Una ONG ucraniana reveló hoy la localización de más de cien centros situados en Bielorrusia, los territorios ocupados de Ucrania y la propia Rusia en los que las autoridades rusas tienen detenidos y a veces torturan a prisioneros de guerra y a un millar de civiles ucranianos.
Los datos, recabados con entrevistas a testigos y víctimas de estas prácticas, pueden consultarse en un mapa accesible en internet. Uno de los lugares localizados es un centro de detención para presos a la espera de ser juzgados en la ciudad de Irkutsk de la región rusa de Siberia, cerca de la frontera con Mongolia.
En los territorios ocupados de la provincia ucraniana de Jersón, en el sur del país, las fuerzas rusas utilizan como centros de detención hoteles y otras infraestructuras que antes de la guerra estaban dedicadas al turismo, explicó la responsable de documentación de la Media Initiative for Human Rights (MIHR), Anastasia Panteleeva.
En muchos casos, los detenidos civiles fueron apresados al descubrir militares rusos que registraron sus teléfonos pruebas de sus simpatías por la causa ucraniana. Algunos de ellos están detenidos en celdas de aislamiento y ni siquiera tienen un estatuto legal definido.
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Muchos detenidos de Jersón fueron trasladados a la península ucraniana de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014. Otros son trasladados a centros de detención del territorio de la Federación Rusa a miles de kilómetros de la frontera con Ucrania.
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CRÍMENES DE GUERRA
“Entre los crímenes más habituales cometidos por el ejército ruso en Ucrania están las detenciones injustificadas y la toma de rehenes de entre la población civil”, explicó la MIHR en un comunicado sobre la investigación.
Según sus responsables, los civiles ucranianos privados de libertad y a veces deportados a la fuerza por Rusia comparten a menudo lugares de cautiverio con los prisioneros de guerra.
Con ayuda de la oenegé “Civiles en Cautividad”, la MIHR ha contado 948 civiles ucranianos detenidos por las autoridades rusas en Rusia o los territorios ocupados de Ucrania, y estima que el número real de privados de libertad que no tienen vinculación con el ejército es entre cinco y siete veces superior.
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“Para saber quiénes debemos retornar a Ucrania debemos tener una lista verificada de gente que está detenida por la Federación Rusa”, dijo Tetyana Katrychenko, coordinadora de la MIHR. “Debemos conocer los lugares de detención porque trasladan a la gente constantemente”, agrega.
Katrychenko recuerda que el cautiverio de soldados está reconocido por las leyes internacionales de la guerra, pero subraya que “la detención y el traslado de rehenes civiles es un crimen de guerra” por los que Rusia, dice, debe responder.
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La coordinadora de la oenegé se mostró confiada en que la Corte Penal Internacional -que ha dictado una orden de arresto internacional contra el presidente ruso Vladímir Putin por la deportación forzosa de niños ucranianos- se fije también en la detención de civiles.
Entre los detenidos, explicó la activista, hay maestros, médicos y otros profesionales que rechazaron colaborar con los ocupantes en los territorios ocupados, pero también otros civiles que fueron detenidos de manera arbitraria y acusados de colaborar con las fuerzas y los servicios secretos ucranianos.
Las autoridades ucranianas han documentado el desplazamiento forzoso a manos de las fuerzas de ocupación rusas de miles de menores, civiles e incluso prisioneros ucranianos de los territorios ucranianos que controla Moscú.
La oficina del Defensor del Pueblo ucraniano dice haber identificado al menos 2.500 casos de presos comunes deportados que cumplían condena en territorios ocupados ucranianos y han sido trasladados a la fuerza a Rusia u a otros territorios bajo control de Moscú.
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Las autoridades rusas estarían intentando además alistar al ejército a algunos de estos reos, a los que Ucrania aspira a repatriar en tanto que ciudadanos del país.
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