En diálogo con Mañanas Blu, el senador del Partido Alianza Verde, Ariel Ávila, lanzó duras críticas contra la gestión del gobierno de Gustavo Petro respecto a los acercamientos con el Clan del Golfo, también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
El congresista calificó como un grave error de cálculo político el manejo que se le ha dado a este proceso de sometimiento, especialmente ante la ausencia de un marco legal claro que lo sustente.
El vacío jurídico de la "Paz Total"
Ávila explicó que la Ley 2272, o Ley de Orden Público, establece dos vías para la paz: la negociación política (como con el ELN) y el sometimiento a la justicia para grupos criminales. No obstante, señaló que para el Clan del Golfo no existe actualmente el piso legal necesario para proceder. "Pensar que el Clan del Golfo se va a someter semicolectivamente es entre estúpido y absurdo, no hay marco jurídico", sentenció el senador, enfatizando que aunque la ley permite crear mesas de diálogo, no existe la normativa para procesar sus penas y beneficios.
Para ilustrar la situación, el analista comparó la mesa de diálogo con un objeto sin base: "esto es como la mesa puede existir, pero no está el piso donde podemos poner la mesa". Según Ávila, insistir en este proceso sin las herramientas legales adecuadas es "darle de comer a la oposición" y representa un "error de cálculo político".
Controversia por órdenes de captura y extraditables
Uno de los puntos más críticos discutidos fue la solicitud del Comisionado de Paz, Otty Patiño, para levantar órdenes de captura de 29 miembros del grupo, incluyendo extraditables como alias 'Chiquito Malo'.
Ávila fue enfático en que la ley prohíbe explícitamente levantar órdenes de captura para personas requeridas por otros países. "La oficina del alto comisionado no tuvo que haber pedido levantar órdenes de captura para extraditables... ellos no pueden entrar", afirmó.
Además, cuestionó la aparente falta de coordinación interna en el Ejecutivo, pues el presidente Petro manifestó no estar al tanto de dichas solicitudes. Para el senador, esto es una falla grave ya que la oficina del Comisionado depende directamente de la Presidencia.
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