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Seis sindicalistas de Venezuela, detenidos entre el 4 y el 7 de julio del año 2022, fueron condenados este miércoles, 2 de agosto, a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir, según informaron varias ONG´s, que rechazan la condena y califican el hecho de “persecución política”.
"Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín acaban de ser condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir", dijo la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta en Twitter.
Además, la organización insistió en que estos seis sindicalistas son “luchadores sociales, y que esta condena representa "el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela”.
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) tildó de “brutal” la condena y aseguró, en la misma red social, que es una decisión “arbitraria”", tomada en un proceso judicial donde “el único testigo de la denuncia nunca se presentó en un año y dos meses”.
Asimismo, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señaló que los detenidos fueron condenados “a pesar de ser inocentes” y que, durante el juicio, “las únicas pruebas de las Fiscalía fueron capturas de pantalla y Twitter”.
Las organizaciones recordaron que las detenciones se produjeron después de que encabezaran protestas callejeras para exigir salarios dignos y otras mejoras laborales.
Rechazo en Venezuela
"Desde la Plataforma Unitaria Democrática condenamos esta nueva violación de los derechos humanos al sentenciar a 16 años de cárcel en (un) juicio plagado de vicios procesales a seis luchadores sociales que estuvieron al frente de las protestas ejerciendo sus derechos", dijo esta coalición que agrupa a una parte del antichavismo, en un mensaje de Twitter.
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Al respecto, el candidato opositor a las primarias presidenciales Henrique Capriles aseguró, en la misma red social, que se trata de "otra violación más a los derechos humanos" por parte "de quienes gobiernan en Venezuela".
"Criminalizar a quienes ejercen sus derechos es una aberración. Metiendo presos a los que luchan por una vida mejor sólo profundiza la crisis económica, social y política", aseveró Capriles.
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