Servicios públicos

Andesco, gremio de las empresas de servicios públicos, pidió al Gobierno de Abelardo De La Espriella que revoque el nuevo marco de tarifas del servicio de aseo para las ciudades del país.Tres días antes de dejar el poder, el Gobierno de Gustavo Petro expidió la resolución 1040 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que establece cómo funcionan en Colombia las tarifas para los prestadores del servicio de aseo que atienden más de 5.000 clientes en las áreas urbanas. Es decir, el revolcón para los ingresos de las grandes empresas del sector.El argumento de la administración anterior es que esta resolución buscaba impulsar la economía circular, el programa Basura Cero y dar incentivos a la separación y aprovechamiento de recursos.La discusión fue muy compleja con el sector privado, que en repetidas ocasiones señaló cómo el marco tarifario propuesto desconocía costos básicos del servicio, como por ejemplo la necesidad de tener bolsas para la basura, o desconocía hechos que estaban ocurriendo en el país, como el incremento de más del 23% en el salario mínimo, lo que podría poner en peligro la prestación del servicio.La versión definitiva, de hecho, incluye hoy un 50% de elementos que nunca fueron discutidos con el sector, según Andesco.Sin embargo, sacar adelante esta resolución era una orden presidencial, al punto de que le costó la cabeza al entonces viceministro de Agua, Edward Libreros, a quien el expresidente Petro despidió en televisión nacional acusándolo de estar haciéndole caso a Andesco.Tras la salida de Libreros el proceso no se aceleró. La expedición de la normativa fue suspendida en repetidas oportunidades por cuenta de recusaciones en contra de los integrantes de la CRA. Al final, el Gobierno adoptó un procedimiento abreviado para evaluarlas y negarlas."Esta solicitud busca que se revise de fondo una regulación que tendrá efectos determinantes sobre la prestación del servicio público de aseo en Colombia. La participación ciudadana debe ser efectiva; las disposiciones que generan impactos sustanciales deben ser conocidas y discutidas antes de su adopción; las nuevas reglas no deben producir efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas; y toda decisión tarifaria debe cumplir integralmente los criterios establecidos por la ley. Lo que está en juego es la seguridad jurídica, la sostenibilidad de las empresas y, principalmente, la continuidad y calidad del servicio para 36 millones de usuarios", manifestó Camilo Sánchez, presidente del gremio.

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