Israel se encuentra actualmente en medio de una crisis constitucional sin precedentes desde su fundación en 1948. Todo esto debido al plan de reforma judicial presentado por el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu, el cual busca disminuir la independencia del sistema judicial y aumentar el control del Ejecutivo sobre el mismo.
Esta legislación, que ya está siendo avanzada en la Knéset (Parlamento israelí), ha provocado las mayores protestas en la historia de Israel, con una cifra récord de 650.000 asistentes anoche. Todo esto después de que Netanyahu cesara al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por solicitar frenar su tramitación.
El Gobierno argumenta que el Tribunal Supremo ha interferido históricamente demasiado en asuntos políticos, por lo que es necesario establecer un límite a sus poderes. Sin embargo, los críticos de la reforma argumentan que un poder judicial independiente es vital para la salud democrática del país. En Israel, los poderes legislativo y ejecutivo suelen fundirse debido a que siempre es la coalición gobernante quien acapara la mayoría parlamentaria, lo que les otorga un poder casi absoluto para imponer leyes.
Estos son los puntos más polémicos de la reforma propuesta en Israel:
- Selección de jueces: Actualmente, el comité encargado de recomendar la elección de jueces está compuesto por nueve miembros, entre ellos, jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel, miembros de la Knéset y del gobierno. Para elegir a los jueces se requiere el acuerdo unánime de todos ellos. La reforma propuesta por el Ministro de Justicia, Yariv Levin, busca aumentar el número de miembros del comité a once y cambiar su composición. La propuesta incluye tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición. Esto otorgaría al gobierno una mayoría de seis miembros sobre once. La formulación original de esta ley otorgaba al gobierno una mayoría de siete miembros, con poder absoluto para elegir y destituir jueces, incluyendo los del Supremo. Esta versión fue modificada hace una semana para suavizarla. Se tenía previsto su aprobación en la Knéset esta semana.
- Revisión judicial: Los cambios propuestos buscan limitar la capacidad de la Corte Suprema para revisar la legislación, incluida la Ley Básica, que tiene rango constitucional. La reforma exige que la invalidación de cualquier ley requiera el consenso del 80% del panel de jueces del Supremo, en lugar de una mayoría simple. Este es un punto que incluso algunos críticos de la reforma defienden, ya que muchos opinan que el Supremo tiene demasiado poder para revertir leyes. Sin embargo, difieren en la forma y defienden que se requiera más que una mayoría simple en el Parlamento para la aprobación o modificación de leyes básicas.
- Clausula de Anulación: Este es uno de los aspectos más controvertidos, ya que permitiría que una mayoría simple en el Parlamento (61 diputados de 120) puedan anular fallos del Supremo que impliquen la modificación o reversión de leyes. Los oponentes de la ley ven esto como una clara violación de la separación de poderes y la independencia judicial. La propuesta de ley que incluye esta cláusula, y que también permite blindar leyes ante su revisión judicial, pasó en primera instancia hace dos semanas. La aprobación definitiva se retrasó hasta mayo, después del receso parlamentario por la Pascua Judía.
- Asesores legales de los ministerios: La reforma del Gobierno busca reclasificar los puestos de asesores legales de los ministerios, que actualmente son expertos independientes supervisados por el Ministerio de Justicia, a abogados elegidos políticamente. Además, las opiniones de estos asesores ya no serán vinculantes ni obligatorias. De esta forma, los ministros respectivos tendrán control total para elegir y despedir a los asesores. Los críticos de la reforma argumentan que esto implica una politización clara de los controles judiciales.
- Razonabilidad: La reforma busca limitar el alcance del concepto de "razonabilidad" por el que los tribunales pueden someter, por iniciativa propia, a revisión judicial cualquier decisión gubernamental.
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