La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) presentó un alarmante informe de 124 páginas titulado "Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá. Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia".
En el documento se revela una alarmante realidad: entre los años 2022 y 2025, el reclutamiento forzado de menores en el país se cuadruplicó, un fenómeno impulsado en parte por las dinámicas digitales y las fallas de moderación de gigantes tecnológicos como Meta (propietaria de Facebook) y TikTok.
El rol de los algoritmos y la "maleza tecnológica"
Uno de los hallazgos más novedosos y preocupantes del informe de HRW tiene que ver con cómo los grupos armados utilizan activamente las plataformas digitales para atraer a niños y jóvenes. Según explicó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, los reclutadores no emplean búsquedas directas que los filtros tradicionales puedan bloquear fácilmente; en cambio, recurren a códigos visuales y de lenguaje específicos.
"Nuestro investigador empezó a buscar cuentas de reclutadores y (...) empieza a buscar con los emojis, con los hashtags, con las palabras claves que usan los reclutadores. Y uno empieza a ver que efectivamente tanto Facebook como TikTok están plagados de estas cuentas".
La investigación identificó el uso de combinaciones de emojis de ninjas, tréboles y fajos de dinero junto a banderas de diferentes países para hacer alusión a las disidencias de las Farc o al ELN.
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Sin embargo, la mayor alarma radica en el comportamiento de las redes sociales. Cuando el investigador de la ONG comenzó a seguir estas cuentas, los algoritmos de recomendación de Facebook y TikTok comenzaron a sugerirle proactivamente más perfiles de reclutadores.
Goebertus criticó la respuesta insuficiente de las empresas tecnológicas: "A pesar de tumbarlas, el algoritmo le siguió promoviendo a nuestro investigador que siguiera nuevas cuentas. Es decir, es como podar el pasto, pero si no se cambia el algoritmo, si no se toman medidas de fondo, el contenido sigue produciéndose y sigue recomendándose".
La directora enfatizó la responsabilidad técnica diciendo que "antes de que nosotros supiéramos que esas otras cuentas existían, el algoritmo supo porque tan supo que se lo recomendó a nuestro investigador".
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Una crisis humanitaria desbordada
La dimensión humana del reclutamiento forzado en Colombia muestra un panorama devastador enfocado en las poblaciones más vulnerables. El informe, sustentado en 180 entrevistas y la revisión de más de un centenar de publicaciones y cuentas de redes sociales, indica que el 50% de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y que el departamento del Cauca concentra la mitad de los casos del país.
Además, el 30% de las víctimas son niños de entre 10 y 14 años de edad, captados principalmente en zonas rurales pobres y con alta deserción escolar.
De acuerdo con Goebertus, las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo son los principales actores detrás de esta deprimente situación.
La directora explicó que el aumento exponencial se debe a una mezcla de factores, incluyendo la ausencia histórica de servicios estatales en los territorios anteriormente controlados por las Farc y los "incentivos perversos" creados bajo la política de "paz total" que posibilitó ceses al fuego no verificados.
Las fallas del Estado y la impunidad sistémica
El informe de HRW también dirige duras críticas a la respuesta gubernamental. Goebertus denunció un trato desigual por parte de la ley colombiana hacia los menores, según el grupo que los haya reclutado: un menor reclutado por disidencias de las FARC entra en una ruta de reintegración, mientras que uno captado por el Clan del Golfo es tratado bajo el esquema de responsabilidad penal juvenil
"El Estado colombiano (...) tiene que tratar a todos los niños y niñas reclutados como víctimas. Tiene que priorizar la persecución penal de los reclutadores".
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La impunidad legal ante este crimen de guerra es casi absoluta. La investigación determinó que "aproximadamente el 1% de todas las denuncias por reclutamiento terminan en una investigación penal. Solo el 1%. Y de eso solo el 0.2% ha resultado en una condena". Según HRW, las pocas condenas existentes recaen sobre los eslabones más bajos de la cadena criminal y no sobre los máximos responsables.
Escuche aquí la entrevista: