Las fuerzas de seguridad venezolanas han "maltratado" y "torturado" de forma "generalizada y sistemática" a manifestantes y detenidos, denunció hoy la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura", afirmó la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa al agregar que "estos no fueron casos aislados".
Además, denunció que la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una muestra más de la ruptura del estado de derecho en el país.
"La destitución de la fiscal general está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando", afirmó en una rueda de prensa la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani.
La portavoz explicó que tras intentar en vano que un equipo de investigadores pudieran tener acceso al país para poder pesquisar in situ sobre lo que está ocurriendo, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, decidió enviar a Panamá un grupo de expertos que hicieron su trabajo a distancia.
"Las entrevistas realizadas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes".
"Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas", subrayó la portavoz.
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Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, "emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran".
Shamdasani recordó que hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones.
Según el análisis del equipo de investigadores, "las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados 'colectivos armados', serían responsables de otros 27 fallecimientos".
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