Las organizaciones de derechos humanos que comparecieron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincidieron en que, pese a las recientes excarcelaciones de presos políticos y a las medidas anunciadas por las autoridades venezolanas tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, no existen cambios estructurales que indiquen un cese de la represión en el país.Las declaraciones se dieron durante la audiencia pública sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, advirtió que la represión continúa pese a los avances en los espacios para denunciar en instancias internacionales como la CIDH. “Esa apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada”, afirmó Borges.La directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, también advirtió sobre el deterioro de las condiciones de reclusión de los presos políticos. Señaló que adultos mayores y personas con enfermedades graves permanecen sin atención médica, mientras continúan las denuncias de torturas y tratos crueles. "Las condiciones de reclusión en los centros de detención en Venezuela han alcanzado un punto crítico que vulnera todo estándar de dignidad humana, consolidando un patrón de tratos crueles, inhumanos y degradantes", afirmó.Tineo también alertó sobre la incertidumbre que persiste frente al estado de los centros penitenciarios tras los terremotos del 24 de julio. "Hasta la fecha, las autoridades no han informado públicamente los resultados de las inspecciones técnicas pertinentes", aseguró. Añadió que, según los reportes recibidos, las personas privadas de la libertad fueron evacuadas temporalmente, pero luego obligadas a regresar a áreas con daños estructurales.Sobre las consecuencias de esos terremotos, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, denunció que también se documentaron restricciones a las labores humanitarias. Según explicó, se registraron obstáculos a equipos de rescate independientes y misiones internacionales, además de hostigamientos contra centros de acopio y voluntarios, detenciones arbitrarias y agresiones contra la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información.En la misma audiencia, Alejandro Romero, presidente de Foro Penal, afirmó que, pese a la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 de febrero, y la excarcelación de cerca de 800 presos políticos, "el aparato represivo continúa"."La represión no ha desaparecido; ha cambiado de forma, pero persisten varios patrones. Rodeo I sigue albergando presos políticos, donde se denuncian torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Helicoide ya no alberga presos políticos, pero quienes estaban allí fueron trasladados a otros dos centros de reclusión", dijo.Romero también aseguró que el aparato represivo sigue operando a través de los organismos de inteligencia. Aunque hace dos semanas se restableció la posibilidad de acceder a los expedientes y designar abogados, un derecho de defensa que había sido restringido, afirmó que aún existen casos en los que esos documentos no aparecen. "El sistema de justicia sigue controlado absolutamente por el régimen", concluyó.Al cierre de la intervención de las ONG, Faisal Yamil, integrante de la plataforma Justicia y Verdad, presentó las principales recomendaciones consensuadas por las organizaciones participantes. Entre ellas pidió la liberación plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, la derogación del marco normativo que, según las organizaciones, ha servido para criminalizar la disidencia y restringir el espacio cívico, y una mayor apertura del Estado venezolano a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluida una inspección de la CIDH.Yamil también pidió que la comisión mixta instalada el pasado 1 de agosto produzca resultados verificables y advirtió que los espacios de diálogo no pueden convertirse en mecanismos para dilatar soluciones frente a las violaciones de derechos humanos denunciadas por las organizaciones. "No comparecemos hoy solo a denunciar; comparecemos con una apertura propositiva", concluyó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluó la situación actual del Pueblo Indígena Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta, beneficiario de medidas cautelares vigentes desde 2005, y concluyó que el contexto de riesgo no solo se mantiene, sino que se ha intensificado.“La información presentada por la representación reflejó una continuidad en la operación de actores armados ilegales en los territorios, así como la persistencia de amenazas, intimidaciones, declaratorios de “objetivos militares”, asesinatos, enfrentamientos armados, desplazamiento forzado de población, reclutamientos de jóvenes, violencia sexual, incendio de casas ceremoniales y otros eventos de violencia”.La Comisión también tuvo en cuenta la Alerta Temprana 020 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, que ya había advertido un nivel de riesgo alto en esta región del país.En ese sentido, el organismo instó a Colombia a redoblar las acciones para garantizar la seguridad de las comunidades, incorporando un enfoque étnico, cultural, de género y edad.Asimismo, pidió que las evaluaciones de riesgo tengan en cuenta el impacto acumulado de la violencia sobre el pueblo Wiwa, considerado en riesgo de exterminio, así como los efectos diferenciados sobre líderes, mujeres y niños.La CIDH también subrayó la importancia de concertar con las comunidades las medidas de protección que permitan su permanencia segura en el territorio y avanzar en investigaciones efectivas sobre los hechos de violencia.Finalmente, reiteró al Estado la necesidad de prevenir la repetición de estos hechos y evitar escenarios de impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta."Investigar de manera efectiva todos los hechos de violencia reportados hasta la fecha, con miras a evitar situaciones de impunidad y su continua ocurrencia”.
