La muerte de la pequeña Michelle Dayana Henao Chavarría en Buriticá, Antioquia, dio un giro inesperado luego de que los estudios del primer dictamen forense de Medicina Legal dejaran en evidencia que la menor murió por un golpe con objeto contundente, es decir, Michelle Dayana habría sido asesinada.La nueva línea investigativa tomó por sorpresa al departamento, ya que la menor de 6 años había desaparecido por una semana y luego fue hallada sin vida en zona rural del Occidente antioqueño, no obstante, no parecía que una de las hipótesis fuera que Michelle Dayana haya sido asesinada.Debido a esta situación y luego de que los mismos exámenes descartaran un abuso sexual a la menor de edad, las autoridades en Antioquia están tras la pista de quién o quiénes estarían detrás del homicidio de la menor que sufría de autismo y epilepsia.Le puede interesar: Encuentran sin vida a niña de 6 años que llevaba una semana desaparecida en Buriticá, AntioquiaEn su momento, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la muerte de la menor y aseguró que las autoridades harían lo posible por esclarecer el hecho, situación que hoy cobra más relevancia tras los hallazgos de Medicina Legal."También elevemos una oración que le dé esos ciegos, le permita tener tranquilidad esos ciegos a esta familia en medio de este dolor tan grande, un dolor que los va a acompañar el resto de la vida, y también para que nos dé fuerzas a todos, a las autoridades, y podamos esclarecer este hecho y no quede en la impunidad", aseguró el mandatario.Aunque la familia de Michelle Dayana aún no ha sido notificada del lamentable reporte, se espera que con el paso de las horas no solo se den más detalles de la muerte de la pequeña, sino que también se pueda conocer los responsables de este aberrante caso que enluta al departamento de Antioquia.
El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, se refirió al caso de Ana Lucía González, la niña de 8 años que fue asesinada en Bogotá y cuyo cuerpo fue trasladado desde Mosquera. Durante una entrevista en Recap Blu, aclaró los tiempos del procedimiento forense y aseguró que la entrega a la familia podría realizarse al día siguiente.Medicina Legal explicó cuándo entregaría el cuerpoCortés señaló que el cuerpo de la menor llegó a Medicina Legal dos días antes de la entrevista y que el instituto comenzó a trabajar de inmediato. Debido a que se trata de una niña, se realiza una prueba genética para confirmar que la mujer que reclama el cuerpo es su madre.“Como es una menor de edad, nosotros lo que hacemos es hacer unos exámenes de genética para comprobar que la madre que está reclamando el cuerpo es la madre”, explicó.El director aseguró que este procedimiento no debería tardar 20 días hábiles, como se había señalado. “Este examen de genética no dura más de 8 horas, es muy rápido realizarlo. Yo esperaría que el cuerpo lo estemos entregando el día de mañana a la señora madre”, afirmó.Según Cortés, solo se esperaba el resultado de la prueba genética para proceder con la entrega. También indicó que las muestras relacionadas con la causa de muerte fueron enviadas al laboratorio y permanecían en estudio. Una vez finalice el análisis histopatológico, Medicina Legal elaborará un informe con la hipótesis, la causa y la manera de muerte, que será entregado a la Fiscalía.Cifras de homicidios y desapariciones de menoresEl funcionario informó que, durante el primer semestre de 2025, murieron 884 menores de edad, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra llegó a 947. En cuanto a homicidios, reportó 313 casos en 2025 y 339 en 2026.Sobre desapariciones, indicó que entre 2016 y el 31 de agosto de 2026 se registraron 17.282 menores en las bases de datos de Medicina Legal. De ellos, 8.225 tenían entre 15 y 17 años, 6.191 entre 10 y 14, 843 entre 5 y 9 y 2.023 entre 0 y 4 años.Violencia intrafamiliar y salud mentalCortés señaló que una de las principales causas de muerte violenta de menores es la violencia intrafamiliar. También reportó 58 suicidios de menores al comparar los primeros semestres de 2025 y 2026, con Bogotá y Medellín como las ciudades con más casos.Finalmente, hizo un llamado a impulsar políticas públicas nacionales y territoriales que prioricen la protección de niños, niñas y adolescentes.Escuche la entrevista completa acá:
