Los abogados penalistas Felipe Alzate y Simón Hernández radicaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas amenazas, seguimientos, hostigamientos e intentos de infiltración relacionados, según indicaron, con el ejercicio de su actividad profesional y la representación de víctimas y procesados en distintos casos judiciales.
De acuerdo con la denuncia presentada por los juristas, los hechos habrían comenzado desde el año pasado, luego de asumir la representación legal de varias víctimas dentro de procesos de alto perfil.
En un comunicado público, los abogados aseguraron que las presuntas actuaciones intimidatorias representarían una afectación directa al ejercicio independiente de la profesión y al derecho de defensa.
“Ningún abogado puede ser objeto de perfilamiento por cumplir con su deber profesional, por asumir una causa, por representar los intereses de sus clientes o por acudir ante las autoridades competentes en defensa de los derechos que le han sido confiados”, señalaron Alzate y Hernández.
En el mismo documento, agregaron que “permitir que la intimidación condicione o limite el ejercicio libre e independiente de la profesión implicaría una afectación directa al derecho de defensa, debido proceso e incluso al acceso que debe tener cualquier ciudadano a la administración de justicia”.
Los penalistas denunciaron haber sido víctimas de mensajes intimidatorios directos, seguimientos en entornos laborales y presuntos perfilamientos. Según indicaron, también existirían intentos de terceros por acceder a información sensible relacionada con su actividad profesional y los procesos judiciales que adelantan.
Los abogados participan actualmente en varios casos de relevancia pública. Entre ellos aparece la representación de Beatriz Niño como presunta víctima del exembajador Daniel Garcés, la defensa del exalcalde William Dau y el litigio relacionado con el lote donde está ubicado el denominado Palo del Ahorcado.
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La denuncia también advierte que las presuntas intimidaciones no solo habrían afectado a los juristas, sino que se extenderían a familiares y personas de su entorno laboral.