El representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe Muñoz, presentó una nueva reforma política, la iniciativa, respaldada por el Pacto Histórico, se centra en modificar aspectos clave del sistema político y electoral colombiano, con el fin de promover una mayor participación y transparencia en los procesos electorales.Entre las propuestas más destacadas de este proyecto se encuentra el voto obligatorio, una medida que busca asegurar que un mayor porcentaje de la población participe activamente en las elecciones, elevando así la legitimidad de los resultados.De acuerdo con Uribe, esta reforma está en línea con las recomendaciones del acuerdo de paz, así como con las sugerencias de la Comisión de la Verdad y la Misión Especial Electoral, que han instado a cambios profundos en la política del país.Otro de los puntos clave de la reforma es la implementación de listas cerradas para las elecciones legislativas. Con esta medida, los votantes no podrán elegir a candidatos individuales dentro de un partido, sino que deberán votar por listas completas presentadas por las agrupaciones políticas. Según Uribe, esta propuesta busca reducir la fragmentación política y evitar el clientelismo y la corrupción que a menudo surgen cuando los candidatos se eligen de manera individual.Una de las propuestas más controvertidas de la reforma es la de revivir la figura del transfuguismo.“Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los dos meses siguientes a la promulgación del presente acto legislativo, autorizarse, por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente Acto Legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”, dice en el proyecto. Dicha figura no es nueva y ya se ha tratado de aprobar en el Congreso, pero no ha tenido éxito.Finalmente, la reforma incluye cambios en el reconocimiento de la personería política de los partidos y movimientos, permitiendo que aquellos sin representación significativa en el Congreso puedan acceder a los mecanismos necesarios para participar activamente en la política nacional. Esta medida busca fortalecer la pluralidad y dar voz a nuevas agrupaciones políticas.
"Ahí está el resultado de tratar de imponerle al Congreso”, respondió el presidente del Senado, Efraín Cepeda, al presiente Gustavo Petro luego del hundimiento de la reforma política este lunes, 16 de diciembre.Este nuevo golpe al Gobierno llega tras la llamada ley de financiamiento, que tampoco fue aprobada; así como la proposición que buscaba aplazar el debate de la reforma a la salud para 2025.En diálogo con Mañanas Blu, Cepeda comentó que la señal que envían desde el Congreso es que se le “debe respetar”, así como a las demás instituciones y entidades que toman decisiones tan importantes para el país.En ese sentido, dijo que “amedrentar” no es la forma para tramitar las leyes. Por eso, hizo un llamado al Gobierno, explicando que se quedarán en la “orilla” de concertar y no de imponer.“Creo que la política de amedrantamiento aquí no pegó, aquí no caló en el Congreso de la República y menos mientras yo sea presidente. No es amedrentar al Congreso, no a las cortes, sino respetando sus decisiones”, aseveró.El presidente del Senado también se refirió al momento de las votaciones. Según indicó, el cuórum no se logró completar porque la reforma en sí “no gustaba” y fue ahí que los miembros de las bancadas se empezaron a retirar.“El cuórum se fue rompiendo porque, creo, la reforma no gustaba y las bancadas se fueron retirando poco a poco. De manera que esa fue crónica de una muerte anunciada (…) Las conciliaciones no se pueden hacer en sesiones extras y entonces había que acoger a ciegas lo que venía de la Cámara de Representantes”, detalló.Aseguró que algunos “pusieron palos en la rueda” y se alargó la discusión hasta que el Congreso se quedó sin cuórum. Ante las críticas, respondió que puso el debate en el orden del día, en séptimo lugar, porque para él son “igual de importantes los proyectos de los congresistas como los del Gobierno nacional”.“Me quedé hasta el final, pero se rompió”, puntualizó.
