La entidad reconoce que el objetivo de erradicar el acoso en las residencias médicas es correcto, pero advierte que el texto tiene vacíos que podrían generar consecuencias que no fueron previstas.
Uno de los puntos más críticos tiene que ver con lo que pasa cuando una denuncia es falsa. El texto del proyecto define más de 20 conductas que constituyen acoso, pero no establece ningún mecanismo ni sanción para quienes acusen sin fundamento o incurran en injuria o en calumnia contra un docente o un compañero.
La Academia de Medicina señala que el proyecto contiene medidas punitivas sin un desarrollo apropiado de acciones preventivas. También omite regulación sobre falsas denuncias y no establece con claridad los deberes de los residentes junto a sus derechos.
La ley sí detalla sanciones estrictas para quienes cometan acoso. Un decano, director de hospital o profesor puede recibir multas de hasta 10 salarios mínimos por cada evento, ser suspendido por hasta dos años e inhabilitado por hasta diez años para ejercer en instituciones educativas.
Las universidades y hospitales enfrentan multas de hasta mil salarios mínimos. Los directivos están además obligados a denunciar ante la Fiscalía cualquier conducta que pueda ser delito, independientemente de lo que crean sobre los hechos.
Frente a ese aparato sancionatorio, la academia advierte que la prevención no tiene el mismo desarrollo. El texto la menciona en su artículo primero e incluye disposiciones sobre capacitación y salud mental, pero esas medidas no tienen el mismo peso que las sanciones.
Otro vacío identificado es la falta de claridad sobre los deberes de los residentes. El proyecto define con precisión sus derechos: salario de al menos tres salarios mínimos, prestaciones sociales, vacaciones remuneradas y jornada máxima de 12 horas diarias y 60 semanales. Los deberes, en cambio, quedan enunciados de manera general, según el órgano consultivo.
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La academia también alerta sobre un cambio estructural: el proyecto convierte la residencia médica en una relación laboral. El artículo cuarto define el vínculo como un contrato laboral especial regido por el Código Sustantivo del Trabajo. La misma norma establece que la autonomía universitaria no puede usarse para no aplicar la ley.
Para la Academia de Medicina, un residente es ante todo un profesional en formación, no un trabajador ordinario. Trasladar la supervisión de la calidad educativa hacia el cumplimiento de normas laborales puede afectar el modelo de docencia y servicio que sostiene la formación médica especializada.
La propuesta nació tras la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, residente de cirugía general de la Pontificia Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio, quien fue víctima de acoso y jornadas extenuantes.
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Su caso visibilizó una problemática que afecta a miles de residentes en Colombia. La iniciativa también recuerda a Johan Sebastián Castellanos, estudiante de medicina de la Universidad de los Andes, cuyo fallecimiento reavivó el debate sobre la presión en la formación médica.
El proyecto está impulsado por los representantes Héctor David Chaparro, del Partido Liberal; María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico; Germán Rozo, de las Curules de Paz; y Juan Camilo Londoño, del Partido Conservador.
Fue aprobado en primer debate el 1 de abril de 2025 y en segundo debate el 4 de septiembre del mismo año. Ahora avanza en el Senado, donde la Academia Nacional de Medicina pide que se ajuste antes de convertirse en ley.
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