El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, reportó un incremento en las muertes de menores de edad registradas en Colombia y señaló la violencia intrafamiliar como uno de los factores que genera mayor preocupación en los casos de homicidio.De acuerdo con las cifras presentadas por Cortés sobre fallecimientos violentos, durante el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 884 muertes de menores de edad, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 947.En cuanto a los homicidios, durante el primer semestre de 2025 se registraron 313 casos, mientras que en los primeros seis meses de 2026 fueron contabilizados 339. Las ciudades señaladas con mayor afectación son Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín.El director de Medicina Legal indicó que, dentro de los homicidios de menores, uno de los factores que más preocupa es la violencia intrafamiliar.Las cifras también incluyen los casos de desaparición de menores. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron aproximadamente 2.500 casos, mientras que en los últimos diez años el acumulado llega a cerca de 17.500 menores reportados como desaparecidos.Ante una desaparición, las autoridades activan la Alerta Rosa y la búsqueda puede ser reportada de manera inmediata. Las denuncias pueden presentarse ante Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, sin que sea necesario esperar 72 horas para iniciar la ruta de búsqueda.Estas cifras se conocen mientras las autoridades avanzan en la investigación por la desaparición y muerte de Ana Lucía González, una niña reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca.Por Ahora, Continúa el proceso de plena identificación, por lo que la madre de la menor acudió a Medicina Legal para realizarse una prueba de ADN y nuevamente un reconocimiento fotográfico.La familia de Ana Lucía espera que el procedimiento avance con celeridad para obtener la entrega del cuerpo y realizar su repatriación hacia Venezuela.Rafael González, tío de la menor, explicó que la familia pidió agilizar los resultados del examen de ADN, debido a las dificultades económicas que enfrenta mientras permanece en Colombia.
Luz González, hermana de Ana Lucía González, la niña de 8 años que fue hallada sin vida dentro de una estructura de alcantarillado en el sur de Bogotá, habló con Blu Radio sobre el dolor que atraviesa su familia y pidió que el crimen no quede impune.La menor, de origen venezolano, había viajado a Colombia para pasar sus vacaciones junto a su hermana y tenía previsto regresar esta semana a su país para retomar sus actividades escolares. Sin embargo, el lunes 14 de septiembre desapareció en medio de una situación que ahora es investigada por las autoridades.El cuerpo de Ana Lucía fue encontrado el martes 15 de septiembre en el barrio JJ Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar. Fueron otros niños que se encontraban jugando en la zona quienes encontraron el cadáver y alertaron a la comunidad.Por estos hechos fue capturado un hombre de nacionalidad venezolana, identificado en los reportes conocidos como José Rojas, quien es señalado de estar relacionado con la desaparición y muerte de la menor. Su responsabilidad deberá ser determinada por la justicia.“Pedimos justicia”, dijo la hermana de Ana LucíaEn medio del dolor por la pérdida de su hermana, Luz González hizo un llamado a las autoridades para que el caso avance hasta esclarecer lo ocurrido y se determine la responsabilidad del capturado.