La Procuraduría General de la Nación inició siete acciones disciplinarias por irregularidades en la prestación del Programa Escolar de Alimentación (PAE) en lo corrido del 2022. Estas investigaciones son por la afectación de los derechos de cerca de 570.000 niños niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios.
“Yo quiero anunciar que en lo corrido del año hemos iniciado siete acciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la prestación del PAE en los departamentos de Córdoba, Magdalena y Sucre y en los municipios de Buenaventura, Sincelejo, Neiva y Sucre”, anunció el Ministerio Público.
Inicialmente cursa una investigación en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, para establecer presuntas faltas disciplinarias relacionadas con fallas en la apropiación y reserva de recursos para la financiación y cofinanciación del PAE; en los trámites para comprometer las vigencias futuras; en el ordenamiento del gasto y en la gestión de pagos para garantizar la prestación del servicio de alimentación.
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En Cúcuta, Norte de Santander, el Ministerio Público inició investigación disciplinaria contra la exsecretaria de Educación Jessica Ramírez López y otros tres funcionarios de la administración municipal por presunta falta de planificación del proceso contractual del PAE en el territorio.
Y cinco indagaciones preliminares en los departamentos de Sucre y Córdoba, así como en las ciudades de Neiva, Popayán, Sincelejo y Buenaventura, la Procuraduría abrió indagaciones preliminares contra los gobernadores, alcaldes y otros funcionarios de las administraciones, para verificar las causas de los incumplimientos y evaluar si hay mérito para iniciar investigaciones.
Debido a que 183.731 estudiantes de colegios públicos no han recibido a hoy las raciones alimentarias del Programa Escolar de Alimentación (PAE), según el reporte de la Procuraduría del segundo semestre de 2022, Margarita Cabello tachó de inadmisible este hecho.
Dentro de las advertencias, el caso más preocupante se encuentra en Magdalena, que cumple más de 100 días sin prestar el servicio a más de 147.000 estudiantes de las instituciones educativas oficiales del departamento.
“Desde mi llegada a la Procuraduría se vienen haciendo estrictos seguimientos al PAE, (...) Eso es inadmisible, se están vulnerando os derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”, enfatizó Margarita Cabello.
También anunció que se han requerido a 96 entidades territoriales para que tomen las medidas necesarias y garanticen la administración del PAE hasta final del año.
Dentro de la última alerta le siguen Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) de Ciénaga, en el mismo departamento, en donde 24.938 estudiantes aún no reciben la alimentación escolar y Pitalito, Huila, con 11.546 niños, niñas y adolescentes escolares que carecen de este servicio fundamental.
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