Actualizado: 17 de dic, 2017
Congreso de Ecuador aprueba juicio político contra vicepresidente por Odebrecht
Glas, quien mantiene el cargo pese a que está detenido por el delito de asociación ilícita, podría perderlo.
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El Congreso de Ecuador aceptó este domingo abrir un juicio político contra el vicepresidente, Jorge Glas, condenado a prisión por recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht, lo que le acerca todavía más a la destitución del cargo.
Con cuatro votos de siete integrantes, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) -el máximo órgano dentro del Congreso encargado de planificar sus actividades- aprobó el proceso, que ahora será remitido a la Corte Constitucional para que informe en un plazo de cinco días si admite o no el juicio político.
En caso de que el dictamen de la Corte sea favorable, el trámite pasará a la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional, que a su vez debe dar su visto bueno para que se lleve a cabo la votación en el pleno del Congreso.
Glas, quien mantiene el cargo pese a que está detenido por el delito de asociación ilícita, podría perderlo si las dos terceras partes de los asambleístas votan por su destitución.
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El vicepresidente, que está en prisión desde el 2 de octubre, también podría quedar fuera del puesto, para el que fue reelegido hace ocho meses en binomio con el mandatario Lenín Moreno, si se configura la ausencia definitiva del cargo.
Aunque Glas sostiene está haciendo uso de sus vacaciones, algo que el gobierno no reconoce, el próximo 2 de enero se cumplirán tres meses desde que está ausente. Al completarse ese tiempo el Congreso puede elegir a un vicepresidente de una terna propuesta por Moreno, de acuerdo a la Constitución.
El juicio político contra Glas llega la misma semana en la que en Perú la oposición parlamentaria prepara un proceso para destituir por "incapacidad moral" al presidente Pedro Pablo Kuczynski, acusado también de recibir pagos de la empresa brasileña Odebrecht.
Glas fue sentenciado el miércoles pasado en primera instancia a seis años de cárcel, por recibir millonarios sobornos de la constructora Odebrecht. La condena lo convierte en el funcionario en activo de mayor rango en América Latina en ser sancionado por la trama de coimas de la transnacional brasileña.
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