“Pedimos justicia, que este crimen no quede impune, porque ella solo era una niña y era un angelito, era un bebé que recién estaba empezando a vivir. Ella no merecía esto”, expresó Luz durante la entrevista con Blu Radio.La joven también manifestó su preocupación por la posibilidad de que el señalado responsable pueda recuperar la libertad en el futuro.Sus declaraciones corresponden a la percepción y al pedido de la familia mientras el proceso judicial continúa. Será la Fiscalía la encargada de presentar los elementos de la investigación y los jueces deberán determinar, conforme avance el proceso, si existe responsabilidad penal.Además de referirse a la muerte de su hermana, Luz contó que su relación con el hombre actualmente detenido habría estado marcada por situaciones de violencia psicológica y dependencia económica.La joven explicó que esta situación le habría dificultado tomar decisiones y buscar ayuda.Su testimonio permite conocer otra de las circunstancias que las autoridades deberán tener en cuenta dentro de la reconstrucción de los hechos ocurridos antes de la desaparición de Ana Lucía.El tío de la menor, Rafael González, también había contado a Blu Radio que antes de la desaparición se habría presentado una fuerte discusión de pareja. Según su relato, Luz habría salido del apartamento para buscar ayuda y, durante ese momento, el hombre habría salido del lugar con la niña en una motocicleta.Rafael aseguró además que su sobrina habría sido objeto de una amenaza dirigida contra la familia, versión que forma parte del testimonio entregado por los familiares y que deberá ser corroborada dentro de la investigación.Un casco, pieza clave en la investigaciónDe acuerdo con la información entregada por Luz González durante la entrevista, uno de los elementos que habría resultado determinante para avanzar en la ubicación del señalado responsable fue un casco de motocicleta.Según su relato, se trataba del casco que ella utilizaba y que posteriormente habría sido usado por el hombre cuando salió con Ana Lucía en la motocicleta el día de la desaparición.Este elemento habría sido relacionado con las imágenes de las cámaras de seguridad que permitieron reconstruir parte del recorrido del vehículo desde Mosquera hacia Bogotá.Las autoridades establecieron que una motocicleta salió del sector de Porvenir Río, en Mosquera, con un adulto como conductor y una menor como acompañante. El recorrido habría continuado por el corredor de la calle 13 hasta Bogotá y posteriormente por el sector de Casandra, en Fontibón.Uno de los interrogantes que permanece abierto es qué ocurrió durante ese recorrido y cómo el cuerpo de Ana Lucía terminó en una estructura de alcantarillado en Ciudad Bolívar.Mientras avanza la investigación, la familia permanece en Bogotá a la espera de los procedimientos de Medicina Legal para poder trasladar los restos de la niña hasta Venezuela. Los familiares también han solicitado apoyo para afrontar los gastos relacionados con su permanencia en la capital y la repatriación.
La familia de Ana Lucía González, la niña reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca, pidió celeridad a las autoridades para avanzar en su plena identificación, obtener la entrega del cuerpo y realizar su repatriación hacia Venezuela.El cuerpo de una menor hallado en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, fue relacionado por la Fiscalía con la niña que había sido reportada como desaparecida en Mosquera. Sin embargo, continúa el proceso de identificación, por lo que la madre de la menor acudió a Medicina Legal para realizarse una prueba de ADN y nuevamente un reconocimiento fotográfico.Rafael González, tío de Ana Lucía, explicó que la familia busca que los resultados del examen se obtengan en el menor tiempo posible, debido a las dificultades económicas que enfrentan mientras esperan en Colombia.El familiar pidió que se agilice el procedimiento para poder trasladar el cuerpo a Venezuela. “Nos dicen que son 20 días hábiles, los cuales para nosotros acá 20 días hábiles, demasiado día, ya que no contamos con un recurso necesario, no contamos con algo que nos pueda sostener acá durante estos días. Entonces, que nos ayuden con esos resultados lo más posible”, manifestó.Sobre las circunstancias de la muerte, de acuerdo con informes preliminares la menor habría fallecido por una causa violenta y supuesta asfixia, hechos que deberán ser establecidos por el informe final de Medicina Legal.Entre tanto, la Fiscalía prepara las audiencias concentradas contra José Rojas Lárez, señalado como presunto responsable del homicidio de la menor. La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición y posterior muerte de la niña.De acuerdo con la Fiscalía, desde que se recibió el reporte de desaparición se activaron las labores de búsqueda mediante el Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa.Rafael González también relató que, según lo conocido por la familia, José Rojas Lárez era la pareja de la hermana de Ana Lucía y padre de su hijos. Afirmó que el día de la desaparición se habría presentado una discusión entre la pareja y que, posteriormente, la niña habría sido llevada del lugar como venganza.“Este señor, como le venía comentando, es la expareja de la hermana. Ellos tuvieron problemas el día lunes, un día que la niña desapareció. Problemas de pareja, donde las muchachas baja del 4º piso del apartamento donde ellos vivían a buscar ayuda, donde la hermana acude a un CAI de ahí del barrio”, relató.El tío sostuvo que, posteriormente, cámaras de seguridad habrían registrado al hombre llevándose a la menor en una motocicleta. También afirmó que, de acuerdo con lo que conoció la familia, el señalado habría intentado desplazarse hacia Medellín.González señaló además que, por lo que la hermana de la menor le ha contado, durante los años anteriores no había tenido conocimiento de hechos de violencia física por parte del hombre. Sin embargo, aseguró que el día de la desaparición se habría presentado un comportamiento agresivo y daños en elementos del apartamento, además de amenazas relacionadas con acabar con su familia si finalizaba la relación.La Fiscalía deberá presentar ante un juez a José Rojas Lárez para avanzar en la judicialización por estos hechos, mientras Medicina Legal continúa con el proceso de identificación de la menor y la determinación de las circunstancias y causa de su muerte.
La investigación por la muerte de Ana Lucía González, la niña venezolana que fue hallada sin vida en una estructura de alcantarillado de Ciudad Bolívar, tomó un nuevo rumbo luego de que un familiar revelara detalles de la relación que el principal sospechoso sostenía con la hermana de la menor.Rafael González, tío de Ana Lucía, habló en Meridiano Blu sobre lo ocurrido antes de la desaparición de la niña y aseguró que el hombre detenido habría amenazado previamente a su pareja con hacerle daño a su familia si decidía terminar la relación.“Él le decía: ‘Si tú me dejas, yo acabo con tu familia. Si tú acabas con nuestra relación, yo acabo con tu familia’”, relató González durante una entrevista, al referirse a lo que su sobrina habría escuchado en medio de los conflictos de pareja.El familiar calificó esa frase como una amenaza que, desde su perspectiva, podría estar relacionada con lo ocurrido posteriormente.No obstante, esta versión hace parte del testimonio entregado por la familia y deberá ser establecida dentro de la investigación que adelantan las autoridades. La Fiscalía deberá determinar qué ocurrió exactamente antes y después de la desaparición de la menor y cuál habría sido la responsabilidad del hombre capturado.La discusión que habría ocurrido antes de la desapariciónSegún el relato de Rafael González, la desaparición de Ana Lucía ocurrió después de una fuerte discusión entre su hermana y la pareja sentimental de esta. El familiar aseguró que el hombre habría tenido un comportamiento agresivo durante el enfrentamiento y que incluso habría causado daños en el apartamento donde convivían.La hermana de Ana Lucía habría salido del lugar para buscar ayuda y se habría dirigido hacia un CAI cercano. De acuerdo con González, mientras ella intentaba recibir atención, la menor permaneció en el sector.“Entonces ella le dice a la niña que también corrió a buscar otra ayuda”, contó el tío, quien aseguró que fue durante ese momento cuando el hombre habría tomado a la niña y se habría marchado con ella en una motocicleta.La reconstrucción de las autoridades coincide en que las cámaras de seguridad permitieron establecer parte del recorrido de la menor. Los registros muestran una motocicleta que salió del sector de Porvenir Río, en Mosquera, con un adulto conduciendo y una menor como acompañante. Posteriormente, el vehículo habría llegado hasta Bogotá y pasado por el sector de Casandra, en Fontibón.Según la información conocida, en ese punto la motocicleta permaneció durante algunos minutos y posteriormente salió sin la niña. La Fiscalía trabaja en establecer qué ocurrió durante ese lapso y cómo terminó