En una entrevista con Mañanas Blu, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reflexionó sobre el balance legislativo del gobierno y las tensiones generadas por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro hacia el Congreso. Durante la conversación, el ministro calificó como positiva la gestión del Gobierno en esta legislatura, pero reconoció que ciertos episodios, como el uso de expresiones fuertes por parte del mandatario, complicaron el ambiente político.Un balance legislativo positivoEl ministro destacó que la legislatura logró avances significativos en proyectos claves como la reforma laboral, la reforma a la salud y la jurisdicción agraria. Según Cristo, estos tres temas son "el corazón del proyecto político del Gobierno nacional". Aunque no todos alcanzaron la aprobación definitiva, señaló que están encaminados hacia su discusión en el próximo periodo.En cuanto a la reforma a la salud, afirmó que “se presentó después de una amplia concertación con los actores del sistema” y que actualmente está en discusión en la plenaria de la Cámara. Sin embargo, reconoció los retos: "Lo que me ha sorprendido esta legislatura es que los impedimentos se han vuelto una traba que hace mucho daño al funcionamiento del Congreso". A pesar de esto, se mostró optimista sobre la posibilidad de avanzar en la reforma durante las sesiones extraordinarias.En cuanto a la reforma laboral, Cristo enfatizó que ya cuenta con una ponencia en la Comisión Séptima del Senado y se han realizado audiencias públicas para su discusión. Confió en que este proyecto continuará avanzando en 2024.Polémicas entre el Ejecutivo y el CongresoEl ministro se refirió al polémico discurso del presidente Petro, quien calificó de "malditos congresistas" a los responsables del hundimiento de la ley de financiamiento. Aunque defendió la independencia del Congreso, Cristo fue enfático en que no respaldaba las declaraciones del mandatario: "¿Si usted me pregunta, hubiera tenido la expresión que el presidente utilizó? Obviamente no la hubiera utilizado. Creo que fue una expresión equivocada".Según el ministro, este tipo de tensiones no reflejan la dinámica general entre el Ejecutivo y el Legislativo. Afirmó que, pese a episodios de confrontación, se ha logrado construir una agenda conjunta que beneficia al país.Cristo también expresó preocupación por la actitud de la mesa directiva del Senado, que, según él, obstaculizó el debate de la reforma política. "Es una lástima para el Congreso y para el país, porque se perdió una oportunidad de reformar el sistema político", lamentó.Reforma a la salud: entre avances y críticasEn relación con la reforma a la salud, Cristo rechazó las críticas que acusan al gobierno de apresurar su aprobación. "Llevamos año y medio en discusión de la reforma a la salud. Es importante que el país ya tome decisiones", afirmó.No obstante, reconoció que existen diferencias con algunos sectores, incluidas asociaciones médico-científicas, que han solicitado más mesas de concertación. "El sistema de salud está en crisis desde hace 15 o 20 años en Colombia", señaló el ministro, argumentando que el proyecto busca solucionar problemas estructurales acumulados.Perspectivas para 2025Finalmente, el ministro del Interior reiteró su compromiso de insistir en la reforma política y la reforma laboral durante el próximo periodo legislativo. Además, resaltó la necesidad de promover un Congreso más eficiente, capaz de debatir los temas prioritarios para el país sin ser detenido por impedimentos y recusaciones.Cristo también hizo un llamado a la reflexión tanto en el Congreso como en el Ejecutivo para reducir la polarización:Petro llamó malditos a congresistas que no aprobaron reforma tributariaEl presidente Gustavo Petro desató el fin de semana pasado una tormenta política al lanzar duras críticas contra los congresistas que rechazaron la reforma tributaria; los calificó de malditos"Malditos congresistas. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo", dijo, tras señalar directamente a miembros de la bancada Caribe. Según el mandatario, los parlamentarios no tuvieron "la valentía" de defender a su región, especialmente en la votación de artículos que buscaban reducir las tarifas de energía eléctrica en el Caribe.
