Las organizaciones de derechos humanos que comparecieron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincidieron en que, pese a las recientes excarcelaciones de presos políticos y a las medidas anunciadas por las autoridades venezolanas tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, no existen cambios estructurales que indiquen un cese de la represión en el país.Las declaraciones se dieron durante la audiencia pública sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, advirtió que la represión continúa pese a los avances en los espacios para denunciar en instancias internacionales como la CIDH. “Esa apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada”, afirmó Borges.La directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, también advirtió sobre el deterioro de las condiciones de reclusión de los presos políticos. Señaló que adultos mayores y personas con enfermedades graves permanecen sin atención médica, mientras continúan las denuncias de torturas y tratos crueles. "Las condiciones de reclusión en los centros de detención en Venezuela han alcanzado un punto crítico que vulnera todo estándar de dignidad humana, consolidando un patrón de tratos crueles, inhumanos y degradantes", afirmó.Tineo también alertó sobre la incertidumbre que persiste frente al estado de los centros penitenciarios tras los terremotos del 24 de julio. "Hasta la fecha, las autoridades no han informado públicamente los resultados de las inspecciones técnicas pertinentes", aseguró. Añadió que, según los reportes recibidos, las personas privadas de la libertad fueron evacuadas temporalmente, pero luego obligadas a regresar a áreas con daños estructurales.Sobre las consecuencias de esos terremotos, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, denunció que también se documentaron restricciones a las labores humanitarias. Según explicó, se registraron obstáculos a equipos de rescate independientes y misiones internacionales, además de hostigamientos contra centros de acopio y voluntarios, detenciones arbitrarias y agresiones contra la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información.En la misma audiencia, Alejandro Romero, presidente de Foro Penal, afirmó que, pese a la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 de febrero, y la excarcelación de cerca de 800 presos políticos, "el aparato represivo continúa"."La represión no ha desaparecido; ha cambiado de forma, pero persisten varios patrones. Rodeo I sigue albergando presos políticos, donde se denuncian torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Helicoide ya no alberga presos políticos, pero quienes estaban allí fueron trasladados a otros dos centros de reclusión", dijo.Romero también aseguró que el aparato represivo sigue operando a través de los organismos de inteligencia. Aunque hace dos semanas se restableció la posibilidad de acceder a los expedientes y designar abogados, un derecho de defensa que había sido restringido, afirmó que aún existen casos en los que esos documentos no aparecen. "El sistema de justicia sigue controlado absolutamente por el régimen", concluyó.Al cierre de la intervención de las ONG, Faisal Yamil, integrante de la plataforma Justicia y Verdad, presentó las principales recomendaciones consensuadas por las organizaciones participantes. Entre ellas pidió la liberación plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, la derogación del marco normativo que, según las organizaciones, ha servido para criminalizar la disidencia y restringir el espacio cívico, y una mayor apertura del Estado venezolano a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluida una inspección de la CIDH.Yamil también pidió que la comisión mixta instalada el pasado 1 de agosto produzca resultados verificables y advirtió que los espacios de diálogo no pueden convertirse en mecanismos para dilatar soluciones frente a las violaciones de derechos humanos denunciadas por las organizaciones. "No comparecemos hoy solo a denunciar; comparecemos con una apertura propositiva", concluyó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluó la situación actual del Pueblo Indígena Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta, beneficiario de medidas cautelares vigentes desde 2005, y concluyó que el contexto de riesgo no solo se mantiene, sino que se ha intensificado.“La información presentada por la representación reflejó una continuidad en la operación de actores armados ilegales en los territorios, así como la persistencia de amenazas, intimidaciones, declaratorios de “objetivos militares”, asesinatos, enfrentamientos armados, desplazamiento forzado de población, reclutamientos de jóvenes, violencia sexual, incendio de casas ceremoniales y otros eventos de violencia”.La Comisión también tuvo en cuenta la Alerta Temprana 020 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, que ya había advertido un nivel de riesgo alto en esta región del país.En ese sentido, el organismo instó a Colombia a redoblar las acciones para garantizar la seguridad de las comunidades, incorporando un enfoque étnico, cultural, de género y edad.Asimismo, pidió que las evaluaciones de riesgo tengan en cuenta el impacto acumulado de la violencia sobre el pueblo Wiwa, considerado en riesgo de exterminio, así como los efectos diferenciados sobre líderes, mujeres y niños.La CIDH también subrayó la importancia de concertar con las comunidades las medidas de protección que permitan su permanencia segura en el territorio y avanzar en investigaciones efectivas sobre los hechos de violencia.Finalmente, reiteró al Estado la necesidad de prevenir la repetición de estos hechos y evitar escenarios de impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta."Investigar de manera efectiva todos los hechos de violencia reportados hasta la fecha, con miras a evitar situaciones de impunidad y su continua ocurrencia”.