La Corte IDH determinó que hay al menos 6.000 integrantes y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica que fueron asesinados, desaparecidos o exiliados y amenazados, entre otros delitos que se presentaron. En el mismo sentido se le ordenó al Estado colombiano investigar los hechos, reconocerlos públicamente, proteger a las víctimas y sus familiares y avanzar con las indemnizaciones, entre otras medidas.Las víctimas, dos años después, consideran que la reparación aún está en deuda. Incluso hay personas que murieron durante este tiempo sin ver materializado su derecho a la reparación."Se hace necesario que después de 30 años de haber vivido el padecimiento, la desaparición, el desplazamiento, asesinato y amenazas el Estado realmente genere el espacio y que eviten la revictimización y que nos permitan gozar de esos derechos que se llaman reparación integral para las víctimas", aseguró Andrea Forero Dueñas, víctima e hija de Teófilo Forero.Las víctimas le hacen un llamado a todas las instituciones y entidades que tienen responsabilidad en la reparación de las víctimas; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que haga el seguimiento a la implementación de las medidas ordenadas, también a la Unidad de Víctimas para que avance con las indemnizaciones. Es importante recordar que el acto de reconocimiento público por este caso lo iba a encabezar el presidente Gustavo Petro, pero por razones de salud no pudo asistir y aún no se ha realizado."El avance es limitado e insuficiente, es limitado porque estas medidas no se han implementado, entonces eso es como si la sentencia estuviera de alguna manera solo en un texto y no en la materialización de la vida de las víctimas. Hemos hecho unos foros en las universidades que fueron promovidos por las coordinaciones de víctimas y apoyados en términos logísticos por las universidades y en términos de organización y presupuesto por parte del Estado, y eso es muy importante, pero en el resto de medidas no hay ningún avance", agrega Luz Marina Monzón abogada y codirectora de la Corporación Reiniciar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales del pueblo indígena U’wa, ubicado en Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá. La decisión responde a la imposición de proyectos extractivos y turísticos en sus territorios, así como a actividades petroleras, mineras y de infraestructura, que vulneraron sus derechos fundamentales.El fallo destaca que el Estado colombiano no realizó consultas previas, libres e informadas, como lo establecen los estándares interamericanos. Estas consultas son esenciales para garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios ancestrales. En cambio, el Gobierno otorgó permisos y licencias para proyectos extractivos sin respetar los derechos del pueblo U’wa, profundizando los daños culturales y ambientales.Los U’wa llevan más de 30 años defendiendo sus territorios de los impactos de actividades extractivas, argumentando que estos ecosistemas son esenciales no solo para ellos, sino para la humanidad en el contexto de la crisis climática. Ante la falta de respuestas en las instancias legales nacionales, los U’wa acudieron en 1997 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2020, después de más de dos décadas de espera, la Comisión remitió el caso a la Corte IDH, alegando que Colombia no cumplió las recomendaciones iniciales.El 25 y 26 de abril de 2023, durante una audiencia en Santiago de Chile, la Corte escuchó los testimonios del pueblo U’wa. Este encuentro fue clave para exponer cómo los proyectos extractivos han deteriorado su territorio y su cultura.La sentencia de la Corte IDH representa un precedente importante para la protección de los derechos de las comunidades indígenas en América Latina. “Este fallo confirma nuestra lucha por el territorio y la vida”, declararon líderes U’wa tras conocer la decisión.El Estado colombiano ahora deberá adoptar medidas para reparar los daños causados y garantizar que situaciones similares no se repitan, respetando los derechos de las comunidades indígenas y su rol en la preservación del medio ambiente.
