A pocos días de cumplirse diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque expusieron sus diferencias frente a los resultados de su implementación y los desafíos que todavía enfrenta el país.
Durante un encuentro conmemorativo sobre la primera década del acuerdo, realizado en la Defensoría del Pueblo, el expresidente Juan Manuel Santos defendió lo pactado en La Habana y cuestionó los señalamientos que responsabilizan al proceso de paz por el deterioro de la seguridad en Colombia.
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El exmandatario, quien firmó el acuerdo en noviembre de 2016 y recibió el Premio Nobel de Paz ese mismo año, aseguró que los problemas de orden público actuales son consecuencia de la falta de implementación integral de lo pactado y de la ausencia de una política de seguridad efectiva.
“Se ha querido atribuir cínicamente el deterioro de la seguridad a la firma del acuerdo. No pueden estar más equivocados”, afirmó.
Santos también recordó las críticas que recibió el proceso durante su negociación y señaló que varias de las advertencias hechas por sus opositores no se cumplieron. Incluso cuestionó que quien promovió la idea de que el acuerdo incluía una supuesta ideología de género que afectaría a las familias colombianas ocupe actualmente el Ministerio del Interior.
“En el año 2016, los opositores del acuerdo buscaron sembrar miedo y sembrar frustración entre los colombianos. Dijeron que el acuerdo convertiría a Colombia en otra Venezuela, que yo era castrochavista, que les entregaríamos el país a las FARC, que lo que estábamos firmando era un pacto de impunidad y, como si fuera poco, que el acuerdo tenía implícita la ideología de género que destruiría a las familias colombianas. La persona que puso a rodar esa última falacia es hoy el ministro del Interior”, dijo.
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En su intervención, el expresidente hizo un llamado al actual Gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, para que aproveche la decisión de la Corte Constitucional sobre la obligación del Estado de garantizar los recursos necesarios para implementar el Acuerdo de Paz.
“Presidente, no pierda esta oportunidad. En eso lo acompañaríamos todos los colombianos y el mundo entero”, manifestó.
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Por su parte, el expresidente Iván Duque defendió los resultados de su administración en materia de implementación y aseguró que el verdadero enemigo de la paz es el narcotráfico, al que señaló como uno de los principales factores que alimentan la violencia y la expansión de los grupos armados.
“Se negoció con unas Farc que se quedó en el Congreso, algunos sin haber reparado a las víctimas y sin haber dicho la verdad”, reclamó Duque.
Sin embargo, también lanzó cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), particularmente por las sanciones impuestas a los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto y por los resultados en materia de reparación a las víctimas.
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Duque sostuvo que la justicia transicional debe ofrecer sanciones proporcionales y garantizar que las víctimas reciban una reparación efectiva, tanto económica como moral. También reclamó la entrega de los bienes de las antiguas Farc destinados a reparar a quienes sufrieron los efectos del conflicto.
“Los colombianos tenemos que reclamarle a la JEP que las medidas de reparación de las víctimas no han sido efectivas”, señaló.
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Defensoría pide acelerar reparación a las víctimas
En medio de la conmemoración, la Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre los diez años de implementación del Acuerdo. La entidad reconoció avances en reincorporación, justicia transicional y desarrollo rural, pero advirtió que persisten importantes retrasos en la reparación integral de las víctimas y dificultades para garantizar la seguridad de las comunidades.
De acuerdo con el informe, de los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, solo 63 han terminado sus planes de reparación. Además, ocho de cada diez víctimas no han accedido al programa de atención psicosocial y salud integral.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín, insistió en que la reparación debe ser una obligación del Estado y no un gesto. También recordó que el acuerdo debe poner en el centro a todas las víctimas, sin distinciones.
“Poner a las víctimas en el centro significa, primero, que no hay víctimas de primera y víctimas de segunda. La madre de un soldado ejecutado y la madre de un muchacho reclutado por la guerrilla lloran igual”, señaló.
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La entidad también alertó sobre la persistencia de la violencia: entre enero de 2016 y junio de 2026 registró 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Desde la firma del acuerdo, además, han sido asesinadas 521 personas firmantes de paz.
Por eso, la Defensoría reiteró que la implementación del Acuerdo de Paz debe mantenerse como un compromiso constitucional que trascienda los cambios de Gobierno, con financiación y responsabilidades verificables. Además, pidió acelerar la reparación a las víctimas, fortalecer la protección en los territorios y cumplir los compromisos pendientes.