Un nuevo golpe sufrió el Gobierno nacional en la última sesión plenaria del Senado de este 2024: el acto legislativo de la reforma política se hundió por falta de tiempo.La iniciativa que establecía una modificación en el sistema electoral colombiano, la implementación de listas cerradas obligatorias y paritarias, el transfuguismo y hasta cambios en la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE); no logró superar su cuarto debate de primera vuelta, ya que la sesión se quedó sin quórum decisorio durante la votación del proyecto de ley que establece topes a las tarifas de tiquetes aéreos.“La mesa directiva del Senado la puso en octavo lugar, pasaron 7 horas de sesión de la plenaria, no fue posible ni siquiera debatirla, me parece que eso es una costumbre que hay que revisar de la mesa directiva del Senado que no permita ni siquiera abordar el debate. La reforma política es indispensable para el país”, así se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.El jefe de la cartera política dejó claro que va a insistir en el debate en el mes de enero de 2025 mediante la conformación de unas mesas técnicas entre la que participen representaciones de todos los partidos políticos y se logre un gran consenso nacional.“Yo soy un convencido, he liderado varias reformas políticas, me estoy volviendo experto en hundimiento de reformas políticas, pero no hay que cejar en este empeño de reformar el sistema político colombiano. La gente tiene que entender que este sistema político es inviable y si no lo cambiamos, vamos a estar asistiendo cada determinado tiempo, independientemente de quién esté en el Gobierno, a escándalos de corrupción como los que hemos visto de Odebrecht, de la Unidad de Gestión de Riesgo, de Centros Poblados, de la ‘Yidispolítica’. Es evidente que el sistema político no tiene hoy legitimidad y credibilidad en el pueblo colombiano y no nos resignamos a mantener ese sistema político como está hoy”, concluyó el ministro Cristo.Sin embargo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que desde hace dos años se les viene invitando a participar en el llamado "acuerdo nacional" sin definir realmente de qué se trata, mientras que en sus actuaciones el Gobierno busca imponer.“El consenso no puede ser una imposición del ejecutivo y un arrodillamiento del legislativo. Mientras yo sea presidente del Congreso no lo voy a permitir”, señaló el senador conservador.
Se hundió la reforma política en la Plenaria del Senado. La última sesión del 2024 se quedó sin quorum decisorio, por lo que la iniciativa quedó archivada al no superar su primera vuelta de cuatro debates antes del 16 de diciembre.Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la mesa directiva del Senado impidió que se diera un debate sobre la iniciativa al dejarla en el octavo lugar del orden del día.Para el ministro, la reforma política es indispensable para el país y un paso necesario para enfrentar las crisis recurrentes en el sistema político colombiano. Cristo hizo énfasis en la necesidad de construir consensos para avanzar en su aprobación en una segunda vuelta en el futuro.“Yo iba a participar en este debate para plantearle a todas las bancadas que le diéramos una oportunidad a la reforma, que pasara a segunda vuelta y que en el mes de enero convocaríamos con expertos una mesa técnica con todos los partidos para buscar consensos”, explicó el funcionario.>>> Lea también: Mininterior confirmó que laboral continuará su trámite en el Congreso el próximo añoEl hundimiento de esta reforma, sumado a otras derrotas legislativas, deja en evidencia las dificultades del Gobierno para avanzar en el Congreso. Cristo fue contundente al afirmar que el actual sistema político es inviable y carece de la legitimidad y credibilidad del pueblo colombiano.“Si no cambiamos este sistema político, vamos a estar asistiendo, cada determinado tiempo, independientemente de quién esté en el Gobierno, a escándalos de corrupción como los que hemos visto: Odebrecht, la Unidad de Gestión del Riesgo, Centros Poblados, la Yidispolítica”, advirtió Cristo.El ministro también señaló que continuará insistiendo en la necesidad de cambiar el sistema y convocará una cumbre de partidos en enero de 2025 para reactivar la discusión y buscar acuerdos que permitan una nueva presentación de la reforma.Cristo no ocultó su frustración ante el hundimiento de la iniciativa, a la que calificó como “asfixiada” por las decisiones de la mesa directiva del Senado. “Me estoy volviendo experto en hundimiento de reformas políticas, pero no hay que cejar en este empeño de reformar el sistema político colombiano”, afirmó.