Desde el Comité Político del Pacto Histórico, respaldaron la propuesta del presidente Gustavo Petro de conformar un equipo jurídico que permita denunciar ante las cortes internacionales la violación de derechos políticos en Colombia. Este llamado, según ellos, tiene como propósito fundamental proteger los valores democráticos y los derechos fundamentales que deben prevalecer en nuestro país.“Como Pacto Histórico, nos comprometemos a trabajar activamente en la creación y fortalecimiento de este equipo jurídico, asegurando que las denuncias ante las diferentes instancias internacionales se presenten con solidez, rigor y sustento, frente a los intentos de socavar los avances democráticos logrados por el pueblo colombiano”.A través de un comunicado también aseguraron que “la defensa de los derechos políticos de quienes han sido elegidos por mandato ciudadano es esencial para garantizar que los principios de independencia de poderes y transparencia no sean vulnerados por intereses particulares. Defender los derechos políticos de los ciudadanos y de quienes han sido elegidos por mandato popular es un pilar fundamental para la estabilidad y el fortalecimiento de nuestra democracia. Sin el pleno ejercicio de estos derechos, no solo se pone en riesgo la representación política, sino que se debilita la posibilidad de construir una sociedad justa, equitativa y participativa”.Dicho anuncio surge luego de que la Corte IDH asegurara que el CNE sí tiene la facultad para investigar la campaña del presidente. Es por eso que afirmaron que seguirán al lado del presidente Gustavo Petro, defendiendo la democracia, los derechos humanos y la independencia de poderes, y no permitirán que se silencie la voz del cambio. “Este es un momento crucial para Colombia, y desde el Pacto Histórico reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo colombiano y su mandato de transformación”.Finalmente, hicieron énfasis en que rechazarán cualquier intento de censura política o golpe blando contra la voluntad popular, especialmente cuando está motivado por el capricho de actores políticos que buscan perpetuar prácticas clientelistas y bloquear el cambio necesario para Colombia”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos negó recientemente la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, quienes pedían que se garantizaran sus “derechos políticos y garantías judiciales” en el marco de una investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva a cabo por presuntas irregularidades en los gastos de su campaña presidencial.Este rechazo de la Corte IDH se produce en medio de un clima político tenso, donde Petro ha sostenido en varias ocasiones que la investigación en su contra forma parte de una estrategia para desestabilizar su Gobierno. El mandatario ha acusado al CNE de estar orquestando un “golpe blando” en su contra, un término que ha utilizado reiteradamente en sus declaraciones públicas. Para Petro, las indagaciones del CNE no son solo un proceso de investigación, sino que es un ataque político dirigido a tumbar su legitimidad y la de su administración.El pronunciamiento de la Corte IDH ha generado reacciones en diversos sectores políticos del país. Desde la oposición, congresistas como Hernán Cadavid, del Centro Democrático, respaldaron la postura de la Corte, afirmando que el CNE debe continuar con su labor.“En este caso la Corte no accedió a su pretensión, ha quedado confirmado por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y ahora por el sistema interamericano que el CNE tiene todas las facultades para seguir adelantando esta investigación administrativa en la campaña Petro, sus directivos, sus contadores, temas fiscales y por supuesto, el candidato” aseguró.En contraste, desde el Pacto Histórico, coalición que apoya al presidente Petro, se mostró apoyo al mandatario. El congresista Alejandro Toro aseguró que su bancada respaldará la decisión del presidente de formar un equipo jurídico para defenderse ante organismos internacionales. Toro afirmó que la lucha por los derechos del presidente continuará, a pesar de la negativa de la Corte IDH, y que seguirán buscando vías para que la comunidad internacional se pronuncie sobre lo que consideran una persecución política.