El Gobierno de España ha decidido no retirar ninguno de los dos decretos sobre vivienda que se van a votar este viernes en el Congreso después de que el partido nacionalista catalán Junts per Catalunya, cuyo apoyo es necesario para que se aprueben, le hubiese pedido esa retirada.
Los decretos buscan facilitar el acceso a la vivienda en medio de una oleada de protestas en el país que reclaman medidas para garantizar este derecho y frenar la especulación inmobiliaria en España.
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El apoyo del partido Junts a los decretos era necesario para que estos se aprobaran en un Congreso fragmentado, donde el Gobierno presidido por Pedro Sánchez no tiene la mayoría.
Tras la petición de la formación catalana de retirar los decretos y evitar su votación el viernes, Sánchez afirmó que el Gobierno no va a dar ni un paso atrás y recalcó que "ha llegado la hora de la verdad".
"PP, Junts y Vox, deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras", añade.
El Partido Popular (PP), la formación conservadora mayoritaria de España, y Vox, de ultraderecha, se opusieron desde el inicio a las medidas.
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Sánchez insistió en que los decretos sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios".
El Ejecutivo subraya que la utilidad de estas medidas se ha demostrado este mismo jueves, cuando el decreto ya en vigor ha servido para evitar que una vecina de Barcelona perdiera su casa.
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Por otra parte, fuentes del Ministerio de Vivienda subrayaron que "el texto planteado incorpora las enervaciones exigidas por Junts en muchas ocasiones, y además las compensaciones en caso de suspensión son obligatorias por parte de la administración".
"En ningún caso se pone en peligro la herencia de las familias, pues el texto es muy claro en cuanto al derecho de tanteo y retracto por parte de las personas inquilinas, que solo aplica en caso de compraventas", sostienen las mismas fuentes.
La votación de los decretos del viernes sucede en plena ebullición social por el derecho a la vivienda, con acampadas y protestas continuadas en las principales ciudades de España, como Madrid y Barcelona, desatadas a raíz del deshaucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, la semana pasada en la capital española.