Luego de una sesión de más de 15 horas, la plenaria le dio el visto bueno a la reforma política. Dicho proyecto tiene tres pilares fundamentales como lo son la financiación 100% estatal; listas cerradas y bloqueadas con cremallera, con el fin de que que las mujeres integren igualitariamente las corporaciones públicas; y, por último, un cambio en la manera de elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de una convocatoria pública, pero siendo elegidos igualmente por el Congreso de la República.Frente a este último, se incluyó un nuevo requisito para ser magistrado, ahora se establece que no solo se tendrá la obligación de ser abogado, sino que de igual manera se debe tener un título de posgrado en derecho electoral o asignaturas afines.El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el Gobierno se compromete a realizar una mesa técnica luego de esta primera vuelta para llegar a acuerdos con todos los partidos.“Revisar con calma y buscar el mayor consenso posible con todos los partidos, incluso con los partidos que acuden a toda clase de mecanismo opuesto a reformar la política en Colombia. Buscamos esto con todos los partidos, los que nos han venido apoyando y los que no, esto tiene que ser parte de un acuerdo nacional. Una reforma política si no es con consenso no es posible sacarla adelante y esa es la convicción del Gobierno nacional. Démonos la oportunidad entre enero y febrero de hacer una mesa técnica con participación de partidos de gobierno, independientes y oposición. El Gobierno asume el compromiso con ustedes hoy en esta plenaria”, dijo Cristo.Por otro lado, las listas cerradas y paritarias para las elecciones de corporaciones han generado bastante controversia. Sin embargo, con el fin de garantizar la democracia, se busca establecer un orden donde se harán elecciones primarias, en las que únicamente podrán participar afiliados a las colectividades.Otro de los puntos se basa en los criterios para dar personería jurídica a los movimientos políticos, permitiéndoles este reconocimiento si logran tener un mínimo de afiliados equivalente al 0,2 % del censo electoral.Aquí se les dará la posibilidad que postulen candidatos o listas a nivel territorial si tienen el 3 % del censo electoral de esa zona y a nivel nacional si sus afiliados equivalen al 1,5 % de los votos emitidos en las últimas elecciones a Senado.Sin embargo, congresistas cómo Hernán Cadavid aseguran que dicho proyecto hace que se pierde la oportunidad de lograr una reforma política verdaderamente útil y, además, con esta se creará una proliferación de microempresas electorales, la eliminación de Grupos Significativos de Ciudadanos y, por último, no se corrige falencia de autoridades electorales.El voto obligatorio que buscaba ser incorporado en este segundo debate no fue incluido durante la sesión. Recordemos que este es apenas el segundo debate de los ocho que tiene que cursar este proyecto."Los diferentes sectores políticos debatieron, fueron más de 15 horas de debate, pero vamos a seguir construyendo una reforma que le dé garantías a los diferentes sectores que la democracia. Se aprobó la financiación 100 % estatal, listas cerradas, bloqueadas con cremallera y participación en los partidos políticos con elecciones primarias, también se estableció un mecanismo diferente para elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Vamos a seguir discutiendo y construyendo una reforma con muchas garantías”, dijo el ponente Carlos Felipe Quintero.