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este viernes, 13 de diciembre, al Estado colombiano por la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, ocurrida en mayo de 1995 a manos de agentes de la Policía Nacional. En su decisión, el tribunal internacional responsabilizó a Colombia por graves violaciones a los derechos humanos y emitió órdenes dirigidas a garantizar justicia, reparación y no repetición.El caso, que fue remitido a la Corte en diciembre de 2022, evidencia una práctica sistemática de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en la década de los 90. Jhon Ricardo, de 24 años, y Gloria Mireya, de 22, fueron detenidos frente a la Clínica Tequendama en Cali por la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE). Desde entonces, su paradero es desconocido.En su fallo, la Corte ordenó al Estado colombiano:Continuar con la investigación, judicialización y sanción de los responsables de la desaparición de los jóvenes.Crear protocolos especializados para la búsqueda de víctimas desde el exterior, considerando casos como el de la hermana de Jhon Ricardo Ubaté, quien ha tenido que continuar su lucha desde el exilio.Otorgar becas estudiantiles a los familiares de las víctimas, como medida de reparación.Establecer un espacio de memoria dedicado a las víctimas de desaparición forzada, destacando que este crimen constituye una grave violación de derechos humanos y un delito de Estado.El fallo llega tras la aceptación de responsabilidad del Estado colombiano durante una audiencia pública celebrada en enero de 2024, en la que reconoció los crímenes cometidos por la Policía Nacional.Cabe decir que los familiares de las víctimas han insistido en la necesidad de acciones concretas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La Corte también resaltó la obligación del Estado de garantizar que los familiares puedan continuar su lucha por justicia sin enfrentar riesgos o limitaciones, especialmente aquellos que se encuentran en el exterior.
En el año 2000 el exministro de comunicaciones durante el Gobierno Samper, Saulo Arboleda Gómez, fue condenado por presuntas irregularidades en la adjudicación de una emisora FM. Por lo tanto, a Arboleda se le habrían violado los derechos a recurrir el fallo condenatorio y a la protección judicial, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pues no se le garantizó una segunda instancia."Saulo Arboleda Gómez ocupaba el cargo de ministro de Comunicaciones de Colombia cuando varios medios de comunicación publicaron la transcripción de la grabación de una conversación sobre un proceso de adjudicación de una emisora de radio, la cual causó interés público debido a que en la misma se discutían asuntos que podían revestir carácter de hecho punible. El fiscal general de Colombia presentó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia una acusación por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos en contra del señor Saulo Arboleda Gómez, y por ser este ministro, la Constitución obligaba a que fuera enjuiciado en fuero especial. El 25 de octubre de 2000 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia dictó sentencia condenatoria en única instancia en contra del señor Saulo Arboleda Gómez por la cual lo condenó como autor del delito de interés ilícito", señaló la Corte IDH.Tras la condena la defensa del exministro, interpuso una tutela y cinco recursos, todos los mecanismos fueron rechazados o inadmitidos. La Corte IDH determinó que, según la Convención Americana, existe el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, algo que aplica a todos los procesos y aforados."La Corte encontró que existía una clara violación al derecho a recurrir el fallo condenatorio, ya que al no existir la instancia, no era posible que ningún recurso bridara la protección judicial adecuada, por lo que consideró que también se ha violado el artículo 25.1 de la Convención. En su sentencia, la Corte destacó los esfuerzos realizados por el Estado con posterioridad a los hechos de este caso, sin embargo, encontró que al momento en que ocurrieron los hechos de este caso, Colombia no había adoptado las medidas necesarias para la adecuada implementación de sus obligaciones convencionales en el ordenamiento jurídico interno", aseguró la Corte IDH.Ante esta situación se ordenaron algunas medidas de reparación y el Estado colombiano deberá garantizar a Arboleda Gómez el derecho a recurrir el fallo condenatorio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, hecho ocurrido a partir del 30 de noviembre de 2002 en el marco del "Plan de recuperación social" llevado a cabo en Medellín.La CorteIDH declaró que "el Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Arles Edisson Guzmán Medina", así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, al derecho a conocer la verdad, a la integridad personal y a la protección de la familia.El tribunal continental explicó este viernes en un comunicado tras notificar a las partes sobre el fallo, que durante el proceso el Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional por este caso.La CorteIDH determinó que "la sustracción y posterior desaparición forzada del señor Guzmán Medina, es atribuible a las BCN (Bloque Cacique Nutibara) quienes actuaban con colaboración de autoridades estatales".Arles Edisson Guzmán Medina tenía 29 años al momento de su desaparición y estaba casado con Luz Enith Franco Noreña. La noche del 30 de noviembre de 2002, dos hombres vestidos de civil en un taxi llegaron al lugar donde se encontraba trabajando y le ordenaron subir al vehículo para ir a responder preguntas que le haría "el patrón". Desde entonces se desconoce su paradero.La sentencia de la CorteIDH indica que, en su reconocimiento de responsabilidad, el Estado señaló que "es razonable inferir que los crímenes cometidos por el BCN, en este caso, son atribuibles al Estado colombiano" debido a que los hechos se presentaron "en un contexto comprobado de relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares en la fase de consolidación de la Operación Orión".Los hechos ocurrieron en Medellín, en 2002, en el marco del “plan de recuperación social” que tuvo diversos operativos militares en la Comuna 13, entre ellos el conocido como la “Operación Orión”."Esta fue una operación entre el Ejército Nacional y el Bloque Cacique Nutibara (BCN) en el cual se dieron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida y la integridad personal, amenazas de muerte, y desplazamientos de los habitantes de la comuna", explicó la CorteIDH.El tribunal agregó que con posterioridad a la Operación Orión, el BCN ingresó a la Comuna 13 y "se volvió el grupo hegemónico y continuaron con expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, y un alto número de inhumaciones clandestinas".Como medidas de reparación, la CorteIDH ordenó al Estado colombiano continuar con las investigaciones y el proceso penal en curso relativo a la desaparición forzada de Guzmán, seguir con las acciones de búsqueda, brindar la atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares de la víctima, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar un documental sobre le caso.Además, los jueces establecieron indemnizaciones económicas para la familia de Guzmán por concepto de daños materiales e inmateriales.Le podría interesar:
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el juez Ricardo Pérez, se mostró "optimista" tras la reciente visita de la institución a Colombia, a pesar de que este tiene "sus problemas con los derechos humanos y los antecedentes del conflicto armado".En una rueda de prensa junto al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, Pérez hizo un balance positivo al culminar el 162 periodo ordinario de sesiones que la Corte llevó a cabo esta semana en Colombia, la sexta vez que sesiona en el país."Nos llevamos una visión de que Colombia tiene sus problemas con los derechos humanos por la complejidad y antecedentes del conflicto armado, pero lo que hemos encontrado es una muy fuerte institucionalidad democrática y una muy fuerte vinculación con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos", señaló el presidente de la CorteIDH.Eso hace que sean "optimistas" en cuanto a "la situación de la paz en Colombia, una paz que solo se puede conseguir en el marco del respeto a los derechos humanos", indicó.Pérez y Vidal también anunciaron la suscripción de un convenio de cooperación técnico e institucional que incluirá, entre otros, el intercambio de jurisprudencia y de operadores.Para Vidal este acuerdo "tiene como finalidad desarrollar una agenda de trabajo conjunto" y asegurar que la CorteIDH "ofrece un apoyo concreto en el desarrollo de las complejas labores judiciales que implica la justicia transicional".Balance positivo"Nuestras actividades han sido muy intensas pero estamos muy satisfechos por lo cumplido, hemos encontrado una fuerte solidez institucional en Colombia, un fuerte apego a los principios del estado democrático de derecho y a su vez hemos encontrado un amplio reconocimiento a los aportes que realiza la corte y el sistema interamericano", agregó Pérez.Por su parte, Vidal dijo que recibieron "el mensaje tal vez más importante que ellos traen, y es la idea de que Colombia hace parte de una comunidad política continental unida por el derecho internacional y que nos permite de una manera solidaria e institucional promover la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz".En este sentido, reseñó "la relevancia que tiene para la región, para el continente, en la clave de la construcción de la paz este vínculo fuerte entre las instituciones judiciales internacionales y la JEP en la garantía de los derechos humanos y la estabilidad de la búsqueda de la paz en Colombia".Durante el periodo de sesiones en Colombia se llevaron a cabo tres audiencias de casos en casos de Chile, Guatemala y Brasil, así como cinco audiencias reservadas de supervisión de cumplimiento de sentencias de casos de Colombia, un seminario y "numerosas tareas de coordinación".Los miembros de la CorteIDH se han entrevistado, entre otros, con el presidente colombiano, Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez, así como con miembros de las altas cortes como el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la JEP.Vea también
