La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluó la situación actual del Pueblo Indígena Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta, beneficiario de medidas cautelares vigentes desde 2005, y concluyó que el contexto de riesgo no solo se mantiene, sino que se ha intensificado.“La información presentada por la representación reflejó una continuidad en la operación de actores armados ilegales en los territorios, así como la persistencia de amenazas, intimidaciones, declaratorios de “objetivos militares”, asesinatos, enfrentamientos armados, desplazamiento forzado de población, reclutamientos de jóvenes, violencia sexual, incendio de casas ceremoniales y otros eventos de violencia”.La Comisión también tuvo en cuenta la Alerta Temprana 020 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, que ya había advertido un nivel de riesgo alto en esta región del país.En ese sentido, el organismo instó a Colombia a redoblar las acciones para garantizar la seguridad de las comunidades, incorporando un enfoque étnico, cultural, de género y edad.Asimismo, pidió que las evaluaciones de riesgo tengan en cuenta el impacto acumulado de la violencia sobre el pueblo Wiwa, considerado en riesgo de exterminio, así como los efectos diferenciados sobre líderes, mujeres y niños.La CIDH también subrayó la importancia de concertar con las comunidades las medidas de protección que permitan su permanencia segura en el territorio y avanzar en investigaciones efectivas sobre los hechos de violencia.Finalmente, reiteró al Estado la necesidad de prevenir la repetición de estos hechos y evitar escenarios de impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta."Investigar de manera efectiva todos los hechos de violencia reportados hasta la fecha, con miras a evitar situaciones de impunidad y su continua ocurrencia”.
La Corte IDH determinó que hay al menos 6.000 integrantes y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica que fueron asesinados, desaparecidos o exiliados y amenazados, entre otros delitos que se presentaron. En el mismo sentido se le ordenó al Estado colombiano investigar los hechos, reconocerlos públicamente, proteger a las víctimas y sus familiares y avanzar con las indemnizaciones, entre otras medidas.Las víctimas, dos años después, consideran que la reparación aún está en deuda. Incluso hay personas que murieron durante este tiempo sin ver materializado su derecho a la reparación."Se hace necesario que después de 30 años de haber vivido el padecimiento, la desaparición, el desplazamiento, asesinato y amenazas el Estado realmente genere el espacio y que eviten la revictimización y que nos permitan gozar de esos derechos que se llaman reparación integral para las víctimas", aseguró Andrea Forero Dueñas, víctima e hija de Teófilo Forero.Las víctimas le hacen un llamado a todas las instituciones y entidades que tienen responsabilidad en la reparación de las víctimas; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que haga el seguimiento a la implementación de las medidas ordenadas, también a la Unidad de Víctimas para que avance con las indemnizaciones. Es importante recordar que el acto de reconocimiento público por este caso lo iba a encabezar el presidente Gustavo Petro, pero por razones de salud no pudo asistir y aún no se ha realizado."El avance es limitado e insuficiente, es limitado porque estas medidas no se han implementado, entonces eso es como si la sentencia estuviera de alguna manera solo en un texto y no en la materialización de la vida de las víctimas. Hemos hecho unos foros en las universidades que fueron promovidos por las coordinaciones de víctimas y apoyados en términos logísticos por las universidades y en términos de organización y presupuesto por parte del Estado, y eso es muy importante, pero en el resto de medidas no hay ningún avance", agrega Luz Marina Monzón abogada y codirectora de la Corporación Reiniciar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales del pueblo indígena U’wa, ubicado en Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá. La decisión responde a la imposición de proyectos extractivos y turísticos en sus territorios, así como a actividades petroleras, mineras y de infraestructura, que vulneraron sus derechos fundamentales.El fallo destaca que el Estado colombiano no realizó consultas previas, libres e informadas, como lo establecen los estándares interamericanos. Estas consultas son esenciales para garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios ancestrales. En cambio, el Gobierno otorgó permisos y licencias para proyectos extractivos sin respetar los derechos del pueblo U’wa, profundizando los daños culturales y ambientales.Los U’wa llevan más de 30 años defendiendo sus territorios de los impactos de actividades extractivas, argumentando que estos ecosistemas son esenciales no solo para ellos, sino para la humanidad en el contexto de la crisis climática. Ante la falta de respuestas en las instancias legales nacionales, los U’wa acudieron en 1997 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2020, después de más de dos décadas de espera, la Comisión remitió el caso a la Corte IDH, alegando que Colombia no cumplió las recomendaciones iniciales.El 25 y 26 de abril de 2023, durante una audiencia en Santiago de Chile, la Corte escuchó los testimonios del pueblo U’wa. Este encuentro fue clave para exponer cómo los proyectos extractivos han deteriorado su territorio y su cultura.La sentencia de la Corte IDH representa un precedente importante para la protección de los derechos de las comunidades indígenas en América Latina. “Este fallo confirma nuestra lucha por el territorio y la vida”, declararon líderes U’wa tras conocer la decisión.El Estado colombiano ahora deberá adoptar medidas para reparar los daños causados y garantizar que situaciones similares no se repitan, respetando los derechos de las comunidades indígenas y su rol en la preservación del medio ambiente.