el cuerpo de Ana Lucía en Ciudad Bolívar.El sospechoso fue capturado tras la reconstrucción del recorridoLas autoridades identificaron y posteriormente capturaron a José Rojas Larez, ciudadano venezolano de 29 años, señalado de estar relacionado con la desaparición y muerte de la menor. La captura se produjo después del análisis de cámaras de seguridad y otros elementos recopilados durante la investigación.La Fiscalía deberá presentar al detenido ante un juez de control de garantías y avanzar en el proceso judicial correspondiente. Entre los delitos que, según la información conocida, serían objeto de imputación están homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.Por ahora, la responsabilidad penal del señalado no ha sido determinada y será la justicia la encargada de establecer qué ocurrió.La familia espera los resultados de Medicina LegalMientras avanza el proceso judicial, los familiares de Ana Lucía permanecen en Bogotá adelantando los trámites para poder trasladar sus restos hasta Venezuela.Rafael González explicó que Medicina Legal les informó que deben esperar los resultados de las pruebas de ADN y otros procedimientos antes de recibir el cuerpo. “Esperemos los 20 días hábiles para la entrega de los resultados del ADN”, señaló.Para la familia, este tiempo representa una dificultad adicional, pues llegaron desde Venezuela y deben asumir gastos de alojamiento, alimentación y desplazamientos mientras esperan que finalicen los procedimientos.“Lo que nosotros queremos pedir es agilización de todos los procesos para que nos entreguen el cuerpo”, manifestó el tío de la menor.Ana Lucía se encontraba en Colombia pasando sus vacaciones y, de acuerdo con el relato familiar, tenía previsto regresar a Venezuela durante esta semana para retomar sus actividades escolares. La familia es oriunda del estado Zulia y ahora busca regresar al país con los restos de la niña.En Mosquera, mientras tanto, familiares, vecinos y habitantes del municipio realizaron una velatón para acompañar a sus seres queridos y exigir que el caso sea esclarecido. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas de la muerte de Ana Lucía, el recorrido completo que habría realizado desde Mosquera hasta Bogotá y si hubo otras personas involucradas.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que dos menores de edad hacen parte de los 20 cuerpos que ya fueron identificados, de un total de 24 recibidos el primero de septiembre y relacionados con los hechos ocurridos durante las acciones militares de la fuerza pública en la vereda Lagos del Dorado, zona rural de Miraflores, Guaviare, en el marco de la denominada Operación Azarías.De acuerdo con el reporte de Medicina Legal, de los 24 cuerpos ingresados al Instituto, 20 ya fueron identificados, mientras que cuatro continúan en proceso de abordaje forense debido al estado en el que fueron recibidos. Entre los 20 cuerpos identificados hay ocho personas de sexo femenino y 12 de sexo masculino. El Instituto confirmó que dos de los cuerpos corresponden a menores de edad.Los cuerpos están relacionados con las acciones militares desarrolladas en la vereda Lagos del Dorado, en Miraflores, Guaviare, contra integrantes del Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias ‘El Tigre’ o ‘Pintado’.Los resultados de la operación fueron informados por el presidente ADLE, quien señaló integrantes de la estructura armada habían sido abatidos en combate.Además de las personas reportadas como abatidas, en el desarrollo de la operación fueron capturadas seis personas, entre ellas alias ‘Víctor’, señalado como tercer cabecilla de la organización. Asimismo, fue reportada como una de las principales bajas la de alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como principal cabecilla del Frente Carolina Ramírez.Dentro de los resultados de la operación también se informó sobre la recuperación de un menor de edad que habría sido víctima de reclutamiento ilícito. El menor fue puesto bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.En cuanto a las incautaciones, las autoridades reportaron 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, artefactos explosivos, granadas y material de guerra e intendencia.
