El Ministerio Público formuló imputación contra el expresidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y otros cuatro funcionarios y exintegrantes del organismo regulador, en el marco de una investigación por un supuesto esquema de asociación criminal que habría favorecido los intereses del Grupo Vázquez y Ueno Bank.
De acuerdo con el Acta de Imputación N.º 9, presentada el 13 de noviembre de 2026, la Fiscalía sostiene que los investigados habrían conformado una estructura organizada dentro de las instituciones del Estado para subordinar los mecanismos de supervisión y control financiero a los intereses particulares del conglomerado empresarial. La hipótesis fiscal apunta a que esta presunta estructura habría evitado la adopción de medidas regulatorias oportunas frente a las irregularidades financieras y los problemas de solvencia que afectaban a Ueno Bank.
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Además de Peña y Carvallo, fueron imputados Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora, integrantes del Directorio del Banco Central. Las imputaciones contemplan, según el grado de participación atribuido a cada uno, los presuntos hechos punibles de asociación criminal, lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la relación patrimonial que, según el Ministerio Público, habría existido entre el expresidente Santiago Peña y el conglomerado financiero. El documento señala que, en marzo de 2019, Peña habría adquirido 1.500 acciones preferidas de Credicentro, posteriormente Ueno Holding S.A.E.C.A., por un valor de G. 1.500 millones.
La Fiscalía también menciona que, después de asumir la Presidencia de la República, Peña designó mediante el Decreto N.º 214, del 7 de septiembre de 2023, a Carlos Carvallo Spalding como titular del Banco Central del Paraguay. Carvallo había dejado la presidencia de Financiera Ueno el 14 de agosto de ese mismo año.
Para los investigadores, estas relaciones y posteriores designaciones habrían permitido ubicar a personas con antecedentes de vinculación corporativa en puestos estratégicos del organismo encargado de regular y supervisar el sistema financiero.
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El acta sostiene que la presunta estructura habría funcionado mediante una distribución de responsabilidades entre los integrantes, con Peña en la conducción política, Carvallo desde la presidencia del BCP e Insfrán desde la Superintendencia de Bancos, mientras que los miembros del Directorio habrían contribuido a evitar la aplicación de medidas de control.
Alertas sobre la situación financiera de Ueno Bank
Otro de los ejes de la imputación está relacionado con las advertencias técnicas que, según el Ministerio Público, se habían emitido durante 2026 sobre la situación patrimonial de Ueno Bank.
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El documento identifica observaciones registradas desde junio de ese año, entre ellas excesos continuados en los límites de crédito con personas vinculadas y un progresivo deterioro de la solvencia de la entidad. También menciona inversiones en Red Digital S.A. (REDISA) y Red Digital de Procesamiento S.A. (REDIPRO) por aproximadamente G. 876.640 millones, equivalentes al 34,7 % del patrimonio neto del banco, según los cálculos expuestos en el acta.
Uno de los antecedentes considerados por la Fiscalía es el Informe de Hallazgos N.º 011/2026, del 5 de agosto, que habría calificado como una «operación prohibida» la cesión de cartera a favor de Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, debido a indicios de que la transacción habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
Pese a estas advertencias, los fiscales sostienen que las autoridades del BCP no habrían exigido oportunamente un plan obligatorio de regularización ni dispuesto la suspensión preventiva de determinadas operaciones de la entidad.
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Cuestionamientos por un informe remitido al Senado
La investigación también pone especial atención en la elaboración y posterior remisión de la Nota BCP/P N.º 016, fechada el 7 de octubre de 2026, mediante la cual el Banco Central respondió a requerimientos de información de la Cámara de Senadores.
Según el acta fiscal, el documento habría omitido observaciones técnicas relevantes sobre la operación realizada con Vinanzas S.A. y habría presentado como subsanado el exceso crediticio de Ueno Bank, sin incorporar los cuestionamientos de la Superintendencia de Bancos sobre la presunta financiación indirecta de la operación.
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La Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González Maldonado una participación directa en la reformulación del proyecto de respuesta, durante reuniones reservadas realizadas el 5 de octubre en dependencias del Banco Central. El documento también menciona intercambios de correos electrónicos que, según la hipótesis fiscal, evidenciarían la incorporación de modificaciones al texto original.
El Ministerio Público considera que estas actuaciones habrían contribuido a ocultar información relevante al Congreso Nacional y a evitar que se adoptaran medidas más severas contra la entidad bancaria.
El colapso de Ueno Bank y el impacto en el Fondo de Garantía de Depósitos
Uno de los aspectos de mayor impacto económico señalados en la imputación es que Ueno Bank habría continuado operando y captando depósitos del público pese a las alertas sobre su situación financiera.
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Entre el 8 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para captar nuevos depósitos y Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), ofreciendo reintegros del 50 % condicionados al ingreso o mantenimiento de nuevos fondos.
Finalmente, el 2 de noviembre de 2026, el Directorio del Banco Central declaró el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal requerido.
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La Fiscalía sostiene que la falta de intervención oportuna habría incrementado el costo para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), administrado por el propio Banco Central. Asimismo, advierte sobre la exposición de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad, que al 30 de septiembre de 2026 ascendían a G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La hipótesis fiscal considera que la continuidad de las operaciones durante ese periodo habría generado un perjuicio económico adicional, tanto por los depósitos garantizados como por los recursos públicos comprometidos.