Desde el Comité Político del Pacto Histórico, respaldaron la propuesta del presidente Gustavo Petro de conformar un equipo jurídico que permita denunciar ante las cortes internacionales la violación de derechos políticos en Colombia. Este llamado, según ellos, tiene como propósito fundamental proteger los valores democráticos y los derechos fundamentales que deben prevalecer en nuestro país.“Como Pacto Histórico, nos comprometemos a trabajar activamente en la creación y fortalecimiento de este equipo jurídico, asegurando que las denuncias ante las diferentes instancias internacionales se presenten con solidez, rigor y sustento, frente a los intentos de socavar los avances democráticos logrados por el pueblo colombiano”.A través de un comunicado también aseguraron que “la defensa de los derechos políticos de quienes han sido elegidos por mandato ciudadano es esencial para garantizar que los principios de independencia de poderes y transparencia no sean vulnerados por intereses particulares. Defender los derechos políticos de los ciudadanos y de quienes han sido elegidos por mandato popular es un pilar fundamental para la estabilidad y el fortalecimiento de nuestra democracia. Sin el pleno ejercicio de estos derechos, no solo se pone en riesgo la representación política, sino que se debilita la posibilidad de construir una sociedad justa, equitativa y participativa”.Dicho anuncio surge luego de que la Corte IDH asegurara que el CNE sí tiene la facultad para investigar la campaña del presidente. Es por eso que afirmaron que seguirán al lado del presidente Gustavo Petro, defendiendo la democracia, los derechos humanos y la independencia de poderes, y no permitirán que se silencie la voz del cambio. “Este es un momento crucial para Colombia, y desde el Pacto Histórico reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo colombiano y su mandato de transformación”.Finalmente, hicieron énfasis en que rechazarán cualquier intento de censura política o golpe blando contra la voluntad popular, especialmente cuando está motivado por el capricho de actores políticos que buscan perpetuar prácticas clientelistas y bloquear el cambio necesario para Colombia”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos negó recientemente la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, quienes pedían que se garantizaran sus “derechos políticos y garantías judiciales” en el marco de una investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva a cabo por presuntas irregularidades en los gastos de su campaña presidencial.Este rechazo de la Corte IDH se produce en medio de un clima político tenso, donde Petro ha sostenido en varias ocasiones que la investigación en su contra forma parte de una estrategia para desestabilizar su Gobierno. El mandatario ha acusado al CNE de estar orquestando un “golpe blando” en su contra, un término que ha utilizado reiteradamente en sus declaraciones públicas. Para Petro, las indagaciones del CNE no son solo un proceso de investigación, sino que es un ataque político dirigido a tumbar su legitimidad y la de su administración.El pronunciamiento de la Corte IDH ha generado reacciones en diversos sectores políticos del país. Desde la oposición, congresistas como Hernán Cadavid, del Centro Democrático, respaldaron la postura de la Corte, afirmando que el CNE debe continuar con su labor.“En este caso la Corte no accedió a su pretensión, ha quedado confirmado por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y ahora por el sistema interamericano que el CNE tiene todas las facultades para seguir adelantando esta investigación administrativa en la campaña Petro, sus directivos, sus contadores, temas fiscales y por supuesto, el candidato” aseguró.En contraste, desde el Pacto Histórico, coalición que apoya al presidente Petro, se mostró apoyo al mandatario. El congresista Alejandro Toro aseguró que su bancada respaldará la decisión del presidente de formar un equipo jurídico para defenderse ante organismos internacionales. Toro afirmó que la lucha por los derechos del presidente continuará, a pesar de la negativa de la Corte IDH, y que seguirán buscando vías para que la comunidad internacional se pronuncie sobre lo que consideran una persecución política.