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Sin final a la vista en Perú: Fujimori plantea auditoría del órgano electoral

Con el 99,951 % del cómputo nacional, Castillo ha alcanzado el 50,13 % de la votación, con una diferencia de 48.220 votos frente a Fujimori, que congregó el 49,86 %.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori
Foto: AFP

Perú entró en una semana decisiva para conocer a su nuevo presidente electo, en medio de la batalla política y legal que protagonizan el izquierdista Pedro Castillo y la derechistaKeiko Fujimori, quien decidió solicitar una auditoría al órgano electoral.

De forma paralela, según informa el diario La República, un ciudadano planteó una demanda de amparo constitucional para evitar que Fujimori pueda beneficiarse de una posible ampliación del plazo legal para plantear pedidos de nulidad de los votos.

Esta información, que se dio a conocer de forma fragmentada en un primer lugar, elevó la tensión en las redes sociales -nuevo foco de la tormenta en el país- donde fue interpretada como una medida impulsada por simpatizantes de la candidata precisamente para forzar dicha ampliación.

Aunque el cómputo de votos se encuentra a un 0,049 % de concluir, la mira del país entero está centrada ahora en los recursos legales presentados por el partido de Fujimori y los esfuerzos de las autoridades por controlar los ataques contra sus opositores en las redes sociales.

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Con el 99,951 % del cómputo nacional, Castillo ha alcanzado el 50,13 % de la votación, con una diferencia de 48.220 votos frente a Fujimori, que congregó el 49,86 %.

Sin embargo, la última herramienta elegida por el fujimorismo antes de reconocer su virtual derrota ha sido una auditoría informática de la digitalización de las actas electorales solicitada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que puede extender aún más el cierre del conteo de votos en Perú.

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AUDITORÍA AL ENTE ELECTORAL

La personera legal de Fuerza Popular, Milagros Takayama, argumentó en la solicitud que se "ha detectado por redes sociales" una serie de cuestionamientos entre actas validadas y el sistema de la ONPE.

La auditoría fue solicitada después de que la mayoría de los más de 800 recursos para anular 200.000 votos por presuntas irregularidades hayan sido rechazados por los jurados electorales por llegar fuera de plazo y por no presentar pruebas consistentes de que hubo un fraude en las mesas de votación.

En tal sentido, piden al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aclarar si cuentan con un manual de calidad para la digitalización de actas, cuál es la política de calidad para este proceso, y si el control de documentos cuenta con procedimiento documentado.

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Asimismo, exigen conocer si la identificación, protección, almacenamiento, recuperación y disposición de los registros están protegidos por una metodología adecuada, y si los registros de actas de la primera y segunda vuelta presidencial cuentan con copias de seguridad.

FISCALÍA Y GOBIERNO INVESTIGAN

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Ante esta situación, la Fiscalía ha abierto una investigación por la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones graves o leves tipificados en el Código Penal peruano.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo expresó su condena a "toda campaña de hostilización a ciudadanas/os en redes sociales" y tras enfatizar que "los discursos de odio son inaceptables" demandó a la Fiscalía y la Policía Nacional "tomar cartas en el asunto".

A nombre del Gobierno, el ministro del Interior, José Elice, declaró que "desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional se ha intensificado el trabajo de Inteligencia y además el monitoreo de cada uno de estos casos".

Elice dijo que "habrá que encontrar a los responsables" porque "estas cosas tampoco pueden suceder, no se puede amenazar a nadie de la manera como, supuestamente, se ha amenazado, según lo que hemos visto en las redes sociales".

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