La reforma política inició su largo camino en la Cámara de Representantes, y hoy cursó con éxito su primer debate de los ocho que debe pasar para convertirse en ley de la República.Entre los puntos fundamentales se encuentra la implementación de las listas cerradas y que los magistrados del CNE sean elegidos por el Congreso de la República, pero a través de convocatoria pública.Sobre este último punto, el representante y ponente Carlos Felipe Quintero aseguró que “actualmente se eligen por medio de postulaciones que hacen los partidos y había una serie de tráfico de favores políticos, y lo que hemos eliminado es la postulación. Es decir, se mantiene la elección, pero se elimina la postulación tal como está ahora”, aseguró.Sin embargo, la representante Catherine Juvinao se pronunció sobre este aspecto y afirmó que esta reforma no apuesta por una verdadera transformación del CNE: “Todos vemos que el presidente Petro se está quejando de que es una entidad politizada que persigue a contradictores, pero al mismo tiempo esta reforma no incluye una transformación en la manera en cómo se elige a los magistrados. Lo que hay que hacer es que el Congreso no los elija”.Por otro lado, también se estipula la financiación 100 % estatal para las campañas, la cual será por medio de anticipos.Otro de los puntos que se tocó fue el relacionado con las listas cerradas, que además propone que se conforme una lista cremallera, es decir, mujeres y hombres intercalados.Es importante mencionar que varios representantes independientes solicitaron la inclusión de elecciones primarias obligatorias en cada partido como mecanismo de democracia interna.El Gobierno argumenta que estas fomentarán proyectos colectivos en los partidos, permitirán un mayor control financiero, reducirán costos de campaña y fortalecerán la identidad ideológica de las organizaciones políticas.Por último, Quintero aseguró que, por medio de esta reforma, también se busca implementar el voto obligatorio, que será propuesto en su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Hacia las 10:00 de la mañana de este martes, 24 de septiembre, se espera que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presente ante la Cámara de Representantes el nuevo proyecto de reforma política, el segundo intento del Gobierno luego del hundimiento del proyecto en marzo de 2023.Aunque se desconoce el texto final, Blu Radio pudo acceder a una presentación del Ministerio del Interior en el que presentan como objeto del proyecto: “Promover la democracia interna de partidos y movimientos políticos y la transparencia en la financiación de las campañas electorales y las organizaciones políticas, para garantizar una mejor representación ciudadana, y calidad en la democracia colombiana e implementar el Acuerdo de Paz”.Entre las principales modificaciones que tendría el proyecto está la modificación de la conformación y mecanismo de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que en estos momentos está enfrentado con el Gobierno por cuenta de las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro, Ricardo Roa y el Pacto Histórico por presuntas violaciones de topes e irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, y presunta campaña extemporáneas.Según la iniciativa, el nuevo CNE estaría conformado por nueve magistrados por un periodo de seis (6) años, servidores públicos de carrera administrativa especial, los cuales serán elegidos por convocatoria pública organizada por la Rama Judicial a partir del 2026. Para ello, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado elegirán tres integrantes cada uno mediante lista de elegibles y concurso de méritos.No podrán ser elegidos quienes hayan ejercido cargos directivos en organizaciones políticas o hayan sido candidatos a cargos elección popular en los últimos siete (7) años. Así mismo, durante los dos años (2) posteriores a su retiro, los magistrados no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista, ni ser nombrados ministros o directores de departamentos administrativos, ni ser postulados a cargos de elección popular.Entre las funciones que modifica el proyecto el más polémico es la eliminación de las funciones de autoridad con capacidad de realizar investigaciones administrativas y emitir sanciones por el control de financiación de campañas electorales; cambiándolo ahora por una función colaborativa a otras autoridades que se encargarán de este tipo de procesos. Y le entrega funciones como ejercer la depuración del censo electoral, realizar la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular.Frente a temas como la democracia interna y la participación electoral de los partidos y movimientos políticos, el proyecto concibe garantizar y fortalecer la libre organización de partidos y movimientos políticos y la participación de los afiliados en las consultas internas e interpartidistas. Adicionalmente se concibe la participación en elecciones mediante listas cerradas y bloqueadas, y se mantiene la posibilidad de que los partidos minoritarios puedan construir coaliciones para participar en la elección de corporaciones públicas.Por último, frente a la financiación de campañas el proyecto concibe la prohibición de aportes por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras, la preponderancia de la financiación estatal mediante anticipos y reposición de votos, así como la implementación del Registro Nacional de Proveedores Electorales para que las campañas electorales puedan adquirir bienes y servicios de quienes aparezcan en el Registro, con excepción de las adquisiciones de mínima cuantía que defina el CNE.La presentación del Ministerio no define nada respecto a transfuguismo, uno de los puntos claves que busca implementar el Pacto Histórico para las elecciones de 2026.