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este viernes, 13 de diciembre, al Estado colombiano por la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, ocurrida en mayo de 1995 a manos de agentes de la Policía Nacional. En su decisión, el tribunal internacional responsabilizó a Colombia por graves violaciones a los derechos humanos y emitió órdenes dirigidas a garantizar justicia, reparación y no repetición.El caso, que fue remitido a la Corte en diciembre de 2022, evidencia una práctica sistemática de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en la década de los 90. Jhon Ricardo, de 24 años, y Gloria Mireya, de 22, fueron detenidos frente a la Clínica Tequendama en Cali por la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE). Desde entonces, su paradero es desconocido.En su fallo, la Corte ordenó al Estado colombiano:Continuar con la investigación, judicialización y sanción de los responsables de la desaparición de los jóvenes.Crear protocolos especializados para la búsqueda de víctimas desde el exterior, considerando casos como el de la hermana de Jhon Ricardo Ubaté, quien ha tenido que continuar su lucha desde el exilio.Otorgar becas estudiantiles a los familiares de las víctimas, como medida de reparación.Establecer un espacio de memoria dedicado a las víctimas de desaparición forzada, destacando que este crimen constituye una grave violación de derechos humanos y un delito de Estado.El fallo llega tras la aceptación de responsabilidad del Estado colombiano durante una audiencia pública celebrada en enero de 2024, en la que reconoció los crímenes cometidos por la Policía Nacional.Cabe decir que los familiares de las víctimas han insistido en la necesidad de acciones concretas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La Corte también resaltó la obligación del Estado de garantizar que los familiares puedan continuar su lucha por justicia sin enfrentar riesgos o limitaciones, especialmente aquellos que se encuentran en el exterior.
En el año 2000 el exministro de comunicaciones durante el Gobierno Samper, Saulo Arboleda Gómez, fue condenado por presuntas irregularidades en la adjudicación de una emisora FM. Por lo tanto, a Arboleda se le habrían violado los derechos a recurrir el fallo condenatorio y a la protección judicial, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pues no se le garantizó una segunda instancia."Saulo Arboleda Gómez ocupaba el cargo de ministro de Comunicaciones de Colombia cuando varios medios de comunicación publicaron la transcripción de la grabación de una conversación sobre un proceso de adjudicación de una emisora de radio, la cual causó interés público debido a que en la misma se discutían asuntos que podían revestir carácter de hecho punible. El fiscal general de Colombia presentó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia una acusación por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos en contra del señor Saulo Arboleda Gómez, y por ser este ministro, la Constitución obligaba a que fuera enjuiciado en fuero especial. El 25 de octubre de 2000 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia dictó sentencia condenatoria en única instancia en contra del señor Saulo Arboleda Gómez por la cual lo condenó como autor del delito de interés ilícito", señaló la Corte IDH.Tras la condena la defensa del exministro, interpuso una tutela y cinco recursos, todos los mecanismos fueron rechazados o inadmitidos. La Corte IDH determinó que, según la Convención Americana, existe el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, algo que aplica a todos los procesos y aforados."La Corte encontró que existía una clara violación al derecho a recurrir el fallo condenatorio, ya que al no existir la instancia, no era posible que ningún recurso bridara la protección judicial adecuada, por lo que consideró que también se ha violado el artículo 25.1 de la Convención. En su sentencia, la Corte destacó los esfuerzos realizados por el Estado con posterioridad a los hechos de este caso, sin embargo, encontró que al momento en que ocurrieron los hechos de este caso, Colombia no había adoptado las medidas necesarias para la adecuada implementación de sus obligaciones convencionales en el ordenamiento jurídico interno", aseguró la Corte IDH.Ante esta situación se ordenaron algunas medidas de reparación y el Estado colombiano deberá garantizar a Arboleda Gómez el derecho a recurrir el fallo condenatorio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, hecho ocurrido a partir del 30 de noviembre de 2002 en el marco del "Plan de recuperación social" llevado a cabo en Medellín.La CorteIDH declaró que "el Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Arles Edisson Guzmán Medina", así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, al derecho a conocer la verdad, a la integridad personal y a la protección de la familia.El tribunal continental explicó este