Una preocupación por la protección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia está manifestando la Asociación Colombiana de Defensores de Familia (ACODEFAM), que le hizo un llamado urgente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que garantice la contratación del personal de apoyo que necesitan las Defensorías de Familia para cumplir con su trabajo. Según la asociación, desde el vencimiento de los contratos, el pasado 31 de octubre, estas dependencias no cuentan con todos los profesionales necesarios para investigar las denuncias, verificar las condiciones en las que se encuentran los menores y tomar decisiones cuando sus derechos están siendo amenazados o vulnerados.
La alerta la hizo Leonel Barreto Alfonso, presidente de ACODEFAM, quien explicó que entre el personal que hace falta se encuentran psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, abogados, antropólogos y técnicos. Su trabajo es fundamental porque son quienes realizan las investigaciones, las valoraciones y los informes que necesitan los defensores de familia para determinar qué está pasando con los niños y qué medidas deben tomar para protegerlos.
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La preocupación es que las denuncias y solicitudes siguen llegando diariamente, muchas de ellas relacionadas con maltrato, abandono, violencia sexual y otras situaciones que requieren atención inmediata. Sin los equipos de apoyo, los defensores tienen dificultades para adelantar las verificaciones y tomar decisiones oportunas, lo que puede dejar a los menores expuestos a situaciones de violencia. Barreto advirtió que incluso hay niños que podrían continuar conviviendo con sus presuntos agresores porque no cuentan con el personal necesario para adelantar las investigaciones y actuar frente a estos casos.
Las cifras que entregó el presidente de la asociación muestran la dimensión del problema. Durante el año pasado se reportaron más de 240.000 casos y solicitudes de restablecimiento de derechos por diferentes situaciones de vulneración, de los cuales se abrieron cerca de 55.000 procesos. De estos últimos, por lo menos 20.000 estaban relacionados con violencia sexual y más de 20.000 con diferentes formas de violencia por negligencia.
A esto se suma la preocupación por los tiempos de respuesta. Aunque los defensores entienden que el ICBF adelanta procesos de revisión y contratación, las denuncias que involucran a niños y adolescentes necesitan verificarse de inmediato. Además, los términos legales siguen corriendo y, cuando no se toman decisiones a tiempo, los propios defensores pueden enfrentar investigaciones disciplinarias e incluso penales.
De acuerdo con la información suministrada por la Dirección General del ICBF, actualmente hay 1.474 cargos de defensores de familia, mientras que, de las 5.887 personas que prestan sus servicios en estas dependencias, 2.125 son contratistas. Para ACODEFAM, esta dependencia del personal contratado y la falta de continuidad generan dificultades en el funcionamiento de las defensorías y afectan la atención de los menores.
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Por eso, mediante una comunicación enviada a la directora general del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, la asociación solicitó conocer qué medidas se han tomado y cuál es el cronograma para garantizar la contratación. También pidió que se priorice la vinculación de los profesionales y técnicos que hacen parte de los equipos interdisciplinarios y que se abra un espacio de diálogo para presentar propuestas que permitan fortalecer estas dependencias.
La asociación aclaró que su petición no busca favorecer a personas específicas ni defender la permanencia de determinados contratistas, sino garantizar que las Defensorías de Familia tengan el personal suficiente y especializado para cumplir con su misión. También insistió en la necesidad de contar con cupos y servicios para proteger a los niños y adolescentes que no pueden permanecer en sus hogares porque sus familias no representan un entorno seguro.
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El llamado de ACODEFAM es a que la contratación se garantice de manera urgente y permanente, y no por periodos intermitentes, pues detrás de cada denuncia hay un niño o una niña que necesita atención y protección. Para los defensores, no contar con los profesionales necesarios no solo dificulta su trabajo, sino que puede retrasar decisiones fundamentales para evitar que las situaciones de violencia y vulneración de derechos continúen.