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El ministro secretario general de la Presidencia de Chile, Giorgio Jackson, anunció este lunes que el Gobierno recomendará al Parlamento que discuta con "suma urgencia" un polémico proyecto de amnistía a los manifestantes detenidos durante la ola de protestas de 2019, conocida como "estallido social".
“Para nosotros es importante en materia de derechos humanos (…), y va en la línea de poder cerrar, revisar y ojalá sanar ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad”, señaló Jackson en un punto de prensa.
Una vez se eleve oficialmente la orden de "suma urgencia", el Senado tendrá un plazo aproximado de quince días para decidir sobre la norma, que deberá pasar luego en la Cámara de los Diputados.
El proyecto de ley busca otorgar la amnistía a aquellas personas que cometieron delitos durante el estallido social de 2019, una ola de masivas protestas que dejaron una treintena de muertos, miles de heridos, denuncias por violaciones de los derechos humanos por parte las fuerzas de seguridad y numerosos episodios de violencia con saqueos e incendios.
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La iniciativa fue presentada por un grupo de parlamentarios de izquierda y se convirtió en uno de los temas más espinosos de los últimos meses del mandato del conservador Sebastián Piñera, quien dejó el cargo el pasado 11 de marzo y repudiaba el proyecto.
Mientras que la derecha rechaza la idea del perdón y sostiene que "en Chile no hay presos políticos", desde la izquierda denuncian que durante esa crisis social se produjo "una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y múltiples procesos penales".
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La urgencia a esta iniciativa surgió de una solicitud realizada la semana pasada al Ejecutivo por la senadora y supuesta víctima de la violencia policial, Fabiola Campillai, quien agregó que "con esto, se va a apelar al sentido humanitario de cada parlamentario".
En un inicio, el actual presidente, el izquierdista Gabriel Boric, se posicionó a favor y sin condiciones de aprobar la amnistía, pero más tarde, durante la campaña electoral, en noviembre de 2021, aseguró que “no es aceptable pensar en un indulto para todos".
Familiares de los detenidos, asociaciones y simpatizantes de la causa llevan más de dos años saliendo a las calles denunciando abuso de la prisión preventiva, lentitud de los procesos judiciales y uso de legislación especializada para criminalizar las protestas.
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