A más de 3.000 metros de altura, en el municipio de El Cocuy, la Agencia Nacional de Tierras entregó un título histórico que certifica que predios rurales del páramo pertenecen legalmente a la comunidad campesina. La decisión beneficia de manera directa a 563 familias que podrán formalizar más de 2.300 hectáreas en una zona donde por más de un siglo persistieron disputas jurídicas sobre la propiedad.
El reconocimiento se produjo tras un proceso técnico y documental que permitió reconstruir un polígono territorial con más de 300 años de antecedentes. Topógrafos, abogados e historiadores de la entidad trabajaron de forma articulada con habitantes del municipio para verificar linderos, archivos coloniales y antecedentes legales que respaldan el origen de la propiedad privada en estos terrenos de la provincia Gutiérrez, en Boyacá.
La labor se dio bajo la dirección de Juan Felipe Harman, y permitió cerrar un capítulo de incertidumbre que atravesó generaciones. Según explicó Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la entidad, el proceso reconoce más de tres siglos de antecedentes de propiedad y habilita a las familias para iniciar formalmente su titulación individual dentro del marco legal vigente.
Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, destacó que“son más de tres siglos de reconocimiento a su propiedad. Hoy las familias campesinas del páramo pueden acceder a lapropiedad privada y pueden iniciar su proceso de formalización. Son más de 2.300 hectáreas y 563 familias que serán beneficiadas del programa”.
El origen documental del título se remonta a 1777, cuando el corregidor y justicia mayor José María Campuzano y Lanz realizó visitas oficiales al territorio en cumplimiento de normas emitidas por la Corona española y disposiciones de la Real Audiencia de Santafé. En ese momento se evaluó la extensión y uso de tierras que integraban el antiguo resguardo indígena del Cocuy.
Durante esas visitas se determinó que sectores conocidos como Laguna Grande, El Higuerón y Comunidad eran áreas sobrantes que no estaban siendo explotadas. Bajo el principio jurídico de reversión de tierras vacantes, estos predios regresaron a la administración de la Corona y posteriormente fueron transferidos mediante remate a Manuel Leal, en representación de los vecinos de la parroquia. Ese acto consolidó un título originario de dominio que, con el paso del tiempo, quedó diluido en interpretaciones legales y conflictos por linderos.
Esa base histórica permitió a la AgenciaNacional de Tierras sustentar que los predios salieron del dominio estatal colonial para ingresar al régimen de propiedad privada, argumento que hoy respalda la formalización en favor de la comunidad paramera.
Para los habitantes, el alcance de esta decisión es inmediato. Manuel Leva relató que durante años su familia dejó de sembrar cultivos tradicionales debido a desacuerdos limítrofes con predios vecinos.
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“Con la definición jurídica,nuestro proyecto con mi esposa e hijos es volver a sembrar papa, trigo, arvejas y habas en las 15 hectáreas que tenemos para trabajar. Gracias director Harman, porque el tiempo y la espera valió la pena, y estamos viendo que se están haciendo las cosas a favor del campesino”, manifestó Leva.
En la misma línea, Ana Velandia Silva recorrió su terreno con la certeza de que ahora cuenta con respaldo legal.
“Hoy me siento feliz, porque puedo decirles a mis hijos, a mis nietos, a mi familia y a mi comunidad que por fin somos dueños de estos predios.Desde mis abuelos anhelaban tener los títulos legales para asegurarnos un buen futuro a nosotros”, expresóla campesinaVelandia.
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El alcalde municipal, Alejandro Muñoz Sandoval, confirmó que este resultado se deriva de acuerdos entre la administración local, el Gobierno nacional y la Federación Nacional de Parameros, que acompañó la reconstrucción documental del título. Indicó además que en el municipio se identificaron tres títulos históricos que determinan la naturaleza privada de estos terrenos y permiten su legalización en favor de las comunidades.
Este avance se integra a un proceso más amplio en el departamento. Según cifras oficiales, 7.931 familias campesinas en Boyacá han obtenido títulos sobre 9.522 hectáreas mediante estrategias similares. En algunos municipios, los niveles de informalidad en la tenencia de la tierra oscilan entre el 65 % y el 82 %, lo que limita el acceso a créditos, programas productivos y respaldo jurídico.
La formalización en el páramo de El Cocuy se convierte así en un referente técnico sobre cómo los antecedentes históricos, la revisión cartográfica y el trabajo comunitario pueden converger para resolver conflictos prolongados sobre la tierra.
Con la entrega de este título histórico, las familias parameras cuentan ahora con el documento que respalda legalmente la posesión que durante décadas ejercieron sobre el territorio, abriendo la puerta a la formalización individual de sus predios dentro del marco legal colombiano.
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