La Corte IDH determinó que hay al menos 6.000 integrantes y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica que fueron asesinados, desaparecidos o exiliados y amenazados, entre otros delitos que se presentaron. En el mismo sentido se le ordenó al Estado colombiano investigar los hechos, reconocerlos públicamente, proteger a las víctimas y sus familiares y avanzar con las indemnizaciones, entre otras medidas.Las víctimas, dos años después, consideran que la reparación aún está en deuda. Incluso hay personas que murieron durante este tiempo sin ver materializado su derecho a la reparación."Se hace necesario que después de 30 años de haber vivido el padecimiento, la desaparición, el desplazamiento, asesinato y amenazas el Estado realmente genere el espacio y que eviten la revictimización y que nos permitan gozar de esos derechos que se llaman reparación integral para las víctimas", aseguró Andrea Forero Dueñas, víctima e hija de Teófilo Forero.Las víctimas le hacen un llamado a todas las instituciones y entidades que tienen responsabilidad en la reparación de las víctimas; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que haga el seguimiento a la implementación de las medidas ordenadas, también a la Unidad de Víctimas para que avance con las indemnizaciones. Es importante recordar que el acto de reconocimiento público por este caso lo iba a encabezar el presidente Gustavo Petro, pero por razones de salud no pudo asistir y aún no se ha realizado."El avance es limitado e insuficiente, es limitado porque estas medidas no se han implementado, entonces eso es como si la sentencia estuviera de alguna manera solo en un texto y no en la materialización de la vida de las víctimas. Hemos hecho unos foros en las universidades que fueron promovidos por las coordinaciones de víctimas y apoyados en términos logísticos por las universidades y en términos de organización y presupuesto por parte del Estado, y eso es muy importante, pero en el resto de medidas no hay ningún avance", agrega Luz Marina Monzón abogada y codirectora de la Corporación Reiniciar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales del pueblo indígena U’wa, ubicado en Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá. La decisión responde a la imposición de proyectos extractivos y turísticos en sus territorios, así como a actividades petroleras, mineras y de infraestructura, que vulneraron sus derechos fundamentales.El fallo destaca que el Estado colombiano no realizó consultas previas, libres e informadas, como lo establecen los estándares interamericanos. Estas consultas son esenciales para garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios ancestrales. En cambio, el Gobierno otorgó permisos y licencias para proyectos extractivos sin respetar los derechos del pueblo U’wa, profundizando los daños culturales y ambientales.Los U’wa llevan más de 30 años defendiendo sus territorios de los impactos de actividades extractivas, argumentando que estos ecosistemas son esenciales no solo para ellos, sino para la humanidad en el contexto de la crisis climática. Ante la falta de respuestas en las instancias legales nacionales, los U’wa acudieron en 1997 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2020, después de más de dos décadas de espera, la Comisión remitió el caso a la Corte IDH, alegando que Colombia no cumplió las recomendaciones iniciales.El 25 y 26 de abril de 2023, durante una audiencia en Santiago de Chile, la Corte escuchó los testimonios del pueblo U’wa. Este encuentro fue clave para exponer cómo los proyectos extractivos han deteriorado su territorio y su cultura.La sentencia de la Corte IDH representa un precedente importante para la protección de los derechos de las comunidades indígenas en América Latina. “Este fallo confirma nuestra lucha por el territorio y la vida”, declararon líderes U’wa tras conocer la decisión.El Estado colombiano ahora deberá adoptar medidas para reparar los daños causados y garantizar que situaciones similares no se repitan, respetando los derechos de las comunidades indígenas y su rol en la preservación del medio ambiente.