viernes en un comunicado tras notificar a las partes sobre el fallo, que durante el proceso el Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional por este caso.La CorteIDH determinó que "la sustracción y posterior desaparición forzada del señor Guzmán Medina, es atribuible a las BCN (Bloque Cacique Nutibara) quienes actuaban con colaboración de autoridades estatales".Arles Edisson Guzmán Medina tenía 29 años al momento de su desaparición y estaba casado con Luz Enith Franco Noreña. La noche del 30 de noviembre de 2002, dos hombres vestidos de civil en un taxi llegaron al lugar donde se encontraba trabajando y le ordenaron subir al vehículo para ir a responder preguntas que le haría "el patrón". Desde entonces se desconoce su paradero.La sentencia de la CorteIDH indica que, en su reconocimiento de responsabilidad, el Estado señaló que "es razonable inferir que los crímenes cometidos por el BCN, en este caso, son atribuibles al Estado colombiano" debido a que los hechos se presentaron "en un contexto comprobado de relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares en la fase de consolidación de la Operación Orión".Los hechos ocurrieron en Medellín, en 2002, en el marco del “plan de recuperación social” que tuvo diversos operativos militares en la Comuna 13, entre ellos el conocido como la “Operación Orión”."Esta fue una operación entre el Ejército Nacional y el Bloque Cacique Nutibara (BCN) en el cual se dieron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida y la integridad personal, amenazas de muerte, y desplazamientos de los habitantes de la comuna", explicó la CorteIDH.El tribunal agregó que con posterioridad a la Operación Orión, el BCN ingresó a la Comuna 13 y "se volvió el grupo hegemónico y continuaron con expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, y un alto número de inhumaciones clandestinas".Como medidas de reparación, la CorteIDH ordenó al Estado colombiano continuar con las investigaciones y el proceso penal en curso relativo a la desaparición forzada de Guzmán, seguir con las acciones de búsqueda, brindar la atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares de la víctima, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar un documental sobre le caso.Además, los jueces establecieron indemnizaciones económicas para la familia de Guzmán por concepto de daños materiales e inmateriales.Le podría interesar:
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el juez Ricardo Pérez, se mostró "optimista" tras la reciente visita de la institución a Colombia, a pesar de que este tiene "sus problemas con los derechos humanos y los antecedentes del conflicto armado".En una rueda de prensa junto al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, Pérez hizo un balance positivo al culminar el 162 periodo ordinario de sesiones que la Corte llevó a cabo esta semana en Colombia, la sexta vez que sesiona en el país."Nos llevamos una visión de que Colombia tiene sus problemas con los derechos humanos por la complejidad y antecedentes del conflicto armado, pero lo que hemos encontrado es una muy fuerte institucionalidad democrática y una muy fuerte vinculación con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos", señaló el presidente de la CorteIDH.Eso hace que sean "optimistas" en cuanto a "la situación de la paz en Colombia, una paz que solo se puede conseguir en el marco del respeto a los derechos humanos", indicó.Pérez y Vidal también anunciaron la suscripción de un convenio de cooperación técnico e institucional que incluirá, entre otros, el intercambio de jurisprudencia y de operadores.Para Vidal este acuerdo "tiene como finalidad desarrollar una agenda de trabajo conjunto" y asegurar que la CorteIDH "ofrece un apoyo concreto en el desarrollo de las complejas labores judiciales que implica la justicia transicional".Balance positivo"Nuestras actividades han sido muy intensas pero estamos muy satisfechos por lo cumplido, hemos encontrado una fuerte solidez institucional en Colombia, un fuerte apego a los principios del estado democrático de derecho y a su vez hemos encontrado un amplio reconocimiento a los aportes que realiza la corte y el sistema interamericano", agregó Pérez.Por su parte, Vidal dijo que recibieron "el mensaje tal vez más importante que ellos traen, y es la idea de que Colombia hace parte de una comunidad política continental unida por el derecho internacional y que nos permite de una manera solidaria e institucional promover la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz".En este sentido, reseñó "la relevancia que tiene