Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) inauguraron este lunes en Bogotá el 162 periodo de sesiones ordinarias que abordará casos contra el Estado chileno, el brasileño y el guatemalteco, y en el que Colombiaafirmó su cambio de enfoque ante esta instancia internacional para reconocer su responsabilidad ante lasvíctimas.
"La Corte celebrará tres audiencias públicas (las de Huilcaman Paillama contra Chile; Pérez Lucas contra Guatemala y Leite de Souza contra Brasil) y cinco audiencias privadas de Colombia", informó durante la apertura el presidente del tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Ricardo C. Pérez Manrique.
Se trata de audiencias que se harán entre este martes y el jueves y que buscan establecer la responsabilidad del Estado chileno por las violaciones contra 140 personas de etnia mapuche; la de Guatemala por la supuesta desaparición forzada de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis y la de Brasil por la desaparición forzada y violencia sexual contra once mujeres.
📌Se realizó la Ceremonia de Instalación del 162 Período Ordinario de Sesiones en Colombia🇨🇴. pic.twitter.com/nGUm92AKp6
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) October 9, 2023
Cambio de enfoque de Colombia
Es la sexta vez que el tribunal internacional sesiona en Colombia y en ese sentido, "las cifras son claras: Colombia es el país que más ha invitado a la Corte", dijo el presidente, quien destacó que "ha demostrado un compromiso con la institución democrática, con los derechos humanos y con la justicia".
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"Es indudable que la CorteIDH desde su creación ha desarrollado un rol crucial en la búsqueda de la justicia y la salvaguardia de los derechos fundamentales en nuestra región", subrayó el canciller, Álvaro Leyva, quien aseguró que la visita del ente "es la oportunidad propicia para reafirmar el compromiso inquebrantable de nuestro Gobierno con la promoción y defensa de los derechos humanos".
En ese sentido, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que Colombia ha adoptado frente a la CorteIDH un cambio de estrategia de litigio "basada en buscar soluciones amistosas" y en reconocer los derechos de las víctimas en los casos de las condenas.
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"Nuestro Gobierno ha desarrollado toda una estrategia para lograr soluciones amistosas, cuyo principal interés es la reparación a las víctimas", apuntó Osuna, quien hizo un recuento de los últimos casos fallidos en los que el Gobierno ha reconocido su papel y ha pedido perdón. Además, se han llegado a acuerdos en otros ocho casos.
Celeridad en los casos
Además de las tres audiencias públicas, la CorteIDH también realizará sesiones privadas sobre otros cinco casos que involucran al Estado y que servirán para hacer un seguimiento de cumplimiento de sentencias que ya se han dictado.
"Estas audiencias se hacen de manera privada porque permite que haya un diálogo más fluido. En etapa de supervisión de cumplimiento, la Corte lo que hace es acercar a las partes para que cada una exprese sus opiniones sobre el cumplimiento", informó en una rueda de prensa Pérez Manrique.
Son casos que van desde una masacre en Ituango, Antioquia, o el que atañe a Jineth Bedoya, por quien la CorteIDH condenó al Estado por violaciones a los derechos de la periodista, secuestrada por paramilitares que la violaron y la sometieron a otros vejámenes.
👨🏻⚖️👩🏼⚖️El Presidente de la Corte IDH, Juez Ricardo C. Pérez Manrique, junto al Pleno del Tribunal se reunieron con el Canciller de la República de Colombia el señor Álvaro Leyva Durán, y la Vicecanciller, la señora Elizabeth Taylor Jay. pic.twitter.com/zaUvYS4Dhm
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) October 9, 2023
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El presidente de la CorteIDH también aseguró que actualmente le preocupa "el tema presupuestal", pues el 40 % de sus fondos dependen de la cooperación internacional y considera que "todo debería ser genuino de la Organización de Estados Americanos (OEA)".
Pero también el hecho de "asegurar un acceso a la Justicia más expedito, más rápido". Actualmente "desde que un caso entra a la Corte y se dicta sentencia no pasa más de 20 o 22 meses", salvo excepciones, como reconoció Pérez Manrique, con algunos casos "complicados" como fue el genocidio de los miembros del partido Unión Patriótica.
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