Desde el Comité Político del Pacto Histórico, respaldaron la propuesta del presidente Gustavo Petro de conformar un equipo jurídico que permita denunciar ante las cortes internacionales la violación de derechos políticos en Colombia. Este llamado, según ellos, tiene como propósito fundamental proteger los valores democráticos y los derechos fundamentales que deben prevalecer en nuestro país.“Como Pacto Histórico, nos comprometemos a trabajar activamente en la creación y fortalecimiento de este equipo jurídico, asegurando que las denuncias ante las diferentes instancias internacionales se presenten con solidez, rigor y sustento, frente a los intentos de socavar los avances democráticos logrados por el pueblo colombiano”.A través de un comunicado también aseguraron que “la defensa de los derechos políticos de quienes han sido elegidos por mandato ciudadano es esencial para garantizar que los principios de independencia de poderes y transparencia no sean vulnerados por intereses particulares. Defender los derechos políticos de los ciudadanos y de quienes han sido elegidos por mandato popular es un pilar fundamental para la estabilidad y el fortalecimiento de nuestra democracia. Sin el pleno ejercicio de estos derechos, no solo se pone en riesgo la representación política, sino que se debilita la posibilidad de construir una sociedad justa, equitativa y participativa”.Dicho anuncio surge luego de que la Corte IDH asegurara que el CNE sí tiene la facultad para investigar la campaña del presidente. Es por eso que afirmaron que seguirán al lado del presidente Gustavo Petro, defendiendo la democracia, los derechos humanos y la independencia de poderes, y no permitirán que se silencie la voz del cambio. “Este es un momento crucial para Colombia, y desde el Pacto Histórico reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo colombiano y su mandato de transformación”.Finalmente, hicieron énfasis en que rechazarán cualquier intento de censura política o golpe blando contra la voluntad popular, especialmente cuando está motivado por el capricho de actores políticos que buscan perpetuar prácticas clientelistas y bloquear el cambio necesario para Colombia”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos negó recientemente la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, quienes pedían que se garantizaran sus “derechos políticos y garantías judiciales” en el marco de una investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva a cabo por presuntas irregularidades en los gastos de su campaña presidencial.Este rechazo de la Corte IDH se produce en medio de un clima político tenso, donde Petro ha sostenido en varias ocasiones que la investigación en su contra forma parte de una estrategia para desestabilizar su Gobierno. El mandatario ha acusado al CNE de estar orquestando un “golpe blando” en su contra, un término que ha utilizado reiteradamente en sus declaraciones públicas. Para Petro, las indagaciones del CNE no son solo un proceso de investigación, sino que es un ataque político dirigido a tumbar su legitimidad y la de su administración.El pronunciamiento de la Corte IDH ha generado reacciones en diversos sectores políticos del país. Desde la oposición, congresistas como Hernán Cadavid, del Centro Democrático, respaldaron la postura de la Corte, afirmando que el CNE debe continuar con su labor.“En este caso la Corte no accedió a su pretensión, ha quedado confirmado por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y ahora por el sistema interamericano que el CNE tiene todas las facultades para seguir adelantando esta investigación administrativa en la campaña Petro, sus directivos, sus contadores, temas fiscales y por supuesto, el candidato” aseguró.En contraste, desde el Pacto Histórico, coalición que apoya al presidente Petro, se mostró apoyo al mandatario. El congresista Alejandro Toro aseguró que su bancada respaldará la decisión del presidente de formar un equipo jurídico para defenderse ante organismos internacionales. Toro afirmó que la lucha por los derechos del presidente continuará, a pesar de la negativa de la Corte IDH, y que seguirán buscando vías para que la comunidad internacional se pronuncie sobre lo que consideran una persecución política.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este viernes, 13 de diciembre, al Estado colombiano por la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, ocurrida en mayo de 1995 a manos de agentes de la Policía Nacional. En su decisión, el tribunal internacional responsabilizó a Colombia por graves violaciones a los derechos humanos y emitió órdenes dirigidas a garantizar justicia, reparación y no repetición.El caso, que fue remitido a la Corte en diciembre de 2022, evidencia una práctica sistemática de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en la década de los 90. Jhon Ricardo, de 24 años, y Gloria Mireya, de 22, fueron detenidos frente a la Clínica Tequendama en Cali por la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE). Desde entonces, su paradero es desconocido.En su fallo, la Corte ordenó al Estado colombiano:Continuar con la investigación, judicialización y sanción de los responsables de la desaparición de los jóvenes.Crear protocolos especializados para la búsqueda de víctimas desde el exterior, considerando casos como el de la hermana de Jhon Ricardo Ubaté, quien ha tenido que continuar su lucha desde el exilio.Otorgar becas estudiantiles a los familiares de las víctimas, como medida de reparación.Establecer un espacio de memoria dedicado a las víctimas de desaparición forzada, destacando que este crimen constituye una grave violación de derechos humanos y un delito de Estado.El fallo llega tras la aceptación de responsabilidad del Estado colombiano durante una audiencia pública celebrada en enero de 2024, en la que reconoció los crímenes cometidos por la Policía Nacional.Cabe decir que los familiares de las víctimas han insistido en la necesidad de acciones concretas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La Corte también resaltó la obligación del Estado de garantizar que los familiares puedan continuar su lucha por justicia sin enfrentar riesgos o limitaciones, especialmente aquellos que se encuentran en el exterior.
