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Un jurado de Nuevo México determinó este martes que la empresa tecnológica Meta deberá pagar 375 millones de dólares por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil.
Después de siete semanas de juicio, un jurado de Santa Fe, Nuevo México, argumentó que Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, violó partes de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado, al haber ocultado peligros para menores de edad que utilizan sus plataformas.
Al conocer la resolución, un vocero de Meta dijo a medios locales que discrepan con el veredicto y que apelarán la orden que les obliga a indemnizar al estado con 375 millones de dólares.
En el proceso, la Fiscalía estatal presentó como evidencia una operación encubierta en la que creó perfiles de menores de edad en Instagram y Facebook, a través de los cuales recibió en poco tiempo contactos de adultos con contenido sexual.
Según los fiscales, estos resultados evidenciaron fallas en los sistemas de protección de la compañía y la facilidad con la que usuarios vulnerables podían ser localizados por potenciales depredadores.
El jurado también consideró probado que Meta disponía de información interna sobre los riesgos de explotación sexual infantil y su impacto en la seguridad y salud de los menores, pero no adoptó medidas suficientes ni informó de forma transparente a los usuarios.
El caso se centró en el diseño y funcionamiento de las plataformas, al concluir que la empresa priorizó el crecimiento y la interacción de usuarios sobre la implementación de salvaguardas eficaces.
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El caso en Nuevo México se produce en medio de una creciente presión judicial y regulatoria contra las grandes tecnológicas en Estados Unidos por el impacto de sus plataformas en menores de edad.
En paralelo, un jurado federal en California delibera en un proceso similar contra Meta y YouTube, centrado en si las empresas deben responder por daños relacionados con la seguridad infantil en sus plataformas.
Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EE.UU.
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