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Estados Unidos sancionó este lunes a la Dirección General de Minas de Nicaragua y a Lenín Cerna, asesor del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, como represalia por el encarcelamiento de presos políticos en el país centroamericano.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó además una nueva orden ejecutiva que permite a su Gobierno expandir las sanciones contra Nicaragua, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
La Dirección General de Minas, adscrita al Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, ha sido utilizada por el Gobierno de Ortega para gestionar el sector minero burlando las sanciones que EE.UU. impuso en junio pasado a la compañía estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
El Tesoro estadounidense acusa a las autoridades nicaragüenses de utilizar las ganancias de la producción y venta de oro para "oprimir al pueblo nicaragüense" e incluso "apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia".
Por su parte, Cerna es considerado "un confidente cercano" de Ortega, involucrado en numerosos casos de asesinatos y de torturas cuando fue jefe de Seguridad del Estado en la década de 1980, aseguró el Tesoro.
Cerna, que ha sido sancionado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua, estuvo presuntamente involucrado en el asesinato en 1979 del coronel Pablo Emilio Salazar, jefe de la guardia presidencial del dictador nicaragüense Anastasio Somoza (1974-1979).
Como fruto de las sanciones del Tesoro, quedan bloqueadas todas las propiedades y cualquier transacción bajo ley estadounidense de la Dirección General de Minas y de Cerna.
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La orden ejecutiva firmada por Biden otorga además al Tesoro la autoridad para sancionar a otras personas vinculadas al sector del oro en Nicaragua y para prohibir inversiones estadounidenses en otros sectores de la economía nicaragüense.
El subsecretario del Tesoro sobre Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, arremetió en un comunicado contra "los reiterados ataques del régimen contra la democracia y contra miembros de la sociedad civil, así como la injustificada detención de presos políticos".
Con las nuevas disposiciones, Estados Unidos "puede usar y usará todas las herramientas para negar al régimen los recursos que necesita para seguir socavando las instituciones democráticas", dijo.
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