para la región, para el continente, en la clave de la construcción de la paz este vínculo fuerte entre las instituciones judiciales internacionales y la JEP en la garantía de los derechos humanos y la estabilidad de la búsqueda de la paz en Colombia".Durante el periodo de sesiones en Colombia se llevaron a cabo tres audiencias de casos en casos de Chile, Guatemala y Brasil, así como cinco audiencias reservadas de supervisión de cumplimiento de sentencias de casos de Colombia, un seminario y "numerosas tareas de coordinación".Los miembros de la CorteIDH se han entrevistado, entre otros, con el presidente colombiano, Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez, así como con miembros de las altas cortes como el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la JEP.Vea también
Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) inauguraron este lunes en Bogotá el 162 periodo de sesiones ordinarias que abordará casos contra el Estado chileno, el brasileño y el guatemalteco, y en el que Colombia afirmó su cambio de enfoque ante esta instancia internacional para reconocer su responsabilidad ante las víctimas."La Corte celebrará tres audiencias públicas (las de Huilcaman Paillama contra Chile; Pérez Lucas contra Guatemala y Leite de Souza contra Brasil) y cinco audiencias privadas de Colombia", informó durante la apertura el presidente del tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Ricardo C. Pérez Manrique.Se trata de audiencias que se harán entre este martes y el jueves y que buscan establecer la responsabilidad del Estado chileno por las violaciones contra 140 personas de etnia mapuche; la de Guatemala por la supuesta desaparición forzada de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis y la de Brasil por la desaparición forzada y violencia sexual contra once mujeres.Cambio de enfoque de ColombiaEs la sexta vez que el tribunal internacional sesiona en Colombia y en ese sentido, "las cifras son claras: Colombia es el país que más ha invitado a la Corte", dijo el presidente, quien destacó que "ha demostrado un compromiso con la institución democrática, con los derechos humanos y con la justicia"."Es indudable que la CorteIDH desde su creación ha desarrollado un rol crucial en la búsqueda de la justicia y la salvaguardia de los derechos fundamentales en nuestra región", subrayó el canciller, Álvaro Leyva, quien aseguró que la visita del ente "es la oportunidad propicia para reafirmar el compromiso inquebrantable de nuestro Gobierno con la promoción y defensa de los derechos humanos".En ese sentido, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que Colombia ha adoptado frente a la CorteIDH un cambio de estrategia de litigio "basada en buscar soluciones amistosas" y en reconocer los derechos de las víctimas en los casos de las condenas."Nuestro Gobierno ha desarrollado toda una estrategia para lograr soluciones amistosas, cuyo principal interés es la reparación a las víctimas", apuntó Osuna, quien hizo un recuento de los últimos casos fallidos en los que el Gobierno ha reconocido su papel y ha pedido perdón. Además, se han llegado a acuerdos en otros ocho casos.Celeridad en los casosAdemás de las tres audiencias públicas, la CorteIDH también realizará sesiones privadas sobre otros cinco casos que involucran al Estado y que servirán para hacer un seguimiento de cumplimiento de sentencias que ya se han dictado."Estas audiencias se hacen de manera privada porque permite que haya un diálogo más fluido. En etapa de supervisión de cumplimiento, la Corte lo que hace es acercar a las partes para que cada una exprese sus opiniones sobre el cumplimiento", informó en una rueda de prensa Pérez Manrique.Son casos que van desde una masacre en Ituango, Antioquia, o el que atañe a Jineth Bedoya, por quien la CorteIDH condenó al Estado por violaciones a los derechos de la periodista, secuestrada por paramilitares que la violaron y la sometieron a otros vejámenes.El presidente de la CorteIDH también aseguró que actualmente le preocupa "el tema presupuestal", pues el 40 % de sus fondos dependen de la cooperación internacional y considera que "todo debería ser genuino de la Organización de Estados Americanos (OEA)".Pero también el hecho de "asegurar un acceso a la Justicia más expedito, más rápido". Actualmente "desde que un caso entra a la Corte y se dicta sentencia no pasa más de 20 o 22 meses", salvo excepciones, como reconoció Pérez Manrique, con algunos casos "complicados" como fue el genocidio de los miembros del partido Unión Patriótica.Le podría interesar:
Durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo, Antioquia se convertirá en uno de los principales destinos turísticos del país gracias a la programación de ferias y fiestas que se realizarán en más de diez municipios. Entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio de 2026, habitantes y visitantes podrán disfrutar de conciertos, desfiles, gastronomía, actividades culturales y tradiciones populares.Municipios cercanos a Medellín, así como destinos en subregiones como el Oriente, Suroeste, Norte, Occidente, Magdalena Medio y Urabá antioqueño, prepararon una variada agenda para recibir a miles de turistas durante el puente festivo. Varios de estos eventos son gratuitos y representan una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local.Fiestas en El Peñol Antioquia 2026Uno de los destinos más visitados será El Peñol, que celebra las tradicionales Fiestas del Viejo Peñol y del Embalse entre el 24 y el 29 de junio. Además de la programación artística, los asistentes podrán disfrutar de actividades náuticas, recorridos por el embalse y la reconocida oferta gastronómica del municipio.En el Occidente antioqueño, Sopetrán vivirá las Fiestas de las Frutas, mientras que Anzá celebrará las Fiestas del Cacique Curumé, ambas con una agenda que incluye tablados populares, muestras culturales, concursos y actividades familiares durante el puente festivo.El Oriente también tendrá una destacada programación. San Francisco realizará las Fiestas del Bosque y el Retorno, mientras que el corregimiento El Jordán, en San Carlos, será sede de las XXI Fiestas del Arriero, un evento que exalta las tradiciones campesinas y la historia de esta región antioqueña.En el Suroeste, Ciudad Bolívar recibirá a propios y visitantes con el Festival de la Piedra, mientras que Urrao desarrollará las tradicionales Fiestas del Cacique Toné, dos celebraciones que combinan música, cultura, gastronomía y actividades recreativas para todos los públicos.La programación también llegará al Nordeste y al Magdalena Medio. En el corregimiento San José del Nus, de San Roque, se realizarán las Fiestas del Río Nus, mientras que Puerto Berrío celebrará las Ferias y Fiestas del Retorno y Puerto Nare llevará a cabo las Fiestas Turísticas de San Juan y San Pedro.En el Norte del departamento, San Pedro de los Milagros tendrá las tradicionales Fiestas de la Leche y sus Derivados, Yarumal celebrará las Fiestas del Yarumo, y La Unión reunirá a visitantes con las Fiestas de la Papa, resaltando la vocación agrícola y ganadera de estas poblaciones.La agenda festiva también incluirá celebraciones en San Luis, con las Fiestas de la Madera; Arboletes, con las Fiestas del Mar y del Volcán; y Sabaneta, donde se desarrollarán las reconocidas Fiestas del Plátano, una de las celebraciones más tradicionales del área metropolitana.Con esta amplia programación, Antioquia ofrece múltiples alternativas para quienes buscan viajar durante el puente festivo sin alejarse demasiado de Medellín. Destinos como El Peñol, Sopetrán, Anzá, San Francisco y Ciudad Bolívar se perfilan entre los más atractivos para disfrutar de la cultura, la gastronomía y las tradiciones del departamento.
El colectivo Acuerdos Fundamentales, integrado por organizaciones científicas, gremiales y asociaciones del talento humano en salud, informó que sostuvo reuniones técnicas con el equipo programático de salud vinculado al proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el propósito de aportar propuestas frente a la situación que enfrenta el sistema de salud en el país.De acuerdo con el comunicado, durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad y estabilidad del sistema, el pago oportuno al talento humano en salud, la autonomía profesional, la autorregulación, la gobernanza del sector y la participación de los diferentes actores que hacen parte del sistema.El colectivo señaló que, como resultado de estos acercamientos, se acordó desarrollar una serie de tareas orientadas a construir propuestas técnicas enfocadas en soluciones para los pacientes, el talento humano en salud y el fortalecimiento del sistema. Asimismo, indicó que continuará participando en estos espacios desde una perspectiva técnica y constructiva.En el comunicado también se destaca la disposición al diálogo por parte del equipo de salud del gobierno entrante. El documento está respaldado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas asociaciones científicas, colegios médicos, federaciones y gremios del sector salud, que manifestaron su intención de contribuir a la formulación de propuestas durante el proceso de empalme.
