aparición de tejido en los ovarios, las trompas de Falopio o los intestinos.La iniciativa del congresista Toro, además, busca garantizar protocolos específicos para la atención, diagnóstico temprano y tratamiento con abordaje integral, actualización y capacitación al personal médico y programas de educación y sensibilización.En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Lesly Valbuena, politóloga y encargada del enfoque de género en Asocoen (Asociación Colombiana de Endometriosis e infertilidad), señaló que este proyecto prioriza la atención temprana y no la incapacidad."Las mujeres somos conscientes en qué momento es incapacitante. La idea no es que todas las mujeres que tengamos endometriosis vamos a hacer uso de esta incapacidad”, dijo Valbuena.Además, añadió. "Lo más importante de la ley no es la incapacidad, sino que la enfermedad, antes de que sea grave, haya un diagnóstico temprano".Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
Este miércoles, 22 de septiembre, por fin se puso fin a los rumores sobre el futuro deportivo de James Rodríguez, quien jugará en la liga de Catar tras ser fichado por el Al Rayyan, noticia que confirmó el mismo conjunto a través de un video publicado en sus redes sociales.Minutos después del anuncio oficial, el Everton, al que el colombiano llegó en septiembre de 2020 procedente del Real Madrid, lo despidió con un crudo mensaje en Twitter, informando a la afición la salida de su plantilla.“James Rodríguez dejó el Everton para fichar por el club qatarí Al Rayyan por una tarifa no revelada”.“Habiendo llegado procedente del Real Madrid en septiembre de 2020, James jugó 26 partidos en todas las competiciones con el Everton la temporada pasada, anotando seis goles”, agregaron en el comunicado del club azul.Así, James llega a la Superliga de Catar militando los colores del Al Rayyan y buscando volver al gol, que está dirigido por el técnico galo Laurent Blanc.
Luego de un recorrido por las instalaciones del colegio Metropolitano del Sur en Floridablanca, Santander, la Secretaría de Educación y funcionarios del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, confirmaron que las obras de remodelación avanzan en un 95%.Se trata de la construcción de la cocina, las adecuaciones del comedor y los salones los que se entregarán terminados a principios del mes de octubre.“Será la primera en la que se implementará la ración para preparar en sitio ya que contará con una cocina totalmente adecuada para atender a cerca de 1.000 estudiantes”, manifestó Petro Osma, secretario de Educación de Floridablanca.La remodelación del colegio Metropolitano del Sur incluye la construcción de un depósito para almacenar víveres, área de congeladores, baños, cuarto de basura, zona de cocina, lavado y preparación de alimentos en la cocina.“Tenemos un avance muy grande en la obra; hace falta que terminen algunos detalles y la rampa para acceder a la nueva cocina, para poner en funcionamiento este lugar de servicio a nuestros estudiantes”, aseguró Eduardo Casanova González, rector del colegio.
En el sector de Fontana en Bucaramanga se construirá el primer Centro Comercial Único Outlet en el oriente del país.Serán 150 locales donde estarán presentes las mejores marcas comerciales de calzado, vestuario, electrodomésticos, belleza, tecnología, marroquinería y accesorios del pais."Estamos cumpliendo con uno de los sueños de la compañía como es llegar a Santander. Comienzan las obras de construcción del centro comerciales y en el segundo semestre del 2022 ya estaremos entregando los mejores descuentos a nuestros clientes en Bucaramanga", afirmó Pili Villaveces, jefe de Comunicaciones de Único OutletEsta cadena de centros comerciales de grandes descuentos tiene 24 años de fundada y hace presencia en Cali, Yumbo, Dosquebradas, Pasto, Barranquilla, Neiva y Villavicencio. Se espera que el nuevo centro comercial logre generar 1.000 nuevos puestos de trabajo en Bucaramanga. "Va ser el primer centro comercial del oriente del país con un diseño amigable con el medio ambiente y bioseguro con los compradores, tendrá nuevas tecnologías, sistemas y materiales que apuntan a la sostenibilidad", manifestó Villaveces en diálogo con BLU Radio.
La Procuraduría profirió pliego de cargos contra tres exfuncionarios del Ministerio de las TIC, que intervinieron en la suscripción del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, así como dos particulares que manejaron recursos públicos.Los cobijados con la medida son Adriana Vanessa Meza Consuegra, en su condición de exsecretaria general MinTIC, Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC y los particulares Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020 y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejercía la interventoría del contrato en mención.Para la Procuraduría, Adriana Meza Consuegra tendría responsabilidad disciplinaria en la comisión de la falta gravísima por presuntamente desconocer los principios que rigen la contratación estatal, al abrir la licitación con estudios previos insuficientes y pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas y completas.Lo anterior, teniendo en cuenta que fueron modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones técnicas, financieras y jurídicas definidas por el estructurador que había sido contratado por el FonTIC.Por su parte, Carlos Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura del MinTIC y supervisor del contrato, quien tenía a cargo la estructuración de los estudios previos y pliego de condiciones del proceso contractual en cuestión, aparentemente permitió que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor consorcio TELBROAD-PROFIT, sin mediar estudios que sustentaran la modificación, desconociendo las reglas de la contratación.En el caso de Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual del MinTIC, habría incurrido en irregularidades en la etapa precontractual al desconocer los principios de selección objetiva, economía y responsabilidad, al habilitar, mediante evaluación jurídica, la propuesta presentada por la Unión Temporal “Centros Poblados Colombia 2020”, pese a que, al parecer, no cumplía con los requisitos exigidos, toda vez que con su propuesta presentó garantía bancaria de seriedad de la misma, sin que esta hubiese sido expedida realmente por el Banco Itaú CorpBanca Colombia S.A, como lo aseveró el licitante en la oferta que presentó a la entidad contratante el 28 de octubre de 2020.Por su parte, Luis Fernando Duque Torres, representante de la UT Centros Poblados Colombia 2020, la Procuraduría consideró que, presuntamente, falsificó las garantías bancarias por él suscritas y presentadas para amparar el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el cumplimiento general del contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, respectivamente, del contrato estatal de Aporte No. 1043 de 2020, con el fin de acreditar la existencia de las mismas y posibilitar su inicio.Finalmente, para Paola Andrea Izquierdo Rivera, vinculada al proceso en su condición de representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, la Procuraduría le reprocha no haber verificado ni validado el cumplimiento de los requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario del 26 de marzo del 2021.En el que se dio aprobación para que el contratista utilizara los recursos, con cargo al primer desembolso a título de anticipo, toda vez que no verificó, ni garantizó la correcta citación al Banco Itaú al comité, porque de haberlo hecho, se habría evidenciado la falsedad de la que adolecía la garantía bancaria, antes del desembolso del valor del anticipo por parte del FonTIC.En una semanas se definirá la fecha de iniciación del juicio disciplinario.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
