El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Ricardo Pérez Manrique, opinó este jueves que "hay que trabajar" para que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos, aunque para ello se requieren "garantías democráticas", apuntó.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, está intentando convencer a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para que su país regrese al sistema interamericano del que se salió dejando sin efecto en su territorio la jurisdicción de la CorteIDH y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
"Es un hecho negativo que haya países que abandonen el sistema y hay que trabajar para que esos países que lo abandonaron vuelvan al sistema", dijo Pérez Manrique en una entrevista con EFE durante la 53 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington.
Para un regreso al sistema interamericano, el juez explicó que debe abrirse un diálogo con Venezuela por parte de los países de la región y llegar a "acuerdos mínimos sobre garantías democráticas".
El presidente de la CorteIDH consideró que todo dependerá de cómo se interpreten los documentos de la OEA sobre derechos humanos y cómo se ajustan a la realidad interna del país.
El juez también celebró que la Asamblea General de la OEA tenga previsto evaluar la situación de los derechos humanos en Nicaragua después de que el país centroamericano se declarara en desacato ante las sentencias de la CorteIDH.
A pesar de que países como Brasil hayan negociado en la OEA rebajar el tono de la condena al Gobierno de Daniel Ortega, Pérez Manrique afirmó que hay "un consenso bastante amplio" entre los países de la región de que Nicaragua "está en una situación complicada desde el punto de vista de los derechos humanos".
Preguntado por la represión de las protestas en Perú tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, el juez respondió que no ha llegado a la CorteIDH ningún caso relacionado con el país andino.
Pérez Manrique enumeró en cambio varias sentencias que el tribunal ha tomado durante el último año en defensa de la libertad de expresión, los pueblos indígenas y la independencia judicial y de los organismos electorales en la región.
El juez lamentó que "nunca hay una situación tranquila en derechos humanos" en la región debido a la "creciente confrontación" social, la presencia del crimen organizado y las políticas de seguridad de los países, entre otros aspectos.
"Creo que es fundamental el diálogo. Lamentablemente en la región se está viviendo un proceso de invisibilización del centro y de las posiciones intermedias", opinó.
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