El Congreso aprobó este miércoles una ley para prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF), una práctica que sigue afectando principalmente a niñas indígenas y cuya prohibición había sido reclamada durante años por organizaciones de derechos humanos y lideresas comunitarias.
La iniciativa superó su último debate en el Senado a pocos días del cierre de la legislatura, evitando así que el proyecto se hundiera por falta de trámite y tuviera que comenzar nuevamente su recorrido legislativo en el próximo Congreso.
La nueva norma establece medidas de prevención, sensibilización, atención integral a las víctimas y articulación institucional para enfrentar una práctica que organismos internacionales consideran una grave violación de los derechos humanos de las niñas y las mujeres.
La mutilación genital femenina comprende procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos o cualquier otra lesión de los órganos genitales por razones no médicas.
Según datos citados por organizaciones que impulsaron la ley, entre 2020 y 2025 se documentaron 204 casos de ablación en Colombia, de los cuales 177 correspondieron a niñas indígenas, especialmente en los departamentos de Risaralda y Chocó.
La aprobación fue celebrada por colectivos de derechos humanos que semanas atrás habían alertado sobre el riesgo de que el proyecto naufragara por falta de debate.
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Entonces, catorce organizaciones enviaron una carta al Senado en la que pidieron tramitar con urgencia la iniciativa para evitar que se perdiera un avance legislativo considerado histórico.
La abogada de Equality Now para América Latina y el Caribe, Leandra Becerra, había advertido en una entrevista con EFE que el rechazo del proyecto enviaría un mensaje negativo a las comunidades y lideresas indígenas que han impulsado estrategias para erradicar la práctica en sus territorios.
La ley no crea nuevos delitos ni contempla medidas punitivas específicas, sino que se centra en acciones de educación, prevención, acompañamiento y trabajo conjunto con las comunidades para promover el abandono de esta práctica.
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Organismos como Unicef, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversas agencias internacionales han señalado que la mutilación genital femenina puede provocar hemorragias, infecciones, dolor intenso, complicaciones obstétricas y secuelas psicológicas de largo plazo, entre ellas depresión, ansiedad y estrés postraumático.
Con esta aprobación, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en contar con una legislación específica sobre mutilación genital femenina. Según Equality Now, la práctica ha sido documentada en al menos 94 países, aunque solo 59 disponen de marcos legales específicos para abordarla. Tras su aprobación en el Congreso, el proyecto pasará ahora a sanción presidencial para convertirse en ley.
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