El abogado Jimmy Borda, autor de una acción de tutela que busca limitar los bombardeos de la fuerza pública contra grupos armados cuando exista información sobre la presencia de menores de edad, aseguró que los niños, niñas y adolescentes reclutados por estructuras ilegales necesitan una protección especial del Estado.
La declaración se conoció luego de que un juzgado de familia de Bogotá ordenara, como medida cautelar y mientras se resuelve el proceso de fondo, abstenerse de realizar operaciones aéreas cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores en los campamentos.
La decisión se produce después de que Medicina Legal confirmara la muerte de tres menores en una operación militar en Guaviare, hecho que volvió a poner en el centro del debate el uso de bombardeos contra estructuras armadas que reclutan niños.
Borda sostuvo que el Gobierno debe revisar y actualizar los protocolos utilizados por la fuerza pública para atender las particularidades de los menores víctimas del conflicto armado.
Son menores de edad, sí, son niños, son niñas, son adolescentes, y necesitan la protección del Estado
El autor de la tutela también rechazó que la medida judicial represente un obstáculo para las operaciones militares. Según explicó, el objetivo es que estas se desarrollen dentro del ordenamiento jurídico y respetando las normas de protección de los menores.
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Borda cuestionó, además, las posibles presiones sobre los militares para obtener resultados operacionales y recordó que, en su opinión, ese tipo de presiones puede conducir a errores. En ese sentido, pidió fortalecer las capacidades de inteligencia y aprovechar la tecnología disponible para identificar la presencia de menores antes de ejecutar un ataque.
Otro de sus planteamientos apunta a reforzar la prevención del reclutamiento. Para Borda, el Estado debe aumentar su presencia institucional en las zonas más vulnerables, con programas sociales y educativos que dificulten el acceso de los grupos armados a los menores.
Finalmente, defendió la necesidad de mantener abiertas las puertas de los diálogos de paz. Consideró que una estrategia exclusivamente militar no ha permitido resolver de manera definitiva los conflictos armados y sostuvo que las operaciones de la fuerza pública deben combinarse con alternativas políticas que permitan avanzar hacia la salida del conflicto.
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