En el año 2000 el exministro de comunicaciones durante el Gobierno Samper, Saulo Arboleda Gómez, fue condenado por presuntas irregularidades en la adjudicación de una emisora FM. Por lo tanto, a Arboleda se le habrían violado los derechos a recurrir el fallo condenatorio y a la protección judicial, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pues no se le garantizó una segunda instancia."Saulo Arboleda Gómez ocupaba el cargo de ministro de Comunicaciones de Colombia cuando varios medios de comunicación publicaron la transcripción de la grabación de una conversación sobre un proceso de adjudicación de una emisora de radio, la cual causó interés público debido a que en la misma se discutían asuntos que podían revestir carácter de hecho punible. El fiscal general de Colombia presentó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia una acusación por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos en contra del señor Saulo Arboleda Gómez, y por ser este ministro, la Constitución obligaba a que fuera enjuiciado en fuero especial. El 25 de octubre de 2000 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia dictó sentencia condenatoria en única instancia en contra del señor Saulo Arboleda Gómez por la cual lo condenó como autor del delito de interés ilícito", señaló la Corte IDH.Tras la condena la defensa del exministro, interpuso una tutela y cinco recursos, todos los mecanismos fueron rechazados o inadmitidos. La Corte IDH determinó que, según la Convención Americana, existe el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, algo que aplica a todos los procesos y aforados."La Corte encontró que existía una clara violación al derecho a recurrir el fallo condenatorio, ya que al no existir la instancia, no era posible que ningún recurso bridara la protección judicial adecuada, por lo que consideró que también se ha violado el artículo 25.1 de la Convención. En su sentencia, la Corte destacó los esfuerzos realizados por el Estado con posterioridad a los hechos de este caso, sin embargo, encontró que al momento en que ocurrieron los hechos de este caso, Colombia no había adoptado las medidas necesarias para la adecuada implementación de sus obligaciones convencionales en el ordenamiento jurídico interno", aseguró la Corte IDH.Ante esta situación se ordenaron algunas medidas de reparación y el Estado colombiano deberá garantizar a Arboleda Gómez el derecho a recurrir el fallo condenatorio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, hecho ocurrido a partir del 30 de noviembre de 2002 en el marco del "Plan de recuperación social" llevado a cabo en Medellín.La CorteIDH declaró que "el Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Arles Edisson Guzmán Medina", así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, al derecho a conocer la verdad, a la integridad personal y a la protección de la familia.El tribunal continental explicó este viernes en un comunicado tras notificar a las partes sobre el fallo, que durante el proceso el Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional por este caso.La CorteIDH determinó que "la sustracción y posterior desaparición forzada del señor Guzmán Medina, es atribuible a las BCN (Bloque Cacique Nutibara) quienes actuaban con colaboración de autoridades estatales".Arles Edisson Guzmán Medina tenía 29 años al momento de su desaparición y estaba casado con Luz Enith Franco Noreña. La noche del 30 de noviembre de 2002, dos hombres vestidos de civil en un taxi llegaron al lugar donde se encontraba trabajando y le ordenaron subir al vehículo para ir a responder preguntas que le haría "el patrón". Desde entonces se desconoce su paradero.La sentencia de la CorteIDH indica que, en su reconocimiento de responsabilidad, el Estado señaló que "es razonable inferir que los crímenes cometidos por el BCN, en este caso, son atribuibles al Estado colombiano" debido a que los hechos se presentaron "en un contexto comprobado de relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares en la fase de consolidación de la Operación Orión".Los hechos ocurrieron en Medellín, en 2002, en el marco del “plan de recuperación social” que tuvo diversos operativos militares en la Comuna 13, entre ellos el conocido como la “Operación Orión”."Esta fue una operación entre el Ejército Nacional y el Bloque Cacique Nutibara (BCN) en el cual se dieron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida y la integridad personal, amenazas de muerte, y desplazamientos de los habitantes de la comuna", explicó la CorteIDH.El tribunal agregó que con posterioridad a la Operación Orión, el BCN ingresó a la Comuna 13 y "se volvió el grupo hegemónico y continuaron con expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, y un alto número de inhumaciones clandestinas".Como medidas de reparación, la CorteIDH ordenó al Estado colombiano continuar con las investigaciones y el proceso penal en curso relativo a la desaparición forzada de Guzmán, seguir con las acciones de búsqueda, brindar la atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares de la víctima, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar un documental sobre le caso.Además, los jueces establecieron indemnizaciones económicas para la familia de Guzmán por concepto de daños materiales e inmateriales.Le podría interesar:
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el juez Ricardo Pérez, se mostró "optimista" tras la reciente visita de la institución a Colombia, a pesar de que este tiene "sus problemas con los derechos humanos y los antecedentes del conflicto armado".En una rueda de prensa junto al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, Pérez hizo un balance positivo al culminar el 162 periodo ordinario de sesiones que la Corte llevó a cabo esta semana en Colombia, la sexta vez que sesiona en el país."Nos llevamos una visión de que Colombia tiene sus problemas con los derechos humanos por la complejidad y antecedentes del conflicto armado, pero lo que hemos encontrado es una muy fuerte institucionalidad democrática y una muy fuerte vinculación con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos", señaló el presidente de la CorteIDH.Eso hace que sean "optimistas" en cuanto a "la situación de la paz en Colombia, una paz que solo se puede conseguir en el marco del respeto a los derechos humanos", indicó.Pérez y Vidal también anunciaron la suscripción de un convenio de cooperación técnico e institucional que incluirá, entre otros, el intercambio de jurisprudencia y de operadores.Para Vidal este acuerdo "tiene como finalidad desarrollar una agenda de trabajo conjunto" y asegurar que la CorteIDH "ofrece un apoyo concreto en el desarrollo de las complejas labores judiciales que implica la justicia transicional".Balance positivo"Nuestras actividades han sido muy intensas pero estamos muy satisfechos por lo cumplido, hemos encontrado una fuerte solidez institucional en Colombia, un fuerte apego a los principios del estado democrático de derecho y a su vez hemos encontrado un amplio reconocimiento a los aportes que realiza la corte y el sistema interamericano", agregó Pérez.Por su parte, Vidal dijo que recibieron "el mensaje tal vez más importante que ellos traen, y es la idea de que Colombia hace parte de una comunidad política continental unida por el derecho internacional y que nos permite de una manera solidaria e institucional promover la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz".En este sentido, reseñó "la relevancia que tiene para la región, para el continente, en la clave de la construcción de la paz este vínculo fuerte entre las instituciones judiciales internacionales y la JEP en la garantía de los derechos humanos y la estabilidad de la búsqueda de la paz en Colombia".Durante el periodo de sesiones en Colombia se llevaron a cabo tres audiencias de casos en casos de Chile, Guatemala y Brasil, así como cinco audiencias reservadas de supervisión de cumplimiento de sentencias de casos de Colombia, un seminario y "numerosas tareas de coordinación".Los miembros de la CorteIDH se han entrevistado, entre otros, con el presidente colombiano, Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez, así como con miembros de las altas cortes como el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la JEP.Vea también
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
Saber qué hacer y cómo reacciona el cuerpo tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia es clave para recuperar la tranquilidad. El evento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, convirtiéndose en el más fuerte de la última década en el país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).Frente a sensaciones físicas persistentes como la percepción de que el suelo se sigue moviendo, Denisse Morales, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, explicó las causas médicas de este fenómeno y estructuró pautas de manejo emocional.Qué es el síndrome de mareo postsismoLa especialista señaló que manifestaciones como mareo, taquicardia, insomnio, dificultad para concentrarse o temor a ingresar a edificios responden a una activación del sistema de alarma del cuerpo para protegerse.De acuerdo con un estudio publicado en 2021 por la revista científica PLOS ONE sobre los terremotos de Kumamoto (Japón, 2016) citado por la institución, de 4.231 personas encuestadas, 1.543 mantuvieron la sensación de mareo posterior al evento. Este fenómeno combina la respuesta del oído interno, encargado del equilibrio, el sistema nervioso y factores emocionales como la ansiedad.Las réplicas del movimiento telúrico reactivan temporalmente la vigilancia del organismo, por lo que la calma suele retornar de forma paulatina.Cinco consejos psicológicos tras el temblor de 7.4Para controlar la respuesta de alerta sin descuidar las medidas de prevención ante posibles réplicas, Morales entregó cinco recomendaciones prácticas:Anclar el cuerpo: sentarse con ambos pies apoyados firmemente en el piso, fijar la vista en un punto fijo de la pared y nombrar en voz alta cinco objetos a su alrededor para devolver estabilidad al cerebro.Alargar la exhalación: inhalar contando hasta cuatro y expulsar el aire lentamente contando hasta seis. Repetir la secuencia durante dos minutos para bajar las pulsaciones del corazón.Limitar el uso del teléfono celular: revisar de forma puntual las fuentes oficiales del SGC y la UNGRD, evitando la sobreexposición a imágenes o videos de la emergencia que incrementen la ansiedad.Hablar con claridad a los niños: explicarles con palabras sencillas lo ocurrido y las acciones a seguir si vuelve a temblar, manteniendo las rutinas habituales de alimentación y sueño.Estructurar un plan de acción: Definir un punto de encuentro familiar, despejar las vías de evacuación de la vivienda y alistar una maleta de emergencia con agua, botiquín, linterna, radio y documentos.¿Cuándo solicitar atención médica o psicológica?El análisis académico establece que se debe buscar ayuda profesional si los síntomas no ceden al cabo de una semana; si la persona no logra dormir, comer o laborar; si existe evasión a ingresar a inmuebles o si un menor de edad registra regresiones conductuales.Asimismo, si el mareo se acompaña de vómito intenso, zumbidos constantes o pérdida de audición, la recomendación es acudir a valoración médica para descartar cuadros de vértigo y evitar la automedicación.El Ministerio de Salud cuenta con la línea gratuita 106 para atención en salud mental las 24 horas, mientras que las emergencias inmediatas se atienden a través del número 123.
Como consecuencia del terremoto registrado en Colombia y con el propósito de proteger la integridad de colaboradores, empresarios y usuarios, las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura modificaron temporalmente la atención presencial en sus sedes. La medida se mantendrá mientras se adelantan las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecer las reparaciones locativas que sean necesarias.La decisión fue adoptada en el marco de lo establecido por la Circular Externa 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que permite a las cámaras de comercio modificar temporalmente la atención presencial cuando se presentan circunstancias extraordinarias o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, la normativa establece que estas entidades deben garantizar la continuidad de los servicios mediante sus canales virtuales e informar oportunamente a los usuarios y a la autoridad de supervisión sobre cualquier modificación en la prestación del servicio.Por esta razón, los servicios registrales y demás trámites a cargo de las Cámaras de Comercio no quedan suspendidos. Los empresarios y ciudadanos podrán continuar realizando sus diligencias a través de los canales virtuales habilitados por cada entidad, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.La modificación temporal de la atención presencial aplica para las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura. En cada una de estas ciudades se adelantan las respectivas verificaciones técnicas para establecer si las instalaciones presentan afectaciones derivadas del movimiento telúrico y determinar las condiciones necesarias para retomar la atención al público de manera segura.De acuerdo con la información suministrada por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, la atención presencial será restablecida una vez finalicen las inspecciones y se compruebe que existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Cualquier cambio en los horarios o en las condiciones de atención será comunicado por cada Cámara de Comercio mediante sus canales oficiales.Finalmente, la Red de Cámaras de Comercio recomendó consultar los sitios web y las redes sociales oficiales de cada entidad para conocer el estado de la atención presencial y acceder a los canales virtuales disponibles para realizar trámites y servicios mientras se normaliza la atención en las sedes físicas.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este lunes, 10 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este lunes, 10 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 14 - 04 - 35 - 27 - 19.Super Balota: 14.Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 31 - 13 - 21 - 36 - 09.Super Balota: 03.¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este lunes, 10 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el miércoles, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
El sorteo número 586 de MiLoto, jugado este lunes, 10 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $450 millones de pesos.A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.Números ganadores de MiLoto 10 de agosto (Sorteo 586)La combinación ganadora del sorteo 586 de este lunes 10 de agosto de 2026 fue: 02 - 19 - 14 - 29 - 08.¿Cómo jugar MiLoto?Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