Un total de 62 menores de edad murieron en operaciones militares durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, de acuerdo con cifras de Medicina Legal reveladas en entrevista con Mañanas Blu. El dato hace parte de un balance sobre que entregó el instituto tras confirmar que tres menores murieron en el más reciente bombardeo de la fuerza pública en el departamento de Guaviare.Según explicó el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, durante el periodo presidencial de Iván Duque se registraron 367 personas fallecidas en operaciones militares, de las cuales 42 eran menores de edad. En contraste, durante la administración Petro, con el corte señalado en la entrevista, la entidad contabilizó 458 personas fallecidas, entre ellas 62 menores.“En el periodo de Duque fallecieron 367 personas en operaciones militares, de las cuales 42 eran menores de edad. En el gobierno del presidente Petro murieron 458 personas con corte a 31 de mayo de este año, y murieron 62 menores de edad”, afirmó el director de Medicina Legal.Medicina Legal explica cómo determina la causa de muerteDurante la entrevista, los periodistas de Mañanas Blu preguntaron específicamente si las muertes registradas correspondían a bombardeos o combates. Frente a esta pregunta, el director de Medicina Legal aclaró que no tenía en ese momento el informe particular que permitiera establecer qué tipo de operación había originado cada uno de los fallecimientos.“Ese informe sí no lo tengo acá a la mano para poderles manifestar qué tipo fue”, respondió el funcionario. Sin embargo, explicó que Medicina Legal realiza un procedimiento técnico durante las necropsias para establecer las circunstancias y la causa de muerte, información que posteriormente es entregada a las autoridades competentes.¿Es frecuente la muerte de menores en operaciones militares?Otro de los asuntos abordados durante la conversación fue la frecuencia con la que se presentan casos de menores de edad muertos en operaciones militares. El director de Medicina Legal sostuvo que se trata de un fenómeno que se ha registrado de manera recurrente en los diferentes periodos de gobiernos.
De acuerdo a un comunicado divulgado este domingo 30 de agosto, Medicina Legal informó que, de los 10 cuerpos recibidos el 29 de agosto, nueve ya fueron identificados, mientras que uno continúa en proceso de abordaje forense tras la Operación Amón contra las disidencias de las Farc en Guaviare.La entidad detalló que entre los nueve cuerpos plenamente identificados se encuentran cuatro mujeres y cinco hombres. Además, precisó que tres de las personas identificadas eran menores de edad.Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal para adelantar los procedimientos de identificación y análisis forense correspondientes, luego de los hechos registrados en el departamento del Guaviare.Medicina Legal señaló que continuará con las labores técnicas relacionadas con el cuerpo que permanece en proceso de abordaje y reiteró su compromiso con el desarrollo independiente de sus funciones.En el comunicado, firmado por Ariel Emilio Cortés Martínez, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la entidad ratificó su compromiso con la independencia técnica y la transparencia en la administración de justicia.Además de confirmar que tres menores de edad están entre las bajas de la Operación Amón, medicina legal informó que dentro de los 9 cuerpos identificados no se encuentra el de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias 'Urías Perdomo', sin embargo aclaran que un cuerpo sigue en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra.
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Colombia ha recibido 312 cuerpos de víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto en el país, de los cuales ya identificó a 306 y que en su mayoría fueron entregados a sus familiares, informó este martes esa entidad.Los cuerpos recibidos son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca", los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4, señaló el IML en un boletín.Entre las víctimas que han sido identificadas "se encuentran 24 menores de edad", indicó el organismo adscrito a la Fiscalía.Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, es la ciudad con mayor número de víctimas identificadas una semana después del terremoto, con 144, seguida por Pereira, capital de Risaralda, con 107, según el informe de Medicina Legal.El boletín agrega que también fueron identificados ya 12 cuerpos de Quibdó, capital de Chocó; nueve de Buenaventura, seis de Buga y seis de Roldanillo, todas localidades de Valle del Cauca, y cinco Manizales, capital de Caldas, entre otros lugares."El proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio", agregó el comunicado, que precisa que los fallecidos en Cali se están entregando en la vecina ciudad de Palmira.Sin embargo, estas cifras distan de las dadas por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien rebajó a 289 el número de fallecidos en una alocución anoche al país.El terremoto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (Chocó), situado en límites con Valle del Cauca y Risaralda, y por eso la mayor cantidad de víctimas mortales son de esos dos departamentos.Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto -el peor en Colombia desde el de 1999 que devastó la ciudad de Armenia, capital del Quindío- deja además 4.548 heridos y 426 desaparecidos, así como numerosos edificios derrumbados o con graves daños en su estructura.