El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, presenta una falla técnica en los servidores que soportan las plataformas utilizadas para el registro y embarque de pasajeros, así como en el sistema de verificación de pasabordos VeriPax. Así lo informó Opain este martes, 10 de noviembre, al confirmar que la situación obligó a activar planes de contingencia para mantener la atención de los viajeros y reducir las posibles afectaciones en la operación.De acuerdo con el comunicado oficial, el inconveniente está relacionado con los sistemas tecnológicos empleados por las aerolíneas y los procesos de verificación de los documentos de embarque. Sin embargo, Opain aclaró que la falla no compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni afecta los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios.Desde que se identificó el problema, la administración del aeropuerto afirmó que puso en marcha protocolos alternativos en coordinación con las aerolíneas. Entre las medidas adoptadas se encuentran la expedición manual de pasabordos y etiquetas de equipaje, procedimientos alternativos para el embarque, utilización de equipos de respaldo y verificación manual de los pasabordos en los accesos a los muelles.Los equipos técnicos trabajan junto con el proveedor para solucionar la falla y restablecer completamente los servicios. Opain también señaló que mantiene un monitoreo permanente de la operación y coordinación con las compañías aéreas para facilitar la atención de los pasajeros.Ante esta situación, el concesionario recomendó a los viajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estado de sus vuelos y llegar al aeropuerto con suficiente anticipación.
Luego de varios días de versiones sobre su posible salida de prisión, este martes 10 de noviembre se confirmó que Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, recuperó su libertad bajo el beneficio de libertad condicional. El hombre, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura delincuencial ‘Los Chatas’, permanecía recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá por orden del presidente Abelardo de la Espriella.La decisión fue adoptada por un juez de la República, quien le concedió el beneficio luego de establecer que había cumplido más del 93% de la pena de 13 años de prisión que le fue impuesta en 2018. La condena estuvo relacionada con delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público.La salida de Mesa Vallejo ha generado cuestionamientos desde diferentes sectores políticos, especialmente, por su papel como gestor de paz urbana durante los acercamientos del Gobierno de Gustavo Petro con estructuras criminales del Valle de Aburrá. También fue uno de los participantes en el polémico ‘tarimazo’ del 21 de junio de 2025 en La Alpujarra.El concejal y exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, solicitó a las autoridades una vigilancia permanente sobre la libertad de ‘Tom’ e incluso a organismos internacionales sobre posibles planes de salir del país."No lo pierdan de vista. Esto es un criminal definitivamente, solamente sabe hacer aquello que el mundo criminal le enseñó y él dirigió que hiciera. También, por supuesto, que esa vigilancia esté dirigida a no permitir que vuelva a cometer ningún hecho delincuencial", dijo Tobón.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Tom’ llegó a ejercer influencia sobre distintas organizaciones delincuenciales del Valle de Aburrá y habría tenido capacidad de articulación en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y otras rentas ilegales.Con su salida, ya serían al menos nueve los integrantes del espacio sociojurídico de paz urbana que han recuperado la libertad después de que ese proceso llegara a su fin tras el cambio de gobierno.El concejal Tobón advirtió además que otros reconocidos cabecillas, entre ellos alias ‘Lindolfo’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Douglas’, estarían buscando beneficios similares sobre el final de sus condenas por lo que también propuso endurecer castigos a líderes de estructuras criminales.
El empresario y líder gremial cucuteño Arvey Duque fue capturado y trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Según fuentes consultadas por Blu Radio, llegó esposado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad del Gaula de la Policía Nacional. Sería investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Duque es el fundador de la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC. La empresa vende aceites vegetales y se conoce por operar bajo el modelo de sociedad de Beneficio e Interés Colectivo. Entre sus proyectos más visibles está Refinorte, un complejo agroindustrial para refinar aceites comestibles que se planea construir en El Zulia y que, según lo anunciado, generaría unos 2.500 empleos. Blu Radio conoció además que existirían denuncias de personas que invirtieron en el proyecto y que aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa.También preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial). Desde allí ha participado en debates sobre desarrollo empresarial, seguridad, formalización y economía de frontera. En Cúcuta se le conoce además por Arduvi, un restaurante y café que abrió en 2022 como proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual, física y con síndrome de Down. De esa iniciativa nació la Fundación Arduvi.Fuentes consultadas por Blu Radio señalan que parte de su fortuna estaría presuntamente ligada a nexos con sectores del chavismo. Esas mismas fuentes lo relacionan, de manera presunta, con grupos guerrilleros.Cabe recordar que el nombre del empresario ya había aparecido en la campaña electoral, en un video que se hizo viral en redes sociales. En la grabación aparecían el veedor ciudadano José Botello y alias Richard, señalado de ser financiador de las disidencias de las Farc que delinquen en el Catatumbo. En la conversación se mencionaba que se habrían enviado 200 millones de pesos para la campaña de Botello al Senado, y que ese dinero se entregaría a través de Duque. Botello ha rechazado esas afirmaciones y ha dicho que el video es un montaje. Hasta el momento, las autoridades no han indicado si ese episodio tiene relación con su captura.Reacciones en la regiónEn un comunicado, Corpoindustrial confirmó que su presidente enfrenta una situación legal, pero sostuvo que se trata “de un malentendido que esperamos pueda esclarecerse prontamente, confiando en que las circunstancias serán debidamente aclaradas y se conocerá la realidad de los hechos”.Por su parte, la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC, empresa fundada por Duque, también emitió un comunicado. En él destacó “la calidad humana, los principios y la trayectoria intachable” del empresario, aseguró que las circunstancias se aclararán conforme a los procedimientos correspondientes y reiteró su respeto por las autoridades y el debido proceso. “No condenemos a nadie antes de conocer la verdad”, concluye el documento.Hasta ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado oficialmente sobre los cargos que se le imputarían ni los hechos relacionados a la captura.
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 10 de noviembre de 2026:Los tips para identificar música creada con inteligencia artificial: dude con una voz perfecta, muy pulida.Edwin Walteros, director de ciberseguridad de IndraMind, habló sobre el centro de operaciones de ciberseguridad que hay en Bogotá para poder responder a las amenazas digitales.Waze avisará en tiempo real cuándo un conductor de un vehículo tenga cerca a un ciclista, pues es una colaboración con los relojes Garmin que aveces usan los ciclistas.