El reciente sismo que sacudió a Venezuela y que se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, revivió el temor sobre la resistencia de las edificaciones en el país. En entrevista con Mañanas Blu, Gilberto Areiza, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), analizó el panorama actual y lanzó una advertencia clara: Colombia no está del todo preparada debido al alto costo que implica actualizar las estructuras más antiguas.Al ser consultado directamente sobre las estadísticas de actualización en el país frente a un sismo de gran magnitud, Areiza fue contundente. "No muy bien, y hay que ser sinceros", afirmó el experto, explicando que el principal obstáculo para asegurar los inmuebles es económico.El grave problema de los edificios construidos antes de 1984La normativa de sismorresistencia en el territorio nacional ha tenido una evolución histórica que marca una línea de seguridad muy clara para los habitantes de cualquier propiedad.Edificaciones posteriores a 1984: Cuentan con un buen nivel de seguridad. La primera norma oficial nació con la Ley 400 del 7 de junio de 1984, la cual tuvo actualizaciones posteriores en los años 1998 y 2010 (NSR-10).Edificaciones anteriores a 1984: Representan el mayor riesgo. Al no estar cobijadas por legislaciones estrictas, su resistencia ante un terremoto es una incógnita que depende enteramente de la rigurosidad del constructor de la época."Las actualizaciones sismorresistentes son muy costosas y dependen de la edad de la edificación", señaló Areiza. Como ejemplo de esta problemática, citó el caso del Hospital San Juan de Dios en Cali, una estructura indispensable construida en 1829 donde no se han podido realizar mayores intervenciones por falta de recursos.¿Se puede actualizar la sismorresistencia de un edificio viejo?El ingeniero explicó que sí es técnicamente posible mediante un procedimiento denominado estudio de vulnerabilidad estructural. Este análisis evalúa el comportamiento del inmueble frente a las exigencias de la norma vigente (NSR-10) y plantea una ruta de rehabilitación técnica.Bajo la ley colombiana, los hospitales, centros de emergencia y todas aquellas denominadas "edificaciones indispensables" tienen la obligación legal de realizar esta actualización para garantizar su funcionamiento tras un desastre. Sin embargo, en el sector residencial privado la situación es distinta y la inversión depende de las copropiedades.El peligro oculto en las obrasEl presidente de la AIS enfatizó que un buen diseño estructural en el papel no garantiza que el edificio soporte un terremoto si falla el control en la construcción. El talón de Aquiles de la infraestructura colombiana suele estar en la supervisión técnica de la obra.Un error común y crítico es el mal curado del concreto. Según datos compartidos por el experto, si este proceso no se ejecuta de forma correcta en la obra, el material puede llegar a perder hasta un 50% de la resistencia especificada en los planos, dejando la estructura en una situación de alta vulnerabilidad.Actualmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica trabaja junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una nueva propuesta para actualizar la norma sismorresistente del país, buscando mantener a Colombia bajo los más altos estándares científicos del mundo.
Seis rescatistas vinculados a Caldas ya viajaron a Venezuela como parte de la delegación colombiana que apoyará las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia que enfrenta ese país.Tras el proceso de selección realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los seis profesionales quedaron integrados al equipo de 62 integrantes que representa a Colombia en la misión humanitaria.Tres de los rescatistas hacen parte del componente médico, mientras que los otros tres cumplen funciones en operaciones de búsqueda y rescate, además de planificación y coordinación bajo el sistema USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).La delegación caldense está conformada por cuatro integrantes activos de la Cruz Roja Colombiana, un miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y un profesional de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, quien también integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales.Con esta misión, Caldas aporta personal especializado a las labores humanitarias que adelanta Colombia para apoyar la atención de la emergencia en territorio venezolano.Desde la Gobernación de Caldas expresaron su reconocimiento a los rescatistas y reiteraron un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, en coordinación con los 26 Bancos de Alimentos del país, puso en marcha una estrategia nacional para recolectar alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos destinados a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela. La ayuda será movilizada por vía terrestre y aérea en articulación con el Banco de Alimentos de Venezuela y Cáritas.Las mayores afectaciones se concentran en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde miles de familias requieren asistencia inmediata, según aseguró la organización.Para responder a esta situación, ABACO habilitó inicialmente 13 Bancos de Alimentos en diferentes regiones del país para recibir y clasificar las donaciones, mientras avanza la activación de toda la red nacional de 26 bancos. Entre los productos priorizados se encuentran alimentos no perecederos, agua, leche, granos, artículos de higiene, pañales, cobijas, kits de cocina y otros elementos esenciales que serán distribuidos entre la población afectada.El director de ABACO, Juan Carlos Buitrago, explicó que las donaciones llegarán a través de los bancos de alimentos de Bogotá y Cúcuta, desde donde serán transportadas por vía terrestre y aérea para su distribución, con el apoyo de Cáritas y el Banco de Alimentos de Venezuela. Además, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones en especie o en dinero para cubrir tanto la compra de productos faltantes como los costos logísticos de la operación humanitaria.Los interesados pueden realizar donaciones en especie en los Bancos de Alimentos habilitados o hacer aportes económicos a través del portal donahoy.abaco.org.co/emergenciavzla2026 También está disponible la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, con NIT 900326456-1, y la llave Bre-B 0090989753. Los recursos serán destinados a la compra de productos faltantes y al transporte de la ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.