Los simpatizantes el Gobierno del presidente Gustavo Petro salen este miércoles 27 de septiembre a las calles en una manifestación llamada "por la vida" y a la cual fueron convocados sindicatos, obreros, indígenas y campesinos para que defiendan las reformas impulsadas por su Gobierno, un mes antes de las elecciones de alcaldes y gobernadores.La principal concentración se hará en la Plaza de Bolívar, centro del poder político en Colombia, en la que son esperadas miles de personas, y también habrá movilizaciones en el resto del país.Una de las organizaciones es Fecode, que este miércoles también se concentran a favor del Gobierno Nacional.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Domingo Ayala, presidente de Fecode, entregó detalles sobre las razones por las cuales ellos salen a las calles.Ayala aseguró que apoyan las reformas sociales, económicas y políticas que propone el Gobierno y por eso hacen presencia en la manifestación que tiene fines pacíficos.“Necesitamos las reformas sociales, económicas y políticas para que se puedan generar los cambios que realmente se requieren. Nosotros siempre, como Fecode apoyamos”, dijo.En ese sentido, explicó que la decisión de unirse a la convocatoria se trata de una directriz timada desde la organización.Sobre la reanudación de clases en los colegios públicos, señaló que a partir de mañana habrá normalidad en todos los centros educativos.Hay que recordar, que los ministros de Petro se han encargado de promover la convocatoria, por lo que han surgido denuncias de supuestas ayudas del Gobierno a organizaciones populares para que se sumen a las manifestaciones, algo que el Ejecutivo niega.Vea la entrevista completa aquí:
El Ministerio de Educación presentó dos borradores de proyecto de ley en lugar de uno, como se anticipaba. El primero busca convertir la educación en un derecho fundamental a través de una reforma estatutaria, mientras que el segundo se enfoca en modificar la Ley 30 de 1992 sobre educación superior. Estos textos están ahora a disposición del sector educativo para que se pueda dialogar y llegar a un acuerdo en torno a estas dos iniciativas. Aún no se ha establecido una fecha para que el Ministerio presente estos proyectos de ley ante el Congreso.Aquí algunos de sus cambios:El gobierno plantea en la reforma estatutaria de educación que se incluya el grado duodécimo (12°) con el fin de que permita un acceso progresivo de los estudiantes a la educación superior.Mientras que en el ley 30 de 1992 el gobierno es claro en que se quiere que se pase de que la educación sea un servicio público cultural a un derecho fundamental de carácter progresivo e inherente a los fines del Estado Social de Derecho.Además, el Ministerio de Educación busca un nuevo enfoque del objetivo de la educación en la que, por ejemplo, se propenda por el cuidado, la conservación, y preservación del ambiente. Así como que se salvaguarde y fomente la educación propia, el patrimonio, las culturas, la pervivencia de las lenguas y los saberes de los grupos étnicos, comunidades campesinas y de otros grupos poblacionales. También que se contribuya a la transformación social, la memoria histórica, la formación de ciudadanía, al respeto a los derechos humanos y la construcción de paz a nivel regional, nacional e internacional.En relación con los fundamentos de la educación superior el gobierno busca que la educación superior se armonice con los saberes y conocimientos ancestrales de las comunidades étnicas y los sistemas de conocimiento propios de otras comunidades.En el texto también se habla de modificar el artículo 12 de esta ley en la que se especifica que para culminar un doctorado se requiere un trabajo de investigación, pero en el cambio se plantea que solo sea un ‘trabajo de fin de estudios para optar al título académico’.Para el gobierno es fundamental el reconocimiento de la identidad de género, por eso plantea la modificación del artículo 25 en el que agrega el apartado que ‘En la titulación, las Instituciones de Educación Superior deberán reconocer la identidad de género’.Además, también habrá cambios en la elección del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y del Icfes, también tendrá asiento el ministro o ministra de ciencia, tecnología e innovación, el director o directora del SENA, dos estudiantes de últimos años de Instituciones de Educación Superior.También le puede interesar:
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