Una alerta por posibles problemas en el abastecimiento de combustibles se encendió en Pasto tras la decisión del Ministerio de Minas y Energía de implementar, desde este miércoles 11 de noviembre, un nuevo esquema de distribución asociado a la entrada en operación de la planta de abastecimiento Petronar, ubicada en el municipio de Chachagüí, Nariño.La medida ha generado preocupación entre las autoridades locales y los distribuidores minoristas, debido a las condiciones económicas establecidas para el transporte de gasolina desde la nueva planta hasta las estaciones de servicio de la capital nariñense.De acuerdo con una comunicación de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, las estaciones de servicio que venían abasteciéndose desde Yumbo, Valle del Cauca, deberán recibir los combustibles desde Petronar. El nuevo esquema contempla que el 94 % de la compensación por transporte corresponda al trayecto Yumbo-Chachagüí a cargo de una nueva empresa logística y el 6 % restante al recorrido entre Chachagüí y Pasto para los transportadores habituales.Pronunciamiento del alcalde y transportadoresEl alcalde Nicolás Toro Muñoz advirtió que el nuevo esquema de distribución de combustibles podría generar dificultades en el abastecimiento de la capital de Nariño.El mandatario pidió al Gobierno Nacional revisar la medida y aseguró que no decretará incrementos en el precio del combustible.Por su parte, los transportadores consideran insuficiente la compensación económica para llevar la gasolina desde Chachagüí hasta Pasto.Ante esto, el alcalde de Pasto explicó que a los transportadores no les resulta suficiente para cubrir los costos de operación dicha compensación económica, lo que podría llevarlos a abstenerse de movilizar combustible hacia la ciudad.EToro manifestó su inconformidad con la decisión del Gobierno Nacional y cuestionó que una modificación en el sistema de abastecimiento se implemente sin evaluar suficientemente sus posibles consecuencias económicas y sociales para la región.El mandatario aseguró que no está dispuesto a decretar un incremento en el precio de la gasolina en Pasto como consecuencia de las dificultades que pueda generar el nuevo modelo.“Yo no voy a subir el precio de la gasolina. No sé porque al alcalde lo tienen que condenar a subir la gasolina en Pasto, acabando el subsidio que nosotros siempre hemos tenido derecho por ley”, expresó Toro Muñoz.El alcalde también señaló que, durante los acercamientos con el Gobierno, encontró una falta de claridad sobre las repercusiones que podría tener la medida en el departamento. A su juicio, las decisiones sobre la distribución de combustibles deben considerar las particularidades geográficas, económicas y logísticas de Nariño.Ante este escenario, las autoridades locales y los representantes del sector de distribución de combustibles buscan un espacio de diálogo con la Dirección de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía para revisar las condiciones del nuevo esquema.La propuesta del alcalde es que la reunión se realice en Pasto, con participación de todos los actores de la cadena de distribución, incluidos transportadores, mayoristas y minoristas, para evaluar los costos reales de operación y las posibles alternativas.Entre las opciones planteadas está suspender temporalmente la aplicación de la medida o establecer un período de transición que permita ajustar las condiciones económicas del transporte y evitar afectaciones en el suministro.Toro Muñoz también planteó que se permita evaluar alternativas de abastecimiento desde diferentes plantas, entre ellas, Yumbo, Chachagüí y Tumaco, de acuerdo con las condiciones logísticas y económicas de cada operación.Incertidumbre por el precio y el suministro de combustibles en NariñoLa preocupación se concentra ahora en las posibles consecuencias que tendría una eventual reducción del transporte de combustible hacia Pasto, tanto para la movilidad como para las actividades económicas que dependen del suministro permanente de gasolina y ACPM.El desafío será garantizar que la entrada en operación de Petronar fortalezca la infraestructura de abastecimiento de combustibles en Nariño, sin generar dificultades logísticas, sobrecostos para los distribuidores ni incrementos que terminen afectando el bolsillo de los ciudadanos.La reunión con el Ministerio de Minas y Energía será determinante para establecer si se mantienen las condiciones anunciadas o si se adoptan ajustes que permitan garantizar el suministro de combustibles en Pasto y la zona centro del departamento.
