Un juez federal bloqueó temporalmente la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar de forma inmediata todas las subvenciones y préstamos federales a partir de este martes, una medida que podría afectar a programas esenciales de educación y sanidad de los que dependen millones de estadounidenses.
La orden de la magistrada Loren L. AliKhan llegó minutos antes de que la directiva de Trump se aplicara a partir de las 17.00 hora local (22.00 GMT) y estará en vigor hasta el lunes de la semana que viene.
Según la cadena CNBC News, la jueza apuntó en una audiencia efectuada por Zoom que su suspensión administrativa expiraría a las 17.00 del 3 de febrero, a menos que decida otorgar una orden de restricción temporal, tal y como lo habían solicitado este martes organizaciones demandantes.
La Administración estadounidense había justificado su decisión argumentando que es necesario garantizar que todos los fondos cumplan con las recientes órdenes ejecutivas firmadas por Trump, que incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).
En un memorando emitido el lunes, el director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Matthew J. Vaeth, señaló que la congelación también afecta a fondos destinados a la ayuda exterior y a organizaciones no gubernamentales, entre otras partidas.
La pausa ordenada por Trump podría retrasar el desembolso de miles de millones de dólares para partidas como los préstamos estudiantiles y tendría un impacto negativo en la investigación sanitaria, la asistencia alimentaria y la financiación de organizaciones de apoyo a veteranos y personas con discapacidad.
Asimismo, la medida podría afectar la ayuda destinada a las zonas devastadas por incendios en California e inundaciones en Carolina del Norte, regiones que Trump visitó la semana pasada y donde había prometido apoyo federal.
La congelación había sido demandada por organizaciones como National Council of Nonprofits, American Public Health Association o Main Street Alliance, que destacaron que aunque la Administración de Trump tiene la libertad para hacer avanzar sus prioridades, debe hacerlo "dentro de los confines de la ley", algo que en su opinión no es el caso.
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