En el marco de la posesión oficial de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol en Santa Marta, acto convocado por la Presidencia de la República, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, fijó la postura institucional del principal sindicato de la petrolera estatalRavelo enfatizó que el objetivo central que debe guiar a la administración saliente y entrante es la recuperación de la soberanía y seguridad energética del país.Fortalecimiento del negocio tradicional y defensa del empleo dignoDesde la organización sindical se le otorgó la bienvenida formal al nuevo directivo, transmitiendo las expectativas inmediatas de los trabajadores.De acuerdo con Ravelo, las prioridades no pueden desviarse de la actividad esencial de la compañía: "Nosotros institucionalmente le hemos dado la bienvenida al doctor Joaquín Gutiérrez... y le hemos manifestado cuáles son las expectativas que tiene la organización sindical en representación de los trabajadores, que no son otras, que el fortalecimiento de la industria de Ecopetrol en su negocio original de producción de petróleo y gas".Asimismo, el dirigente sindical subrayó la importancia de proteger el empleo digno, garantizar el respeto a los derechos pactados históricamente y desplegar una estrategia territorial de relacionamiento con las comunidades para prevenir la conflictividad social en las zonas de operación.Exigencia de experiencia técnica en el comité directivoFrente a la estructura de liderazgo, la USO respaldó las designaciones del Gobierno Nacional respecto a Carlos Suárez en la presidencia de la junta directiva y de Joaquín Gutiérrez en la presidencia de la empresa.Sin embargo, hizo un llamado enfático para que los cargos ejecutivos de mando medio e inmediato cuenten con amplia idoneidad en el sector de hidrocarburos.Al respecto, Ravelo sostuvo: "Pero de ahí hacia abajo lo que tiene que ver con las vicepresidencias, especialmente la vicepresidencia ejecutiva de petróleo y gas debe contar con personas, con profesionales de trayectoria que tengan amplio conocimiento en el sector porque ellos son los que van a implementar las políticas que se definan en la junta directiva".En ese sentido, destacó que dentro de la propia empresa existe talento técnico capacitado para asumir dichas funciones.Yacimientos no convencionales y licenciamiento socialEn materia operativa y de reservas, el presidente de la USO abordó los debates desarrollados en el Congreso de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Asipet) sobre los proyectos de yacimientos no convencionales.Ravelo aseguró que técnicamente y jurídicamente el sector se encuentra preparado para dar marcha a estas tecnologías."En el sector estamos listos desde los requerimientos técnicos, tecnológicos y científicos para arrancar con esos proyectos. Está ya definido el marco regulatorio, es decir, no hay una no hay un impedimento jurídico para arrancar con los proyectos", afirmó el líder sindical.No obstante, aclaró que el avance requiere indefectiblemente de aval social: "Lo que hemos nosotros manifestado de cara al país... es que se debe contar con el licenciamiento social, es decir, se debe involucrar a los territorios en esas definiciones".De acuerdo con las cifras gremiales, la prospectividad en el Magdalena Medio representa recursos estratégicos clave, incluyendo cerca de 13 TCF de gas para solucionar el déficit nacional y aproximadamente 7.000 millones de barriles de crudo que servirían para abastecer la refinería de Barrancabermeja.Capacidad refinadora e importación de combustiblesEl sindicato resaltó el desempeño de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, señalando que la planta de Barrancabermeja opera actualmente al límite de su capacidad. Pese a este rendimiento, Ravelo advirtió sobre la vulnerabilidad del país en materia de combustibles."En estos momentos el país importa más del 40% de las gasolinas que consumimos los colombianos", puntualizó el presidente de la USO, reiterando que desarrollar nuevas reservas permitiría ampliar la carga de refinación y reducir la dependencia de insumos importados.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video: